A pesar de estar sobrediagnosticados los escenarios de riesgo que padecen los habitantes de las regiones más convulsionadas del país, las matanzas u “homicidios colectivos” continúan sucediéndose semana a semana sin parar. La falta de una política púbica eficaz y la insistencia en “medidas inútiles”, auguran que este año será peor que el anterior.
Dieciocho masacres y 71 vidas perdidas en ellas. Ese es el trágico saldo de lo corrido en las primeras siete semanas de 2021. Los hechos más recientes ocurrieron en el municipio nariñense de Tumaco, ubicado en la esquina suroccidental de Colombia que colinda con el océano Pacífico y el vecino país de Ecuador.
El pasado fin de semana se tiñó rojo para sus habitantes. Según informó el ministro de Defensa, Diego Molano, a su salida de un consejo de seguridad extraordinario, entre el pasado sábado y domingo, fueron asesinadas once personas en cuatro hechos diferentes, ligados a disputas entre grupos armados ilegales.
Los cuerpos de tres víctimas fueron encontrados en el corregimiento de Llorente y cinco más en la vereda Puerto Rico. Del último caso se reportó que, al parecer, las personas ejecutadas pertenecían a una disidencia de las Farc conocida como Frente Oliver Sinisterra y que fueron asesinadas en estado de indefensión por la banda de Los Contadores.
De ese modo, junto con la masacre de ocho personas ocurrida el 22 de enero, Tumaco encabeza el listado de municipios con más masacres (tres) y víctimas (16) de esa modalidad de violencia en 2021. Lo anterior significa que, en menos de dos meses, en ese municipio costero ocurrió la misma cantidad de masacres que tuvo el año pasado y que se superó, por dos víctimas, el total de personas ultimadas de manera colectiva.
Lo ocurrido en Tumaco en los últimos días es el fiel reflejo de lo que ocurre en diferentes latitudes del país: matanzas en zonas disputadas por grupos armados ilegales de diferentes extracciones, que ocurren a pesar de advertencias de organizaciones sociales y de la Defensoría del Pueblo, y en regiones donde hay alta presencia de la Fuerza Pública.
El año pasado, este portal documentó 92 masacres, tomando como referencia la comisión de tres asesinatos o más, ocurridos en el mismo momento y lugar, que es la metodología que emplea la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). La mayoría de los casos se concentraron en los departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia y Norte de Santander.
Al comparar las masacres ocurridas en las primeras siete semanas de 2020 y de 2021, se encuentra que en las de este año han ocurrido ocho más. Por lo tanto, de mantenerse esa tendencia al alza, el próximo mes de diciembre terminaría con un saldo más elevado de masacres, como sucedió entre 2019 y 2020, cuando el primero cerró con 50 casos y el segundo con 92, es decir, con un aumento cercano al 50 por ciento.
Mientras ocurre ese desangre, el gobierno del presidente Iván Duque ha sacado el espejo retrovisor para mostrar mejores resultados que su antecesor, Juan Manuel Santos, centrando la discusión sobre el término de “homicidios colectivos” en lugar de masacres; sus mediciones, como en el gobierno Santos, catalogan un hecho como masacre a partir de cuatro víctimas, por lo que sus indicadores son mucho menores a los de organizaciones sociales; y ha enfocado su política en la lucha contra el narcotráfico como eje central.
Política de seguridad fallida
“Vamos a avanzar en la lucha contra el narcotráfico, el desmantelamiento de las redes criminales, no les vamos a dar tregua. Nuestro objetivo son los cabecillas del Eln, de las disidencias de las Farc, el ‘clan del Golfo’ y la ‘Narcotalia’, ellos son los responsables de las extorsiones, el narcotráfico, el microtráfico, la deforestación y la minería ilegal”.
Así resumió el nuevo ministro Molano, en entrevista con el diario El Tiempo, la hoja de ruta del gobierno nacional en materia de seguridad, la cual continúa con los derroteros trazados por su antecesor, Carlos Holmes Trujillo, fallecido el 26 de enero por afecciones del COVID-19.
No obstante, varios investigadores que estudian el conflicto armado colombiano, consultados por este portal, coinciden en que esos lineamientos son errados y que no lograrán detener las masacres.
“Estamos frente a una política que no funciona para el tema de seguridad y como no se ha cambiado, seguirán ocurriendo más masacres. Este tipo de atentados bajarán cuando las disputas entre grupos armados se acaben, y se acaban cuando alguien gane. Es duro, pero es así, a menos que en 2021 haya un giro drástico en la política de seguridad”, plantea Kyle Johnson, cofundador de la fundación Conflict Responses (CORE).
Y agrega: “Si la política es la misma frente al tema, si esas disputas no se han resuelto todavía, si las brechas en términos de presencia del Estado no se han cerrado, si los combustibles financieros y políticos de los conflictos locales siguen, no tenemos por qué pensar que la situación cambiará. La política está mal diseñada, pues la tesis del gobierno es que, entre más ataque al narcotráfico, mejor será la seguridad, y eso no ha pasado”. (Leer más en: Masacres, estrategia de terror en múltiples confrontaciones)
En esa última línea coincide Juan Carlos Garzón, director del Área Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien considera que el narcotráfico es una variable importante para tener entender los actuales fenómenos de violencia, pero no la causa de todos sus hechos: “Hay grupos armados que buscan control y poder territorial, pero en algunos casos es una violencia más oportunista y que no se explica bajo ninguna lógica estratégica”.
Además, estima que la respuesta de seguridad del Estado no es acorde a una violencia muy fragmentada y localizada, como la actual, para la que debe que tener en cuenta los posibles efectos de su intervención.
“El gobierno considera que la violencia se puede reducir volviendo a los objetivos de alto valor (jefes o cabecillas), pero lo que ha hecho es fragmentar más a los grupos o incentivar sus disputas. Es un círculo vicioso porque se tiene la aspiración de que golpeando a los objetivos de alto valor se golpeará a los grupos, pero lo que pasa es que se fragmentan, y esa fragmentación se traduce en unas disputas focalizadas y prolongadas, que generan las condiciones para que esto se vuelva a producir”, plantea.
Otro efecto adverso de enfocarse principalmente en los objetivos de alto valor, ya sea capturándolos o dándolos de baja, es que los vacíos que causa pueden derivar en masacres contra la población civil.
Así lo advierte un investigador del conflicto armado que pidió mantener en reserva su identidad, quien califica como efecto paradójico, a la “estrategia minimalista del Estado” de enfocarse en el narcotráfico y en el descabezamiento de grupos armados.
“Esa clase de intervención tiene efectos colaterales como generar mucho desorden interno en los grupos y posible competencia violenta. Pero también genera violencia hacia la población civil porque muchas veces quedan cabecillas que no miden políticamente los costos de cometer estos actos y los hacen sin más, porque quieren sentar autoridad y quieren mandar un mensaje; a veces hay retaliaciones de tipo personal que no tienen nada que ver con el conflicto y las hacen ver como tal”.
Asimismo, precisa que es errado reducir la causa de las masacres al narcotráfico, porque obedecen a situaciones multivariable, ya que pueden tener connotaciones sociales, económicas o políticas: “En algunos casos tienen un mensaje claro hacia la población civil; en otros es más por lucha no de control territorial, en el sentido de hacer presencia, sino en el de controlar trochas y rutas, como las que ocurrieron en Norte de Santander en la zona fronteriza con Venezuela; pero también tenemos masacres de posicionamiento territorial, como las que están ocurriendo en el Bajo Cauca antioqueño”.
Y concluye: “Hoy en día no tenemos masacres bajo la lógica de quitarle el agua al pez, como lo hicieron los paramilitares contra las guerrillas a finales de siglo pasado y principios de este. Tenemos algo mucho más variado por la naturaleza de los grupos y por la fragmentación que hay”.
¿Qué hacer?
Camilo González Posso, presidente de Indepaz y representante de la sociedad civil de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), instancia creada por el Acuerdo de Paz alcanzado con la extinta guerrilla de las Farc para construir una política pública que logre el desmantelamiento de los grupos armados ilegales, ignorada y no convocada por el presidente Duque, considera que la falta de medidas estructurales y la implementación parcial del pacto de La Habana, generan fallas en la política de seguridad.
Para revertir esa situación, plantea que se debe evaluar el accionar de los grupos armados más allá del lente del narcotráfico, porque son parte de estructuras más amplias, “que tienen sus cabezas económicas, políticas, empresarios, lavadores de activos y redes internacionales; además, es un fenómeno urbano-rural”.
Y sugiere implementar una política de largo aliento y no de respuesta de consejos de seguridad cada vez que haya un hecho de violencia: “Tiene que ser una intervención macrorregional, no puede ser puntual en una vereda o en un municipio, tiene que tomar integralmente regiones; debe ser sostenida y con grandes inversiones, no puede ser simplemente sumando las inversiones recurrentes de regalías y transferencias; y hacerse con la gente, no para montar economías enclave o políticas de ocupación militar, sino de alianza con la gente para construir economías y democracia”.
Para Johnson, de CORE, es vital desvincular la política antinarcótica, de la política de seguridad. “Necesitamos unos cambios grandes. Para este año se puede empezar con una política territorial que esté totalmente desvinculada de la política antinarcótica. Necesitamos lugares en donde haya más presencia permanente y respetuosa de Fuerza Pública, ojalá de la Policía, e implementar el Acuerdo de Paz”, insiste.
Además, plantea que, debido al actual contexto, en el que hay tantos grupos armados, tantas disputas locales y tantos problemas de seguridad, es errado considerar que se logrará proteger a poblaciones desmantelando a un grupo armado: “Hay que cambiar el cómo entendemos la definición de protección para la población y allí hay un papel para la Fuerza Pública. Uno de sus problemas es que hacen sus operaciones, se van y nunca más llega el Estado. Necesitamos una Fuerza Pública que se quede y priorice su legitimidad en ese lugar, sobre las operaciones que pueda desarrollar”.
Y para lograr tal fin, apela a la implementación integral de Acuerdo de Paz, porque “es un poco ridículo mandar a policías y militares a erradicar (cultivos de uso ilícito) en una vereda, y dejar a la gente en la ruina o en contra del Estado, cuando hay programas para cambiar esa situación. Para salir de esas deudas, el Acuerdo es una de las mejores herramientas que tenemos”.
El investigador que solicitó reserva de su identidad considera que de haberse puesto en marcha una estrategia de seguridad territorial con enfoque rural, cuando se firmó el Acuerdo de Paz en el gobierno Santos, se habría podido evitar los actuales escenarios de violencia, que obedecen al reposicionamiento de grupos que quedaron en las regiones tras la dejación de armas de las Farc y al surgimiento de disidencias. (Leer más en: Reacomodo de grupos armados ilegales impacta con fuerza a Cauca)
Por lo tanto, plantea que esa situación se puede solucionar implementando “una estrategia seria, ligada a las agendas de desarrollo rural, que primero haga unos ejercicios de contención y de estabilización, como una especie de burbujas, para identificar cuáles son las regiones que requieren de una acción conjunta entre autoridades civiles y militares, pero siempre de la mano de la estrategia de desarrollo”.
Y por ello reitera que se debe dejar de limitar los actuales problemas de violencia al narcotráfico y a la estrategia de dar de baja a cabecillas de grupos armados: “Eso no es efectivo y el mejor ejemplo es Nariño. En Tumaco mataron a ‘Guacho’ (exjefe de la disidencia Frente Oliver Sinisterra) hace más de dos años y siguen diciendo que el único problema es el narcotráfico, pero allá hubo reposicionamiento de grupos y todo sigue igual, o peor”. (Leer más en: ¿Y qué viene después de la muerte de alias ‘Guacho’?)
Por otro lado, Jorge Restrepo, docente de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), considera que se debe fortalecer la investigación criminal y basar las acciones policivas y judiciales en evidencia.
“Si la lógica va a ser la de seguir generando presencia institucional, eso es muy limitado porque en muchos de estos lugares hay gran desconfianza hacia la Fuerza Pública; tal vez en algunos casos con razón porque estuvo involucrada en el pasado en exceso de la fuerza o de poder correctivo. Hay que levantar evidencia criminal, con buna inteligencia, para adelantar operaciones que desestabilicen esas disputas”, indica. (Leer más en: Tensión por masacre de cocaleros de Tumaco se traslada a los discursos)
Y precisa: “En todos los lugares donde ocurren masacres hay disputas entre grupos armados. Esto no es un proceso de expansión de un grupo que llega a una nueva región y comete una masacre, como ocurría en los años 90. Son lugares de disputa y de organizaciones criminales. Hay que entender muy bien la lógica de la criminalidad en la zona para proceder, no actuar simplemente poniendo policías y militares. Por ejemplo, en Arauca hay mucha extorsión y secuestros hoy en día, y por eso también están ocurriendo asesinatos allá”.
Garzón, de la FIP, pone la lupa en una falla actual: los problemas de sanción de las masacres, que conduzcan a su disuasión. “¿Por qué si la Fiscalía dice que está avanzando decididamente en el esclarecimiento de estos hechos, eso no se traduce en que los grupos armados ilegales y quienes los cometen en los territorios dejen de hacerlos? ¿Cómo sabemos si el esclarecimiento está dando resultados? Que cada vez ocurran menos”, cuestiona este investigador. (Leer más en: ¿En 2020 ocurrieron 147 masacres?)
Y pone énfasis en esa preocupación de la siguiente manera: “En realidad, para los grupos armados, las masacres tienen un bajo costo. El asunto no es esclarecer quiénes cometen los hechos directamente o quién es el sicario, sino cuál es la estructura que podría relacionarse con las masacres. Ahí el sistema de justicia está quedándose en la superficie, operando más para la tribuna, que realizando una investigación que tenga una carga de profundidad que produzca un efecto de disuasión”.
Mientras el gobierno nacional sigue obstinado en un enfoque desactualizado, como lo demuestran los hechos semana a semana, con las constantes masacres y los incesantes asesinatos de líderes sociales y desmovilizados de las Farc, el país seguirá sumido en una espiral descendente de dolor y en las regiones más golpeadas por el conflicto armado seguirán tributando con sangre.
Van 18 masacres en menos de dos meses de 2021. El año pasado esa cantidad se alcanzó el 25 de marzo y hace dos años el 2 de junio. Las alarmas están encendidas, nunca han dejado de estarlo, pero la respuesta de la institucionalidad no ha estado a la altura.
