Líderes, lideresas y autoridades étnicas tienen rostro de hombres y mujeres. Sus historias de vida revelan los grandes esfuerzos y sacrificios que hacen para defender a sus comunidades y los territorios, pero también los riesgos que padecen día a día.
Aunque no hay consenso entre los organismos internacionales y nacionales sobre una única definición que abarque todas las actividades que desempeñan las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, es posible encontrar distintos abordajes para comprender sus acciones y valorar su importancia para la defensa de los derechos humanos.
La condición de quienes defienden derechos y lideran causas sociales se sustenta en su labor de promoción y defensa de los derechos humanos, independientemente de si la realiza un colectivo, una organización o una persona particular, y no necesariamente debe estar supeditada al desempeño de un cargo público o a la pertenencia a una entidad, ni atada a una remuneración por el ejercicio de dicha actividad. Más allá de un vínculo organizativo o de un cargo, son el reconocimiento de las comunidades y los colectivos favorecidos por estos líderes y lideresas y la legitimidad acordada a sus ideas, los aspectos que permiten ratificar esta denominación.
En este sentido, la protección y el reconocimiento internacionales tienen como punto de partida la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 9 de diciembre de 1998, que incluye una serie de disposiciones que reconocen el derecho a defender y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, procurando la protección y la realización de los mismos en los planos nacional e internacional.
Respecto a la declaración, destacando la labor de las personas defensoras, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) afirmó en 2011 que “las defensoras y los defensores de derechos humanos son personas que actúan de manera pacífica en la promoción y protección de los derechos humanos, impulsando el desarrollo, la lucha contra la pobreza, realizando acciones humanitarias, fomentando la reconstrucción de la paz y la justicia, y promoviendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. El papel que juegan las defensoras y los defensores de derechos humanos es central para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad y dar vida a los procesos democráticos”.
Este mismo concepto fue ampliado a la situación de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales en el país por el Relator Michel Forst en el informe final sobre su visita a Colombia en noviembre y diciembre de 2018, en el que se refiere al reconocimiento expresado en la declaración de la Asamblea General:
“Aunque comprendo los fundamentos históricos del concepto de líderes sociales en Colombia, recuerdo que para la ONU los líderes y lideresas sociales son defensores de los derechos humanos junto con todos aquellos que, individualmente o con otros, actúan para promover o proteger los derechos humanos de manera pacífica, a nivel nacional e internacional. Son miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, bloggers, informantes y activistas políticos que abogan por los derechos de libertad de expresión, libre derecho de reunión, y ambiente seguro y saludable. No necesitan pertenecer a una organización registrada para ser defensores y defensoras de los derechos humanos. Pueden ser mujeres y hombres comunes, que creen en la universalidad de los derechos humanos y actúan para defenderlos. Son agentes de cambio, que preservan la democracia, asegurando que permanezca abierta, plural y participativa”.
Este marco normativo internacional es una herramienta que permite considerar los diferentes escenarios en los cuales los defensores de los derechos humanos y los líderes y lideresas denuncian y hacen seguimiento a situaciones que van en contravía de la defensa y la promoción de los derechos humanos, no solo atendiendo a los derechos civiles y políticos sino también a su conexidad con los derechos económicos, sociales y culturales, y con el derecho a un ambiente sano. Es claro que las personas defensoras, a través de su liderazgo, fortalecen el tejido social y la participación ciudadana en sus comunidades.
Así lo expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual “(…) reitera que la labor de defensoras y defensores es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho. Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta. Por tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad”.
En el ámbito nacional, los conceptos de distintas entidades gubernamentales reflejan lo mencionado anteriormente en cuanto a la importancia de defender y garantizar que las personas defensoras puedan seguir ejerciendo esta labor, recordando el deber que tiene el Estado de garantizar su seguridad y protección, además de no obstaculizar las acciones que estas personas llevan a cabo.
La Defensoría del Pueblo pondera la definición de la OACNUDH y recoge este concepto en sus alertas de riesgo e informes de seguimiento sobre la situación de las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales con el fin de caracterizar su condición, haciendo explícito que la misma es “aplicable a diferentes actividades relacionadas directa e indirectamente con la vocería, representación, mediación o defensa de derechos humanos”.
Asimismo, distintas organizaciones no gubernamentales han expresado enfáticamente que una definición acotada de persona defensora, líder y lideresa social no refleja todas las aristas e implicaciones de su labor. En efecto, una interpretación amplia de estas caracterizaciones permite reconocer la diversidad de los escenarios y las actividades donde participan y aborda de manera real lo que pasa en los territorios.
Si bien los conceptos anteriormente enunciados tienen puntos en común, las diferentes actividades de carácter colectivo que las personas defensoras llevan a cabo en sus entornos comunitarios, en sus organizaciones y Juntas de Acción Comunal, entre otros, permiten establecer la manera cómo se relacionan los diversos procesos que buscan dignificar las condiciones de vida. La labor que realiza un líder o una lideresa no responde a un arquetipo, sino que se refleja en las múltiples acciones que contribuyen a la dignificación de la vida de los pueblos, las comunidades y los territorios que representan.
En relación con las variadas actividades que emprenden quienes defienden derechos y lideran causas sociales, comenzamos hoy la publicación de una serie de perfiles, escritos por las organizaciones mismas, revelan la forma en que se promueven, reivindican y garantizan los derechos humanos en distintas regiones de Colombia. Hacen parte del informe El riesgo de defender y liderar*, que será lanzado próximamente.
Se trata de un conjunto de ocho relatos que representan las voces e ideas de distintos colectivos, procesos de diálogo y de articulación en materia de exigibilidad de los derechos, apoyo y protección para las víctimas. Estos textos recogen iniciativas que promueven las garantías efectivas para el disfrute de las libertades fundamentales en un contexto particularmente violento.
Los perfiles que conforman esta serie de historias sobre la trayectoria de quienes defienden la vida y lideran las causas sociales, tienen como punto de partida el reconocimiento de esta labor fundamental para la vigencia de la democracia en Colombia: la lucha del pueblo afrocolombiano y de los pueblos indígenas, la resistencia campesina que forja la esperanza de construir alternativas de buen vivir, de arraigo al territorio y de reconocimiento de su identidad. Estos relatos revelan también las experiencias y los riesgos que afrontan las mujeres en la defensa de sus derechos y los de sus comunidades.
Estas historias exaltan la labor y la voz de los defensores y defensoras LGBT, que promueven el respeto de la diversidad y el derecho a vivir una vida libre de violencias; que reconocen la escucha y la memoria como mecanismos para afrontar la victimización y la reivindicación de los derechos. Son relatos que se tejen desde la organización y la dirigencia social, demostrando las motivaciones para el trabajo popular, por el medio ambiente, por los derechos a la tierra y al territorio. Los liderazgos que aquí se reflejan buscan contextualizar lo que las cifras no pueden expresar sobre su victimización, profundizando en sus experiencias personales y su trayectoria y exponiéndole al lector la materialización de las definiciones.
Iniciamos esta serie con la historia de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Dirigente campesino catatumbero, miembro de la Junta directiva de ASCAMCAT[1]
“Yo creo que esto ha sido una oportunidad más para mí y para muchos campesinos que hoy estamos liderando esta organización. Estar vivos hoy, salir de ese holocausto paramilitar y estar contando esto es para nosotros… como que se toca uno todavía, porque uno vio muy de cerca la muerte, uno vio muy de cerca perder la vida en un momento”. Y.A.S.
Yonny Abril, agricultor y campesino “de cepa o de naturaleza”, como él mismo lo dice, nació y creció en Convención, Norte de Santander, específicamente, en el corregimiento de La Trinidad. Hace parte de una familia de campesinos colonos de la zona del Catatumbo, hijo de una tierra rica en recursos naturales, llena de montañas y paisajes exuberantes, donde se ha vivido la violencia desde la época del bipartidismo. Se reconoce como “hijo de padres campesinos de la zona, colonizadores a través de la violencia bipartidista cuando el conservador y el liberal se mataban entre sí, con una trayectoria de toda la vida en la región del Catatumbo”.
Yonny constata que la presencia de los actores armados legales e ilegales que cohabitan en el territorio se da como resultado de una disputa incesante por la tierra, que se ha visto agudizada por los intereses del extractivismo. Estas razones lo llevaron a él y a otros compañeros campesinos a convertirse en miembros de La Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, organización que denuncia las violaciones de los derechos humanos que han sufrido durante años y por oleadas, incluso desde épocas de consolidación de la extracción minero energética con la construcción del oleoducto petrolero que hoy atraviesa el Catatumbo. Lo explica así: “Desde los años 1930 conocemos lo más cercano a través de nuestros padres, quienes nos contaban de lo que en esa época llamaban la Gula, y sobre Techin, que estaba rompiendo las vías para la implementación de Caño Limón-Coveñas”.
Una vida desde el liderazgo catatumbero
La trayectoria de liderazgo de Yonny ha sido un camino lleno de aprendizajes, en el que las múltiples actividades campesinas han acompañado y fortalecido el quehacer dentro de la asociación. Para este dirigente, la posibilidad de ser la voz de los campesinos se le convirtió en un proyecto de vida, como se evidencia en su relato:
“Antes del 2005, yo realizaba mis actividades cotidianas de campesino: cultivaba fríjol, yuca, maíz, y era arriero. Hacía todas las tareas cotidianas del campo; pero a medida que la violencia iba avanzando, a uno le tocaba irse corriendo de territorio, ir cambiando algunas culturas, irse poniendo al frente sin saber cómo. Pero llegó el momento en que incluso hicimos refugios humanitarios, que en ese momento no los llamábamos así sino sitios de concentración, para favorecer al campesinado, a las mujeres, a los ancianos. Eran sitios de concentración donde rápidamente 100 o 200 hombres, incluso 50, los que hubiese, hacíamos ranchos de palma, sin más protección, para poder albergar allá a esas familias con lo poco o mucho que se pudiese llevar, y protegerlas del agua y del sol. Ahí empecé a entender un poco el acercamiento con la gente, a ir teniendo cierto liderazgo, pero sin la idea de que podía llegar a ser un líder social”.
A partir de allí, Yonny fue asumiendo distintos roles en la comunidad, comenzando por el liderazgo como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda, fortaleciendo su gusto por ayudar a la gente de su entorno más cercano y a la vez aprendiendo en los escenarios donde participaba, observando cómo aumentaba la confianza en él de sus compañeros y amigos, que reconocían cómo iba emergiendo su vocería en los diferentes espacios del campesinado. Hoy en día este dirigente es vocal de la Junta directiva de ASCAMCAT y preside del Comité Bufalero, proyecto productivo que desarrollan en asocio con la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y que beneficia a unas 15 familias. Hace parte también de la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA-Catatumbo.
Actualmente reconoce que, aunque no ha sido fácil asumir los riesgos y las amenazas, la Asociación se ha convertido en un referente en la región y gran parte del país, y los habitantes de distintas zonas del Catatumbo lo reconocen. Recuerda que las pocas oportunidades y el nulo acceso a la educación dadas las condiciones económicas y de infraestructura de la región, le impidieron avanzar en su formación académica, situación que ha buscado transformar a través de la labor que hoy ejerce como líder campesino.
“Yo no alcancé a terminar mis estudios porque mi papá era una persona muy pobre, y además la escuela me quedaba muy lejos. A mí la escuela me quedaba a tres horas de distancia y por el caminito por donde me tocaba ir salía el tigre y había mucha selva, entonces sólo si mi papá me llevaba yo podía ir a estudiar […] y al fin no fue la mejor oportunidad. Hice segundo de primaria hasta ahí. Con ese segundo de primaria logré dar este paso y dentro de la organización campesina logré validar el bachillerato. Eso también me ha servido mucho, pero en esa época una universidad… eso estaba muy lejos, era un mito, un mito total”.
A pesar de las condiciones de riesgo en las que se encuentra hoy, la alegría siempre está presente en las palabras de este líder cuando se trata de hablar de los logros y el reconocimiento que han construido como asociación y como pueblo campesino en el Catatumbo. Cree que esta es una de las razones por las cuales ni el gobierno ni los actores armados ilegales quieren dejarlos permanecer en el territorio. Además, su familia se ha visto fragmentada a raíz del desplazamiento y del asesinato de su hermano, ocurrido en enero de 2019, hecho que hoy sigue sin esclarecer, y que ha cambiado radicalmente las dinámicas familiares y sociales. Es difícil esta situación para él; siente que tanto los líderes como los campesinos de la región han ido perdiendo la oportunidad de reunirse en familia.
Pervivir y resistir en el Catatumbo
Para Yonny hacer parte de la organización campesina ha sido un largo aprendizaje en el que lleva más de 15 años, desde sus primeras experiencias de ayuda humanitaria y colaboración comunitaria en escenarios sencillos como acompañar procesos escolares, hasta relacionarse con distintos pobladores del Catatumbo a raíz del conflicto armado.
“Conocí compañeros de la Asociación, de aquí, cargando mujeres ‘malas de parto’ que por la presencia paramilitar hacia el año 2000 no se podían atender en ningún puesto de salud, pues las vías las tenían bloqueadas los paramilitares”.
Vivir en esa región no ha sido fácil para este líder. Ha perdido familiares y amigos como consecuencia de la violencia en la región de La Gabarra, la que ha habitado durante los tiempos más críticos en materia humanitaria. Hacia el año 1999, y durante más o menos cinco años, los campesinos de la región fueron víctimas de asesinatos, desapariciones y desplazamientos; lo que, en palabras de Yonny, se vivió con un exterminio:
“En esa época nos dedicamos a enterrar a nuestros amigos, a nuestros familiares. Nos dedicamos a escuchar que desaparecieron al vecino, que desaparecieron al uno y al otro y que, según las estadísticas, en ese lapso se dio un exterminio del campesinado y del movimiento social”.
A pesar de lo vivido, el movimiento campesino catatumbero es ejemplo de articulación y concertación entre las comunidades y los pobladores campesinos, también por su ardua labor en busca de mitigar las afectaciones y horrores a los que se encuentran expuestos por cuenta de la guerra. Se han centrado en fortalecer la organización campesina para posteriormente denunciar las situaciones que afectan a la población de este territorio.
Luego de la desmovilización de los grupos paramilitares en la zona hacía el año 2005, las comunidades han venido haciendo frente a la militarización de su territorio, al despliegue de fuerza pública en el marco de planes y políticas de seguridad que tienen a la población civil en medio de fuegos cruzados. En este caso, la afectación de los líderes de la asociación campesina se enmarca en acciones de persecución que incluyen asesinatos, lesiones personales, privaciones arbitrarias de libertad, empadronamiento, montajes judiciales, seguimientos, amenazas y otras agresiones por parte de la fuerza pública presente en la zona.
En el caso de Yonny, desde el año 2009 ha sido víctima de distintos hechos de persecución relacionados con el ejercicio de liderazgo y defensa de los derechos humanos. Primero, como objeto de una acusación judicial falsamente fundamentada, o “montaje judicial”, en el año 2010, la cual ha afectado su vida personal; hoy, 10 años después, sigue vinculado al mismo proceso sin haberse resuelto su situación jurídica. Luego de esto, a raíz de su participación determinante en la protección de las pruebas y la denuncia en el caso del exguerrillero de las FARC Dimar Torres Arévalo, asesinado el 22 de abril de 2019 en una ejecución extrajudicial cometida por tropas del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11, adscrito a la Segunda División del Ejército Nacional, que hacía presencia en la Vereda Carrizal, municipio de Convención.
En el momento de lo sucedido, con un grupo de campesinos Yonny hizo presencia en el lugar donde los integrantes del Ejército pretendían ocultar el cuerpo de Dimar. La comunidad, acompañada por este líder, buscó proteger el cadáver y las pruebas y luego denunció lo sucedido ante las autoridades pertinentes. Además, acompañó las reuniones cuando la Comisión de Paz del Senado de la República hizo presencia en la vereda con el fin de conocer los hechos alrededor del caso.
A raíz de su participación activa en este caso, Yonny ha sido sometido a persecuciones, asedio y un constante seguimiento por parte de la fuerza pública. En varias ocasiones le han realizado empadronamientos arbitrarios en los que han agredido a las personas que conforman su esquema de protección, cuestionan sus movimientos y toman fotografías de sus documentos personales y del vehículo de protección que le fue asignado. Con estas acciones aumentan el riesgo en el que se encuentra, pues los actores armados ilegales que permanecen en la zona consideran que las medidas de protección, como la escolta armada y el automóvil con blindaje, son una amenaza para ellos y para sus actividades ilegales.
Desde ASCAMCAT, los líderes y lideresas que componen la asociación han sido vehementes en denunciar que la victimización de la cual son objeto no sólo es ejercida por “los armados en la zona” sino también a través de la estigmatización por parte de representantes y altos funcionarios del Estado, quienes han hecho señalamientos en contra la asociación en espacios públicos, expresando abiertamente su rechazo de las exigencias de cumplimiento de los derechos y de las actividades organizativas que realiza la asociación.
Pero este no es un hecho aislado. Así como Yonny hoy se encuentra desplazado de su territorio y obligado a vivir lejos de varios de sus familiares, gran parte de la junta directiva de ASCAMCAT se siente en riesgo constante en el desarrollo de sus actividades de liderazgo. El fantasma del miedo ronda a los líderes y defensores que se encuentran en las veredas y los corregimientos fortaleciendo el trabajo organizativo mientras paralelamente impulsan la asociación desde las Juntas de Acción Comunal, reuniones y convocatorias de labor asociativa. Como lo señala Yonny, “
(…) los líderes sociales son más perseguidos que cualquier grupo armado. Corremos un riesgo como si tuviéramos en estos momentos el arma más letal del país, el arma más exterminadora. Pero nosotros sabemos que la mejor arma que tenemos es la palabra y el reclamo de los derechos humanos para la región del Catatumbo”.
Reivindicación de derechos desde el movimiento social
Yonny tiene claro que prácticamente durante toda su vida ha estado relacionado con el movimiento social y la lucha campesina en contra del despojo en el territorio, pues sus padres y abuelos participaron en el paro campesino en 1986 y en el paro del nororiente. Esta semilla sembrada en los jóvenes fue lo que impulsó a muchos a defender la vida y la integridad, no solo personal sino también de la comunidad campesina de la que hacen parte.
Yonny recuerda que de la violencia paramilitar no sólo quedaron los asesinatos y el horror, sino también la necesidad de retomar las banderas de lucha de la fuerza social exterminada en décadas pasadas y desde allí forjar una asociación que los representara, una asociación campesina que se convirtiera en un portavoz que visibilizara la crisis humanitaria y la violación de derechos humanos que vivía el Catatumbo en ese momento. En palabras del mismo Yonny, su liderazgo y la construcción del proceso organizativo se dan conjuntamente:
“Entonces los campesinos nos organizamos y tuvimos la oportunidad de participar en un foro por la vida en el Congreso de la República, donde conocimos experiencias de otros departamentos, y donde encontramos la posibilidad de conformarnos como un movimiento político, organizativo, y defensor del territorio y de los derechos humanos.
A partir de entonces, desde el 2005 hasta la fecha, me dedico a ponerme al frente de la región. Hemos trabajado muy de cerca con el campesinado y hemos hecho acciones muy importantes para que el gobierno nos escuche: movilizaciones, plantones, tomas pacíficas, lo que ha dado para que el campesinado retome esa fuerza organizativa que se concretó en el paro del 2013. De ahí para acá hemos podido posicionar esa alternativa. Pero ya antes del 2013, el tema de los refugios humanitarios, las crisis humanitarias que se han venido presentando por la erradicación forzada de cultivos, violaciones de los derechos humanos y toda esa cuestión.
A nuestra organización le dieron un puesto al frente del proceso de paz; ahí vemos una alternativa, una posibilidad, una salida, pues somos nosotros lo que hemos quedado al medio, sufriendo las consecuencias de la guerra. Hemos perdido familiares, amigos, vecinos, compañeros de crianza, de estudio, de juego en la niñez. Esto es un acumulado de violencia que nos ha desvertebrado, y hoy somos una organización que trabaja fuertemente por la implementación de estos acuerdos. Vemos que es una posibilidad para que mejore el país y mejore la región del Catatumbo”.
Es importante resaltar que ASCAMCAT ha ido más allá en la planeación y puesta en marcha del Acuerdo Final de Paz en la región. Sus líderes han sido parte de los espacios de concertación y diálogo con el gobierno, han sido interlocutores en propuestas construidas desde el campesinado que buscan generar las condiciones necesarias para el disfrute y la garantía de una vida digna en el territorio. La cual ha sido negada para sus pobladores por el abandono histórico de parte del Estado.
Gracias a su resistencia y su lucha en condiciones adversas, la Asociación Campesina del Catatumbo ha forjado un proceso de agencia en el cual, después de las experiencias de despojo y desarraigo del territorio, han construido “una manera de ser; es decir, un campesinado catatumbero que reivindica su origen en la región que han ‘fundado’, y se resisten a que, de manera violenta, arbitraria, ilegítima e ilegal, ‘otros’ lleguen a privarlos de la relación que han construido con este territorio donde esperan permanecer y continuar desarrollando sus proyectos de vida digna y autonomía territorial” (Castellanos, M., 2018, pág.125).
Desde su rol de liderazgo, Yonny ha vivido este proceso de primera mano, y nos relata esta experiencia:
“Como Asociación Campesina hemos podido llegar a tener un relacionamiento muy importante con la institucionalidad, con las entidades no gubernamentales, con todas las organizaciones sociales del país y hemos podido intercambiar experiencias para que este proceso se mantenga. Lo más bonito es que este es un proceso de arraigo al territorio, de rechazo al desplazamiento, al asesinato, a las masacres, a las violaciones de nuestras compañeras, de nuestras campesinas, de rechazo a que a los niños se les vulnere el derecho al estudio, a la oportunidad de llegar a la universidad”.
Finalmente, y como parte de su sentido relato, Yonny es enfático en lo que quiere transmitir a quienes no conocen la labor de las personas defensoras que hoy trabajan por los derechos humanos en el Catatumbo y en el país:
“El mensaje a Colombia es que el camino es el diálogo, y por ahí vamos a encontrar las posibilidades para resolver las dificultades que nos aquejan y vamos a estar ahí en pie de lucha. Este paro nacional nos unirá a más de uno, nos reencontrará con nuestros sueños de algún día vernos como hoy nos estamos viendo en Bogotá, todos los sectores inconformes con esta política de gobierno. Yo creo que esta fábrica de guerra, fábrica criminal, esta fábrica de desapariciones hay que acabarla”.
[1] Perfil elaborado con base en la entrevista realizada a Yonny Abril Salcedo por la CCJ.
Un líder campesino del sur de Córdoba que trabaja por la paz[1]
José David Ortega, integrante y vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, ASCSUCOR, miembro de la Comisión Política de esa organización e integrante de Marcha Patriótica en el departamento de Córdoba, relata en primera persona su vinculación a diversas organizaciones en defensa de los campesinos del sur de Córdoba:
Empecé a trabajar en los procesos organizativos en el 2012, cuando comenzaron las negociaciones de paz con las FARC-EP. Nosotros creíamos, y seguimos creyendo, que la solución al conflicto social y armado debe ser a través del diálogo. Ese año también comenzamos el trabajo de liderazgo social, de procesos organizativos. Ahí se conforma la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba y empezamos a trabajar la pedagogía de paz, punto por punto, lo que se venía acordando en La Habana. Fui delegado para la construcción del punto cuatro del Acuerdo de Paz, para la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, impulsando las asambleas comunitarias como parte de la ejecución de ese punto.
También hago parte de instancias interinstitucionales como la Mesa Territorial de Garantías y el Consejo Departamental de Paz, haciendo incidencia y poniendo en contexto lo que pasa en cuanto a violaciones de los derechos humanos en los territorios.
Fui vocero en la movilización de marzo de 2019, impulsor del paro campesino que hubo ese mes y nuevamente vocero de la comisión que negoció con el Consejero Presidencial Emilio Archila. También estuve bastante activo en la movilización que condujo al paro nacional que comenzó el 21 de noviembre. Soy defensor de la movilización social; estoy convencido de que las luchas se ganan con la movilización social.
El abandono estatal, la guerra y los abusos de autoridad, motivos para organizarse y convertirse en líder social
Nosotros en el sur de Córdoba estábamos muy abandonados, en un momento en que se agotaron los procesos organizativos. Lo que nos motivó a retomarlos fue, primero, que en los territorios se presentaban violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, el Ejército controlaba la movilidad de alimentos de las familias campesinas. En su momento había un tope de efectivo con el que se podía comprar. Eran cien mil pesos, que se llevaban en una sola bolsa, y cuando se llevaba más de esos cien mil pesos, el Ejército lo decomisaba. Eso llevó a que las familias se organizaran y yo me enfoqué en esas luchas sociales que se necesitan en los territorios. El Estado no puede estar reprimiendo a la gente en los territorios y vinculándola con los grupos armados sin pruebas.
En ese tiempo yo me vinculé con las Juntas de Acción Comunal, primero por el abandono estatal que históricamente han sufrido las comunidades; si no hay organización en los territorios, no les llega nada. Entonces la misma gente organizada arregla sus caminos, la misma gente organizada soluciona sus problemas, soluciones que el Estado no les ofrece.
Pero también me involucré desde antes, desde 2010, cuando empiezan las exploraciones para los diálogos de paz, porque veíamos también que el conflicto armado toca las clases más bajas del territorio, la gente que no tiene nada que ver con lo que está pasando y es más bien la que sufre el conflicto armado, como pasó en la subregión del sur de Córdoba. Todo eso me llevó a hacer parte de estos procesos organizativos.
Defender el derecho a la vida, la libre expresión, la paz y el territorio
Nosotros defendemos un derecho primordial que es el derecho a la vida. Creemos que a la gente tiene que respetársele la vida. También el derecho a la libre expresión, creemos que es un derecho fundamental. El derecho fundamental a la paz se encuentra en el artículo 22 de la Constitución Política de nuestro país.
El derecho a permanecer en los territorios debe ser un derecho constitucional. Nosotros lo defendemos como un derecho propio, para que la gente pueda permanecer en los territorios y tenga tierra para vivir. Esos son, básicamente, los derechos que nosotros defendemos: el derecho a la tranquilidad, a la paz y a la vida principalmente. Queremos que no haya violaciones de derechos humanos o capturas indebidas; que los grupos armados no recluten a personas que nada tienen que ver y que no atenten contra la vida de las personas que viven en los territorios. Por eso históricamente hemos hecho denuncias públicas y seguimos haciéndolo desde todos los escenarios. Yo lo hago a través de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, pero también a través de los medios de comunicación, ahora que soy vocero ante los medios. También lo hice en la audiencia pública en el Congreso de la República (27 de septiembre de 2019), donde participé como ponente relatando un grave incremento del paramilitarismo en el sur del departamento de Córdoba.
El respaldo social, la solidaridad y la interlocución para resistir en el territorio
Nosotros tenemos buenas relaciones con las comunidades; en los territorios tenemos bastante respaldo de las comunidades campesinas que están viviendo en los territorios. A cualquier persona del sur del departamento de Córdoba o a cualquier campesino le pueden preguntar por el nombre de la organización o el mío, y todos me conocen en el territorio. Con otras organizaciones sociales que hacen parte del territorio tenemos buenas relaciones, porque las que no son de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba hacen parte de la Coordinación de la Marcha Patriótica en el departamento.
Entre las instituciones con las que tenemos el relacionamiento más fuerte están la Defensoría del Pueblo, algunas alcaldías que conocen nuestro trabajo, algunos secretarios de gobierno, la Personería municipal, etc. Con la cooperación internacional también tenemos un buen relacionamiento, especialmente con el PNUD, y en los territorios con la oficina de derechos humanos de USAID.
Entonces nuestro relacionamiento en los territorios es realmente con las organizaciones y entidades que se relacionan con nosotros, pues hay instituciones que no se relacionan con los líderes sociales porque ellas mismas les crean un estigma a los líderes sociales en los territorios, o creen que hacen parte de los grupos armados, lo que ha puesto en riesgo la vida de los líderes sociales.
La importancia de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en el sur de Córdoba
Considero importante la labor que desarrollamos como líderes sociales y como organización, porque si no hubiera organizaciones sociales en los territorios ni líderes sociales que pongan en evidencia el abandono total y la violación de los derechos humanos en los territorios, si la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba no denunciara las violaciones de los derechos humanos por los grupos armados en los territorios, incluida la fuerza pública, nadie lo haría. Cuando nosotros denunciamos alguna violación de los derechos humanos por los grupos armados, la fuerza pública intenta deslegitimar nuestra posición para poder evadir su responsabilidad de velar por el orden público y por la seguridad de los campesinos en los territorios. Creo que por eso hay liderazgos y por eso se siguen manteniendo las organizaciones sociales en los territorios.
Ser líder campesino en el sur de Córdoba, un riesgo extraordinario
Uno de los principales riesgos son las amenazas que he recibido como dirigente social en el sur de Córdoba. Las consecuencias son el desplazamiento forzoso y tener que andar con esquema de seguridad porque los grupos armados me han declarado objetivo militar. Puntualmente, el Clan del Golfo me declaró objetivo militar, lo que es un riesgo grandísimo que destruye la vida de los líderes sociales. Lo mismo me ha pasado a mí en el territorio.
Las amenazas que he tenido me han afectado de manera gravísima. Yo vivía en mi núcleo familiar y la primera afectación es que mi núcleo familiar se rompe y a mí me toca desplazarme a una ciudad donde no conozco a nadie. Segundo, el trabajo organizativo que yo hacía con la gente de base, a donde yo iba, ya no lo puedo hacer. Por eso hoy soy el vocero ante los medios de comunicación, porque ya no puedo hacer reuniones pedagógicas como estaba acostumbrado a hacer con la base social, con las comunidades.
También cambia el proyecto de vida, porque, como líder campesino, el proyecto de vida de uno está enfocado en un territorio; al desplazarse, todo cambia porque uno no puede hacer trabajo social. Por eso le acaban la vida por completo.
La respuesta del Estado que he recibido yo personalmente es el esquema de seguridad; es lo único que he recibido del Estado. Pero el esquema de seguridad le cubre a uno la seguridad para andar en cascos urbanos, no va más allá. No me brinda las garantías para hacer el trabajo que estaba acostumbrado a hacer. Nosotros lo que pedimos es que haya garantías para que las comunidades también tengan tranquilidad en los territorios y que podamos hacer el trabajo organizativo que sabemos hacer.
Las experiencias de interlocución con el Estado siempre han sido complejas, porque el Estado nunca quiere aceptar las posiciones de la comunidad. Hemos tenido experiencia a principio de este año, interlocutando después de una movilización en defensa del acuerdo de sustitución. El Estado no quiso aceptar nuestras peticiones. Teníamos interlocución también desde la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, y el Estado acabó unilateralmente ese espacio. En los Consejos de Paz llegan imponiendo lo que ellos creen que son políticas de Estado, pero no repercuten ni traen ningún beneficio a las comunidades. Uno escucha en los territorios que la interlocución con el Estado ha sido realmente mala porque los resultados no son visibles. Nosotros hemos luchado por varios espacios de interlocución, pero el Estado nunca le da respuesta a lo que creemos que necesitan los territorios.
Su mensaje a la juventud: hay que seguir resistiendo en los territorios
Primero, yo les diría que en Colombia no se puede desfallecer en las luchas sociales, porque es un derecho. Yo les digo a los jóvenes que sigan impulsando las luchas sociales; a los líderes les digo que sigan. Hay que seguir buscando desde los procesos sociales las garantías para el ejercicio de la construcción de liderazgo social en los territorios. No puede ser un delito ser líder social.
Hay que seguir resistiendo, es lo que les diría a los jóvenes y a los líderes sociales que están empezando. Hay que seguir resistiendo en los territorios, porque si no se resiste, la voz de las comunidades más olvidadas jamás se va a tener en cuenta. Entonces yo les diría que sigan resistiendo, y que vamos a seguir resistiendo, hasta que se escuche lo que la gente realmente quiere en sus territorios.
[1] Perfil elaborado con base en la entrevista realizada a José David Ortega por la CCJ.
La siembra y la cosecha en el terreno de la identidad campesina
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Óscar Salazar, líder del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) y gestor del Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega, Cauca (PCPV) narra en primera persona su vida y las luchas por el reconocimiento de los derechos del campesinado.
Soy nacido y criado en el seno de una comunidad campesina, y desde mi infancia las actividades del campo marcaron mi vida. Monté a caballo al tiempo que aprendí a caminar, al igual que a ordeñar, limpiar la huerta, apartar los terneros de las vacas, lavar las vacas, cazar, pescar, moler panela, sembrar y cosechar papa y maíz.
Así me crie y luego me dediqué a estudiar. Inicialmente, con la idea de entender qué era el Estado, estudié Derecho y luego Filosofía. Con el tiempo decidí ser maestro campesino. Esta vinculación laboral me ha permitido dedicar gran parte de mi vida, con el respaldo de la organización sindical de educadores y de la CUT-Cauca, a apoyar al grupo cultural campesino y aportar a la defensa de los derechos humanos y de los territorios del Macizo Colombiano y del Cauca.
La defensa de los derechos del campesinado ha guiado mi experiencia organizativa y el campo ha estado presente en cada una de las etapas de mi vida. He construido mi actividad de liderazgo como participante comprometido con procesos de comunidades y organizaciones campesinas.
En cuanto a actividades organizativas o en el marco de los procesos colectivos, mis aportes han sido la constancia, la dedicación, la persistencia en la lucha, saber tender puentes, no juzgar, saber escuchar y construir amistades y compañerismo. En palabras de un compañero: “avanzar sin pisar a nadie”. He apoyado el diseño y el desarrollo de algunas iniciativas, tanto de construcción de organización a nivel local, regional y nacional, como de dinámicas de formación en lo económico, lo político y lo cultural.
En lo personal, me siento muy alegre de haber participado en el diseño y la implementación de la Red de DD.HH. del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”; en lo local, de ser uno de los gestores del PCPV, en el corazón del Macizo Colombiano; y en lo regional, de haber participado en la construcción del PUPSOC. Estas iniciativas han ocupado ininterrumpidamente mis últimos 33 años de vida, sumados a los más de 40 años que he dedicado al trabajo con organizaciones sociales.
Apoyar el proceso de construcción colectiva de espacios de encuentro, discusión, análisis, diseño y redacción de políticas populares es uno de mis aportes al proceso de cambio social en que he empeñado mi vida; así como la lucha por convertir dichas políticas populares en políticas públicas o en reivindicaciones concretas que apalanquen su implementación en lo ambiental, en lo económico-productivo, en lo artístico-cultural, en derechos humanos, en lo político-electoral y en lo formativo.
Tengo una anécdota de un hecho que marcó mi vida desde mi niñez; no es un hecho cinematográfico, es un hecho de la vida tranquila de una región aislada a finales de la década de los sesenta del siglo pasado. Ese hecho me inquietó profundamente. Creo que rondaba los siete años. Recién amanecía cuando salí con mi caballo a andar por los caminos de mi territorio. No hacía muchos días había visto por primera vez una berlina (que es como le decían en mi montaña a un carro pequeño), un vehículo que llegaba a mi pueblo llevado a empujones por entre los potreros aledaños, por donde la brecha de la vía no había sido construida aún.
Salí en mi caballo y, en lo alto de una cordillera, ya llegando al páramo, al lado del camino, donde se formaba un charco de agua, había una niña parada. Pasé con mi caballo y al volverme a ver qué hacia la niña, me di cuenta de que estaba recogiendo agua del sitio donde el caballo había pisado. Me devolví y le pregunté a la niña, que era como de mi edad, por qué recogía el agua de ese charco. Me contestó que le quedaba muy lejos ir por agua a la quebrada. Ahí se sorprendió mi alma: ¿por qué hay pobres?
Así empezó este camino, al lomo de mi caballo, con mis pulmones llenos del aire frio de la alta montaña al pie de los páramos de Barbillas y de Bellones, frente al paramo del Jordán, tres de los 23 paramos del núcleo del Macizo Colombiano, o Estrella Fluvial Colombiana, conocido como sistema de paramos del Sotará.
Con los años entendí que la pobreza, o mejor, el empobrecimiento, tenía relación con las formas de organización de las sociedades, las naciones y los Estados. De ahí nació mi decisión de estudiar Derecho, por lo que salí a Popayán a avanzar en mis estudios.
inicie mi vida de luchador social, participando tímidamente en las luchas estudiantiles de finales de los años 70 en el colegio Francisco Antonio de Ulloa, famoso en su época por las revueltas estudiantiles, y al cual volvería 25 años después como profesor, desplazado por las amenazas que me obligaban a salir de mi territorio donde originalmente me vinculé al magisterio a principios de los años 90.
Un líder comunal defensor del territorio en la Federación de Acción Comunal de Putumayo [1]
Iván Ruiz es un líder comunal y social que desde hace 20 años viene trabajando por el bienestar de las comunidades, participando en diferentes escenarios en la defensa del territorio, de los derechos comunales y de nuestros derechos ambientales. Nos relata su larga y variada experiencia como líder comunal y defensor de los derechos ambientales:
“Recordemos que el Putumayo es un territorio andino amazónico muy rico en biodiversidad, flora, fauna y fuentes hídricas. Hoy en día el Putumayo se ha concesionado para las empresas transnacionales; más del 70% de su territorio está concesionado para la extracción de petróleo, oro y cobre. Las transnacionales seguramente están pensando en concesionar las fuentes hídricas que nos quedan en el Putumayo. Por eso hemos liderado varios procesos de resistencia en defensa del territorio contra las transnacionales, en este caso contra la multinacional petrolera Gran Tierra. Todo esto nos ha generado problemas en el departamento, y precisamente donde yo vivo, en el municipio de Villagarzón, que es mi territorio.
Soy presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, ASOJUNTAS, de Villagarzón; fiscal de la Federación Comunal del Putumayo; hago parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, y del Consejo Municipal de planeación participativa encargado de hacerle seguimiento al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS. Siempre hemos estado organizados en ASOJUNTAS, que recoge todas las Juntas de Acción Comunal del municipio, pero también hemos hecho parte de la Mesa de Organizaciones Sociales del departamento, que siempre ha estado al frente defendiendo nuestros derechos”.
Ser dirigente social nace del dolor ante la injusticia y los atropellos contra el pueblo, contra la Madre Tierra
“Ser dirigente social es algo que a uno le gusta, le nace. En Colombia, en el Putumayo somos muchos los apasionados; nos duele la injusticia, nos duelen los atropellos del gobierno contra nuestro pueblo, contra la Madre Tierra, contra el agua. Ahí es donde uno comienza a reclamar esos derechos, comienza a visibilizarse. Yo me inicio en Villagarzón como presidente de ASOJUNTAS en un corregimiento que se llama La Castellana. Entonces la transnacional Gran Tierra concesiona una parte que se denomina el bloque San Juan, aproximadamente unas 40.000 hectáreas, donde pretende extraer petróleo. Pero nosotros estamos asentados en ese territorio; allí vivimos unas 1500 familias, entre campesinos e indígenas, y ahí, en ese territorio denominado el Bloque San Juan, cruza la cordillera andino-amazónica, que muere en el Ecuador. En este sector nacen más o menos 27 afluentes de ríos, de aguas cristalinas muy puras, y por eso se inicia la oposición a que entren las multinacionales a hacer estudios y posteriormente a extraer petróleo, pues acabarían con esas fuentes hídricas, que en el Putumayo son las únicas aguas que quedan.”
Deterioro de la situación de seguridad en el Putumayo durante el Gobierno de Iván Duque
“También nosotros participamos en el proceso de paz, en la construcción de los acuerdos regionales, tanto del punto 1 (la Reforma Rural Integral, que incluye los PDET) como también del punto 4 (que tienen que ver con la solución al problema de las drogas ilícitas). Todo eso nos ha traído dificultades. A partir de la firma de los acuerdos, en el Putumayo hubo una transición de tranquilidad en el territorio, que duró más o menos un año. Pero en este momento, con el gobierno de Iván Duque, se ha incrementado la inseguridad, pues han aumentado los cultivos de uso ilícito por el incumplimiento del mismo gobierno, y eso ha hecho que en este momento haya grupos al margen de la ley, grupos residuales de las FARC-EP y grupos paramilitares al servicio del narcotráfico”.
La defensa del territorio en el Putumayo es la defensa de la Amazonía
“Hoy por hoy, el pueblo ha despertado. Los líderes sociales tenemos claro que la casa nuestra es la Madre Tierra y es donde nuestros abuelos y nuestros padres nos dejaron un paraíso. Yo recuerdo que veinte años atrás el Putumayo era muy rico en especies de fauna y de flora, y hoy el Putumayo tiene bastante contaminación en las fuentes hídricas, producto de las transnacionales e inclusive de los mismos campesinos. Pero se está generando una gran conciencia para comenzar a conservar este territorio, pues uno piensa: así como marcha el planeta, con la realidad del cambio climático en todo el mundo, la última reserva que queda es la Amazonía, y el Putumayo hace parte de la Amazonía. Debemos cuidarla y conservarla. Una de las luchas que adelantamos la dirigencia social y comunal es defender el territorio, el agua, y la poca la flora y fauna que quedan. Defender el agua es defender la vida, porque tenemos que garantizarles también a nuestros hijos, a las futuras generaciones, la oportunidad de disfrutar esa biodiversidad que hemos disfrutado nosotros.
Se ha utilizado el mecanismo de la resistencia, de la resistencia popular, la resistencia de la gente, contra las políticas del mismo gobierno, del Estado, de concesionar los territorios. Han entregado títulos mineros a las transnacionales y estas entran con un derecho. Según el gobierno, el subsuelo es el del Estado, y solamente el suelo le pertenece a la gente. Entonces nosotros partimos de un derecho: ¿encima del suelo quién vive? Vive la gente. En últimas, cuando se produce un impacto ambiental, ¿quiénes son los perjudicados? Los habitantes que viven ahí permanentemente, los que nacimos y nos criamos ahí y nuestros hijos, que también van a estar ahí. Ellos se van.
Las mismas instituciones estatales, como Corpoamazonía aquí en el Putumayo, que es la encargada de velar por los recursos naturales hídricos, son entidades que están acomodadas al sistema de gobierno. Por ejemplo, sabemos que hay una normatividad ambiental que prohíbe la explotación de las fuentes hídricas, en las cabeceras, en los humedales; pero eso no lo contemplan, porque son políticas de ellos y porque a ellos les interesa más lo económico que la vida que hay en los territorios.
Por eso aquí lo que toca es resistencia, y a partir de la resistencia obliga uno al gobierno a sentarse y es así como se logra demostrarle. Nosotros hemos logrado demostrarle que ese territorio donde ellos pretenden extraer petróleo, cobre y oro, es una reserva natural, es un corredor biológico, ese es un determinante ambiental. Pero ya tenía el visto bueno de Corpoamazonía; ya se había hecho una reserva forestal y por encima de esa reserva forestal pretendían explorar y explotar petróleo. Es a partir de la movilización cuando nosotros logramos sentar al gobierno y descubrimos que ya está esa reserva declarada por la misma Corpoamazonía, y ella misma estaba violando esa ley según la cual se debe respetar ese territorio como reserva ambiental”.
Los riesgos de defender el territorio en el Putumayo
“Cuando iniciamos la defensa de ese territorio, a finales del 2014 y comienzos de 2015, estuvimos casi tres meses resistiendo con más de 600 personas en la montaña. Nosotros manejamos la parte política, la interlocución con el gobierno y con las diferentes instituciones. Inclusive logramos sentar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio del Medio Ambiente. Fue por medio de esas acciones que logramos que el gobierno se sentara y reconociera que estaban en un territorio que debía ser conservado.
Pero a partir de ese logro, me viene una amenaza en la cual, por vía telefónica, me dan un mes de vida si no me voy del territorio. Todo eso lo puse en conocimiento de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo. El gobierno lo único que hace es mandarle a uno dos hombres como medida de protección. Yo considero que eso no es algo que uno necesite; como está la situación, no es para eso. Pienso que lo que debe hacer el gobierno es sentarse con la dirigencia social, con los líderes, para definir cómo se ordena el territorio y cómo se los hace respetar.
Hay unas sindicaciones que me han hecho, según las cuales me vinculan con un grupo armado. Ya las puse en conocimiento de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría, pues soy dirigente social y en ningún momento he hecho parte de ningún grupo armado. Estos falsos señalamientos no fueron solamente contra mí, fueron también contra compañeros dirigentes de la zona, personas que uno conoce. Son líderes campesinos, comunales, que trabajan por su comunidad y por su familia. Pero al sindicarlos de tales cosas, atentan contra la seguridad e integridad de cada uno de ellos. Mi accionar es transparente, de cara al pueblo, y lo que me preocupa de estos señalamientos es que muchas veces el gobierno o las fuerzas militares buscan culpables, y ahí es donde aparecen los falsos positivos. Hoy tenemos muchos dirigentes sociales en la cárcel sindicados de acusaciones falsas, y de aquí hasta que se compruebe su inocencia pasarán años, para terminar diciendo que se equivocaron”.
Intereses económicos detrás de las amenazas
“Son intereses económicos, es el dueño del capital. Por ejemplo, cuando nosotros oponemos resistencia y logramos que saquen una cantidad de equipos helitransportados de la cordillera, ¿cuánto les vale eso a ellos? Es una cantidad de plata que ellos dejan de percibir. Y está comprobado a nivel nacional que las transnacionales en otros departamentos han armado grupos al margen de la ley, paramilitares, para acallar a quienes se oponen a sus intereses. Yo considero que los recientes señalamientos pueden estar ligados a la labor de oposición que hemos hecho al proyecto minero en Villagarzón. Son intereses oscuros que quieren estigmatizar el trabajo social que venimos haciendo”.
El impacto personal, familiar y organizativo de estas amenazas
“Es preocupante. Yo dejé de ir durante un tiempo al territorio; y ya después, con el esquema de seguridad, ya no me puedo mover libremente, hacer mis reuniones como antes. Me desempeño como presidente de ASOJUNTAS en este momento y hay que andar con mucho cuidado, a pesar de que la gente, el pueblo, lo aprecia a uno y es quien le da confianza, le da una garantía. Pero el temor no deja de existir. La familia le dice a uno: hombre, no se meta más en ese cuento, de pronto mañana o pasado usted pierde la vida y entonces, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Pero como decía al principio, el tema social, de liderar procesos, lo hago por amor a la tierra, por amor al prójimo. Es algo que le nace a uno”.
Lo que debería hacer el Estado para garantizar el derecho a organizarse y a defender los derechos humanos
“Se necesita mucho diálogo, mucha voluntad política del gobierno nacional, de las instituciones e inclusive de los entes territoriales. Porque aquí es donde se constata que estamos fallando como pueblo. Se eligen cada cuatro años dirigentes municipales y departamentales, pero son personas a quienes no les interesa el territorio, no les interesa el desarrollo de la comunidad, sino que se acoplan a las políticas transnacionales y nacionales. Entonces comienzan a estigmatizar a quienes defendemos el territorio y los derechos humanos. La institucionalidad debe organizar escenarios, foros, encuentros, para escuchar y recoger todo ese clamor del pueblo, para poder ponerlo en práctica, e inclusive que los entes territoriales se lo transmitan al nivel nacional.
El país está pasando por un momento bastante complicado en cuanto al proceso de paz, en este Gobierno de Iván Duque y Álvaro Uribe, en que se está desmoronado lo logrado porque están volviendo los grupos al margen de la ley, están aumentando los cultivos de uso ilícito por el mismo incumplimiento de este Gobierno, que desde un principio dijo querer echar atrás los Acuerdos de Paz. Entonces se están viendo grupos paramilitares moverse por el territorio. ¿Cómo no se van a dar cuenta las Fuerzas Armadas? La inteligencia militar, ¿cómo no va a saber de todo esto?”
[1] Perfil elaborado con base en la entrevista realizada por la CCJ.
El murmullo de la Caracola: crónica sobre Caracolas de Paz[1]
“Un día de Caracolas es despertar y no querer ver el celular lleno de mensajes de todo el mundo. […] también es bonito saber que nosotras estamos para la gente, y aún más cuando nos necesiten, a cualquier hora. Pero también es un poco duro no tener todas las respuestas”[2].
En una entrevista realizada por tres investigadoras de Colombia Diversa, Alejandra Realpe narra el día a día de quienes forman parte de la organización Caracolas de Paz, en defensa de los derechos de las personas LGBT y de las mujeres.
A las 8 de la mañana, en plena cuarentena decretada por el Gobierno nacional, suena el teléfono. Llaman de la Comisaría de Familia. Piden que Alejandra los asesore sobre cómo llevar casos con enfoque de género. No es la primera vez que el celular la despierta por algo así; en otras ocasiones se ha levantado a las 3 de la mañana. En la habitación de al lado duermen varias personas que se han estado quedando en su casa porque no tenían dónde pasar la cuarentena. A su lado en la cama duerme su pareja, Jaque, su compañera de vida y de luchas. Las dos lideran Caracolas de Paz, organización a la que dieron vida en el departamento de Putumayo y que construyeron de la mano de otras mujeres, que trabaja por los derechos de las personas LGBT y de las mujeres, y que lucha por que todas ellas puedan vivir una vida libre de violencias.
Las mujeres que hacen parte de Caracolas de Paz ponen su granito de arena de distintas maneras y, aunque el proceso para formalizarla jurídicamente se lo echaron al hombro Alejandra, Jaque y Paola, una mujer trans que ya no trabaja con Caracolas, todas han aportado cuando se ha necesitado, quizás porque la organización empezó de una manera orgánica y creció por un sueño compartido. A Alejandra, a quien encontrarse con Jaque le cambió la vida, la contrataron para hacer unos talleres con mujeres víctimas de violencia de género. Los talleres se llamaban Caracolas de Escucha y, aunque cada taller fuese distinto por las participantes que asistían y los espacios en que se realizaban, tenían en común que partían de reconocer el poder de escucharse, de compartir sus relatos y aprender a sanar en círculos de la palabra. Poco a poco fueron construyendo lazos y redes de apoyo. Caracolas de Paz nació así, de mujeres convencidas de que, en colectivo, es posible reconciliarse con las heridas del pasado y buscar que nadie más deba sufrirlas.
En el día a día de la organización están presentes al menos cinco mujeres, que se reparten las tareas que les llegan a ese celular, que no para de sonar. Jaque, que se apoya en su profesión, sociología, y en sus contactos para resolver asuntos sociales; dos colaboradoras que trabajan en salud y que mueven cielo y tierra para solucionar lo necesario en ese sector; una mujer excombatiente de las FARC-EP que se vinculó después de la firma del AFP; y Alejandra, al frente de las denuncias y de todos los trámites con las instituciones. Ella, que se reconoce como lesbiana y víctima del conflicto armado, decidió defender los derechos humanos para que nadie tenga que sentir el dolor que ella sintió: el dolor de tener que irse de su pueblo, de que sus derechos le fuesen negados y de tener que soportar la violencia por ser quien era. Ver a personas cercanas defenderla cuando lo necesitó hizo que se prendiera en ella la chispa de ser defensora de derechos humanos.
“El conflicto armado me había golpeado tantas veces y me había dado tan duro, que yo no creía que se pudiera llegar a perdonar. Estar con una persona que me había hecho tanto daño y que yo había jurado no querer ver en mi vida. Entonces para mí es bonito porque fue sentir que nosotros y nosotras podíamos hacer algo juntos […], me enseñó que el perdón sí existe y que yo sí podía perdonar” [3].
La ruta de la memoria de Alejandra como lideresa y defensora ha sido larga y extensa, y su punto de partida fue la reivindicación de los derechos de las personas LGBT y de las mujeres, recorriendo con valentía el difícil camino del perdón y la reconciliación.
Nacida en Putumayo, muy joven salió para Pasto, y con Caracolas de Paz pudo contribuir a la reconciliación del país. Junto con el Centro Nacional de Memoria Histórica, las Caracolas construyeron “La Ruta del Color y La Memoria”, una iniciativa que se desarrolló en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “Heiler Mosquera” de La Carmelita en el municipio de Puerto Asís. Allí diseñaron y realizaron murales que narran las historias de las personas LGBT en la guerra. El diálogo entre víctimas y victimarios, que antes de la firma del Acuerdo parecía imposible, les permitió reconocer el dolor del otro y perdonar. Este espacio no solo fue importante para Alejandra, que además lo describe como uno de los momentos más bonitos que ha vivido con Caracolas de Paz, sino que también lo fue para la organización.
Todavía las llaman los miembros del ETCR y las demás víctimas LGBT de los municipios cercanos que participaron en la intervención. Les piden que vuelvan, y ellas quieren volver porque su idea es que lo que hacen trascienda: quieren que impregne a la sociedad y a los proyectos de vida de cada una de las personas que logren sensibilizar para lograr una sociedad sin discriminación por razones de género, orientación sexual o ideología política. No basta con indicarle a la gente dónde queda la Comisaría de Familia más cercana. Una vez, por ejemplo, en un círculo de la palabra, alguien mencionó su deseo de ser chef, pero le parecía imposible por falta de recursos. Otra persona lo oyó y decidió ayudarlo a inscribirse en el SENA.
Se llaman a sí mismas Caracolas de Paz, también por las caracolas marinas que, al acercarlas al oído, dan la impresión de transmitir el murmullo tenue y fluctuante de las olas del mar. Ellas quieren que al acercarse a la organización las personas escuchen el murmullo de la paz, que su sonido les transmita tranquilidad y bienestar, sobre todo porque quienes las buscan suelen hacerlo en momentos de dolor y pérdida.
La labor de las Caracolas de Paz, no ha sido fácil; la defensa de los derechos de las personas LGBT y de las mujeres representa para ellas riesgos en sus vidas:
“Las amenazas son constantes hacia nosotras, hacia las otras dos compañeras, hacia Jacke y hacia mí. No lo denunciamos porque ya lo hemos denunciado muchas veces, pero no tenemos respuesta. Entonces denunciarlo, ¿para qué? Nada para nosotras en este momento. Ya es el autocuidado, cuidarnos nosotras mismas[4]”
Las amenazas no paran, esas que llegan porque hay gente que considera que trabajar para que las lesbianas, los gays, las personas bisexuales y trans puedan expresar su amor, ser quienes son y acceder a los mismos derechos como las demás personas es perjudicial para la sociedad. O porque creen que esos derechos no son derechos humanos. O que no tiene cabida atender los casos de violencia contra las mujeres por ser lo que son. O, simplemente, porque se piensa que las mujeres, y más si son lesbianas, no deben presentarse en espacios públicos ni ser voceras porque ese no es su lugar. O que hay que reeducarlas para que les gusten los hombres. Pero también han sentido la satisfacción de encontrar personas que no querían acercarse a personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, pero que terminaron creando un vínculo afectuoso con ellas.
Las mujeres de Caracolas de Paz aman lo que hacen, se inspiraron en otros que las precedieron y esperan motivar a más personas para que continúen su trabajo. No son heroínas sin capa, son mujeres admirables de carne y hueso que sienten como propio el dolor de los demás y quieren cambiarlo, a pesar de no tener ni todas las respuestas ni recursos ilimitados.
Como nos cuenta Alejandra, las Caracolas de Paz ya dejaron de poner denuncias y esperar una respuesta de las autoridades. Su estrategia es la misma con la que abordan su trabajo: autocuidado y cuidado entre ellas. Su apuesta como defensoras de derechos humanos, la solidaridad y la sororidad, es su mejor defensa. Por eso no es posible hablar de Alejandra sin hablar de Caracolas, o de Caracolas sin hablar de Alejandra, quien afirma que la palabra que mejor define su vida es resistencia. No piensan en dejar de hacer lo que hacen, pues creen en que el bienestar colectivo es más importante que su bienestar personal. Y ese es el llamado que hacen siempre: en sus talleres, a sus colegas en la defensa de derechos humanos, a las personas que las han acompañado y que ya no hacen parte de la organización, porque siempre hay alguien con una historia como la de uno para tenderle la mano y porque el dolor, como dice Alejandra, puede tener fin.
[1] Perfil elaborado por Daniela Vargas Gómez y María Camila Arias del Área de DD.HH., y por Daniela Díaz del Área de Paz de Colombia Diversa con base en la entrevista realizada a Alejandra Realpe, Fundadora de Caracolas de Paz. 2020.
[2] Fragmento de la entrevista a Alejandra Realpe, Fundadora de Caracolas de Paz. 2020.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
Defensa de derechos para el empoderamiento de las mujeres sobrevivientes
Por: Carolina Mosquera, investigadora Sisma Mujer
La trayectoria de liderazgo social de Yirley Velasco Garrido es testimonio y reflejo de un proceso de transformación y resiliencia en favor de las mujeres del municipio de El Carmen de Bolívar. En una entrevista, esta defensora de derechos humanos y lideresa de los Montes de María cuenta cómo su historia de vida ha estado marcada por la reivindicación de los derechos de las mujeres.
Yirley nació en el corregimiento de El Salado, municipio de El Carmen de Bolívar, en el departamento del mismo nombre. Desde muy joven, hace más de 10 años, inició diversos procesos de defensa de los derechos de las mujeres, como ella relata: “Un día me atreví a alzar la voz porque acá se hablaba de carreteras, de agua, de todo, pero no se hablaba de las necesidades que teníamos nosotras las mujeres. Necesidad de hablar, de decir lo que teníamos atragantado”.
Es posible que la labor de su madre, Edita Garrido, quien se destacó como presidenta de la junta comunal de las madres comunitarias de El Salado durante los años 80, influyera en la decisión de Yirley de dedicarse a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres en el corregimiento de El Salado, en particular de las mujeres que históricamente habían sido excluidas de la toma de decisiones en su territorio. Esto se evidencia en las habilidades tempranas de Yirley, quien durante sus años de colegio se destacó por su liderazgo y sus capacidades comunicativas, siendo la encargada del periódico de la institución educativa del corregimiento de El Salado.
Esta lideresa, como más de cuatro millones de colombianas, vio interrumpida su trayectoria de vida a raíz del conflicto armado. Desde comienzos de la década de los años 80 y hasta 2005, El Carmen de Bolívar fue una de las zonas más complejas del conflicto armado por la guerra desatada primero por los frentes 35 y 37 de las FARC-EP y luego por grupos paramilitares.
En el año 2000 sucedió una masacre que se convertiría en un lamentable caso emblemático del conflicto armado en Colombia, la masacre de El Salado. Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, un grupo de 450 paramilitares cercó el corregimiento de El Salado y cometió toda clase de torturas, asesinatos y violencias de género contra la población civil, en particular las mujeres. Durante los seis días de la masacre, los paramilitares asesinaron a 60 personas. Como ha señalado la Corte Suprema de Justicia, existió connivencia entre los militares y los grupos paramilitares para desarrollar las acciones en El Salado.
En esa masacre, Yirley fue víctima de violencia sexual por parte de hombres de grupos armados. A raíz de este hecho, y de las múltiples victimizaciones que allí tuvieron lugar, miles de personas se desplazaron del corregimiento. Como recuerda el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, después de la masacre “este pueblo de 4.500 habitantes fue abandonado durante dos años, tiempo suficiente para que la vegetación invadiera las construcciones hasta ocultarlas”.
Yirley y su familia se asentaron en Cartagena. Sin embargo, el abandono estatal, especialmente en materia de salud, le generó impactos que aún perduran. Así mismo, las dificultades económicas y la precariedad debido al destierro forzado la llevaron a retornar, junto con su familia, a El Salado en el año 2003. A raíz de estos hechos de violencia, su caso fue incluido en el anexo reservado del auto 009 de 2015 de la Corte Constitucional.
Yirley se interesó progresivamente en encuentros y talleres con otras mujeres que habían sobrevivido a ese hecho victimizante en el marco del conflicto. Estos ejercicios le permitieron contrarrestar los efectos de la culpa y la vergüenza acentuadas por la estigmatización social y la desestructuración de su proyecto de vida. En este sentido, su trayectoria vital la ha convertido en una sobreviviente que, como muestra de su resiliencia, decidió dedicar su vida a la defensa de los derechos de las mujeres de su territorio.
El liderazgo social ha sido la opción vital a través de la cual Yirley se ha transformado, gracias a sus capacidades de resistencia y pervivencia, convirtiéndose en una defensora de los derechos de las mujeres de El Salado, en particular de su derecho a vivir una vida libre de violencias.
Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, espacio de diálogo político
La promoción de la implementación del Acuerdo de Paz es uno de los objetivos de este
conglomerado de organizaciones sociales. Desde sus diversas experiencias, pretenden
ampliar la discusión para fortalecer la agenda de exigibilidad de derechos de las
comunidades negras, raizales y palenqueras del país.
Ante la ausencia de un enfoque étnico-racial que permitiera abordar la garantía de una paz territorial dentro de los acuerdos de paz y su materialización, nace como instancia autónoma de diálogo político el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), que desde 2015 viene realizando una labor de articulación de distintas organizaciones que representan al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero.
Esta alianza organizativa se crea con el objetivo de articular diferentes perspectivas y acordar, por medio del diálogo y la reflexión, las propuestas y exigencias del pueblo afrocolombiano en las negociaciones de paz. Estas organizaciones, que cuentan con una presencia amplia en todo el territorio nacional, se unen para responder a los nuevos desafíos de la construcción de esa paz tan anhelada, poniendo especial atención en acciones orientadas a la promoción y garantía de este derecho desde un enfoque colectivo.
El CONPA promueve la implementación de las medidas contenidas en el Acuerdo Final de Paz a nivel nacional y subnacional en virtud del trabajo étnico territorial y la interlocución nacional a través de la Instancia Especial de Alto Nivel para los Pueblos Étnicos (IEANPE).
Para lograr la interlocución ante las diferentes instancias en la mesa de diálogo que permita incorporar un análisis propio sobre las implicaciones del Acuerdo Final de Paz para el pueblo afrocolombiano, negro, raizal y palenquero del país, el Consejo está integrado por un conjunto de organizaciones que, en constante articulación y a partir de sus múltiples experiencias en el ámbito organizativo de las comunidades y autoridades afrocolombianas, aportan a la construcción de medidas y acciones que permitan salvaguardar los derechos étnicos y medidas de protección colectiva que satisfagan y se adapten culturalmente a los requerimientos de estas comunidades.
El CONPA está conformado actualmente por nueve organizaciones con distintas trayectorias, las cuales, desde el trabajo organizativo por las necesidades del pueblo afrocolombiano, se han establecido desde el derecho propio y el carácter autónomo de los pueblos étnicos. Allí confluyen de manera articulada La Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas (KAMBIRÍ); el Proceso de Comunidades Negras (PCN); la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES); la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC); la Pastoral Afrocolombiana; el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH); la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA); la Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFRO); y el Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF).
También hacen parte de este espacio de diálogo y acción conjunta cinco procesos étnico-territoriales que, con su vocería y reconocimiento de las necesidades de las comunidades afro desde el ámbito regional, amplían la discusión para fortalecer la agenda de exigibilidad de derechos que se viene desarrollando para la consolidación de los acuerdos y su implementación territorial. Estos son el Comité Cívico por la Dignidad del Departamento del Chocó; el Comité Cívico por la Defensa de Buenaventura Valle; el Comité de Defensa de Bajirá, Chocó; la Asociación de Mujeres del Norte del Cauca, ASOM; la Red de Mujeres Afrocaribeñas; y la Red de Consejos Comunitarios del Caribe.
Es así como el esfuerzo realizado por estas organizaciones a través del CONPA viene consolidándose con el fin de construir una propuesta que no solo brinde herramientas de acción y exigibilidad de derechos desde lo acordado en el Acuerdo Final de Paz, sino que se convierta en un proyecto que contenga principios de interpretación para el enfoque étnico y racial en los servicios sociales del Estado y en las políticas y medidas que se busque adoptar para la reparación y la construcción de una paz territorial transformadora.
Organización Nacional Indígena de Colombia, ejemplo de resistencia
Desde que se conformó hace 40 años, este colectivo nacional ha librado sendas luchas por los pueblos ancestrales, sus costumbres y sus derechos.
Por lo menos 1.500 hombres y mujeres de distintos pueblos se reunieron en Lomas de Ilarco, en el municipio de Coyaima, departamento de Tolima, hace cuatro décadas para participar en el Primer Encuentro Nacional Indígena de Colombia. De allí nació la idea de constituir la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que se concretó 16 meses después.
Esta nueva colectividad se planteó un objetivo claro: reivindicar a los pueblos originarios como sujetos colectivos de derechos. Para lograrlo, se guiaría por los principios milenarios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía, que mantienen su vigencia y se revitalizan al calor de los contextos y desafíos.
Su trabajo en el país reivindica el derecho a la vida y la existencia de los pueblos indígenas y por sus territorios como aspectos estrechamente vinculados con la defensa de sus derechos en perspectiva histórica y actual; además, constantemente ha denunciado la continuidad de las violaciones de los derechos de las personas defensoras, los líderes y lideresas indígenas y sus organizaciones.
En la declaración pública proferida en conmemoración de sus 40 años de existencia, la ONIC expresó que sus luchas no han sido fáciles: “Ha costado muchas vidas y notables esfuerzos físicos, económicos, políticos y organizativos”.
No obstante, el balance tiene también aspectos satisfactorios plantea esta organización y destaca varios hitos en la historia reciente de los pueblos indígenas, entre ellos el surgimiento del movimiento indígena en la década de 1970, pasando por la férrea defensa de los derechos a la tierra y a la autonomía; por la conformación de organizaciones regionales a lo largo y ancho del país; y su participación en la Constituyente de 1991.
También resaltan la exigibilidad y el reconocimiento de los derechos colectivos como sujetos políticos, y la participación activa como actores históricos de la paz.
“Como pueblos y naciones hemos pervivido y sembrado las semillas de nuevas generaciones dispuestas a continuar la lucha y la defensa de nuestros derechos, y a cultivar nuestros principios fundantes. Este es el sentido de nuestra recién adoptada Ley de Gobierno Propio ‘Pacto para Volver al Origen’, con la cual trazamos el camino para 40 años más de resistencia”, recuerda la ONIC.
Todos sus logros han emergido en medio del cruento conflicto armado que se intensificó en los años noventa y del que aún siguen siendo víctimas en diversas regiones del país.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), difundido en diciembre del año pasado, señaló que en Colombia las lideresas y los líderes indígenas que visibilizan o denuncian las violaciones de los derechos a la existencia y al territorio se encuentran en situación de riesgo. Por otra parte, la vocería o participación de las personas defensoras y de los líderes y lideresas indígenas en la implementación de diversos puntos del Acuerdo Final de Paz, como la reforma rural integral y la política de sustitución de cultivos ilícitos, los expone a amenazas, identificándose estos temas como factores adicionales de riesgo.
Durante su visita a Colombia en noviembre de 2018 con el propósito de observar y verificar en terreno la situación de riesgo de las personas defensoras, la CIDH recibió información de autoridades indígenas sobre la persistencia de actos de violencia y la imposición de reglas en sus territorios por los actores armados.
Pese a todos los riesgos y vulneraciones de derechos humanos que enfrentan los pueblos indígenas, la ONIC reivindica sus luchas y en su declaración pública en conmemoración de sus 40 años de vida mantuvo uno de sus ideales más sólidos: “¡Sigan contando con nosotros para la paz, nunca para la guerra!”.
*Este es un proyecto de la Comisión Colombiana de Juristas, ASCAMCAT, ASCSUCOR, ASODECAS, CNOA, CAJAR, CINEP, COLOMBIA DIVERSA, CSPP, Confederación Nacional de Acción Comunal, CCEEU, IEPRI, INDEPAZ, MARCHA PATRIÓTICA, ONIC, PUPSOC, Red de Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, Red por la vida y los Derechos Humamos del Cauca, SISMA MUJER y VerdadAbierta.com
