La Corte Suprema determinó que el computador de Raúl Reyes no constituye prueba porque se obtuvo de manera ilegal. ¿Por qué la asimetría entre la farcpolítica y la parapolítica? Por Semana.
 |
|
| El computador de Reyes fue incautado después del bombardeo en Sucumbíos y traído de inmediato a Colombia. La Corte dice que eso lo invalida. |
El dictamen de la Corte Suprema de Justicia que favoreció al excongresista Wilson Borja en su investigación por supuestas relaciones con las Farc desató un gran debate. Algunas voces demandaron que ese mismo criterio se aplique a los demás casos de la farcpolítica y que se exoneren todos los inculpados a quienes se les ha abierto investigación por el hecho de estar mencionados en el famoso computador de Raúl Reyes. En la otra orilla hubo protestas que califican como un sesgo de la justicia el hecho de que se hayan producido drásticas condenas de parapolíticos con base en documentos encontrados en computadores de los jefes paramilitares.
Las protestas fueron encabezadas por el expresidente Álvaro Uribe, para quien “la presión mediática tiene valor probatorio, pero no así los computadores de los terroristas”, y el procurador Alejandro Ordóñez anunció que impugnará el fallo. En el campo de las celebraciones, sobresalió la de Nicolás Maduro, canciller de Venezuela, para quien “ese computador terminó siendo como la maleta del gato Félix (…) cualquier cosa podía aparecer”.
En realidad, la decisión de la Corte Suprema de Justicia no tiene una intención de tipo general y se refiere exclusivamente a la investigación contra el excongresista Wilson Borja. El presidente de la Corte, Camilo Tarquino, insistió en ese punto: “Cada caso de investigación es distinto”, dijo. Los magistrados del más alto tribunal decidieron que los correos encontrados en el computador de Reyes, los cuales constituían un alto porcentaje de las pruebas contra Borja, no se podían considerar. La razón principal es que fueron hallados en Ecuador, después del bombardeo contra el campamento de Sucumbíos, y Colombia tiene con ese país dos acuerdos vigentes que establecen las reglas -que no se cumplieron- para el intercambio de pruebas judiciales. Uno es bilateral, firmado en 1999 y otro, multilateral: la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, aprobada en 2001. En ambos se fijan mecanismos obligatorios de trabajo conjunto entre las autoridades judiciales de los dos países. Los jueces y fiscales se deben comunicar a través de conductos regulares -los consulados y embajadas- y mediante procedimientos establecidos, que se llaman ‘cartas rogatorias’.
Pero, como es bien sabido, los computadores fueron tomados por los miembros de la Policía que ejecutaron el operativo y los trajeron directamente a Colombia. La Corte se limitó a descartarlos siguiendo su obligación de verificar que las pruebas de un proceso penal cumplen las formas previstas. Y además de que en este caso se violaron los protocolos internacionales vigentes y obligatorios, el alto tribunal planteó que no se puede asegurar que los mensajes incorporados al expediente -hojas del programa Word que no demuestran haber sido enviadas desde un computador- sean en realidad correos electrónicos, como tampoco que la persona mencionada en realidad sea el exrepresentante y exsindicalista Wilson Borja.
En estricto sentido, el fallo tiene una dimensión técnica y no amerita mayor discusión. Sin embargo, hay otras lecturas y algunos equívocos que, por el contrario, despiertan una gran sensibilidad. Desde que se produjo el bombardeo contra Raúl Reyes se conocieron datos de los computadores según los cuales los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa, tenían relación con las Farc, lo mismo que un grupo de personas de la vida pública nacional. Recientes revelaciones de WikiLeaks indican que el gobierno anterior -y en particular el exministro Santos- filtró estratégicamente parte de la información sobre los lazos de los países vecinos con el grupo guerrillero.
Al mismo tiempo, por solicitud de Colombia, Interpol publicó un concepto según el cual estaba comprobado que se había respetado la cadena de custodia de los computadores de Reyes y que estos no se habían manipulado.
El hecho de que la Corte descarte los correos de Reyes en el caso de Wilson Borja porque fueron conseguidos de forma ilegal no significa que los magistrados hayan determinado que los contenidos son falsos o que hayan sido manipulados. La Corte ni siquiera puso en tela de juicio la legitimidad del operativo contra el número dos de las Farc. Pero al no poder utilizarlos como pruebas, produjo el fallo inhibitorio. Por otra parte, la Corte intentó, mediante otros instrumentos de investigación -básicamente con testimonios-, corroborar los vínculos de Borja con las Farc, y no confirmó su existencia.
La gran pregunta es hasta dónde el fallo en favor de Borja afecta a otras investigaciones contra personas mencionadas en los correos de Reyes. El nombre que más se ha mencionado es el de la exsenadora Piedad Córdoba, destituida por la Procuraduría con un expediente que en un alto porcentaje se basó en esas pruebas. Desde el punto de vista formal, no hay ninguna consecuencia inmediata ni automática. Sin embargo, Córdoba demandó el fallo ante el Consejo de Estado -que está en estudio- y allí podrá solicitar la revocatoria de su destitución con el argumento de que se debería adoptar el mismo criterio que asumió la Corte frente a los correos de las Farc en el caso Borja.
El hecho de que la jurisprudencia provenga del máximo tribunal de justicia y la contundencia de la argumentación alimentan las posibilidades de que este criterio pueda ser tenido en cuenta. Lo mismo podrían esperar otros acusados como Carlos Lozano, William Parra y Miguel Ángel Beltrán (un profesor de la Universidad Nacional deportado desde México y que hoy está en la cárcel), que tienen casos pendientes en la Fiscalía basados en menciones de sus nombres aparecidas en los computadores. Y congresistas como los liberales Carlos Julio González, Mauricio Jaramillo, Gema López; los del Polo Democrático Alexánder López y Gloria Inés Ramírez, y Pedro Nelson Pardo, elegido por el disuelto Alas-Equipo Colombia, todos mencionados en los computadores, aunque sus procesos en la Fiscalía no habían avanzado.
La conclusión es que, de manera informal, sí se podría generar un efecto dominó en favor de quienes están acusados de tener vínculos con las Farc por aparecer en los correos de Reyes.
Lo cierto es que la farcpolítica no despega y muchos consideran que “no se puede llorar solo por un ojo”. Se refieren a que varias decenas de congresistas están en la cárcel por sus relaciones con los grupos paramilitares. Sin embargo, hay varias razones por las cuales jamás existirá ese ‘equilibrio’. La justicia no actúa con base en consideraciones de tipo político ni sobre los efectos de sus fallos. Y sería imposible alinear a la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Suprema en una especie de cruzada única cuando cada una de ellas tiene distintos tiempos, visiones y reglamentos.
La búsqueda de una asimetría entre políticos ligados a los paras y a las Farc también ha producido excesos que se han caído por su propio peso. Así ocurrió cuando la Procuraduría le abrió indagación preliminar al senador del Polo Jorge Enrique Robledo, cuyo estilo punzante y posición radical no pueden ser confundidos con apoyo a una guerrilla a la que siempre se ha opuesto de manera radical.
Pero la principal brecha entre la parapolítica y la farcpolítica surge de la enorme diferencia que existe entre los dos fenómenos. El primero fue una estrategia militar y política contrainsurgente de las AUC, explícita y masiva, para aliarse con políticos, financiar campañas, intimidar candidatos y capturar al Estado. Por el contrario, la guerrilla tiene una guerra declarada contra el Estado, pregona que las elecciones son una farsa y lo que intenta es sabotearlas o declarar a los políticos objetivos militares o, en su defecto, secuestrarlos para luego canjearlos. Aunque ha habido casos puntuales y locales de candidatos y políticos que se han asociado con las Farc o con el ELN -en Arauca, por ejemplo, y en algunos pueblos del Huila y del Tolima-, no tienen la dimensión nacional que alcanzó la parapolítica. Son harina de otro costal, y como dijo el presidente de la Corte, “cada caso debe ser analizado por separado”.
