El escándalo por nexos de políticos con paramilitares le pegó duro al Congreso pero, al final del día, y a pesar de las muchas condenas, la vieja política ha logrado salirse con la suya.
El majestuoso Capitolio, una de las obras arquitectónicas más valiosas de Colombia, no había soportado en sus 82 años de historia un terremoto político tan violento como el que le tocó padecer en 2008. La justicia encontró pruebas de que muchos padres de la patria habían logrado ser elegidos para ocupar una curul en este otrora sagrado recinto de la democracia gracias a la ayuda de los grupos paramilitares que llenaron de sangre el país en las últimas dos décadas.
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El ex senador Luis Eduardo Vives cultiva hortalizas en la cárcel La Picota para reducir el teimpo de detención. Otros ex parlamentarios como Dieb Maloof ya han recuperado su libertad por haberse acogido a sentencia anticipada y gracias a otros beneficios obtenidos en prisión. Foto: Semana |
El escándalo de la para-política llegó a tomar tal dimensión, que en un momento dado una tercera parte de los senadores y el 15 por ciento de los representantes a la Cámara estaban siendo investigados este año por sus nexos con los paras. Sin embargo, hoy, para sectores que querían que se aprovechara la oportunidad para depurar el ejercicio de la política en el país, el sentimiento al final del año es de frustración.
A pesar de que la justicia ha investigado a 86 congresistas, ha proferido 14 condenas a padres de la patria que se asociaron con paramilitares y tiene a 11 parlamentarios llamados a juicio, lo cierto es que la mayoría de los protagonistas del escándalo de la para-política, aún tras las rejas, conserva el poder regional a través de terceros. Por otra parte, no obstante los incontables informes de prensa que develaron las alianzas criminales entre políticos y paramilitares, el rechazo social que se esperaba contra los para-políticos siguen en veremos.
Esa situación se puede verificar en distintas zonas del país donde los nombres de políticos procesados por nexos con paras continúan siendo sinónimo de poder y efectividad electoral. En la Costa hay todo tipo de casos. Uno bastante ilustrativo es el de Sucre. A la cabeza de este departamento está el gobernador Jorge Barraza Farak. Es sabido que este político se hizo a la sombra del ex senador Álvaro García Romero, el mayor varón electoral de la región y hoy detenido y acusado de conformación de grupos paramilitares e incluso de participar en una masacre. A pesar de que el gobernador Barraza obtuvo su designación por el partido de La U, mientras que el ‘Gordo García’ se alineó en Colombia Democrática, todos los sucreños saben que éste puso a funcionar su maquinaria al servicio de la campaña de Barraza, que resultó ganador.
Algo parecido ocurre en Magdalena donde el actual gobernador, Ómar Diazgranados, ganó con el apoyo de quien fue su jefe, el ex gobernador Trino Luna. Este a su vez había alcanzado la gobernación (2003-2007) con el apoyo del ex representante Jorge Luis Caballero. Caballero y Luna hoy comparten celda en La Picota mientras su pupilo Diazgranados está al frente del departamento. Ni qué decir de los tentáculos de la para-política vigentes en centenares de alcaldías, concejos y asambleas. Basta con traer a cuento el caso Ramón Antonio Prieto, quien firmó dos pactos con los paras del bloque norte e incluso se desmovilizó en 2006. Lo curioso es que Prieto hoy es alcalde de Pivijay, Magdalena. El suyo es sólo uno de los 300 casos que investiga la Fiscalía contra funcionarios locales.
Sin duda la mayor responsabilidad por toda esta situación recae en la propia clase política que no da muestras de querer cambiar. Prueba de ello es que en solo 2008 se frustraron dos intentos de reformarse: en el primer semestre, la reforma de la llamada ‘silla vacía’, que proponía que quien fuera investigado por para-política no pudiera poner un reemplazo hasta tanto la justicia no diera su veredicto, y ahora la reforma política, con la que se quería producir una sanción eficaz contra congresistas y partidos para-políticos y a la vez blindar al Congreso para que nunca más la mafia lo infiltrara. Al acto legislativo con que se “purgaría la política”, según anunció el ministro Fabio Valencia, le fueron desmontando los dientes uno a uno durante su trámite en el Congreso.
El resultado es una reforma política que no tendrá incidencia en el fondo del problema. Los congresistas y los partidos conservarán sus curules, recibirán el dinero por reposición de votos y podrán nombrar sus reemplazos hasta cuando haya en su contra sentencias condenatorias, ya no sólo por concierto para delinquir con paramilitares.
A pesar de que las cárceles cuenten con patios de para-políticos, para muchas voces críticas en el país, estos lograron salirse con la suya, ya que a pesar de los barrotes, continúan conduciendo los hilos de la política.
Publicado en: Semana.com Edición 1389
