Tras conocer el borrador del proyecto de ley que venía elaborando la Secretaría de Seguridad de Medellín, diversos sectores coincidieron en afirmar que si bien es loable apostarle a salidas políticas al tema del crimen organizado, el documento conocido hasta ahora no le apunta al desmonte de las actividades criminales.
Aunque analistas, defensores de derechos humanos y académicos coinciden en afirmar que se necesitan buscar salidas al tema de las bandas criminales en las ciudades, también sostienen que un proceso de esta naturaleza debería darse en otras circunstancias. Foto: archivo Semana.Fue en el recinto de la Asamblea de Antioquia donde comenzó a gestarse la idea de un proyecto de sometimiento a la justicia para miembros de estructuras criminales, documento que hoy tiene enredado al exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas. Así responde Jorge Gaviria, hasta hace poco director del programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín y uno de los asesores más cercanos al exfuncionario, actualmente recluido en la cárcel de Yarumito, cuando se le indaga por la génesis de esta controversial propuesta.
El evento al que hace alusión Gaviria tuvo lugar el 19 de agosto de 2016. Ese día, un conjunto de organizaciones sociales y medios alternativos, entre las que se destacan Organización Casa Mía, Fundación Pensamiento Social, Movimiento No Matarás, Corpades, Fenalpaz, Corporación Nelson Mandela, Sinergia y Análisis Urbano, convocaron al foro La Paz Urbana Sí es Posible: una construcción colectiva hacia la reconstrucción del país que se realizó en las instalaciones de la Duma.
El foro alentó el debate sobre alternativas jurídicas y políticas para enfrentar el flagelo del crimen organizado, justo en momentos en que el proceso de paz con las Farc se consolidaba. Allí hicieron presencia expertos en el tema como Carlos Medina, viceministro de Política Criminal; Luis Eduardo Celis, investigador y defensor de derechos humanos; Luis Guillermo Pardo, exasesor de Paz de Medellín; Luis Fernando Quijano, defensor de derechos humanos; y por supuesto, el entonces secretario de Seguridad de la ciudad, Gustavo Villegas.
“Allí se habló a profundidad del tema y se llegó a la conclusión de que era necesario una propuesta de sometimiento para bandas criminales”, relata Gaviria. “Comenzamos a indagar quién estaba trabajando el tema y vimos que nadie lo estaba haciendo. Entonces decidimos aprovechar toda la experiencia que teníamos desde Paz y Reconciliación. Mucho más cuando en el texto final del Acuerdo de Paz del 24 de noviembre quedó plasmado en el punto 3.4.13 lo relacionado con impulsar procesos de sometimiento y acogimiento debandas criminales”.
Reencuentro de viejos conocidos
Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de Medellín, el pasado 6 de julio durante la audiencia de imputación de cargos tras su detención. Foto: archivo Semana.Jorge Gaviria ofició como director de la Oficina de Paz y Reconciliación entre 2005 y 2009. Se trata de una dependencia creada durante la administración del entonces alcalde Sergio Fajardo (2004-2007) para que desde allí se diseñara una política municipal para la reincorporación de los desmovilizados de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Aunque su gestión fue bien valorada tanto por las alcaldías de Fajardo como de su sucesor Alonso Salazar (2008-2011), entre las organizaciones defensoras de derechos humanos de la ciudad su nombre es recordado como un funcionario que hizo oídos sordos a decenas de denuncias sobre desmovilizados involucrados en actividades criminales, como constreñimiento a líderes sociales, homicidios y amenazas.
Buena parte de esas denuncias recaían sobre Julio Perdomo, Fabio Acevedo, Edwin Tapias, John William López y Giovani Marín, desmovilizados de las Auc y, a su vez, directivos de la extinta Corporación Democracia, organización creada en diciembre de 2003 con el fin de impulsar proyectos sociales para los exparamilitares asentados en Medellín.
En 2009, la Fiscalía 14 Especializada, en el marco del proceso judicial adelantado contra Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’, tildó a esa Corporación como “brazo político de la Oficina de Envigado”, lo que supuso su desaparición.
La justicia y el tiempo terminaron dándole la razón al movimiento social de la capital antioqueña: Perdomo, Acevedo, Tapias y López terminaron purgando condenas en prisión por delitos como concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y homicidio. Hoy, según la Fiscalía 64 contra el Crimen Organizado, personajes como Tapias y Perdomo mantenían una estrecha relación con Villegas con quien al parecer “arreglaban” resultados en materia de seguridad como entregas de delincuentes y suspensión del cobro de extorsiones en algunos barrios, entre otros. A cambio, el exfuncionario les ofrecía alternativas de sometimiento a la justicia.
La llegada de Villegas a la Secretaría de Seguridad también significó el regresó de Gaviria a la vida pública. En mayo de 2016 llegó a ocupar el cargo de director de Paz y Reconciliación. Y desde allí, junto con otros cuatro abogados de esta dependencia, comenzó a rescatar el “capital social acumulado de la ciudad” en materia de acercamientos con jóvenes desmovilizados del paramilitarismo e integrantes de estructuras criminales para ponerlo en función de una propuesta que sirviera para darle un tratamiento, diferente al policivo, al problema de las bandas de crimen organizado.
“Empezamos a ver las experiencias del pasado, los errores, los aprendizajes. Y vimos que necesitábamos ayuda con el tema”, cuenta Gaviria. Entre ellos a un experto en justicia transicional. “Él vino a Medellín, nos dijo por dónde debíamos irnos y en esas estábamos, construyendo una propuesta para presentarle a la ciudad y al país cuando sucedió lo de Gustavo (Villegas)”, comenta Gaviria, quien renunció a su cargo como director de Paz y Reconciliación el pasado 12 de julio.
El proyecto
En 2015, el entonces fiscal Eduardo Montealegre presentó al Congreso de la República un proyecto de Ley para introducir reformas al Código Penal que permitieran adelantar negociaciones de sometimiento colectivo con bandas criminales. Foto: archivo Semana.Contrario a lo señalado por diversos sectores de opinión, Gaviria asevera que “no se trató de una iniciativa que la adelantamos a escondidas. Siempre mantuvimos informada a la Fiscalía. Es más, para nosotros era importante que el proyecto tuviera el visto bueno de la Fiscalía porque la única entidad en este país que puede negociar penas”.
Gaviria asevera que, para este proyecto, no tuvieron en cuenta las negociaciones que venían adelantando desde 2015 varios cabecillas de la Oficina de Envigado con la Unidad de Vida de la Fiscalía de Medellín, proceso que se truncó en febrero de 2016 con el traslado de la fiscal coordinadora de la Unida de Vida, Alexandra Vélez. “De ese proceso nos enteramos mucho tiempo después”, responde el exdirector de Paz y Reconciliación.
VerdadAbierta.com quiso dialogar con la vicefiscal María Paulina Riveros, para conocer su versión frente a este tema, pero no fue posible obtener respuesta debido a nutrida agenda.
“El alcalde (Federico Gutiérrez) aún no estaba enterado del proyecto. Esperábamos tenerlo mejor elaborado y pulir los detalles para realizar ese foro público en el que toda la sociedad iba poder aportar”, asevera Gaviria quien siente que “la Fiscalía se equivoca, pues no estábamos haciendo nada ilegal”.
El borrador del proyecto, conocido horas después de la captura del exsecretario de Seguridad y divulgado por este portal, se apoya en la iniciativa de reforma al Código Penal, presentado al Congreso en abril de 2015 por el entonces fiscal Eduardo Montealegre. También cita una larga lista de leyes proferidas al calor de diversos procesos de paz como la Ley 418 de 1997, la Ley 975 de 2005, la Ley 782 de 2002 y el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
Allí se plantea promover “el sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de una paz estable y duradera en los territorios” garantizando “los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
Este va dirigido a estructuras criminales, definidas como “asociación de un número plural de personas que cuentan con una estructura definida y unidad de mando, cuyo propósito es la consecución del lucro de sus miembros mediante la realización permanente de conductas punibles, lo que genera una afectación grave a la seguridad y convivencia social, y que detentan el control, total o parcial, de las rentas ilícitas dentro de un territorio determinado”.
En líneas generales, el documento consigna una etapa de sometimiento y acogimiento que se desarrollaría en tres fases: el acercamiento colectivo, entendido como las gestiones adelantadas por el Estado con voceros de las organizaciones criminales para diseñar los procedimientos de un sometimiento colectivo; la judicialización individual “con el fin de determinar su responsabilidad penal individual, conforme a la pena alternativa que le corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley”; y por último, el otorgamiento de beneficios.
Los beneficios, según el borrador del proyecto, van desde penas alternativas de prisión (hasta 12 años de prisión), suspensión de ejecución de penas y el diseño de una ruta de resocialización “donde podrán acceder a la oferta educativa, de formación para el trabajo, oportunidades laborales e intervención psicosocial que ofrezcan las administraciones de cada ente territorial”, tal cual lo estipula el proyecto.
Allí también se consignan una serie de disposiciones tendientes a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; la realización de actos simbólicos como acciones de reparación, la entrega y destrucción de armamento, bienes y todo aquello que contribuya a la desarticulación definitiva de la estructura criminal.
Historia repetida
Desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las Auc, ocurrida el 25 de noviembre de 2003. Una de las principales críticas que formulan sectores de opinión de Medellín al borrador de proyecto de sometimiento es que apunta a un re-proceso con antguos excombatientes de las Auc. Foto: archivo Semana.No es la primera vez en la historia de Medellín que desde la administración municipal se buscan salidas al problema de las bandas delincuenciales. Este camino fue recorrido por las alcaldías de Luis Alfredo Ramos (1992-1994); Sergio Naranjo (1995-1997); y Juan Gómez Martínez (1998-2000).
Los principales resultados de tales esfuerzos fueron la desmovilización de diferentes grupos de milicias que operaron en la ciudad y el inicio de varios programas sociales tendientes a prevenir la vinculación de menores de edad en estructuras criminales.
Luis Guillermo Pardo, quien fue Asesor de Paz durante la administración de Juan Gómez Martínez, recuerda que durante su gestión se logró la instalación de las Mesas de Paz y Convivencia en las cárceles Bellavista e Itagüí. El objetivo era que “desde allí se construyera un proceso de paz urbano. También diseñamos un instrumento que llamamos ‘pactos de no agresión y convivencia’ que evitó que muchos combos se enfrentaran”.
De acuerdo con Pardo, “todos estos esfuerzos buscaban allanar el camino para un proceso de reinserción social de estos jóvenes. En este contexto, siempre se promovió buscar salidas jurídicas de beneficios específicos para los miembros de combos y pandillas en Medellín y, bueno, para todo el país. Ese camino dejó de recorrerse desde la alcaldía de Luis Pérez. Y esta Alcaldía no tiene una propuesta concreta al respecto”.
Lo que cuestiona hoy el exasesor de paz es “por qué el tema se volvió vedado, se convirtió en algo oculto, cuando es claro que es un imperativo ético buscarle salida al conflicto urbano”.
Su cuestionamiento coincide con las críticas que desde las organizaciones defensoras de derechos humanos le han hecho al borrador del proyecto de sometimiento y acogimiento a la justicia que hoy es piedra de escándalo en Medellín. Para Juan Esteban Jaramillo, integrante del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), el documento no es claro frente a quiénes serían sus beneficiarios ni tampoco los beneficios que se otorgarían.
“Al hablar de este nuevo proyecto es inevitable no remontarse a lo que fue la negociación con el (bloque) Cacique Nutibara. ¿Van a negociar con quién? ¿Se va negociar con los mismos que ya se había negociado? ¿Con Julio Perdomo, que estuvo en la desmovilización del Cacique Nutibara? ¿Entonces, Perdomo ya no es paramilitar sino un criminal? Ese es un primer asunto: ¿cuál es la naturaleza de estas estructuras con quienes se quiere negociar?”, se pregunta el investigador.
A juicio de Jaramillo, resulta inexplicable que la Secretaría de Seguridad, encargada de combatir las bandas criminales de la ciudad, fuera la misma encargada de liderar la elaboración del proyecto de sometimiento y acogimiento a la justicia de los miembros de una estructura que, en reiteradas ocasiones, el propio Villegas negó. Observación que Jorge Gaviria solo atinó a responder: “porque éramos los que sabíamos del tema”.
Para el investigador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, lo sucedido con Gustavo Villegas confirma que el orden político y social de Medellín se ha construido a base de pactos entre la clase política que administra la ciudad y los grupos de delincuencia organizada que dominan a su antojo barrios enteros. Una relación de ganancia doble donde los políticos utilizan a las bandas para controlar altos índices de actividades ilegales, pero donde la criminalidad también gana en materia de rentas e impunidad.
“Lo de Villegas es un escándalo más que se suma a otros episodios que demuestran los nexos de la criminalidad con la institucionalidad. Basta recordar el caso del exfiscal Guillermo Valencia Cossio o el general (Marco Antonio) Pedreros”, señala Jaramillo, quien añade que “el problema de Villegas no es que estuviera adelantando un proceso de sometimiento de bandas criminales, sino que detrás de eso había muchas cosas oscuras y delicadas como pactar con la ‘Oficina de Envigado’ para controlar la criminalidad y a cambio les entregaba información privilegiada”.
¿Proyecto pertinente?
Quienes lideran esta iniciativa afirman que, pese a la detención del exsecretario de Seguridad de Medellín, continuarán adelante con el proyecto, pues sienten que el país requiere una salida, diferente a la policiva, para el tema de bandas criminales. Foto: archivo Semana.“En una ciudad como Medellín, donde la percepción de desprotección es bastante elevada, es muy fácil responder que sí a la idea de negociar con delincuentes. Y claro, ese tipo de proyectos son mecanismos de contención rápida”, manifiesta William Fredy Pérez, abogado y docente adscrito al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, quien asegura que “si esas iniciativas desactivan factores claves como la connivencia entre legales e ilegales, la complicidad, entre otros, es bastante prometedor. Pero si solo se logra enviar a la cárcel a 50 ladrones y 20 fleteros, no sirve”.
Pérez sostiene que la posibilidad de entablar cualquier acercamiento con bandas de crimen organizado en la ciudad envía un mensaje contradictorio a la sociedad por parte de la administración municipal, que ha difundido un mensaje de cero tolerancia y mano dura en su combate a estas estructuras: “plantear un proyecto de sometimiento tal como se ha presentado es un reconocimiento de que esa es la manera como se solucionan los problemas, o un reconocimiento de que no hay otra manera de resolver ese problema”.
Para el docente, pese a que el Código Penal contempla mecanismos para permitir el sometimiento de miembros de bandas criminales como lo es el principio de oportunidad, el borrador del proyecto contempla un paquete de medidas “que dista de este mecanismo al ser más flexible, al no tener como punto de partida la delación sino que se habla de sometimiento colectivo”, aspecto que el propio Jorge Gaviria recalcó al señalar: “el principio de oportunidad a veces es muy complicado: lo negocia el fiscal y lo avala el juez y muchas veces el juez no avala ese acuerdo suscrito con el fiscal”.
Por su parte, Max Yuri Gil, consultor y analista de derechos humanos, sostiene que este proyecto de sometimiento en particular muestra falencias serias en relación con un tema crucial para la sociedad, la verdad: “en este proyecto se reduce a un tema de verdad procesal. Y si se va impulsar un proceso de sometimiento, la verdad debería estar en el centro, pero una verdad que nos ayude a entender cuáles han sido las relaciones entre legalidad e ilegalidad que explican en buena parte la pervivencia del fenómeno criminal durante tantos años en una ciudad como Medellín”.
Según este consultor y analista, “se supone que en un proceso de sometimiento hay un intercambio de favorabilidad penal a cambio de contribuciones eficaces y eso no aparece en este proyecto e incluso, mantiene algo que ha sido muy criticado en el pasado: el tema de la judicialización individual. Eso no ayuda para nada al desmantelamiento de la actividad criminal. Eso solo resuelve la situación penal de una persona”.
Aunque Gil cataloga como viable y pertinente buscar salidas negociadas al tema del crimen organizado en Medellín, el caso de Gustavo Villegas esconde tramas muy oscuras que no solo empañan cualquier esfuerzo que la secretaría de Seguridad haya adelantado en esta materia, sino que, además, levantan serias suspicacias sobre las verdaderas intenciones de este proyecto.
“El que se le acuse de entregarle información a miembros de grupos armados para evadir la acción de la justicia, concertar resultadas operacionales y aprovechar eso de materia política, pues se ha dicho que este proceso lo catapultara a la Alcaldía de Medellín, son cosas muy complicadas que deberán esclarecerse”.
Pese a toda esta controversia, quienes lideran la elaboración del proyecto de sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de bandas criminales, continuará adelante, “hoy más que nunca, con toda la fuerza y dedicación del caso”, como sostiene Jorge Gaviria, quien renunció a su cargo, precisamente, para dedicarle todo su tiempo a este esfuerzo.
“La gente puede estar de acuerdo o no con nosotros. Puede compartir nuestras ideas o no. Pero estamos convencidos de que esta es una buena oportunidad para darle salida a un tema crucial en esta ciudad: el de cientos de muchachos metidos en bandas criminales. Y en ello seguiremos trabajando con todo el empeño y todo el amor”, anuncia el exfuncionario.
