En una decisión contraria a la de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público absolvió al ex senador Álvaro Araújo Castro de nexos con el Bloque Norte de las Auc.
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Aunque el pasado 18 de marzo la Corte condenó a nueve años y tres meses de prisión a Álvaro Araújo por los delitos de concierto para promover grupos armados al margen de la ley y por constreñimiento al elector para las elecciones al Congreso de 2002, la Procuraduría decidió absolverlo por los mismos delitos.
En su sentencia, el Alto Tribunal estableció que “los resultados electorales del 10 de marzo de 2002 favorables a Álvaro Araújo Castro fueron producto de acuerdos celebrados con “Jorge 40”, quien había convenido lo mismo con otros candidatos al Congreso, por lo que fue necesario dividir el departamento del Cesar, asignar zonas a los postulados para beneficiarlos, y a su vez ejercer la intimidación de la población dominada por el bloque norte de las AUC que se extendía aproximadamente al 70% de ese territorio, a fin de que se depositaran los votos por aquellos candidatos a quienes se había destinado la respectiva comarca.”
Además, la Corte también inhabilitó a Araújo durante 10 años para ejercer cargos públicos. Por eso cabe la posibilidad de que la decisión de la Procuraduría pueda ser
presentada como prueba dentro de una eventual apelación a la sentencia
de la Corte Suprema sólo en materia discplinaria y de ejercicio de
funciones públicas.
Para la Procuraduría “no existe certeza de que como candidato al Congreso de la República o posteriormente cuando alcanzó la dignidad de Senador, el señor Araujo Castro hubiera celebrado alianzas con grupos armados ilegales, ni puesto a su servicio el desempeño funcional de su cargo para promoverlos o auspiciarlos”.
Además, sustenta su decisión al señalar que “dentro del proceso no existió prueba suficiente para determinar la existencia de convenios o acuerdos previos entre el ex Senador y los grupos paramilitares en el Departamento de Cesar, tendientes a impulsar su candidatura a cambio de recibir algún tipo de favorecimiento legislativo”.
De acuerdo con diversas fuentes contactadas por VerdadAbierta.com, seguiría prevaleciendo la decisión de la Corte Suprema sobre la de la Procuraduría.
¿Cómo llegó a la sentencia la Corte Suprema?
La condena de Álvaro Araújo está sostenida en dos argumentos claves que para la Corte ratifican las alianzas entre el ex senador y el Bloque Norte de las AUC.
El primero se relaciona con la presencia “real” del Bloque Norte de las AUC comandado por ‘Jorge 40’ en el sur de Cesar, zona donde Araújo obtuvo las más altas votaciones. A partir de las declaraciones de Salvatore Mancuso, ‘Jorge 40’y del ex jefe de informática del DAS, Rafael García, la Corte demostró la presencia de grupos paramilitares en el sur de Cesar desde finales de los 90s y el grado de control y amenaza (manifestado en homicidios, secuestros y desplazamientos) que el mismo ‘Jorge 40’ produjo para las elecciones al Congreso de 2002.
En la sentencia incluso se citan declaraciones del coronel Hernán Mejía, procesado por vínculos con grupos paramilitares, quién confirma la presencia de ‘Jorge 40’ en el departamento de Cesar durante 2002 y 2003, cuando se desempeñaba como Comandante del Batallón La Popa en Valledupar.
Frente a este primer punto la Corte señala que “desde 1999 aproximadamente, el bloque norte de las autodefensas comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, empezó a incidir en la administración pública y a intervenir en los procesos electorales para llevar a personas afines a cargos de representación popular, inicialmente en el nivel territorial y luego en el ámbito nacional… desde antes del año 2002, ese mismo bloque asumió el control casi total del departamento del Cesar, incluida la región del sur”.
En segundo lugar, la Corte señala que en adición a ese control territorial de ‘Jorge 40’ en el sur de Cesar, también quedó comprobada la existencia de una estrategia política de los paramilitares en esa parte del país. Según la Corte, el proyecto político de las AUC, expresado en pactos como los de “Ralito”, “Chivolo” y “Pivijay”, demuestran no sólo la importancia de ‘Jorge 40’ dentro de la estructura armada sino los planes políticos que las autodefensas “desplegaron” hacia toda la Costa Caribe, incluyendo el departamento de Cesar.
Para el Alto Tribunal “está demostrado que la organización liderada por “Jorge 40” sí intervino de manera decidida en los temas políticos electorales, tanto en el departamento del Magdalena como en el Cesar y en los dos implementó su injerencia con un mismo modelo: el de los distritos electorales”.
Este modelo planeaba la división del departamento en zonas de influencia en donde candidatos apoyados por el Bloque Norte concentrarían sus campañas. Los paramilitares garantizaban esa repartición de la zona presionando a otros candidatos para que no se presentaran a las elecciones y a los electores para que votaran por sus candidatos.
La Corte comprobó que para esa época el Bloque Norte amenazó a más de un candidato para que no se presentara a las elecciones de 2002 y así favorecer a los políticos con los cuales hicieron alianzas, entre ellos, Araújo Castro. Tal es el caso de Juana Ramírez, candidata a la Cámara que renunció a sus aspiraciones por presión paramilitar. “Algo similar a lo ocurrido en La Jagua de Ibirico con el señor Luis Camilo Laborde Restrepo, quien fue asesinado el 21 de diciembre de 2001, al parecer como consecuencia de haber aspirado a la Cámara de representantes en aquella época sin contar con el aval de los paramilitares”.
Frente a este segundo punto, la Corte señala que “dos zonas del departamento del Cesar – noroccidental y sur – fueron asignadas por las autodefensas a los candidatos al Senado de la República Mauricio Pimiento Barrera y Álvaro Araújo Castro, en su orden, distribución que los paramilitares pretendieron garantizar aún mediante las amenazas y el homicidio contra líderes que se oponían o que desatendieron esa orden.
“Esa repartición territorial fue la que permitió, entonces, que las votaciones de uno y otro se concentraran en cada “distrito”tal como había sido determinado por la organización armada, única explicación lógica, además, para que el grupo de municipios aledaños que conformaban cada “distrito” registrara altas votaciones por el candidato correspondiente y bajas por el otro”.
Con estos dos argumentos, la Corte ratificó los vínculos entre Araújo Castro y el Bloque norte de las AUC y además, dejó abierta la posibilidad para que el ex senador sea también juzgado por los delitos cometidos por el grupo paramilitar durante ese periodo en el sur de Cesar.
Las acusaciones de la Fiscalía
En mayo de 2009, un fiscal delegado ante la Corte Suprema pidió que se condenara al ex senador cesarense Álvaro Araújo Castro por los delitos de concierto para delinquir y constreñimiento al elector en conexión con paramilitares.
La Fiscalía consideró en los alegatos finales del juicio contra Araújo Castro que había pruebas suficientes para condenarlo por sus vínculos con paramilitares liderados por el ex jefe del Bloque Norte, ‘Jorge 40’.
Según la Fiscalía, aunque Araújo no tomó parte en acciones militares ni formó en la organización, su alianza política sí lo favoreció electoralmente durante el auge de las AUC en el Cesar.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el departamento fue dividido por los paramilitares en tres distritos electorales – tal como lo estableció la politóloga Claudia López- con lo que se favoreció el ex senador Araújo.
A Araújo, según la Fiscalía, le correspondió el sur del departamento, en donde obtuvo 19 mil votos, mientras que Mauricio Pimiento, otro político condenado por sus nexos con los ‘paras’, solo logró 3 mil.
Esta división electoral, hizo que en otra zona, en el norte, la votación se invirtiera y Pimiento sacó 20 mil sufragios contra 2 mil de Araújo.
El ex congresista de Alas Equipo Colombia y su padre, Álvaro Araújo Noguera, también eran juzgados por el secuestro del político Víctor Ochoa Daza, cometido por el Bloque Norte de las Auc, para presionar una alianza política al Senado en 2002.
El secuestro de Ochoa ocurrió meses antes de las elecciones para el Congreso en 2002. Ochoa fue secuestrado por orden del ex jefe del Bloque Norte de las AUC, ‘Jorge 40’. Aunque Araújo Noguera participó en la liberación de Ochoa, la Fiscalía sostuvo que lo hizo para garantizar que el movimiento político al que pertenecía Ochoa apoyara la lista al Senado de Álvaro Araújo Castro.
