Reprsentante a la Cámara condenado por nexos con paramilitares.
Este ex representante a la Cámara por el departamento de Antioquia aceptó cargos por el delito de concierto para delinquir agravado en el proceso que la Corte Suprema de Justicia le abrió luego que los jefes paramilitares Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’; y Éver Veloza, alias ‘HH’, declararan que Andrade Moreno fue uno de los políticos que integró el proyecto “Por una Urabá Grande Unida y en Paz”.
Al respecto, en versiones rendidas ante fiscales de Justicia y Paz y ante la Corte Suprema de Justicia, ‘El Alemán’ señaló que a finales de 2000, el entonces máximo vocero de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, convocó una reunión en la finca conocida como La 21, en el municipio de San Pedro de Urabá, a la que asistieron políticos de la región y otros jefes paramilitares para concretar una estrategia que les permitiera llegar al Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2002-2006. De dicha reunión nació el proyecto político “Urabá Grande, Unida y en Paz”, donde los paramilitares proponían sus candidatos al Congreso de la República. Uno de los ‘ungidos’ fue el economista oriundo de Quibdó, Chocó, César Augusto Andrade.
Gracias a la financiación de campañas que realizó ‘El Alemán’, más las presiones ejercidas en los municipios de influencia de los bloques Élmer Cárdenas y Bananero de las Auc, la fórmula del partido Cambio Radical que encabezó Rubén Darío Quintero Villada y Humberto de Jesús Builes para Senado; y Manuel Darío Ávila Peralta, Jesús Enrique Doval Urango y César Augusto Andrade Moreno para la Cámara de Representantes, obtuvo en los comicios de 2002 una importante votación que les permitió alcanzar un escaño en el Congreso de la República.
La Corte Suprema de Justicia logró probar que los representantes Andrade Moreno, Ávila Peralta y Doval Urango no sólo consintieron el abierto apoyo del paramilitarismo para sus fines electorales, sino que también se turnaron año por año la curul obtenida como estrategia política. Por estos hechos, la Alta Corte impuso condena, el 31 de agosto de 2011, de 55 meses de prisión y 3.650 salarios mínimos mensuales contra César Augusto Andrade, al igual que contra Doval Urango y Ávila Peralta.
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