El presidente cumple una orden de la Corte Constitucional, por las falsas acusaciones que hizo su predecesor, Álvaro Uribe, y voceros oficiales contra este poblado en San José de Apartadó, luego de que ocho de sus habitantes fueran masacrados, incluidos tres niños.
El constante señalamiento de Álvaro Uribe Vélez durante sus dos periodos de gobierno contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Urabá antioqueño, acusándola de tener nexos con la guerrilla de las Farc tiene hoy al presidente Juan Manuel Santos pidiendo perdón en acatamiento a una orden de la Corte Constitucional.
“Hace algunos años, desde la primera magistratura de la Nación, se hicieron acusaciones injustas a una comunidad –la Comunidad de Paz de San José de Apartadó–, respecto a las cuales la Corte Constitucional ordenó al Estado, en la cabeza del Presidente, retractarse. Hoy quiero –en este escenario de los derechos humanos–, ante el país y ante el mundo, cumplir con esta retractación”, dijo el jefe de Estado durante la entrega del informe De la violencia a la sociedad de los derechos, con el cual se establece la hoja de ruta de las políticas públicas encaminadas a la vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos en el país.
En su discurso, pronunciado en Bogotá ante un nutrido grupo de líderes de derechos humanos, Santos reiteró su retractación, recordó que en su gobierno hay un “compromiso irrenunciable con el respeto y protección de los derechos humanos, así como nuestro acatamiento a los órganos judiciales que velan por estos derechos”, y reconoció en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó “una valiente reivindicación de los derechos de los colombianos”.
Santos también aseguró que “no estamos de acuerdo con frases o actitudes de estigmatización de quienes buscan la paz y rechazan la violencia y –por el contrario– consideramos que todo defensor de la paz y los derechos humanos debe ser exaltado y protegido. Por eso pedimos perdón. Pido perdón. Y lo hago con la certeza de que el perdón es una condición de la paz, y que la paz es la única garantía de que no tengamos más víctimas”.
De esta manera, el mandatario cumplió con la orden dada por la Corte Constitucional en el Auto 164 del 6 de julio de 2012 que exigió del gobierno nacional no sólo la retractación sino “la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la misma, tal como el establecimiento de un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza”.
Lospobladores del corregimiento de San José de Apartadó se declararon Comunidad de Paz el 23 de marzo de 1997. Cerca de 500 campesinos, pertenecientes a 17 veredas, decidieron organizarse para sacar la guerra de su territorio, no colaborar con ningún actor armado, legal o ilegal, y sacar adelante un proceso de neutralidad respecto del conflicto, acompañados por la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras.
Se les considera como una expresión de resistencia al conflicto armado, razón por la cual han pagado una alta cuota de sangre, pues muchos de sus integrantes, hombres y mujeres, han sido asesinados, torturados, hostigados y acusados de tener nexos con las Farc.
Los señalamientos de Uribe
El momento álgido de las acusaciones del entonces presidente Uribe contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se dio luego de la masacre cometida el 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y La Resbalosa, en la que perdieron la vida ocho pobladores de esa comunidad, entre ellas, tres niños. Se trató de Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Muñoz y sus hijos Santiago, de 18 meses de nacido, y Andrea, de 6 años; además, Luis Eduardo Guerra, su hijo Deiner Andrés, de 11 años, y su compañera Beyanira Areiza, de 17, así como Alejandro Pérez.
Un mes después, a la salida de un consejo de seguridad realizado en la sede de la Brigada 17, en Carepa, la Presidencia expidió un comunicado en el que se aseveró: “en esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”.
A ese pronunciamiento se sumó el entonces Director de Fiscalías de Antioquia, Francisco Galvis Ramos, quien declaró a varios medios de comunicación que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó era “un veraniadero de las FARC”.
Esos señalamientos iban en contravía de las versiones de la comunidad que, desde un principio, responsabilizó al Ejército y a grupos paramilitares de la masacre. Los pobladores fueron insistentes en acusar a tropas adscritas a la Brigada 17 y a paramilitares del atroz crimen, sin que su denuncia tuviera mayor eco entre las autoridades.
Para refutar las acusaciones de la comunidad, el entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina, declaró que un testigo le había informado que la masacre había sido perpetrada por la guerrilla de las Farc en represalia por la presunta intención de dos de sus supuestos miembros, Alejandro Pérez y Luis Eduardo Guerra, de abandonar la Comunidad de Paz, y en venganza contra otro más, Alfonso Bolívar Tuberquia, por ser un presunto colaborador de Ejército.
La versión del testigo fue ampliamente difundida por los medios de comunicación regionales, que lo presentaron como “un desmovilizado de las Farc”, con más de 13 años de militancia en esa organización guerrillera, de quien se afirmaba que no le cabía “la menor duda de que la masacre la había cometido ese grupo insurgente (y no el Ejército como lo habían denunciado algunas Ong)”.
Para reforzar los señalamientos, el supuesto testigo, de quien no se dudó en ningún momento, sostuvo que Alejandro Pérez era el comandante de las milicias del Frente 58 de las FARC y Luis Eduardo Guerra, miliciano del 5 Frente.
En su testimonio no sólo explicó “los motivos” de la masacre, sino que se centró en deslegitimar a la Comunidad de Paz, al atribuirle vínculos con las Farc. Según él, las Farc imponían sus condiciones allí: “Las comunicaciones están interceptadas y la guerrilla ordena cómo se hacen muchas cosas en el pueblo. Al que no le gusta lo fusilan o si no mire lo que les pasó a Luis Eduardo y a Alejandro”. Sobre ellos sostuvo que “estaban muyaburridos con los manejos que se estaban haciendo. Hay mucha plata quedan de otros países para hacer obras en la Comunidad de Paz”.
¿Pero realmente quién era ese testigo? Una investigación realizada durante el año 2009 por la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación estableció que se trataba de un antiguo poblador de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó capturado por el Ejército sin tener las órdenes correspondientes, y acusado falsamente de pertenecer a las a la guerrilla de las Farc.
Verificación hecha a través de fuentes testimoniales y documentales por investigadores de esas dos organizaciones no gubernamentales permitieron establecer que ese “testigo” “fue torturado en la Brigada 17, obligado a identificarse como desmovilizado y a trabajar como informante del Ejército. El muchacho vivió por varias semanas en esa guarnición militar y el sacerdote jesuita Javier Giraldo considera que mientras estuvo allí, altos mandos de esa guarnición militar le practicaron una intervención profunda de su conciencia que fue útil para inventar hechos falsos sobre la masacre”.
Comunidad tenía la razón
Por más de dos años, la Fiscalía General de la Nación asumió el testimonio de este “testigo” como cierto, razón por la cual omitió procedimientos judiciales para determinar si decía la verdad o no. Se requirió de la presión de varios congresistas de Estados Unidos, quienes por cuenta propia investigaron el caso, para que el Ente acusador modificara su línea investigativa y comenzara a ver otras facetas del caso, entre ellas la actuación de las tropas del Ejército en terreno, aspecto que fue resaltado por los legisladores norteamericanos.
A los aportes realizados por los congresistas norteamericanos se sumaron los testimonios de varios ex paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaron en el Urabá antioqueño, chocoano y cordobés, quienes reconocieron que el múltiple homicidio fue coordinado con altos oficiales del Batallón de Infantería N° 47 Vélez, adscrito a la Brigada 17 del Ejército.
De acuerdo con esas versiones, el grupo paramilitar que participó en la incursión era una facción del bloque Héroes de Tolová, bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien para esa época hacía parte del Estado Mayor de las Auc y cuyos compromisos de desmovilización incluían el cese de operaciones, lo que en este caso no se cumplió.
Las versiones entregadas en diligencias ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz por los paramilitares Adriano José Cano Arteaga, Samuel Agudelo Puerta, Jorge Luis Salgado y Joel José Vargas fueron claves para vincular a la investigación a un grupo de militares, como presuntos facilitadores del accionar del comando paramilitar en la comisión de la masacre contra los ocho pobladores de la Comunidad de Paz.
Uno de los señalados fue el capitán Guillermo Armando Gordillo, quien para la época era el comandante de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47 Vélez. Ante un juez admitió su responsabilidad en el múltiple crimen y se acogió a sentencia anticipada, por lo que recibió una sentencia de 20 años de cárcel. Los otros militares comprometidos no aceptaron cargos, pero sí admitieron que patrullaron con integrantes del bloque Héroes de Tolová y que varios de ellos les servían de guías e informantes, argumento que sirvió para que la justicia los exonerara de toda responsabilidad. (Ver: Confirmados nexos de Auc y miembros de la Brigada XVII)
Gordillo ha señalado en diversas audiencias que altos oficiales habrían participado en la planeación de la masacre, entre ellos los generales (r) Luis Alfonso Zapata Uribe y Héctor Jaime Fandiño Rincón, quienes han sido indagados por la Fiscalía en procura de determinar si tuvieron responsabilidad en el múltiplecrimen.
La connivencia entre Fuerzas Pública y grupos paramilitares para perpetrar la matanza fue corroborada por el ex paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, durante su primera audiencia de versión libre rendida ante un Fiscal de la Unidad de Justicia Paz de Medellín el 23 de junio de 2009 desde Estados Unidos.
En esa ocasión, el versionado reiteró que la masacre fue perpetrada de manera conjunta por sus hombres y tropas militares adscritas a la Brigada XVII del Ejército, e incriminó al mayor José Fernando Castaño, quien, según él, ordenó la masacre y dio instrucciones para que asesinaran a los niños con el argumento de que “cuando crecieran serían guerrilleros”. Además, aseveró que siempre hubo coordinación con miembros de las fuerzas armadas. “En las zonas de influencia nuestra se coordinó cualquier operativo con ellas, siempre hubo un apoyo y una colaboración mutua, y este caso no es ninguna excepción”.
Al respecto, el ex jefe paramilitar Hebert Veloza García, alías ‘HH’, le confesó a funcionarios de la Procuraduría General de la Nación el 22 de mayo de 2008 en Medellín que por petición del entonces coronel Néstor Iván Duque López había aportado dos millones de pesos para el pago de testigos falsos quienes sindicarían a las Farc de la masacre.
“(El coronel) me dijo que se estaba defendiendo de unas denuncias de San José de Apartadó y me pidió el favor que le regalara dos millones de pesos para darle a unos testigos que iba a presentar sobre la masacre de San José de Apartadó”, le narró Veloza García a los funcionarios de la Procuraduría y admitió que le dio el dinero solicitado. Por este testimonio, la Fiscalía libró orden de captura contra el oficial, sin que hasta el momento se haya hecho efectiva. (Ver: ‘HH’ pagó para acusar a las Farc)
Paramilitares que participaron en el hecho reconocieron que a las víctimas las mataron a garrote y machete, y algunas de ellas fueron degolladas. Y no han dudado en señalar ante diversos tribunales que en todo momento estuvieron en compañía de tropas del Ejército, lo que desvirtúa los señalamientos iniciales y tienen hoy pidiendo perdón al presidente Juan Manuel Santos.
