Así lo asegura Susan Lee, directora para América de Amnistía Internacional, organización que, en su informe sobre violencia sexual contra mujeres y niñas víctimas del conflicto armado, asegura que las autoridades “siguen negando el derecho a la justicia”. Por Semana.com
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| Amnistía Internacional advirtió en su más reciente informe que la mayoría de crímenes de género en Colombia quedan en la impunidad. Foto archivo Semana |
El informe de Amnistía Internacional “Eso es lo que nosotras exigimos: Que se haga justicia” Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia, difunde historias y cifras de casos de crímenes sexuales contra mujeres y niñas que están relacionados con el conflicto armado.
Según la organización, en el 2010, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 20.142 exámenes de posibles casos de violencia sexual, frente a 12.732 reportados en el año 2000. No obstante, sólo 109 casos, de los reportados en el 2010 fueron clasificados como relacionados con el conflicto, situación que el movimiento considera una clara invisibilidad de los crímenes, dada la probabilidad de que el número de denuncias sea inferior al de los casos reales.
Y es que el informe precisa que el 84 por ciento de los 20.142 exámenes fue realizado a mujeres y niñas, y más del 85 por ciento a menores de edad.
Cabe recordar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud sobre todos los casos de violencia sexual contra mujeres, realizada en mayo del 2011, el 73 por ciento de las maltratadas físicamente no denunciaron la violencia que sufrieron.
A su vez, según un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado en el 2010, el 70 por ciento de las mujeres que fueron víctimas de violencia física y el 81,7 por ciento de las víctimas de agresión sexual no acudieron a ninguna institución a denunciar la agresión.
En ese mismo sentido, la ONG Oxfam y la Casa de la Mujer registraron en sus estudios que el 82,1 por ciento de las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto no denunció los hechos de los que fueron víctimas.
El informe expone que son las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros quienes atacan a mujeres y niñas para “explotarlas como esclavas sexuales y vengarse de sus adversarios”.
Se recuerda entonces que de los 183 casos de violencia sexual que la Corte Constitucional ordenó investigar a la Fiscalía General de la Nación en el año 2008, se cree que los grupos guerrilleros fueron autores del 8,5 por ciento; las fuerzas de seguridad, del 19,4 por ciento; los paramilitares, del 45,8 por ciento; grupos armados ilegales no identificados, del 4,5 por ciento; delincuentes comunes, del 4 por ciento, y un familiar, del 1,5 por ciento, mientras que en el 16,4 por ciento de los casos no se pudodeterminar el grupo al que pertenecía el presunto autor.
El ente acusador agrega que además de esos casos, se investigan otros 68 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto.
En el informe también se explica que las mujeres indígenas sobrevivientes de la violencia sexual sufren barreras adicionales: la ausencia de traductores, las dificultades para viajar desde zonas remotas a los lugares donde pueden obtener asistencia oficial y la significativa presencia de combatientes en las zonas donde viven.
Además, este grupo poblacional, junto a las comunidades afrondescendientes y campesinas, padece el desplazamiento forzado. En ese sentido, defensoras de los derechos humanos y sus familias son víctimas particulares de amenazas e intimidaciones.
Justicia ausente, autoridades ineficientes
Según lo concluye Amnistía Internacional, existen varios obstáculos que impiden el ejercicio de la justicia: “la histórica inexistencia de voluntad política para combatir la impunidad, unas medidas de protección ineficaces para testigos y sobrevivientes, una formación precaria en cuestiones de género para los funcionarios judiciales y la no tipificación en la legislación nacional de la violación como crimen de derecho internacional”.
Tras su estudio de casos y su diálogo con actores de conflicto, Amnistía Internacional alega en su informe que las autoridades “no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el largo conflicto armado” y que aún les niegan sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
“En Colombia, las mujeres y las niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todas las partes del conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas”, asegura Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
Agrega que a pesar de la intención del gobierno de Juan Manuel Santos de abordar la crisis de los derechos humanos, “aún no hemos visto mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la justicia a los responsables de los actos de violencia sexual contra mujeres”. Lee añade que se debe combatir la discriminación de mujeres y niñas.
El movimiento global critica además que la “inexistencia de estadísticas oficiales fiables y el temor que rodea la denuncia de estos crímenes” dificultan evaluar el alcance real del problema, y subraya que en algunos casos, cuando la víctima denuncia, la investigación no es “efectiva”.
La organización pide a las autoridades elaborar una estrategia global que garantice “prevención, investigación y enjuiciamiento efectivos de la violencia contra la mujer relacionada con el conflicto, y que ofrezca remedios a las víctimas”.
El informe subraya además que muchos de los casos de violencia sexual son crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, razón que justificaría la intervención de la Corte Penal Internacional si la justicia colombiana se ausenta o es ineficaz.
Testimonio
Para su informe, Amnistía Internacional habló con sobrevivientes de violación en Colombia, algunas de ellas intentaron denunciar el crimen a las autoridades. Esta es la historia que Amnistía Internacional narra sobre Carolina, cuyo verdadero nombre fue cambiado para proteger su seguridad.
Carolina era líder comunitaria en un pueblo del departamento de Caldas. Cuando en el 2007 un muchacho relacionado con los paramilitares violó al hijo de Carolina, esta denunció el crimen a las autoridades.
Los miembros del grupo paramilitar intentaron que retirara la denuncia y cuando Carolina se negó, la amenazaron y la obligaron a ver cómo mutilaban a una de sus víctimas. En mayo del 2007, ocho paramilitares secuestraron y violaron a Carolina. Posteriormente esta se dio cuenta de que estaba embarazada como consecuencia de la violación. Cuando lo supo el jefe de los paramilitares, ordenó a sus hombres que le dieran una paliza y Carolina perdió el bebé.
En junio del 2007, el programa de protección de la Fiscalía General de la Nación realojó a Carolina en otro pueblo. Pero las amenazas continuaron, por lo que finalmentela trasladaron a otra localidad. Estuvo en el programa un año, pero en la actualidad ya no recibe protección.
El caso siguió bajo investigación en el departamento de Caldas y el fiscal citó a Carolina para que testificara en el mismo pueblo donde se cometió el crimen y donde aún vivían sus autores.
En septiembre del 2008, y tras las presiones de una ONG de mujeres, el caso fue trasladado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Sin embargo, la Unidad nunca llamó a Carolina a testificar.
En agosto del 2010, el fiscal fue retirado del caso. Al parecer, el nuevo fiscal sólo empezó a revisar el caso de Carolina hace poco.
Tras difundir historias de víctimas como la de Carolina, el informe estudia finalmente las dimensiones del conflicto armado, señala la situación actual de los actores del conflicto y evalúa los alcances del proceso de Justicia y Paz. Estas son algunas de las cifras más destacadas.
Conflicto armado
– Millones de mujeres, hombres y niños han sido objeto de desplazamientos forzosos, homicidios ilegítimos, torturas y violaciones. Han sido sometidos a cautividad o son víctimas de desapariciones forzadas durante los 45 años de conflicto en Colombia.
– Según la organización CODHES, más de 280.000 personas fueron desplazadas en el 2010.
– En los últimos 25 años, entre tres y cinco millones de personas han sido víctimas de desplazamiento interno.
– La Fiscalía General de la Nación está investigando más de 27.000 casos de desaparición forzada, aunque se cree que la cifra real es significativamente superior.
– Defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, campesinos y comunidades indígenas y afrodescendientes, así como quienes viven en zonas de importancia estratégica para las partes enfrentadas o de interés para los sectores minero, agroindustrial o energético nacionales y multinacionales, sufren particularmente los abusos.
Actores del conflicto
– Se calcula que las FARC cuentan con 9.000 combatientes en muchas partes del país, pero sobre todo en los departamentos orientales de Meta, Guaviare, Vichada, Casanare y Arauca, así como en los departamentos meridionales de Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
– El ELN tiene entre 2.500 y 3.000 combatientes, y un número similar de miembros de milicias. Este grupo guerrillero tiene su máxima fuerza en los departamentos orientales de Arauca, Casanare y Boyacá, aunque también cuenta con presencia en otras partes del país, como en Norte de Santander, Cesar, Santander, la región del Magdalena Medio, Chocó, Nariño y Cauca.
– A los grupos paramilitares, responsables de violaciones graves de derechos humanos, especialmente contra defensores de estos derechos, líderes comunitarios y sindicalistas, se les acusa también de liderar operaciones de “limpieza social” en barrios pobres urbanos. Según Amnistía Internacional, existen pruebas de que el número de estos combatientes está en aumento. Las investigaciones indican que cuentan con alrededor de 7.000 combatientes y con una red de apoyo de entre 8.200 y 14.500 personas.
Proceso de Justicia y Paz
– De acuerdo con la Ley de Justicia y Paz, cerca del 10 por ciento de los más de 30.000 paramilitares que supuestamente se desmovilizaron pueden ser condenados a penas de prisión significativamente reducidas a cambio de deponer las armas, confesar violaciones de derechos humanos y devolver tierras y bienes robados.
– Cerca del 90 por ciento de las decenas de miles de paramilitares supuestamente desmovilizados no fueron nunca investigados por violaciones de derechos humanos y, por tanto, pudieron volver libremente a sus comunidades.
– A finales de marzo del 2011, los paramilitares del proceso de Justicia y Paz habían admitido más de 57.000 crímenes; sólo 86 de ellos eran crímenes de violencia sexual.
Tomado de Semana.com
