Entre los deudores están Trino Luna, 4 mil millones de pesos; Dieb Maloof, 2.700; Alfonso Campo, 1.600 millones; Eleonora Pineda, 1.500 millones y Luis Ignacio Vives, 900 millones. También están Mauricio Pimiento, 923 millones y Eric Morris, 800 millones. Por la Unidad Investigativa de El Tiempo.
Aunque no hay una base de datos centralizada para saber quiénes deben, cuánto deben o a quiénes se les ha empezado a cobrar, El Tiempo estableció que once de los congresistas que ya gozan de libertad debían estar tramitando el pago de la sanción pecuniaria, pero no lo han hecho ni lo piensan hacer.
Sin excepción, la justicia les impuso a los políticos condenados por nexos con el paramilitarismo millonarias multas como sanción ejemplar y accesoria al tiempo de cárcel que deberían purgar. La mayoría se declara insolvente porque -aseguran- el proceso los llevó a perder sus empleos (algunos conseguidos con apoyo de ‘paras’) y negocios particulares; y a pagar importantes honorarios a oficinas de abogados.
A ese grupo pertenecen, entre otros, los ex congresistas Eleonora Pineda, Dieb Maloof, Jorge Caballero, Muriel Benito Rebollo y el ex funcionario cordobés Jaime García, firmante del Acuerdo de Ralito (ver documento), quien debe 1.200 millones.
“Claro que me declaro insolvente -dice García-. Me mataron comercialmente. La única solución es que reconsideren la multa porque no tengo ni tendré cómo pagar; o que acepten un acuerdo. Ya me embargaron un millón 700 mil pesos y bienes por 300 millones”.
Ese pasivo se suma a los 10 billones que, según estableció El Tiempo, el Consejo Superior de la Judicatura tiene por cobrar en una gran cartera.
En teoría, esas multas se destinan a mejorar la vetusta y golpeada infraestructura que la rama judicial tiene en algunas zonas y a superar su atraso tecnológico. Pero, al parecer, la inyección financiera no va a correr por cuenta de este rubro.
Procesos para que se reconsidere la multa
El ex gobernador del Magdalena, Trino Luna, también prepara un recurso para que la multa (4 mil millones), le sea reconsiderada.
Y el ex senador Mauricio Pimiento está a la espera de que la Corte Constitucional revise la tutela que interpuso para que se evalúe su caso y, de paso, la multa y la sanción penal que lo tienen aún tras las rejas: “El doctor no tiene recursos de esa naturaleza (923 millones). Y si la tutela lo favorece, podría pedir una indemnización”, dice su defensa.
Por el contrario, el abogado del ex senador Juan Manuel López Cabrales, manifiesta que su cliente sí tiene la intención de pagar los 920 millones que le impusieron de multa. Pero advirtió que la ley le permite cancelar durante el tiempo en que se ejecute la condena: “Va a cumplir 24 meses de 72. Si tenemos en cuenta lo que se le redima por trabajo, saldrá a mediados del 2010”.
Se intentó saber qué está pasando con las deudas de Luis Ignacio Vives y de Alfonso Campo, pero las personas contactadas para indagar sobre el tema no respondieron.
En la práctica, si los condenados no pagan en el plazo que se les estipuló, la Judicatura tiene cinco años para realizar el cobro. Claro, siempre y cuando el juez del caso informe de la morosidad. Y ese parece ser otro gran obstáculo.
‘Hay corrupción en este tema’
“Existe un altísimo nivel de corrupción entre empleados de juzgados que son los encargados de oficiar a la Judicatura la existencia de estas deudas, y hasta en jueces de ejecución de penas. Eso hay que investigarlo”, dice el ex presidente de la sala administrativa de ese tribunal, el ex magistrado Julio César Ortiz.
Y el jurista agrega que están en mora de hacer un convenio o traslado de la función del cobro coactivo a la Dian, entidad que sí tiene mecanismos para rastrear bienes.
“La Judicatura no tiene acceso a la información financiera patrimonial abierta o velada de los condenados. Es una gran debilidad”, dice Ortiz.
A este diagnóstico se unen otros dos preocupantes elementos. La evidencia que llegó a la Corte a mediados del 2007 -cuando hervían las investigaciones sobre parapolítica- sobre cómo varios sindicados realizaron sospechosos movimientos financieros para poner a salvo sus fortunas, ante la inminente sanción judicial.
Y la decisión del Congreso de trasladarle a los jueces -a partir de este año- la tarea de realizar esos cobros coactivos. ¿Podrán los juzgados recaudar las multas o rastrear evasores, incluidos narcos?
Diez billones, la gran deuda
¿Cuántos procesos están en trámite de cobro coactivo? ¿Cuánto es el monto de la cartera morosa? El Tiempo hizo estas preguntas al Consejo Superior de la Judicatura y aunque inicialmente no suministraron la información, luego hicieron saber que el dato se oficializará la próxima semana ante la Sala Administrativa de ese tribunal y hasta tanto permanece en reserva.
Sin embargo, este diario consiguió las respuestas en la propia Judicatura y el panorama no es prometedor. En sus 22 oficinas de cobro coactivo hay más de 40 mil 900 procesos en curso por 10 billones de pesos, algunos de los cuales están a punto de prescribir.
Y aunque la Judicatura oficia a la DIAN, a las principales oficinas de instrumentos públicos, a las entidades financieras y hasta al Fosyga, para ubicar ingresos y bienes de deudores, las cifras de recaudo hablan por sí solas: a pesar de los esfuerzos, en el 2008 se recuperaron 2 mil 800 millones.
Lo que preocupa en algunos sectores de la rama es que la Ley 1285 del 2009 facultó a los jueces para que realicen estos cobros, por eso, la Judicatura no recibirá más procesos y se dedicará a intentar recaudar los 10 billones, antes de que prescriban las acciones.
Publicado por El Tiempo 09/03/2009
