En su más reciente informe sobre Colombia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reconoce algunos avances en esa materia, pero resalta la necesidad garantizar su sostenibilidad por medio de la paz. También documentó el asesinato de 110 líderes sociales en 2018.
“Con la implementación plena del Acuerdo, el Estado tiene una oportunidad histórica para impulsar cambios positivos y sostenibles de índole estructural para el acceso y goce de los derechos humanos de la población. El ACNUDH pide a las partes que incrementen sus esfuerzos para avanzar en la ejecución de todos los capítulos contenidos en el Acuerdo, puesto que no puede haber vuelta atrás. Se debe seguir construyendo confianza entre las partes y dentro de la sociedad colombiana, en especial para con las víctimas”.
Esa es una de las principales conclusiones del informe sobre la situación de derechos humanos que fue presentado esta mañana y que el próximo 20 de marzo será consignado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
Asimismo, esa agencia le recuerda al presidente Iván Duque y a su gabinete que “el Gobierno elegido para el período 2018-2022 tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación del Acuerdo y de avanzar en la construcción de un país en paz y equitativo, donde toda la población tenga garantizado el pleno acceso a los derechos humanos”.
En ese sentido, recordó que el Secretario General de las Naciones Unidas estimó que las medidas efectivas de prevención podían disminuir hasta en un 30 por ciento los costos generados por la violencia y los conflictos. Sin embargo, “el presupuesto de defensa del Estado se incrementó en más del 5%. En ese sentido, el ACNUDH alienta al Gobierno a priorizar el gasto público en prevención y a seguir promoviendo el desarrollo, en particular en las zonas rurales apartadas y urbanas marginales”.
Defensores de derechos humanos
El primer capítulo del informe estuvo dedicado a quienes han padecido una inclemente ola de violencia por proteger los derechos de diversas comunidades. Según registros de la ACNUDH, el año pasado fueron asesinados 110 defensores de derechos humanos, de los cuales, aclara que “si bien no representan el universo total de casos, sí permiten identificar tendencias en el comportamiento de estas agresiones, que socavan gravemente la defensa de los derechos humanos, actividad fundamental para la vida democrática y el estado de derecho”.
Esa aclaración es clave porque tanto diferentes esferas del gobierno nacional como la Fiscalía General de la Nación, sostienen que sólo tienen en cuenta los casos documentados por el organismo multilateral, desconociendo los registros de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones sociales, que por lo general son mucho más abultados. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)
Las cifras de la ACNUDH coinciden con los diversos estudios locales, que han encontrado que Cauca, Antioquia y Norte de Santander son los departamentos donde más líderes son asesinados. En 2018, según los casos recopilados por Naciones Unidas, 43 fueron asesinados en esas tres localidades. (Leer más en: Los alarmantes patrones que rodean el asesinato de líderes sociales)
Y agrega que teniendo en cuenta sus tres informes anteriores, en Cauca, Antioquia y Norte de Santander, “el riesgo continúa siendo alto y el Estado debe hacerle frente con urgencia, entre otras medidas a través del nuevo Plan de Acción Oportuna”. (Leer más en: ¿A quién protegerá el Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos?)
Entre los móviles de los asesinatos, Naciones Unidas identificó que el 66 por ciento estaría relacionado con “la denuncia u oposición al accionar criminal, los efectos de la violencia a niveles endémicos que afecta a la población en general o el apoyo a la implementación del Acuerdo, y más concretamente la sustitución de los cultivos ilícitos”.
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Además, constató que el 59 por ciento de los asesinatos se cometieron en ámbitos comunitarios: “Los más afectados fueron los directivos de las Juntas de Acción Comunal y quienes asumen el liderazgo y vocería de sus comunidades, en particular los que viven en condiciones precarias y con poco respaldo institucional. El ACNUDH ha observado que en Caquetá, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, grupos armados ilegales y grupos criminales han presionado a los líderes comunales para que les permitieran proseguir con sus acciones delictivas. En Norte de Santander se registraron cinco asesinatos de líderes de Juntas de Acción Comunal, todos miembros de la misma organización campesina”.
Sobre el contexto de los asesinatos refiere que el 93 por ciento de los casos a los cuales hizo seguimiento ocurrieron en lugares que carecen de acceso a la justicia y a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: “Estas causas generan altos índices de pobreza multidimensional y propician el surgimiento de economías ilícitas, controladas o disputadas por grupos criminales, lo que también provoca niveles endémicos de violencia. La mayoría de estos casos siguieron teniendo lugar en zonas rurales o en aquellas calificadas como Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado”.
Además, señala que esas causas estructurales obedecen a la débil o nula presencia del Estado en algunas zonas rurales. “También son el resultado de sustanciales retrasos en la implementación del Acuerdo, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos. Para mitigar los riesgos para las personas defensoras de los derechos humanos, el Estado debe mantener su presencia, que incluya a las autoridades civiles, reconocer e impulsar la participación de la sociedad civil con plenas garantías de asociación, reunión y expresión, y acelerar la implementación del Acuerdo en las regiones afectadas, lo que ayudaría a la labor de los defensores mediante la ampliación del espacio cívico”, agrega.
El documento también cuestiona las medidas de protección, que en muchas ocasiones no respondían a los riesgos y complejidades del contexto en los que los defensores de derechos humanos desempeñaban su labor; y señala que “el retraso de más de un mes en el otorgamiento de medidas de protección por la UNP derivó en el asesinato de un líder comunal y de un representante de las víctimas en Norte de Santander y Valle del Cauca en julio y septiembre, respectivamente”.
Por ello, plantea que “se debe priorizar el enfoque preventivo sobre la adopción de medidas de protección de carácter temporal. Para tal propósito, la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), el Plan de Acción Oportuna y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad deberían ser espacios adecuados para abordar este enfoque”.
Justicia e impunidad
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enfatiza que la plena implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en los términos contemplados en el Punto 5 del Acuerdo de Paz, “constituye una valiosa oportunidad para reconocer y entender las violaciones de los derechos humanos y las vulneraciones del derecho internacional humanitario cometidas en el pasado, conocer el paradero de las personas desaparecidas y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas”.
De ese modo, lo ve como un modelo que “propiciará, sin olvidar lo ocurrido en el pasado, la reconciliación de la sociedad, generando un ambiente favorable para las transformaciones necesarias que permitan un mayor acceso y goce de los derechos humanos”.
Por esa razón, considera preocupantes algunos aspectos de la Ley 1922, que contempla las disposiciones que impiden expresamente a la Jurisdicción Especial para la Paz investigar a los agentes del Estado: “Particularmente los miembros de la fuerza pública, en el sentido de describir la estructura y el funcionamiento de las organizaciones delictivas, sus patrones y sus móviles, en especial aquellos relacionados con motivos discriminatorios. Dichas disposiciones afectarían gravemente el derecho de las víctimas y podrían comprometer el deber internacional del Estado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones graves de los derechos humanos”.
En ese sentido, recuerda que ha manifestado reiteradamente esa preocupación y también las dificultades que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz para garantizar la rendición de cuentas de los máximos responsables y la comparecencia de terceros civiles involucrados en el conflicto armado.
Por otro lado, califica de esencial que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad cuenten con los recursos financieros necesarios para desarrollar plenamente su mandato y que se establezcan mecanismos eficientes de coordinación interinstitucional con otras entidades del Estado, “garantizando en todo momento la participación efectiva de las víctimas y sus familiares”. (Leer más en: “Queremos estar a la cabeza de la búsqueda de los desaparecidos”: Luz Marina Monzón)
Y de paso señala que ha recibido información de familiares y organizaciones de las víctimas sobre las dificultades que estas han tenido para participar efectivamente en las audiencias preliminares y ser reconocidas como víctimas en los procesos. A lo que añade que “la participación efectiva de estas en todos los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz es fundamental para satisfacer integralmente sus derechos”.
Implementación del Acuerdo de Paz
Al panorama de violencia contra líderes sociales y de justicia transicional, esa agencia de la ONU hace un llamado para cerrar las brechas socioeconómicas de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Por esa razón, “alienta al Gobierno a redoblar los esfuerzos en la implementación de la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo, pues constituye una oportunidad para promover el desarrollo y garantizar el acceso a los derechos en territorios que presentan altos niveles de pobreza, gravemente afectados por el conflicto armado, con baja capacidad institucional y presencia de cultivos ilícitos y otras economías ilícitas”.
Y alerta que ha observado dificultades para cumplir el plazo propuesto para la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, debidas particularmente a las situaciones de violencia en varios municipios y a la falta de coordinación institucional.
En cuanto al problema de drogas ilícitas, destaca la que la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, “priorizada mediante la puesta en marcha de un programa de subsidios, asistencia técnica, proyectos productivos y el impulso de la reforma rural integral, favorece la sostenibilidad de los esfuerzos de sustitución, así como el goce efectivo de los derechos humanos de la población que habita en las zonas de producción de cultivos ilícitos”.
Por ello, expresa su gran preocupación por “el deterioro de las condiciones de seguridad en varias de las zonas de implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) debido al accionar de grupos criminales, al Ejército de Liberación Nacional y grupos de antiguos integrantes de las FARC-EP que no se acogieron al Acuerdo y que han tomado represalias en contra de las familias y líderes que han participado en dicho Plan. Las autoridades deben tomar medidas adecuadas y sostenibles para proteger a esas familias y líderes”.
Y aunque reconoce los avances para avanzar en la suscripción de acuerdos de sustitución, aclara que se necesita avanzar en los pagos de los subsidios y la implementación de las fases posteriores del proceso de sustitución (seguridad alimentaria, asistencia técnica y proyectos productivos): “Los líderes y las comunidades de algunas zonas de Meta, Nariño y Norte de Santander, donde la implementación del PNIS se inició meses atrás, han manifestado preocupación por el riesgo de afectación de sus medios de vida ante la posible o efectiva terminación de los pagos y los retrasos en los procesos de asistencia técnica y de inicio de los proyectos productivos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para el 7 de diciembre de 2018 un 92 % de las familias que firmaron los acuerdos de sustitución habían erradicado totalmente sus plantas de coca”.
Además cuestiona que “ha observado un bajo nivel de intervención de otras agencias del Gobierno encargadas de la implementación de la reforma rural integral, lo que ha puesto en riesgo la sostenibilidad del PNIS, pues los proyectos individuales no estarían acompañados de inversiones del Estado en materia de infraestructuras viales y comunitarias que permitan transformar las condiciones de las zonas rurales, proporcionando a los pequeños productores acceso a la propiedad rural y a los mercados”.
Otra fuerte llamado de atención fue para la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que ha reconocido 634 sujetos de reparación colectiva, de los cuales, en sólo seis casos, es decir el 0,9 por ciento, ha habido avances significativos en la implementación de los planes de reparación. Asimismo, también cuestiona la restitución de las tierras de pueblos étnicos, pues sólo se han emitido 14 sentencias en los 203 casos registrados.
Por todas esas razones, insta a la presencia integral y efectiva del Estado -que no se limite sólo a la presencia de la Fuerza Pública, pues es “indispensable para garantizar el acceso de la población a los derechos humanos, incluyendo el acceso a la justicia y a la seguridad, y para estimular el desarrollo económico. Esto rompería con los ciclos crónicos de pobreza multidimensional que es aprovechada por grupos armados ilegales (ELN, EPL), grupos de antiguos integrantes de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz, grupos del crimen organizado nacional y transnacional y numerosos grupos de la criminalidad local que se desarrollan y se aprovechan de las economías ilícitas, propiciando niveles endémicos de violencia”.
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