Esa zona de Norte de Santander es una de las más golpeadas por el conflicto armado y el abandono estatal en Colombia. Sin embargo, en medio de la implementación del Acuerdo de Paz, se creó un programa para articular su PDET con la institucionalidad nacional y local. Aunque las comunidades deben estar en el centro de su planeación, algunos líderes denuncian exclusión.
Una de las primeras acciones de Iván Duque como Presidente de la República fue visitar El Catatumbo. Tras ella, el gobierno nacional creó un plan que, a su juicio, se ajusta a las necesidades contempladas en su Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET): Catatumbo Sostenible. Es una estrategia de respuesta institucional a la región que, según explicó el mandatario en noviembre de 2018, busca combinar desarrollo rural y productivo, seguridad y justicia en la zona.
El programa comenzó su ejecución y requiere más recursos para cumplir con las expectativas y superar las incertidumbres de la comunidad. De acuerdo con el Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio José Archila, la iniciativa no es más que la materialización de las acciones del PDET con la integración de entidades como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Ejército y las alcaldías de Tibú, San Calixto, El Tarra, Convención, Hacarí, El Carmen, Teorama y Sardinata, entre otros.
Para ello, desde diciembre del año pasado, se han realizado cinco talleres Catatumbo Sostenible, liderados por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, con el objeto de apoyar la implementación del Plan de Acción para la Transformación Territorial (PATR).
Según Archila, el desarrollo del Catatumbo si bien será a largo plazo, también se concretará de forma sistemática, y por ello se adelanta un seguimiento estricto, mes a mes, sobre las posibilidades de cofinanciación de los proyectos con los municipios; las condiciones de seguridad; la concreción de 10 mil millones de pesos para vías terciarias; y la materialización de un convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro para formalizar las tierras.
Dichos recursos, según el alcalde de Tibú, Jesús Alberto Escalante, “al parecer estarían asegurados”, pero aún no se efectúa ni define el descongelamiento de los dineros por parte del Ministerio de Hacienda. “Y ahí ya pasamos a depender de un tercero, con lo cual el trabajo del doctor Archila queda congelado también”.
“Catatumbo Sostenible no les quita a las entidades sus responsabilidades, sino que indica un trabajo coordinado”, afirma Archila, para quien el proyecto implica gran responsabilidad, por su desarrollo a 10 años, pero enfatiza en que con los primeros pasos que se han dado avances claros.
“Estamos trabajando en todos los frentes, pero los compromisos son traer Ejército y seguridad. Además, entender que la estabilización de los territorios solo se da en la medida que se lleve la oferta de las entidades civiles”, agrega el funcionario, para quien uno de los mayores retos será la seguridad. “Debemos asumirlo en todas las regiones del país, inclusive en las que tienen mayores dificultades. Por eso, la Consejería hace la coordinación en esta zona y creo que el trabajo conjunto de entidades civiles, Ejército y Policía es la fórmula ganadora”.
Focos de acción
De acuerdo con Archila, y según consta en los documentos de trabajo de la ART, el “mayor éxito” y las propuestas que se han consolidado con efectividad son las que en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) se denominaron Pequeñas Infraestructuras Comunitarias (PIC) y hoy se llaman Obras PDET. Se trata de los proyectos de infraestructura que son ejecutados por las juntas de Acción Comunal y habitantes de los municipios del Catatumbo, que priorizaron escenarios deportivos, comunitarios y vías terciarias.
Asimismo, según el Alto Consejero, en materia de salud se avanzará con algunas jornadas extramurales por parte de las EPS para atender poblaciones lejanas de los centros poblados, con el fin de lograr un trabajo más eficiente en el territorio, cumpliendo con los requerimientos básicos de bienestar que por años han pedido los habitantes del Catatumbo.
En el mediano plazo se informó que el proyecto de electrificación rural, que deberá beneficiar a unas 8 mil familias, ya tiene un cronograma establecido, al igual que los mejoramientos de viviendas.
Simultáneamente, el Ejército llegará a los territorios con el programa Fe en Colombia, que también abarcará la construcción de pequeñas obras ya priorizadas por las comunidades, “en articulación profunda con las obras PDET”, señala Archila.
Según datos de la ART, actualmente, hay 55 proyectos terminados (con corte a marzo de 2019), entregados por las juntas de Acción Comunal. En la siguiente tabla se presentan aquellas obras que cuentan con el 100% de ejecución. Esos proyectos se ejecutaron entre 2018 y 2019 e incluyen, principalmente, Obras PDET (PIC) para el mejoramiento de la red vial terciaria y proyectos viales realizados por la Compañía de Transporte y Logística de Hidrocarburos (Cenit), filial de Ecopetrol.
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Adicionalmente, otros 28 proyectos están en desarrollo, de los cuales, según el informe de la ART, se concluye que:
- Las obras ejecutadas fueron priorizadas por cada una de las comunidades y las autoridades municipales.
- Con la ejecución de los 4 proyectos por parte de Cenit se logra un aporte del sector privado para la implementación del Plan de acción, que corresponde al 11.12% de la inversión total en proyectos de infraestructura, rubros gestionados por la ART.
- La ejecución de los proyectos se focalizó en los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama y Tibú. De igual manera, se ampliará a Hacarí, Sardinata y San Calixto con vigencia 2019.
- Los proyectos ejecutados tienen relación directa con iniciativas incluidas en los Pactos Municipales para la Transformación Regional de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama y Tibú, en especial en lo relacionado con infraestructura, educación, vivienda, agua potable y saneamiento básico y reconciliación. Sin embargo, quedan pendientes aspectos estratégicos como desarrollo económico y alimentación; esta última, enfocada a la seguridad alimentaria de los territorios.
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José Alejandro Bayona, director de estructuración de proyectos de la ART, destaca el hecho de que en el programa Catatumbo Sostenible son las juntas de Acción Comunal las que priorizan los proyectos, los ejecutan y reciben un fortalecimiento en temas técnicos, como rendición de informes, cotizaciones, entre otros. “Producto de esto es que las obras se hacen bien y se logran ahorros que se reinvierten en más proyectos o la ampliación de su alcance”, explica el funcionario.
Además, los líderes de Tibú y El Tarra han sido invitados a otras regiones para relatar su experiencia y lecciones aprendidas en zonas desafiantes por la localización de los proyectos o la dificultad de acceso como ocurre, por ejemplo, con un proyecto que está en curso con la comunidad indígena Barí para la construcción de un tanque de agua, cuyo envío de materiales se tendrá que hacer con transporte aéreo por parte del Ejército.
Tras la muerte violenta de Dimar Torres, excombatiente de las Farc en vía de reincorporación asesinado en zona rural del municipio de Convención por tropas del Ejército el pasado 22 de abril, se ha generado nuevamente desconfianza hacia la Fuerza Pública, razón por la cual la apuesta del gobierno nacional es lograr que la institucionalidad tenga garantías de seguridad y se materialice la esperada llegada de la inversión social.
“Lo más importante es que estamos recuperando la confianza de las comunidades en el Estado, las inversiones sí están llegando y sus obras son sostenibles”, afirma Bayona, quien señala que la meta con las obras faltantes es que se puedan entregar con las administraciones salientes, este año, mientras se gestionan recursos adicionales con agencias de cooperación, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) y otras entidades, pues la reconstrucción del territorio requiere cubrir cada vez más necesidades.
Cuestionan iniciativa
Pero aunque las iniciativas, según el gobierno nacional y sus informes, indican que hay avances y varias obras ya las está aprovechando la comunidad, para Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), desde el orden central se está fallando en la inclusión de los habitantes y actores del territorio, que señala como marginados del proceso.
“No conocemos la política pública de paz”, asegura Quintero y agrega que las visitas de Archila no han sido más que la prueba de la exclusión, debido a que no han sido invitados a ninguna de las reuniones, pues estas se desarrollan únicamente entre instituciones, pero no con comunidades.
“Catatumbo Sostenible es sólo un eslogan que desconocemos, con una visión de región sin campesinos e indígenas”, reitera el vocero de Ascamcat, quien alega que esa iniciativa deja por fuera a los grupos humanos con más pertenencia en el territorio y que, además, están en un proceso jurídico en busca de concretar la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo y la ampliación del resguardo del pueblo indígena Motilón-Barí.
Así las cosas, según Quintero, cada vez se suman más incertidumbres que llevan a dudar tanto de la efectividad de los procesos como de la consolidación de la paz por situaciones como la inclusión de los PDET en las zonas estratégicas integrales que, según sus habitantes, podría convertirse en una actividad de guerra que amplíe el riesgo hacia los líderes del Catatumbo y que, por falta de diálogo con los habitantes y organizaciones sociales, podría perjudicar la consolidación de la paz, independientemente de que haya un cúmulo de obras que se dejen funcionando.
