El Programa Somos Defensores publica hoy su informe sobre las agresiones que sufrieron los defensores de derechos humanos durante 2020. A pesar de las restricciones de movilidad para evitar la propagación del Covid-19, el año pasado fue el más violento en más de una década, pues aumentaron de manera alarmante los asesinatos, los atentados y las desapariciones forzadas.
“El 2020 se consolida como un año nefasto para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, con un promedio de 2,64 agresiones por día, que resulta aún más preocupante si se toma en cuenta que buena parte del año el país estuvo sometido a las medidas de aislamiento social decretadas para hacer frente a la pandemia”.
Esa es una de las lapidarias conclusiones del informe La Mala Hora, que, inspirándose en la obra de homónima del escritor Gabriel García Márquez, utiliza la organización no gubernamental Somos Defensores para darle título al informe sobre los hechos ocurridos durante 2020, que atentaron contra la vida de líderes y lideresas sociales, y obstaculizaron sus labores de defensa de los derechos humanos.
Y razones no faltan para realizar dicho diagnóstico, pues las agresiones pasaron de 844 en 2019 a 969 durante el año pasado. ¿Cómo se puede explicar que durante un año en el que los colombianos estuvieron confinados la mayoría del tiempo en sus hogares, los ataques que sufrieron los defensores de derechos humanos aumentaran un 15 por ciento? (Leer más en: La Colombia profunda vive su cuarentena entre el miedo al coronavirus y a las armas)
Al comparar los indicadores que procesa Somos Defensores, se encuentra que tan sólo las amenazas y los robos de información disminuyeron levemente, mientras que los asesinatos, los atentados y las desapariciones forzadas se incrementaron a niveles más que alarmantes.
“La mayor preocupación se enfoca en los asesinatos, que registraron en 2020 la cifra más alta en 11 años, con un incremento considerable del 60,4% en relación con el 2019. En situación similar se encuentran los atentados, con un aumento del 52%, asunto grave si se considera que todos estos casos son intentos de asesinatos que por diferentes factores no se consiguieron concretar”, indica el informe.
Sobre las amenazas refiere que “si bien muestran una leve disminución del 4% con 24 hechos menos que el año anterior, que pudiera tener una explicación en el aumento de las acciones directas contra el derecho a la vida, continúa siendo la agresión más utilizada por su efectividad para intimidar y silenciar procesos de defensa de los derechos”.
Los departamentos con más líderes agredidos fueron Cauca (200), Cundinamarca (137), Antioquia (83), Nariño (78), La Guajira (70), Norte de Santander (46) y Valle de Cauca (44). Somos Defensores resalta que las regiones más violentas para el liderazgo social se caracterizan por haber sido zonas de control de la extinta guerrilla de las Farc hasta su dejación de armas, lugares con precaria presencia del Estado y con baja implementación del Acuerdo de Paz.
En su análisis va más allá y pone la lupa en las políticas de seguridad del presidente Iván Duque, especialmente en su estrategia de Transformación de los Territorios con Legalidad, Emprendimiento y Equidad, a través de las denominadas Zonas Futuro, también conocidas como Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII).
“Estas zonas han significado un aumento inusitado del pie de fuerza en los lugares afectados por la criminalidad que no ha sido efectivo para brindar seguridad a las poblaciones quienes, por el contrario, han visto incrementado sus riesgos. El Pacífico nariñense, por ejemplo, donde justamente el 8 de agosto de 2019 se hizo el lanzamiento de las Zonas Futuro, sigue enfrentando una grave crisis humanitaria”, afirma al respecto.
Y concluye: “A dos años de implementada la estrategia de Zonas Futuro, con altos costos económicos, los resultados que arrojan los cifras en materia de protección a personas defensoras no compensan el esfuerzo institucional y deberían llevar al gobierno a revisar las expectativas puestas en ella”.
Por otro lado, el informe llama la atención sobre las agresiones, que abarcaron a más sectores de liderazgo, pues el año pasado fueron atacados 13, mientras que en 2018 y 2019, las agresiones recayeron sobre 11 y 12, respectivamente.
“Si bien se mantiene una tendencia de años anteriores frente a los tipos de liderazgo más agredidos, es necesario resaltar que varios de ellos han registrado un aumento importante en el número de hechos violentos de los que fueron víctimas en el 2020. Esto significa que la violencia selectiva está afectando a un espectro más amplio de causas de defensa de los derechos humanos y, por ende, a un número mayor de personas defensoras”, alerta la investigación.
Entre ellos, llama la atención por el aumento de agresiones en liderazgos sindicales (105 por ciento), LGBTI (260 por ciento), comunitarios (60,8 por ciento), comunales (25 por ciento), académicos (129 por ciento) y de derechos humanos (18,7 por ciento). Sobre los liderazgos juveniles destaca que pasó de no tener registros en 2019, a 13 en 2020, lo cual puede entenderse porque los jóvenes “vienen articulándose a todo tipo de procesos organizativos y elevando sus exigencias mediante acciones de protesta de distinto tipo, y por ello se convierten en blanco de ataques”.
Asimismo, enciende las alarmas por la violencia contra líderes de la comunidad LGBTI: “Indica un alto grado de homofobia, incrementado en la pandemia, pero también pone en evidencia la vulnerabilidad en que se encuentran frente a un Estado que no avanza en políticas de garantías específicas para estas personas. Situación similar acontece con académicos y sindicalistas, comunitarios, comunales y personas defensoras asociadas a ONG”. (Leer más en: El 2020, letal para la comunidad LGBTI del Caribe)
En cuanto a los posibles responsables de las 969 agresiones ocurridas durante el año pasado, el informe vuelve a señalar que se desconoce la autoría de la mayoría de los casos, equivalente al 41 por ciento del total. Los mayores presuntos responsables son grupos de origen paramilitar (34 por ciento), disidencias de las Farc (11,3 por ciento), miembros de la Fuerza Pública (6 por ciento), la guerrilla del Eln (4,7 por ciento), la Fiscalía General de la Nación (2,6 por ciento) y otros, a quienes se les atribuyen tres feminicidios de sus compañeras sentimentales (0,4 por ciento).
La Fiscalía General de la Nación figura en ese listado con 25 agresiones, “que corresponden a judicializaciones, que son significativas y preocupantes, a partir de considerar el cada vez mayor alineamiento de la Fiscalía con las políticas de gobierno y, por ende, su injerencia en el ente investigador, introduciéndose así un peligroso sesgo político tanto para lo que se investiga como para lo que no se investiga”. (Leer más en: Líderes sociales judicializados: ¿quiénes son Teófilo, Adelso y Robert?)
El año pasado fue el peor en materia de asesinatos de líderes sociales en los últimos once años. Se pasó de 32 en 2009, a 199 en 2020; el anterior pico se presentó en 2018, con 155 casos. En un año y una década los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron un 522 por ciento.
Si se comparan los casos de 2019 (en total 124) con los del año pasado hay un aumento de 75 casos, lo cual “devela la ineficacia de las políticas para brindar garantías a los liderazgos por parte del Gobierno Nacional, aunado a la pandemia de COVID-19, donde las comunidades y sus liderazgos quedaron aún más desprotegidas y expuestas a la violencia y a la impunidad manifiesta en que permanecen los casos de asesinato contra personas defensoras de derechos humanos”.
La mayor parte de esos crímenes ocurrieron durante las restricciones de movilidad que decretó la administración Duque para frenar la velocidad de propagación del nuevo coronavirus: “De los 199 hechos donde se quitó la vida a una persona defensora de derechos humanos, 145 ocurrieron después del 25 de marzo en medio de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. Es decir que en 9 meses y 7 días se registraron el 72,8% de los asesinatos del 2020”.
El informe concluye que, “sin duda, la criminalidad tuvo su mejor aliando en el contexto de restricciones”. Y reseña que “la mayoría de los asesinatos se presentaron cuando las personas estaban en sus viviendas o en sus alrededores realizando actividades cotidianas, con sus familias y cumpliendo con las medidas de aislamiento; con estos hechos, se sometió a niveles altos de amedrentamiento y vulnerabilidad a las personas con quienes convivían. También, en algunos casos, los asesinatos ocurrieron mientras las personas salían de su vivienda a realizar diligencias o abastecerse de víveres, lo cual pone en evidencia una previa labor de seguimiento para cometer los crímenes”.
Como ha sido la costumbre en los últimos años, los departamentos de Cauca (52) y Antioquia (23) encabezan el listado de departamentos con más líderes sociales asesinados. Les siguen Nariño (22), Putumayo (15), Norte de Santander (13), Chocó (13) y Valle del Cauca (12). A nivel regional, el suroccidente es la zona más peligrosa para ejercer las labores de liderazgo social ya que concentró 101 de los 199 asesinatos, es decir, el 50,7 por ciento del total de 2020.
En la mayoría de los casos (124) se desconoce la autoría de los homicidios. En cambio, 30 de ellos son atribuidos a grupos de origen paramilitar, 25 a disidencias de las Farc, nueve a la guerrilla del Eln, ocho a miembros de la Fuerza Pública y tres a personas que no pertenecen a grupos armados.
Esta investigación de Somos Defensores también controvierte el nivel de esclarecimiento de asesinatos ocurridos entre enero de 2016 y el pasado 10 de marzo, pues la Fiscalía General de la Nación se atribuye una tasa del 63,5 por ciento. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)
Esa organización obtuvo como respuesta del ente investigador que de los 417 casos que están a cargo de la justicia ordinaria, 102 se encuentran en juicio y que en tan sólo 67 hay sentencias condenatorias. De ese modo, el índice de esclarecimiento no es del 63,5 por ciento, sino del 16 por ciento. Esa diferencia radica en que la Fiscalía asume como esclarecimiento el desarrollo de fases de investigación que no han concluido con sentencias por parte de un juez de la República.
Al respecto, el informe señala que “lo anterior demuestra cómo el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, sigue, como ya lo hizo en el pasado cuando se desempeñó como Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, manipulando las cifras de homicidios contra los liderazgos sociales”.
Y prosigue en su alerta: “Esta es una de las razones por las cuales las organizaciones de derechos humanos en general y el Programa Somos Defensores en particular, han rechazado enérgicamente el anuncio del presidente de la República, Iván Duque, el pasado 3 de febrero, de poner en marcha una Mesa Intersectorial para la unificación de la información sobre los asesinatos a liderazgos sociales bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación”. (Leer más en: Con ‘mordaza’ a la Defensoría, gobierno nacional asesta golpe al Acuerdo de Paz)
Además de elaborar la radiografía de las agresiones contra líderes sociales ocurridas en 2020, este informe de Somos Defensores hace un análisis de los golpes que han sufrido la Constitución Política de 1991 y el Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc, los cuales han servido de caldo de cultivo de las violencias que padecen quienes se atreven a defender los derechos de diversas comunidades; asimismo, hace un diagnóstico de diferentes malas horas que vive actualmente el Estado Social de Derecho; y realiza una serie de 22 recomendaciones a diversas instituciones estatales para frenar esta incesante ola de agresiones.
