Desde hace siete años, una unidad especializada está investigando sobre los lugares donde se presume que se encuentran las más de cien mil personas víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado. El proceso ha sido lento pero ya empieza a arrojar resultados. La expedición de medidas cautelares a cementerios y otros lugares es uno de los métodos adoptados para poder encontrar esos cuerpos.
La creación, en 2017, de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) generó grandes expectativas entre las miles de familias que llevaban años buscando los cuerpos de sus seres queridos desaparecidos en medio del conflicto armado.
Con la promesa de hacer un trabajo metódico, científico y riguroso a través de un plan nacional de búsqueda y planes regionales, la UBPD ha recuperado, identificado y entregado los restos de 1.256 personas, en 257 actos de entregas, brindando un descanso —aunque doloroso— a sus familias. También ha liderado el reencuentro de 18 personas halladas con vida.
Hasta enero de 2024 la Unidad recibió 31.764 solicitudes de búsqueda. Determinar cuánto tiempo se necesitará para encontrar y desenterrar esos cuerpos es difícil dada la complejidad del fenómeno de desaparición en Colombia, según explica Luz Janeth Forero, directora de la UBPD. “No es posible calcular un tiempo de respuesta estimado para cada una de las solicitudes, sin embargo, vale la pena aclarar que todas las solicitudes de búsqueda forman parte de los diferentes planes regionales de búsqueda”, dice.
Para avanzar con esas solicitudes, dice Forero que la UBPD cuenta para este año con un equipo de 129 expertos forenses encargados de las labores técnicas de prospección, recuperación e impulso a la identificación en todo el territorio nacional, además de los profesionales que adelantan labores de investigación humanitaria y extrajudicial.
Las solicitudes de búsqueda hechas ante la UBPD son apenas una fracción del total estimado de desaparecidos durante el conflicto armado en Colombia. Según la Unidad de Víctimas, desaparecieron 193.789 personas; la Fiscalía General de la Nación habla de 100 mil personas desaparecidas hasta 2022; y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), tiene un universo de 103.839 casos. La Comisión de la Verdad dijo en su informe que, si se tiene en cuenta un probable subregistro, los casos pueden llegar a 210 mil.
La Unidad está logrando ubicar zonas y cementerios en donde continuar la búsqueda. A la fecha, ha documentado 8.252 fosas, y cementerios formales e informales en todo el país, donde podrían haber restos de personas que fueron asesinadas y sus cuerpos ocultados para no dejar evidencias de esos crímenes. Para preservar los sitios se ha recurrido a medidas cautelares a partir de información suministrada por familiares o testigos. Explica Forero que a la fecha se encuentran vigentes 67 medidas cautelares decretadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en diferentes lugares, entre estos, 58 cementerios localizados en 49 municipios del país.
Medidas cautelares, una clave para encontrar personas
En septiembre de 2018, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) presentó una solicitud ante la JEP para proteger 16 lugares del país en donde se presume que habría cuerpos de víctimas de desaparición forzada. La JEP y la UBPD crearon una mesa técnica que desde mayo de 2019 evalúa y estudia las medidas cautelares solicitadas por las víctimas para proteger zonas donde se podrían hallar sus familiares desaparecidos. (Leer más en: Familiares de víctimas piden proteger sitios donde se presume hay desaparecidos)
Las medidas cautelares implican la suspensión de obras de construcción o remodelación en los camposantos o prohíben que se continúen trabajos en zonas de interés forense. Las medidas tienen un tiempo definido pero puede prorrogarse si aún no hay hallazgos suficientes; además, vincula a alcaldías, gobernaciones, iglesias y diócesis encargadas de administrarlos.
Las medidas cautelares, precisamente, sirven para evitar situaciones como la que sucedió en el Cementerio Central de Bucaramanga, denunciada en 2022 por la Mesa Nacional de Desaparición Forzada. Allí se perdió la información de por lo menos mil cuerpos de víctimas del conflicto armado que fueron exhumados para la construcción del Parque de la Vida en una parte de dicho cementerio en el año 2000, a pesar de que ese cementerio ya había sido declarado sitio de interés forense. La información del traslado de los cuerpos reposaba en el archivo de la Alcaldía de Bucaramanga que se incendió en el 2002.
Con las medidas cautelares, la JEP está garantizando el cuidado y preservación de lugares donde hay cuerpos de posibles víctimas del conflicto armado, también, permitirá acceder a la justicia cuando ya entreguen informes finales y se tenga el nombre de los máximos responsables.
Adriana Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, organización defensora de derechos humanos con sede en Medellín, que ha acompañado a víctimas de la Comuna 13 de esa ciudad, resalta la importancia de las medidas cautelares porque proteger esos lugares garantiza que los cuerpos de víctimas de desaparición forzada puedan ser recuperados, identificados y entregados a sus familias. Las fosas comunes de La Escombrera y La Arenera son dos sitios de la Comuna 13 a los que les decretaron medidas cautelares.
“Lo que nos ha probado la experiencia y el desarrollo de estas medidas cautelares es que (sin ellas)… se pierden los cuerpos o los cuerpos se deterioran de tal manera que no puede haber forma de tomarles muestras genéticas y hacer pruebas de ADN, que es una de las herramientas más importantes en el tema de los procesos de identificación”, explica Arboleda, quien también es vocera nacional del Movice.
“Básicamente la esencia de la protección de los lugares, de la protección de los cuerpos en esos lugares, en últimas, es garantizar el derecho de los familiares a la búsqueda y pensar en que esos lugares se puedan convertir en espacios de memoria que evidencien la importancia de las garantías de no repetición”, dice.
Por su parte, Angie Fernández, directora del centro forense Equitas, que apoya a familiares, organizaciones y entidades del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas, afirma que, en términos generales, las medidas cautelares han sido efectivas y han permitido implementar acciones para proteger algunos lugares, recuperar cuerpos para evitar que estos se pierdan. Esta organización ha solicitado medidas cautelares para diferentes cementerios y lugares del país donde se presume que hay cuerpos de personas desaparecidas.
Sin embargo, Fernández alerta sobre las dificultades que atraviesan las medidas que se encuentran en trámite. “Hay capacidad limitada de las instituciones para impulsar la identificación de los cuerpos recuperados, la insuficiencia de espacios para la preservación de los cuerpos, el correcto manejo y custodia de los cadáveres en los cementerios, entre otras”, y asegura que requieren respuestas estructurales y la participación de distintas entidades para ser resueltas.
El Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda (OFB), que trabaja con familias de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en los Llanos Orientales y el Pacífico nariñense, también ha solicitado medidas cautelares para estas regiones del país, aunque se han enfocado sólo en cementerios. Julieth Moreno, abogada y directora del Colectivo OFB, explica que lo hacen de esta manera para tener un punto focal de búsqueda.
“Si bien es cierto que las instituciones estatales tienen el deber de buscar en cualquier lugar: cementerios, fincas, zonas irregulares de inhumación, el tener un punto focal para la búsqueda, donde ya hay unos cuerpos o unos registros de cuerpos en condición de no identificados, deriva en la búsqueda y celeridad de ubicación de familiares”.
Moreno dice que es más fácil buscar en cementerios que “estar buscando en lugares que se desconocen o lugares muy amplios, porque hay información de que existen cuerpos en una finca o un terreno que tiene un área de trabajo bastante amplia y se dificulta por tiempo, recurso humano, recurso económico de las entidades para disponer en una búsqueda exhaustiva en estos lugares”.
Dice Forero, de la UBPD, que la acción coordinada en los trámites de medidas cautelares ha favorecido la articulación entre diferentes instituciones. “Se proyectan intervenciones forenses en escenarios complejos como cementerios, esteros y otros espacios acuáticos, osarios colectivos, depósitos de escombros y otros lugares que han sido empleados para la disposición y ocultamiento de cuerpos en el contexto del conflicto armado”.
Por ello, la UBPD ha invitado públicamente a los alcaldes y gobernadores posesionados el 1 de enero 2024 a aunar esfuerzos para fortalecer la búsqueda de las personas desaparecidas y dar alivio a familiares, organizaciones y colectivos que esperan respuestas sobre lo ocurrido con sus seres queridos desaparecidos.
La búsqueda en las regiones
Uno de los grandes problemas de la mayoría de los cementerios en el país es que no llevan registros de personas enterradas como no identificados (NN), hay desorden, y se pierden o destruyen los archivos. Este tipo de situaciones significa que la impunidad sobre los crímenes cometidos a esas personas sea mayor o que las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos tengan casos de doble desaparición, como sucedió en Bucaramanga.
El crimen de desaparición forzada está tipificado en Colombia desde el año 2000. En 2010, la Ley 1408 se refiere a la necesidad de proteger lugares e identificar los cuerpos. “Nunca se logró una verdadera política de cementerios, de custodia y cuidado en estos, que son de los sitios donde más cuerpos podemos encontrar”, dice Arboleda, del Movice.
Además, en esa organización de víctimas, que ha abanderado la lucha por la búsqueda de personas desaparecidas en el país, creen que en la protección de cementerios o lugares donde se recuperan los cuerpos hay una mayor presión para los procesos de identificación. “Eso también favorece el derecho a la búsqueda y favorece que las víctimas puedan obtener respuesta sobre la localización y hallazgo de las víctimas de desaparición forzada y poder dar respuesta efectiva a los familiares y a las miles de mujeres buscadoras que siguen sin saber qué pasó con sus seres queridos”, agrega Arboleda.
Precisamente, así empezó el trabajo del Colectivo OFB hace quince años, cuando se comenzaron a revelar crímenes de lesa humanidad en los Llanos Orientales y esta organización presionó, junto con las familias de las víctimas, una audiencia pública en La Macarena, Meta, para denunciar lo que allí venía sucediendo. “Cuando se evidenció que era ya una práctica generalizada, se solicitó la intervención del cementerio de La Macarena, en donde eran dejados cientos de cuerpos en condición de NN. Luego se le dio trámite a otros cementerios donde estaba ocurriendo lo mismo”, cuenta Moreno.
La directora del Colectivo OFB se refiere a cementerios municipales de Granada, Villavicencio, Vistahermosa, San José del Guaviare y en un cementerio privado llamado Jardines del Paraíso. “Luego de estas intervenciones, se comenzó a hacer el mecanismo de búsqueda inversa que se implementó desde el Colectivo, que consiste en buscar a partir de la documentación e información de las personas que fueron exhumadas, encontrar a las familias para iniciar ese proceso de ruta de visibilidad y ruta para la identificación de los cuerpos”.
Todo esto lo vienen haciendo con jornadas de atención integral a las familias donde una de las labores principales es la toma de muestras para hacer el cruce genético con los cuerpos que estaban sin ser exhumados en los cementerios. Dice Moreno que comenzaron a haber cruces efectivos o comprobación de identificación de esos cruces y se comenzó a hacer labores de incidencia jurídica para las entregas dignas.
El 10 de diciembre de 2023, el Colectivo OFB, junto con la UBPD y otras organizaciones de los Llanos Orientales, lograron hacer la entrega de 18 cuerpos a familiares que se encontraban en diferentes departamentos del país. El 23 de enero de 2024 entregaron 16 cuerpos recuperados del cementerio municipal de El Retorno, en Guaviare. Así mismo, se está acelerando la intervención en otros cementerios de esta amplia región del país. Todo esto con la ayuda de la Corporación Humanitaria Reencuentros, conformada por excombatientes de las extintas Farc.
Por otro lado, en zonas de propiedad privada donde se presume hay enterradas personas, la situación es más compleja porque muchas veces los dueños se niegan a que se busque en sus propiedades, ya sea por temor o por desconocimiento. También se dificulta la búsqueda en lugares públicos por intereses particulares, como es el caso de la Escombrera en la Comuna 13 de Medellín.
El 21 de noviembre de 2023 se realizó la audiencia pública de seguimiento de las medidas cautelares para proteger La Escombrera y La Arenera de la Comuna 13, terrenos que pertenecen al municipio, donde se podrían hallar cuerpos de víctimas de desaparición forzada. La solicitud de estas medidas se hizo en julio de 2019. (Leer más en: No hay cifras claras de desaparecidos en la comuna 13 de Medellín).
A pesar de esas medidas, allí se siguen arrojando escombros de toda la ciudad y continúa la explotación minera de la empresa El Cóndor. Arboleda explica que el proceso estuvo todo un año pendiente de unos estudios de construcción de obras con la alcaldía de Medellín. “Fue muy negligente y no hizo el procedimiento que le ordenó la JEP con suficiente rapidez”, dice. El Movice espera que este año esas obras de excavación inicien y que la Alcaldía de Medellín cumpla con las solicitudes del tribunal de justicia transicional.
El departamento de Antioquia es, de lejos, el más afectado por la desaparición forzada en todo el país. El informe de la Comisión de la Verdad da cuenta de 28.029 víctimas entre 1985 y 2016. En segundo lugar, está Valle del Cauca con 8.626 y le sigue Meta con 8.542 víctimas. Los principales responsables a nivel nacional son los grupos paramilitares con el 52 por ciento de las desapariciones.
Aún con los esfuerzos de las víctimas y organizaciones sociales, que piden celeridad en la búsqueda, los resultados no satisfacen esas expectativas iniciales de encontrar a sus familiares. La directora de la UBPD dice que se han presentado dificultades que no permiten aligerar el proceso: “Magnitud de la desaparición, geografía compleja y diversa en referencia a la búsqueda, diversas modalidades y dinámicas de desaparición y la continuidad del conflicto”.
Participación de las víctimas en la búsqueda
Muchas familias se han cansado de esperar, se han enfermado o han fallecido sin saber la verdad. Pero su participación es clave ya que muchas de ellas tienen información relevante que puede ayudar a encontrar a sus familiares y a otros que son buscados. (Leer más en: Para encontrar a los desaparecidos es necesaria la participación de las víctimas)
Martha Soto busca a su hermano Jorge Enrique que desapareció en 1985,quien era militante del Partido Comunista en Medellín y trabajó en la constitución de la Unión Patriótica. Desde que desapareció Martha no ha parado de buscarlo junto a su familia. Ella dice que no supieron más de él y de otro compañero cuando iban hacia Bogotá a una reunión de trabajo. “No hemos tenido noticias de él. Venimos trabajando con la Unidad de Búsqueda y es ahora que hemos encontrado eco para la toma de muestras, lo que no tuvimos antes con la Fiscalía”, asegura.
Ella es una de las fundadoras del Movice y ahora es la Secretaria Técnica del capítulo Antioquia. Cuenta que desde los años 80 las familias empezaron la búsqueda de manera individual y sin ningún apoyo: “Los procesos colectivos eran muy difíciles de emprender porque no había una legislación que diera esa posibilidad de la búsqueda. Eso cambió con el Acuerdo de Paz que nos abrió las esperanzas a muchos de encontrar nuestros familiares”.
Tener un grupo de personas buscadoras les ha permitido hablar más allá de la desaparición, porque se han convertido en compañeros y amigos. “Eso nos ayuda a canalizar el dolor, aunque la verdad, el dolor siempre persiste, tiene momentos en que se pone más fuerte. No solamente buscamos cuerpos sino la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la recuperación de la memoria histórica”, afirma.
Las organizaciones sociales han contribuido de manera significativa en el acompañamiento de las víctimas y han creado sus propias estrategias para optimizar los procesos. Para el Colectivo OFB ha funcionado la metodología investigación acción participativa. “Se procura que las actividades y acciones sean preparadas, sean propuestas por parte de las familias,” dice Moreno. “Para las entregas dignas se prepara una actividad con las familias, que sean ellas mismas las que se apersonen de las inquietudes, que sepan qué es lo que quieren para la diligencia”.
En el caso de Antioquia, Arboleda dice que el proceso de búsqueda tiene que seguirse haciendo con las familias, pero se requieren estrategias claras para involucrarlas más porque están muy comprometidas, tienen experiencia, se conocen entre sí, sobre todo las madres buscadoras. “En Antioquia existe la Mesa Departamental Sobre Desaparición Forzada, existen muchas organizaciones y el gran desafío que tiene la Unidad de Búsqueda es poder generar unos procesos de participación más activos”.
Con los pocos avances en los procesos de búsqueda en todo el país, las organizaciones sociales reconocen que hay errores y desaciertos. Moreno dice que además de la falta de cruce de información con la Fiscalía, existe poca voluntad política para dar relevancia y preponderancia al tema de la búsqueda con fines de justicia. “También con fines de no repetición para la sociedad en general de estos crímenes de lesa humanidad”, asegura.
Y afirma que a ciertos sectores económicos y políticos no les interesa que se conozca la verdad, hay poco presupuesto, poco capital humano, escasa contratación de funcionarios de diferentes instituciones, además, “no se tienen repositorios completos para los cuerpos, no hay financiación para traslado de cuerpos o para laboratorios de identificación”.
Fernández, directora de Equitas, complementa diciendo que hay dificultades que están asociadas a la naturaleza misma de la desaparición. “No existe ninguna herramienta que detecte huesos”, dice. Existen otros escenarios que dificultan aún más la posibilidad de hallazgos, tales como basureros, ríos, lagunas, que fueron sometidos a elementos químicos, al fuego o a condiciones ambientales adversas o la presencia de actores armados en ciertas regiones y persistencia del conflicto”.
Los desafíos que enfrenta la Unidad de Búsqueda y la JEP en temas de desaparición forzada son grandes, primero con las familias de las víctimas y luego con el país en general, pues se están buscando personas en un periodo específico, hasta la firma del Acuerdo de Paz, pero sigue ocurriendo a gran escala por lo que la impunidad se hace más vigente.
