Días antes de celebrarse las elecciones regionales en el Casanare en 2003, John Alexander Vargas, alias ‘Junior’, jefe político de las Autodefensas Campesinas del Casanare, (en sus orígenes llamadas ‘Los Buitragueños’ por el apellido real de su jefe alias Martin Llanos) citó a cinco candidatos a las principales alcaldías del departamento. La reunión tenía un objetivo concreto que, de ganar en sus municipios, estos políticos acogieran las órdenes de los paramilitares escritas en un documento de 14 puntos que tendrían que firmar.
De derecha a izquierda: Aleyder Castañeda, Leonel Torres, Mauricio Chaparro, Henry Montes, Jorge López y Raúl Cabrera.
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En el documento de este pacto -conocido como ‘Pacto de Casanare’-, que tiene la Fiscalía en su poder, solamente aparece la firma de uno de los cinco alcaldes. Sin embargo, sobre los otros cuatro se han encontrado algunas pruebas y testimonios que corroboran la firma del Pacto. Ellos fueron los aspirantes a la Alcaldía de Tauramena, Jorge Eliécer López Barreto; a la de Villanueva, Raúl Cabrera Barreto; a la de Maní, Henry Montes Montes; a la de Sabanalarga, Mauricio Esteban Chaparro y a la de Monterrey, Aleyder Castañeda. Todos estos candidatos resultaron elegidos.
En las reuniones en las que se cocinó el Pacto de Casanare, los futuros alcaldes se comprometieron, entre otras cosas, a darle a las Autodefensas el 50 por ciento del presupuesto municipal y un 10 por ciento del valor de los contratos que suscribieran las Alcaldías. Estos singulares encuentros fueron cuidadosamente grabados por alias ‘Junior’ y Verdad Abierta tuvo acceso a estos videos.
En uno de esos videos, se ve a ‘Junior’ en un salón de reuniones al aire libre en una finca al sur del Casanare. Allí puso varias sillas de frente a la cámara, y tuvo la precaución de poner la suya de espaldas. Así grabó todo sin que él apareciera.
En uno de los videos se puede ver al candidato a la alcaldía de Sabanalarga, Mauricio Chaparro, llegar al kiosco con dos acompañantes que saludan con algo de indiferencia al jefe político de las ACC. Luego de un saludo, los tres se sientan frente a ‘Junior’ para escuchar los términos de su alianza.
En otro video se ve a ‘Junior’ pactando de la misma forma con el candidato de Maní, Henry Montes. El acuerdo que firmó Montes no incluyó la tajada del 10 por ciento en los contratos, pero a cambio se comprometió con el paramilitar a cumplir con las cuotas burocráticas de las ACC. De todos modos aceptó entregarles a la fuerza armada ilegal el 50 por ciento del presupuesto municipal, y a cambio, ésta le daría apoyo electoral en la campaña, de acuerdo con lo plasamado en el documento.
En un tercer video aparecen, José Germán Castillo y su hermana Marleny Castillo, entonces aspirante a la alcaldía de Villanueva, pero ella perdió las elecciones. Esto muestra que los de las ACC le apostaron a ganadores y a perdedores para asegurarse así los presupuestos municipales, muchos de los cuales reciben sumas millonarias por regalías petroleras. Castillo aceptó sus culpas, fue sentenciada y ya cumplió condena.
Los alcaldes del Casanare han dicho a lo largo de sus procesos que ellos tuvieron que aceptar las condiciones de las ACC porque les fueron impuestas a la fuerza. Uno de los implicados, por ejemplo, el ex alcalde de Villanueva, Raúl Cabrera, denunció que fue secuestrado para firmar un acuerdo con un comandante paramilitar de la zona: “Nosotros estamos aquí posiblemente por ‘sapos’, por ponernos a denunciar unos paramilitares. Ese fue el primer choque que tuvimos con ellos”, aseguró.
Estos videos no fueron aceptados dentro del juicio Bogotá contra los ex alcaldes casanareños porque fueron grabados sin el consentimiento de los acusados.
El proceso en breve
Después de ser interrogados por la Fiscalía en marzo de 2007 para que rebatieran las pruebas en su contra, el 3 de abril de 2007, un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción dictó medida de aseguramiento contra los seis alcaldes por el delito de concierto para delinquir agravado.
Cinco meses antes de terminar su periodo como alcaldes, fueron capturados el 10 de julio de 2007, Mauricio Esteban Chaparro, Jorge Eliécer López Barreto y Henry Montes. El mismo día Raúl Cabrera se entregó ante unidades de la Fiscalía. Un día después, Leonel Torres hizo lo mismo y se entregó en el búnker de la Fiscalía. Aleyder Castañeda esperó hasta el día siguiente -13 de julio- para entregarse ante un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción.
Otras pruebas
En el juicio contra estos ex alcaldes hay varios ex paramilitares que sostienen que existían vínculos entre estos y otros políticos electos y las ACC de Martín Llanos. En la audiencia del 26 y el 30 de enero, dos paramilitares atestiguaron contra los ex alcaldes sobre el Pacto de Casanare.
El primero, alias ‘Solin’, quien fue mando medio de las ACC, afirmó que muchos funcionarios públicos y políticos aspirantes a las alcaldías y gobernaciones mantenían relaciones con ‘Martín Llanos. “Él (Martín) era el que decía qué se hacía y qué no se hacía en el departamento”, aseguró ante el juez.
El segundo, el ex miembro de las ACC, José Reynaldo Cárdenas, alias ‘Coplero’, aseguró que la presión de las ACC sobre los votantes de estos pueblos ayudaron a los candidatos que pactaron con ellos a ganar la elección del octubre de 2003.
‘Coplero’ fue otro de los ex paramilitares que también enfiló baterías contra el ex alcalde Aguazul, Leonel Torres, el único que no aparece ni en los videos ni en los documentos del pacto. ‘(ver recuadro).
El mismo ‘Coplero’ afirmó haber tenido relaciones no solo con políticos sino con miembros de la Fuerza Pública y algunos organismos de seguridad de la zona. Entre los que mencionó están un teniente de la policía de apellido Moreno, un cabo del ejército de apellido Aldana, y un funcionario del DAS de apellido Marín. Sostuvo que la labor de estas personas fue coordinar acciones e información con las ACC para evitar capturas.
En otras declaraciones tomadas por la Fiscalía, alias ‘Salomón’, ‘Junior’ y ‘Jairo’ describieron las reuniones periódicas que tuvieron con ‘Martín Llanos’ varios políticos, en especial Aleyder Castañeda, ex alcaldesa de Monterrey, de quien aseguran que mantenía una constante comunicación con el jefe paramilitar.
Las investigaciones de la Fiscalía han encontrado que, una vez nombrados los alcaldes, pudo constatar algunasirregularidades en el manejo del presupuesto y en los contratos de municipios que manejaron entre 2003 y 2006 regalías por cientos de miles de millones de pesos.
Las pruebas y testimonios del caso comprometen a algunos políticos más que a otros. Los alcaldes han ofrecido un argumento en su defensa de que eran víctimas de la presión paramilitar y que denunciaron públicamente los atropellos de las ACC. Y como se dijo arriba, los videos no forman parte del expediente.
Será tarea de la juez determinar si los cinco alcaldes del Casanare firmaron bajo presión de los paramilitares armados, o si por el contrariofueron sus cómplices y sobre todo dilucidar si, en efecto, cumplieron con lo pactado y le entregaron parte del erario público a las Autodefensas.
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