El juzgado segundo penal de Cundinamarca condenó a seis años y cinco meses a seis ex alcaldes de Casanare y ordenó su recaptura por haber hecho alianzas con las Autodefensas Campesinas de ‘Martín Llanos’.
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De derecha a izquierda: Aleyder Castañeda, Leonel Torres, Mauricio Chaparro, Henry Montes, Jorge López y Raúl Cabrera. |
Los alcaldes de los municipios de Monterrey, Tauramena, Aguazul, Villanueva, Sabanalarga y Maní (Casanare) fueron condenados, en primera instancia, por la firma del llamado ‘Pacto de Casanare’, con el que se comprometían a ceder a los paramilitares de ‘Martin Llanos’ el 50 por ciento del presupuesto de sus municipios y el 10 por ciento de los contratos ejecutados por sus administraciones.
Esta decisión se da luego de que Aleyder Castañeda (Monterrey), Jorge Eliécer López (Tauramena), Raúl Cabrera (Villanueva), Henry Montes (Maní), Mauricio Chaparro (Sabanalarga) y Leonel Torres (Aguazul) quedaran en libertad condicional por vencimiento de términos. La condena podría ser apelada por los ex funcionarios.
Según la sentencia, los alcaldes fueron encontrados culpables del delito de concierto para delinquir al pactar voluntariamente con las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) un acuerdo para conseguir respaldo electoral comprometiendo el presupuesto de sus municipios. Durante las audiencias, los políticos aseguraron que fueron obligados a asistir a varias reuniones con John Alexander Vargas, alias ‘Junior’, jefe político de las
Autodefensas Campesinas del Casanarealias ‘Junior’, jefe político de las Autodefensas Campesinas de Casanare, quien los obligó, según ellos, a firmar un papel que se conoció como el ‘pacto de Casanare’.
Estos encuentros fueron grabados por el paramilitar y ocurrieron durante la campaña electoral de 2003 y fueron encontrados por la Fiscalía.
Según la delegada de la Fiscalía, la firma del ‘Pacto’ fue discutido
por los políticos a plena luz del día y a través de éste fue que se
estableció una “coadministración” en la que los alcaldes desviarían
parte de los recursos de los municipios a las ACC.
“Fue un acuerdo de
coadministración, de adhesión política y de apego incondicional hacia la
organización armada que va en contra de la tranquilidad colectiva y la
seguridad pública”, afirmó la fiscal.
La fiscal señaló que el acuerdo representaba para las ACC el acceso a nuevos recursos como consecuencia
de “la pérdida de capacidad política y militar”, mientras que para los
entonces candidatos fue la oportunidad para garantizar su elección como
alcaldes.
La Fiscalía explicó que la principal evidencia del
“interés de los ex alcaldes” para la firma del “Pacto” se evidenció
cuando sus contrincantes políticos, quienes a pesar de haber sido
llamados por los paramilitares a firmar, finalmente no lo hicieron.
“Los candidatos aspirantes sí tuvieron otra alternativa distinta a la
firma del documento”.
Para el ente acusador es inexplicable que tras la firma del
documento, los candidatos siguieran con sus campañas sin dar aviso a las
autoridades públicas sino hasta el año siguiente (2004).
“La
suscripción del Pacto sólo muestra los intereses que cada candidato
tenía… ellos tenían el convencimientode que estaban infringiendo la Ley
y no obstante, procedieron a firmar el Pacto”.
Según Ricardo Torres, abogado defensor de Leonel Torres, los
argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría fueron parcializados. “Ambos
delegados tuvieron sólo en cuenta la parte de las pruebas que les
convenía en lugar de hacer una interpretación integral de todas
las declaraciones y testimonios aportados”.
La decisión deja en evidencia que los ex alcaldes actuaron concientemente sobre lo que estaban haciendo, comprometiendo así cargos importantes en las administraciones municipales para las Autodefensas.
El proceso en contra de los seis ex alcaldes está sustentado en el testimonio de varios mandos medios de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC). Entre ellos están alias ‘Salomón’ y alias ‘Junior’, miembros del ala política de las ACC, quienes en repetidas ocasiones señalaron a los políticos por sus vínculos con la organización armada.
Otros de los testimonios que implicaban a los ex alcaldes casanareños fue el alias ‘Solin’, mando medio de las ACC, quien afirmó que muchos funcionarios públicos y políticos aspirantes a las alcaldías y gobernaciones mantenían relaciones con ‘Martín Llanos.
A este se sumó el testimonio de un segundo el ex miembro de las ACC, José Reynaldo Cárdenas, alias ‘Coplero’, quien aseguró que la presión de las ACC sobre los votantes de estos pueblos ayudaron a los candidatos a ganar la elección del octubre de 2003.
Durante la investigación, la Fiscalía se encontró que, una vez nombrados los alcaldes, se presentaron algunas irregularidades en el manejo del presupuesto y en los contratos de municipios que manejaron entre 2003 y 2006 regalías por cientos de miles de millones de pesos.
Las pruebas y testimonios del caso comprometieron a unos políticos más que a otros. Sin embargo, durante el proceso los alcaldes argumentaron en su defensa de que eran víctimas de la presión paramilitar y que denunciaron públicamente los atropellos de las ACC.
‘El pacto del Casanare’
En Casanare, los paramilitares intentaron tener un control sobre la política. Martín Llanos, ordenó, días antes de celebrarse las elecciones regionales en el Casanare en 2003, que John Alexander Vargas, alias ‘Junior’, jefe político de las Autodefensas Campesinas del Casanare, (en sus orígenes llamadas ‘Los Buitragueños’ por el apellido real de su jefe alias Martin Llanos) citara a cinco candidatos a las principales alcaldías del departamento.
Con la La reunión Llanos pretendía que, de ganar en sus municipios, estos políticos acogieran las órdenes de los paramilitares escritas en un documento de 14 puntos que tendrían que firmar.
En el documento de este pacto -conocido como ‘Pacto de Casanare’- solamente aparece la firma de uno de los cinco alcaldes. Sin embargo, sobre los otros cuatro se encontraron pruebas y testimonios que corroboran la firma del Pacto.
En las reuniones en las que se cocinó el Pacto de Casanare, los futuros alcaldes se comprometieron, entre otras cosas, a darle a las Autodefensas el 50 por ciento del presupuesto municipal y un 10 por ciento del valor de los contratos que suscribieran las Alcaldías. Estos singulares encuentros fueron cuidadosamente grabados por alias ‘Junior’.
En uno de esos videos, se ve a ‘Junior’ en un salón de reuniones al aire libre en una finca al sur del Casanare. Allí puso varias sillas de frente a la cámara, y tuvo la precaución de poner la suya de espaldas. Así grabó todo sin que él apareciera.
En uno de los videos se puede ver al candidato a la alcaldía de Sabanalarga, Mauricio Chaparro, llegar al kiosco con dos acompañantes que saludan con algo de indiferencia al jefe político de las ACC. Luego de un saludo, los tres se sientan frente a ‘Junior’ para escuchar los términos de su alianza.
En otro video se ve a ‘Junior’ pactando de la misma forma con el candidato de Maní, Henry Montes. El acuerdo que firmó Montes no incluyó la tajada del 10 por ciento en los contratos, pero a cambio se comprometió con el paramilitar a cumplir con las cuotas burocráticas de las ACC. De todos modos aceptó entregarles a la fuerza armada ilegal el 50 por ciento del presupuesto municipal, y a cambio, ésta le daría apoyo electoral en la campaña, de acuerdo con lo plasamado en el documento.
En un tercer video aparecen, José Germán Castillo y su hermana Marleny Castillo, entonces aspirante a la alcaldía de Villanueva, pero ella perdió las elecciones. Esto muestra que los de las ACC le apostaron a ganadores y a perdedores para asegurarse así los presupuestos municipales, muchos de los cuales reciben sumas millonarias por regalías petroleras. Castillo aceptó sus culpas, fue sentenciada y ya cumplió condena.
Los alcaldes del Casanare han dicho a lo largo de sus procesos que ellos tuvieron que aceptar las condiciones de las ACC porque les fueron impuestas a la fuerza. Uno de los implicados, por ejemplo, el ex alcalde de Villanueva, Raúl Cabrera, denunció que fue secuestrado para firmar un acuerdo con un comandante paramilitar de la zona: “Nosotros estamos aquí posiblemente por ‘sapos’, por ponernos a denunciar unos paramilitares. Ese fue el primer choque que tuvimos con ellos”, aseguró.
Estos videos fueron incluidos dentro del juicio contra los ex alcaldes casanareños porque fueron grabados sin el consentimiento de los acusados.
El proceso en breve
Después de ser interrogados por la Fiscalía en marzo de 2007 para que rebatieran las pruebas en su contra, el 3 de abril de 2007, un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción dictó medida de aseguramiento contra los seis alcaldes por el delito de concierto para delinquir agravado.
Cinco meses antes de terminar su periodo como alcaldes, fueron capturados el 10 de julio de 2007, Mauricio Esteban Chaparro,Jorge Eliécer López Barreto y Henry Montes. El mismo día Raúl Cabrera se entregó ante unidades de la Fiscalía. Un día después, Leonel Torres hizo lo mismo y se entregó en el búnker de la Fiscalía. Aleyder Castañeda esperó hasta el día siguiente -13 de julio- para entregarse ante un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción.
Luego de que los alcaldes pasaran casi dos años en prisión, en marzo del 2009, un juez Segundo Especializado de Bogotá, los dejó en libertad condicional por vencimiento de términos.
