Las amenazas contra líderes sociales en este corregimiento de Carmen de Bolívar datan de hace un año. La población expresa preocupación por la falta de diligencia de las autoridades en una región priorizada por la justicia transicional.
En El Salado, la población está desconcertada. Desde hace una década el gobierno nacional centró su mirada en este corregimiento del Carmen de Bolívar por el volumen de víctimas que dejó el conflicto armado. El pueblo quedó desolado después de dos masacres paramilitares, en 1997 y 2000, por lo que la justicia transicional comenzó a dictar medidas de reparación integral, que siguen en curso. El desconcierto es porque quienes reclaman esa reparación están siendo amenazados.
“¿Cómo puede pasar esto en un lugar donde ha habido tanta intervención del Estado y de la cooperación internacional?”, cuestiona una de las víctimas de esta región, quien, como las demás entrevistadas para este artículo, solicitaron la reserva del nombre por razones de seguridad.
Durante los últimos días, la prensa ha informado sobre las amenazas que, por redes sociales, recibieron líderes de esta población, que está a dos horas y media en carro del distrito turístico de Cartagena. Sin embargo, esas intimidaciones no son nuevas, vienen desde hace un año, cuando integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas, del Movimiento Pacífico de la Alta Montaña y líderes veredales comenzaron a recibir llamadas telefónicas y mensajes de texto intimidantes, además de notar que extraños los seguían en motocicletas hasta sus casas y lugares de trabajo.
“Estamos preocupados porque no es claro quiénes están detrás de esas amenazas”, advierte otro defensor de derechos humanos del corregimiento.
La situación llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir el 12 de junio de 2018 una Alerta Temprana de Inminencia, solicitando a las autoridades “adoptar medidas urgentes y efectivas de prevención y protección” a favor de los líderes y sus familias. Además de El Salado, esta agencia del Ministerio Público señaló que el riesgo también persistía sobre líderes de otras veredas de El Carmen de Bolívar como Santo Domingo de Mesa, Arenas del Sur, Verdún, Jesús del Monte, Macayepo, Coloncito, Lázaro, El Hobo y Bonito.
Pese al llamado a la Policía, la Gobernación de Bolívar, la Unidad Nacional de Protección y a la Fiscalía, “no ha habido acciones concretas que garanticen nuestra protección”, explica una de las líderes de la región.
Aunque la situación es difusa, los relatos coinciden en que las amenazas las han recibido quienes exigen el cumplimiento de cualquier derecho fundamental; están haciendo pedagogía sobre rutas de reparación a víctimas; crean espacios de participación para la búsqueda de desaparecidos; y promueven la implementación del Acuerdo de Paz, así como escenarios de reconciliación entre víctimas y excombatientes de las Farc.
“También personas que exigen mejoramiento de alcantarillado, de acceso a educación, a salud. Por eso todos en general nos sentimos en peligro”, indica una de las defensoras comunitarias.
“Otra de las amenazas han sido contra mujeres víctimas de violencia sexual, en casos que involucran a miembros de la Fuerza Pública. Una de ellas hacía un trabajo comunitario, recorriendo las veredas más lejanas explicando las rutas de atención”, explica otra habitante.
Lo que está ocurriendo en Bolívar no dista de la realidad de Magdalena, Córdoba y La Guajira. En noviembre pasado, en Cartagena, líderes y defensores de derechos humanos del Caribe participaron en la Mesa de Diálogo Multiactor y allí pidieron diligencia y voluntad de las autoridades para protegerlos.
Pese a ello, el pasado 5 de enero fue asesinada Maritza Isabel Quiroz Leiva, integrante de la Mesa de Víctimas de Magdalena, quien durante los últimos 16 años recorrió los barrios más vulnerables de Santa Marta, enseñando a víctimas de desplazamiento sobre cómo acceder a sus derechos. (Leer más en: Defensores de derechos humanos del Caribe lanzan SOS y Maritza, la tejedora social que la violencia silenció)
Los ojos de las autoridades miraron a El Salado hace apenas unos días, cuando citaron a un consejo de seguridad por las nuevas amenazas y los pobladores se declararon en “toque de queda” por miedo. A esto se suma el riesgo para el ejercicio de la libertad de prensa en la zona, después de que dos periodistas de Caracol Radio fueron abordados en la noche del 10 de enero cuando realizaban entrevistas en el corregimiento. Desde una moto les gritaron: “Pilas que los van a matar”.
Un corazón disputado
El Carmen de Bolívar es considerado el corazón de los Montes de María, una subregión del Caribe integrada por 15 municipios que abarca los departamentos de Bolívar y Sucre. Desde comienzos de la década del ochenta, y hasta 2005, fue una las zonas más complejas del conflicto armado por la guerra desatada primero por los frentes 35 y 37 de las Farc y luego por grupos paramilitares.
En ese municipio, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) perpetraron una masacre el 23 de marzo de 1997 y el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) otra entre el 16 y el 21 de febrero de 2000. Ambas hacen parte de los 42 asesinatos masivos que, según documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), perpetraron los paramilitares en Montes de María entre 1996 y 2003.
Aunque no hay uniformidad sobre el número de víctimas, el CNMH documentó que en la última masacre de El Salado fueron asesinadas por lo menos 60 personas, entre ellas 52 hombres y 8 mujeres. La barbarie fue de tal magnitud que generó un desplazamiento masivo no sólo en El Carmen de Bolívar sino en los municipios aledaños. (Leer más en: Informe El Salado. Esa guerra no era nuestra)
Lo que vino después de las masacres fue el desplazamiento, abandono y la compra masiva de tierras, caracterizadas por su alta productividad y ubicación estratégica. En un detallado diagnóstico realizado en 2011, la Superintendencia de Notariado y Registro encontró que en El Carmen de Bolívar fueron adquiridas masivamente 27 mil 683 hectáreas. La falta de títulos de la propiedad rural, la vulnerabilidad de las víctimas y la persistencia de la violencia favorecieron la comercialización de las tierras y su concentración a manos de particulares y empresarios.
En El Salado, los campesinos iniciaron desde 2002 el retorno a sus parcelas sin acompañamiento institucional, pero con mayor intensidad a partir de 2005, tras la desmovilización de las estructuras de las Auc bajo los acuerdos con el entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). (Leer más en: El eterno retorno de El Salado)
Cuando volvieron, se encontraron con que los dueños de las parcelas eran otros o que sobre estas se desarrollaban proyectos agroindustriales. Cuando comenzó a funcionar la justicia transicional, estas familias reclamaron verdad, justicia y reparación primero ante Justicia y Paz, con la Ley 975 de 2005, y luego las tierras que abandonaron o les fueron despojadas con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras de 2011 (Ley 1448 de 2011).
Fue así como el gobierno nacional priorizó a los Montes de María como piloto de los procesos de reparación a víctimas. En Justicia y Paz, por ejemplo, por los hechos de El Salado fueron condenados en varias sentencias Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’; Uber Enrique Banquez, alias ‘Juancho Dique’; Alexi Mancilla García, alias ‘Zambrano’; y Eugenio José Reyes Regino, alias ‘Geño’. Ante la justicia ordinaria, fue juzgado Luis Francisco Robles Mendoza, alias ‘Amaury’, quien estuvo al frente de una de las masacres en El Salado. (Leer más en: ‘Amaury’, el verdugo de El Salado)
En Restitución de Tierras, El Salado fue microfocalizado en agosto de 2012 y desde la vigencia de la Ley, El Carmen de Bolívar es el municipio con más sentencias en el departamento.
Pese a que estos fallos han exigido la presencia institucional y acciones para reparar a las víctimas, el conflicto ha sido latente. Ese corazón que se disputaron en el pasado guerrilleros y paramilitares, ahora es un botín para las bandas criminales, principalmente para las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que encuentran un corredor estratégico para el narcotráfico.
La Alerta Temprana de Inminencia, vigente desde junio de 2018, advierte que el municipio es un eje estratégico de movilidad con la Troncal de Occidente, la Troncal de Caribe y la Transversal de los Contenedores. Esta última, a su vez, articula a los Montes de María con el oriente y el centro del país a través de la Troncal del Oriente.
“Controlar estos circuitos de movilidad les permite a las AGC tener diferentes opciones a la hora de evadir la acción de las autoridades. Asimismo, utilizar estos corredores para el tráfico de narcóticos, armas y personas; extracción de rentas ilícitas producto de actividades de narcomenudeo, microeconomías legales, ‘paga diario’ (préstamos ilegales a tasas de usura) y extorsión”, señala la Defensoría.
Además, advierte de otros factores riesgo en El Carmen de Bolívar que están asociados a la posible aparición de grupos de seguridad privada, a manos de particulares, que buscan proteger esos predios que fueron despojados durante el periodo más cruento del conflicto armado o que resultan estratégicos para las economías ilegales. También de excombatientes del Frente 37 de las Farc, quienes no participaron del proceso de paz ni se acogieron a las rutas de reintegración, y que reciben presiones para sumarse a las bandas criminales.
“Estos factores han generado un escenario en el que la población civil ha incorporado unos códigos de silencio y abstención de la denuncia ante el temor de retaliaciones, intimidaciones y la desconfianza hacia las instituciones”, detalla la Defensoría.
¿Retorno sin progreso?
Con las amenazas, que han sido persistentes desde hace un año contra diversos sectores de la comunidad, el panorama resulta incierto para las víctimas que retornaron y están en procesos de reparación, así como para labriegos a los que les han restituido sus predios por la vía judicial o siguen a la espera de una sentencia.
De hecho, hay una particular coincidencia entre la reiteración de los mensajes amenazantes y la decisión tomada por el Tribunal de Restitución de Tierras de Cúcuta que, el pasado 12 de diciembre, profirió uno de los fallos más importantes para los saladeros, al cobijar a 17 familias que esperaron casi dos décadas por una decisión a su favor.
Aunque ya hay sentencias de restitución en El Salado, esta es la primera que restituye de un sólo tajo a un grueso de familias que perdieron a varios seres queridos durante el conflicto armado y que tuvieron que abandonar las parcelas, algunos en 1997 y otros en 2000, tras las masacres paramilitares.
Según se lee en el fallo, fueron desplazados de las tierras que sus padres trabajaron desde 1950 y que ellos siguieron cultivando en 1970 con tabaco, maíz, yuca y ajonjolí. Sin embargo, durante el juicio, el opositor los señaló de invasores y alegó actuar de buena fe al haber comprado las tierras, aún cuando los campesinos habían retornado y resistían en el predio en condiciones de vulnerabilidad.
En su decisión, el Tribunal señaló que, aunque el opositor no tuvo relación con el conflicto armado, no pudo acreditar la “buena fe exenta de culpa”, negándole cualquier tipo de compensación. En contraposición, ordenó restituir a las 17 familias, dictando medidas que incluyen la titulación de cada parcela y su acceso prioritario a programas de subsidios de vivienda, proyectos productivos, educación primaria y secundaria, así como a programas de formación técnica.
Otra de las órdenes exige una Jornada de Atención Especial con Enfoque Psicosocial y reclama un “seguimiento continuo al estado de salud física y emocional de los beneficiarios, hasta que se restablezcan sus condiciones normales de salud”. El fallo también llama la atención sobre cómo varias mujeres fueron “revictimizadas” durante los interrogatorios citados por el abogado del opositor durante la primera instancia del juicio.
La sentencia, además, previene a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería y la empresa Hocol S.A. de intervenir las parcelas, dado que las tierras están sobre el área de exploración gasífera y petrolera del bloque conocido como Samán, que está bajo la responsabilidad de la firma Hocol, filial de la estatal Ecopetrol.
Las medidas de reparación también involucran a la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de El Carmen de Bolívar, las Unidades de Víctimas y Restitución de Tierras, el Ministerio de Agricultura, el Sena, las Fuerzas Militares y a la Policía. Cuando comience a ejecutarse la sentencia, el interrogante es si en el escenario actual los restituidos tendrán las garantías para reclamar el cumplimiento de esas órdenes.
“En un país tan desigual como el nuestro, en donde los campesinos se encuentran a veces en situación de extrema pobreza, incluso antes de ser victimizados, y cuya vulnerabilidad es luego acentuada por la violencia, la restitución de tierras y cualquier medida de reparación integral no puede significar el retorno al estado previo de precariedad”, se lee en el fallo.
Como lo alertó la Defensoría, desde hace un año en El Carmen de Bolívar las reclamaciones han tenido una respuesta violenta. La comunidad se pregunta, todavía sin respuesta, por qué los quieren callar y por qué las autoridades no han sido diligentes en garantizar su tranquilidad y progreso. En los últimos tres años, diez líderes sociales fueron asesinados en el departamento de Bolívar, según registros de la Defensoría del Pueblo.
