Luego de seis años de integrar la Sala de Conocimiento de esa instancia de justicia transicional, el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo decidió dar un paso al costado y dejar su cargo por razones de “coherencia, integridad y dignidad”.
Rubén Darío Pinilla Cogollo, magistrado de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Medellín.
“No puedo seguir ejerciendo mi cargo cuando no me identifico con unas decisiones que estoy llamado a aplicar como inferior funcional de la Corte, pero cada vez más alejadas de mis convicciones y de mi visión de Juez”, consignó el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo en carta enviada ayer al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rigoberto Echeverri Bueno, en la cual hace pública su renuncia al Tribunal de Justicia y Paz de Medellín.
Por su propia decisión, permanecerá en el cargo hasta el próximo 14 de agosto, cerrando así un ciclo de poco más de seis años como magistrado del primer sistema de justicia transicional diseñado en Colombia: la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, mediante el cual se juzgaron cientos de miles de crímenes atroces cometidos por los desmovilizados de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Durante esos años, el magistrado Pinilla Cogollo tuvo bajo su responsabilidad procesos de alta complejidad judicial como el esclarecimiento de los crímenes cometidos por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y los bloques Metro de las Accu, Cacique Nutibara, Héroes de Granada, Héroes de Tolová y Córdoba de las Auc. Asimismo, fue el magistrado ponente de los fallos proferidos contra reconocidos exparamilitares como Jesús IgnacioRoldán Pérez, alias ‘Monoleche’; Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias ‘Ricardo’; y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.
Fue, sin duda, uno de los magistrados de Justicia y Paz que, a través de sus decisiones judiciales, sentó postura más crítica frente al papel del Estado en la formación y expansión del paramilitarismo en Colombia y así lo dejó consignado en cada uno de los fallos en los que fue ponente.
El abundante material probatorio recopilado en los procesos bajo su cargo le permitió aseverar que hubo sectores del Estado que promovieron, auspiciaron y financiaron grupos paramilitares; que el maridaje formado entre facciones de las fuerzas militares, sectores privados, políticos y peligrosos ‘narcos’ permitió que el fenómeno paramilitar creciera y se expandiera bajo la más completa impunidad.
Por ello, sus providencias nunca estuvieron exentas de controversias jurídicas y políticas. El 5 de septiembre de 2013, por ejemplo, mientras leía su decisión de excluir de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz a siete desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara de las Auc, ordenó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar al expresidente y hoy senador por el partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, por presuntamente promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares en Antioquia, lo que levantó una polvareda política nacional.
“No puede ser que ignorara todo lo que estaba sucediendo en esos casos o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas como tantos otros que se le atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar”, afirmó de manera categórica Pinilla Cogollo en su decisión y citando al entonces director de El Espectador, Guillermo Cano, dijo que “no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”. (Ver más en: Sala de Justicia y Paz pedirá investigar al expresidente Uribe por paramilitarismo)
En reacción a esa decisión, el expresidente Uribe anunció a través de su abogado, Jaime Granados, que denunciaría a Pinilla por los delitos de injuria, calumnia y, posiblemente, prevaricato por acción. Se desconoce qué fin tuvo ese anuncio.
En esa misma sentencia quedaron consignadas las compulsas de copias ordenadas contra la exfiscal y hoy senadora por el Partido Liberal, Viviane Morales Hoyos; contra los fiscales Quinto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Eberto Rodríguez Hernández; Fiscal 28 de la Unidad Delegada de Fiscalía contra el Terrorismo de la época 2009 – 2011 y Fiscal 7 Delegado ante la Corte “por el posible delito de prevaricato por su omisión en la investigación y juicio de los generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón y de los demás generales y altos oficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.
De izquierda a derecha: Álvaro Uribe Vélez, expresidente y senador de la República; Rubén Darío Pinilla Cogollo, magistrado de Justicia y Paz; y Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, paramilitar desmovilizado de la Casa Castaño. Fotos: archivo Semana y Semana.com.
Las órdenes de investigación también se extendieron contra los exgenerales Óscar Botero Restrepo, Carlos Alberto Ospina, Martín Orlando Carreño (fallecido en un accidente en el 2007) e Iván Ramírez; al Teniente Coronel John Jairo Cardona Chaparro y al coronel Germán Morantes Hernández. La razón: tratar de determinar si promovieron, organizaron y apoyaron grupos paramilitares o se concertaron con éstos, todo ello con fundamento en las confesiones entregadas a fiscales de Justicia y Paz por postulados como ‘Don Berna’, ‘Botalón’, ‘Ricardo’ y ‘Monoleche’.
No fue el único fallo que dio de qué hablar. En sentencia proferida el 23 de abril de 2015 contra Jorge Eliécer Barranco Galván, Iván David Correa, Luis Hernández Salazar y Dovis Grimaldi Nuñez, postulados del Bloque Córdoba de las Auc, Pinilla Cogollo ordenó investigar a un alto directivo del periódico Meridiano de Córdoba, por sus presuntos nexos con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. En su providencia, el magistrado señaló al medio de comunicación regional “como instrumento para propagar el ideario de los grupos paramilitares y justificar el fenómeno” durante los años de dominio paramilitar en la región, afirmación que aún hoy despierta gran controversia entre los profesionales del periodismo. (Ver más en: Duro cuestionamiento de Tribunal de Justicia y Paz al Meridiano de Córdoba)
En sentencia contra Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, ordenó al presidente Juan Manuel Santos o al ministro que él designara, realizar un evento público de carácter simbólico, donde los altos funcionarios de gobierno pidieran perdón a las comunidades del Urabá antioqueño y cordobés por la responsabilidad que tuvo el Estado, bien por acción o bien por omisión, en los graves crímenes cometidos por las Accu en esa región del país pues, de acuerdo con los análisis de Pinilla Cogollo, sin la estrecha relación entre miembros de las Fuerzas Militares, políticos regionales y funcionarios de entidades gubernamentales con los hermanos Castaño Gil, no hubiera sido posible la expansión del modelo paramilitar de las Accu a otras regiones del país.
Sus decisiones también fueron cuestionadas en su momento por fiscales de Justicia y Paz. En una ocasión, uno de ellos lo recusó durante una audiencia tras considerar que se había extralimitado en sus funciones. La discusión se revirtió y el magistrado aseveró que el representante del ente acusador estaba actuando de manera dolosa. (Ver más en: Magistrados aseguran que fiscal de Justicia y Paz actuó de manera dolosa)
Al final, las constantes diferencias de criterio con la Corte Suprema de Justicia terminaron motivando la renuncia de Pinilla Cogollo. El inicio de estacontroversia lo marcó la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 30 de julio de 2014, cuando resolvió la apelación que hicieran varios abogados a la orden del magistrado de excluir a siete postulados del Bloque Cacique Nutibara de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Allí, la Alta Corporación consideró que la Sala de Justicia y Paz de Medellín se extralimitó y desbordó en sus funciones, pues no tenía facultades para hacer una investigación paralela a la realizada por la Fiscalía y tampoco tenía la potestad legal para excluir, por iniciativa propia, a los postulados. (Ver más en: Corte Suprema de Justicia tumbó investigación contra senador Álvaro Uribe)
En su momento, la Corte señaló que la única entidad que tenía la potestad para solicitar la exclusión de un exparamilitar postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz era la Fiscalía General de la Nación y que el procedimiento diseñado por esa norma de justicia transicional comienza con la petición por parte del Ente Investigador ante las Sala de Justicia y Paz para que los magistrados que las integran tomen la decisión final. “Razón por la cual estos operadores jurídicos (los magistrados) no pueden expulsar de oficio a los postulados, pues siempre deberá mediar petición de la Fiscalía. Proceder de forma contraria, como lo hizo la Sala, comporta afectar de manera trascendental la estructura procesal diseñada por el legislador”, tal como lo señaló el Alto Tribunal.
“Con la jurisprudencia de la Corte, la figura del Juez se me ha ido haciendo borrosa e irreconocible y las razones y la misión que me trajo a la Sala de Justicia y Paz se han ido desvaneciendo progresivamente, cada vez más con cada decisión”, tal como consignó Pinilla Cogollo en la misiva enviada al presidente de la Alta Corte, quien deja la Sala de Justicia y Paz de Medellín tras pertenecer a ella desde el mismo momento de su creación, en abril de 2011, y de llevar a cuestas una experiencia de 23 años como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
