El 2010 se esperan nuevas y juicios contra congresistas e investigaciones en la Corte Suprema, la Fiscalía y los Juzgados Especializados que llevan casos contra políticos vinculados con paramilitares.
Según el último informe de Nuevo Arco Iris, existen todavía 53 casos pendientes de congresistas elegidos para el periodo legislativo actual, investigados por sus presuntos nexoscon grupos paramilitares. En el caso de ex congresistas, la justicia ordinaria tiene en sus manos 11 casos en etapa de instrucción contra políticos investigados por sus posibles vínculos con paramilitares.
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La Corte Suprema de Justicia tiene a su cargo 32 |
De 53 casos pendientes, 23 se encuentran en investigación previa, 16 en etapa de instrucción y 14 en atapa de juicio. De estos procesos, 32 están en manos de la Corte Suprema de Justicia mientras que los 21 restantes se encuentran bajo jurisdicción de la Fiscalía. Algunos de estos procesos están a punto de ser evacuados vía sentencia mientras que otros hasta ahora inician su etapa de juicio. Verdad Abierta hace un recuento de los casos de mayor impacto que están pendientes hasta el momento.
Las sentencias que vienen
Entre los procesos que terminaron con la etapa de juicio y se encuentran a la espera de una sentencia, se destacan los casos adelantados contra los ex senadores Álvaro Araujo (Cesar), Vicente Blel Saad (Bolívar), y Álvaro García (Sucre). Estos tres expedientes fueron reasumidos a finales de 2009 por la Corte Suprema de Justicia.
Antes del traslado de estos procesos, la Fiscalía había solicitado antes los jueces especializados la condena contra estos tres políticos. En el caso de Álvaro ‘El Gordo’ García, la Fiscalía lo responsabilizó de haber participado en la Masacre de Macayepo (perpetrada por paramilitares al mando de alias ‘Cadena’ en octubre de 2000) y por la muerte de Georgina Narváez, maestra de San Onofre y testigo de un fraude electoral cometido en 1997 durante las elecciones a la gobernación de Sucre.
En el caso de Álvaro Araujo, la Fiscalía pidió condenarlo a principios de mayo de 2009 tras considerar que existían pruebas suficientes de sus nexos con paramilitares liderados por el ex jefe del Bloque Norte, ‘Jorge 40’. Según la Fiscalía, aunque Araújo no tomó parte en acciones militares ni formó en la organización, su alianza política con los paramilitares sí lo favoreció electoralmente durante el auge de las AUC en el Cesar.
Situación similar se presentó con el ex senador de Bolívar, Vicente Blel. La Fiscalía consideró a finales de mayo de 2009 que el ex senador incurrió en el delito de concierto para delinquir tras haber asistido a una reunión en la Finca El Caramelo (propiedad de la condenada ex congresista Eleonora Pineda) en septiembre de 2003, para pactar acuerdos políticos que le permitieron garantizar el respaldo de los paramilitares a la candidatura a la gobernación de Bolívar de Libardo Simancas Torres. Según el ente acusador, el ex senador también se benefició de acuerdos políticos con los paras frente a las elecciones de 2002 en las que obtuvo una votación atípica en una zona del departamento de Bolívar dominada por paramilitares.
Junto a estas, otras sentencias que se esperan para este año pero desde la justicia ordinaria están relacionadas con dos pactos firmados entre grupos paramilitares y políticos en Córdoba (2001) y Casanare(2003).
La primera sentencia saldría eventualmente del proceso adelantado contra siete políticos de Córdoba y Sucre, acusados de haber firmado el ‘Pacto de Ralito’ por medio del cual se pretendía ‘refundar la patria’ y consolidar el proyecto político del paramilitarismo.A finales de octubre de 2009, la Fiscalía pidió la condena contra cinco de ellos: Jorge Arturo Ospina Vergara, ex alcalde de Sincelejo; Sigifredo Senior Sotomayor, ex alcalde de Tierralta (Córdoba); Víctor Guerra de la Espriella; Jesús María López Gómez, ex gobernador de Córdoba y Jesús María Imbeth Bermúdez, ex representante a la Cámara por Bolívar.
Una segunda sentencia provendría del juicio que terminó en noviembre pasado adelantado contra seis alcaldes de municipios de Casanare por la firma del denominado ‘Pacto de Casanare’ con el que se comprometieron a darle a los paramilitares comandados por el prófugo ‘Martín Llanos’ el 50 por ciento del presupuesto municipal y el 10 por ciento de los contratos.
Durante la última audiencia, el ente acusador pidió la condena contra los ex alcaldes: Jorge Eliécer López Barreto (Tauramena); Raúl Cabrera Barreto (Villanueva); Henry Montes Montes (Maní); Mauricio Esteban Chaparro (Sabanalarga) y Aleyder Castañeda (Monterrey). De igual forma, Fiscalía y Procuraduría pidieron la condena contra el ex alcalde de Aguazul, Leonel Torres, quien a pesar de no haber firmado el ‘Pacto’, fue acusado de pertenecer a la nómina de las ACC.
De igual forma, una nueva sentencia podría desprenderse en los próximos meses a partir del caso del ex gobernador de Cesar, Hernando Molina, juzgado hasta marzo pasado y para quien la Fiscalía solicitó la condena por sus vínculos con el Bloque Norte de las AUC al mando de ‘Jorge 40’ y por el apoyo obtenido por este grupo paramilitar para las elecciones de octubre de 2003.
Los juicios que continúan
De los expedientes reasumidos por la Corte Suprema de Justicia, este año continuarán los juicios contra los ex senadores Jorge Castro Pacheco y Rubén Darío Quintero. Castro Pacheco fue llamado a juicio en abril pasado tras las declaraciones dadas por el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, y por el documento del Pacto de Pivijay, ambas pruebas de los presuntos vínculos del político con el extraditado cabecilla paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”.
En el caso de Quintero, la Fiscalía lo llamó a juicio en noviembre de 2008 luego de haber investigado un incremento de votos a su favor para las elecciones al Congreso de 2002 en la región del Urabá, donde pasó de tener 37.611 votos en 1998 a 65.850 cuatro años más tarde. Algo que sorprendió, pues Quintero no tiene lazos con la zona y su caudal político está en el oriente antioqueño, especialmente en Rionegro, de donde fue alcalde en varias oportunidades.
En una primera audiencia celebrada en septiembre pasado, Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’ aseguró que meses antes de las elecciones de 2002, se reunió con el ex senador antioqueño, financió su campaña y obtuvo su aval para lanzar al Congreso el proyecto político que el ex jefe paramilitar lideraba en Urabá.
Para este año, la Sala Penal de la Corte Suprema también tiene agendada la continuación de las audiencias de los procesos adelantados contra Guillermo Valencia Cossio, ex director seccional de fiscalías de Medellín, acusado de presuntos nexos con grupos criminales de Urabá al mando del narcotraficante alias ‘Don Mario’, y contra Jorge Noguera Cotes, ex director del DAS procesado por sus presuntos nexos con el Bloque Norte de las AUC y por los homicidios del sociólogo Alfredo Correa D’Andreis, Zully Esther Codina y Fernando Pisciotti.
Otros juicios que continuarán pero a instancias de la justicia ordinaria son los que se adelantan contra el ex representante por Caldas, Dixon Tapasco, y contra el ex senador de Boyacá Ciro Ramírez. Mientras Tapasco es juzgado por sus supuestos nexos y los de su padre, Ferney Tapasco (jefe del Directorio Regional del Partido Liberal) con el ex jefe paramilitar ‘Ernesto Báez’ (y con el Bloque Cacique Pipintá de las AUC), Ramírez es acusado de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y de promoción de grupos al margen de la ley tras la existencia de pruebas que lo comprometerían con el paramilitar y narcotraficante Henry López Londoño alias ‘Mi Sangre’.
Los procesos que podrían arrancar
Entre los juicios que arrancan este año se encuentran varios casos sobresalientes: el del ex gobernador de Guaviare, Oscar López, acusado por sus posibles vínculos con Vicente Castaño y alias ‘Cuchillo’; el del senador Juan Carlos Martínez, acusado de haber recibido apoyo del Bloque Calima de las AUC para las elecciones legislativas de 2006.; el del ex presentante por Magdalena, Rodrigo Roncallo, acusado de haber firmado el pacto de Chivolo con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ y obtener presuntamente, como candidato único, la alcaldía de Tenerife (Magdalena), y posteriormente llegar a la Cámara de Representantes, en 2006.
En este paquete se incluye también el caso de Carlos García (retomado por la Corte Suprema), ex senador de Tolima acusado por varios desmovilizados de haberse reunidos con miembros del Bloque Tolima de las AUC con quienes al parecer hizo alianzas políticas para las elecciones de 2002.
De igual forma, la Corte Suprema tiene en su poder casos provenientes de la justicia ordinaria sobre los cuales se espera una decisión en los próximos meses sobre si son llamados a juicio o no. A la Sala Penal de la Corte volvieron los casos de Luís Humberto Gómez, Luís Alberto Gil, Humberto de Jesús Builes (llamado a juicio), José Manuel Herrera, Julio Manzur, Zulema Jattin, Sandra Aravella, Adriana Gutiérrez y Miguel Ángel Rangel.
De igualforma, el Alto Tribunal deberá pronunciarse sobre el caso de Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe. Entre los hechos más recientes de este caso se destaca la decisión de la Procuraduría (julio de 2009) de pedir resolución de acusación contra Mario Uribe por el presunto delito de promoción de grupos paramilitares en Córdoba y Sucre y por sus presuntos vínculos con la ex senadora, Eleonora pineda, condenada por parapolítica.
Por el lado de la justicia ordinaria, estaría por definirse la fecha del juicio contra el ex representante Álvaro Morón y contra el ex senador Miguel Pinedo.
Otras cifras
De acuerdo con el último informe de Corporación Nuevo Arco Iris, existe un total de 85 congresistas elegidos para el periodo legislativo 2006-2010 que fueron vinculados al proceso de la parapolítica. De estos, 53 casos todavía siguen pendientes mientras que el resto (32) ya fueron evacuados vía sentencia absolutoria (5), sentencia condenatoria (11), preclusión, proceso archivado, o auto inhibitorio (8).
De igual forma, hay un total de 22 ex congresistas, elegidos para periodos legislativos anteriores que fueron o son vinculados actualmente al proceso de la parapolítica. De ellos, 6 han sido condenados, 3 han sido archivados o precluidos, uno fue absuelto y el resto se encuentran en etapa de instrucción.
A nivel regional, existe una lista de 96 políticos vinculados al expediente de la parapolítica, entre los que se incluye 1 gobernador, 17 ex gobernadores y el resto de los casos relacionados con ex alcaldes y ex concejales pertenecientes a departamentos como Sucre, Antioquia, Bolívar, Magdalena, Casanare, Córdoba y Santander, entre otros.
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