Aumenta el número de congresistas detenidos por vínculos con los paras. Los argumentos de la Corte desmontan cualquier justificación de pactos con las AUC.
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| Miguel de la Espriella, uno de los senadores que firmó el Pacto de Ralito. |
Las providencias judiciales por lo general son pesadas argumentaciones jurídicas escritas sólo para abogados. Sin embargo, las que sustentan el proceso de la para-política son piezas fundamentales. Más que un proceso penal, certifican que el Estado empezó a desmontar desde la ley la falacia de que el paramilitarismo fue un mal necesario.
Así queda evidenciado en los 97 folios en los que la Corte Suprema de Justicia soporta la detención del último grupo de congresistas que esta semana fueron a la cárcel. La Corte no les da crédito a las excusas y justificaciones expuestas por los congresistas para explicar su presencia en Santa Fe Ralito ese 23 de julio de 2001 cuando, al firmar un documento que pretendía “refundar” la patria, pudieron haber incurrido en un concierto para delinquir con sanguinarios jefes paramilitares.
Los senadores Miguel de la Espriella, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, y los representantes William Montes y José de los Santos Negrete, a juicio de la Corte, quedaron detenidos porque su conducta legitimó el poder ilegal que ostentaban los paramilitares y porque su silencio durante 64 meses no lo explica el miedo, sino la complicidad.
La Corte no acepta el recurso de la casa por cárcel. Estos ciudadanos deben ir a una cárcel común porque es necesaria la “protección de la comunidad, la preservación de la prueba” y porque la sociedad espera este tratamiento para personas con “comportamientos altamente lesivos de los intereses colectivos”
Es decir, la Corte clasifica como delitos esos comportamientos que para un 25 por ciento de personas en las principales ciudades del país, según encuesta publicada por SEMANA, son justificables.
Todo indica que la para-política es un fenómeno mucho más profundo que un simple mal momento de unos pocos congresistas. En especial en lo que se refiere a las elecciones que se avecinan. Los poderes políticos de estas regiones, según la Corte, tienen herramientas en la legalidad para abstenerse de realizar pactos con los actores ilegales. No hay excusa que valga.
El ejemplo más claro es el del Senador Juan Manuel López, gran elector liberal cordobés que se ha mostrado como recio enemigo de los paramilitares en Córdoba, para defenderse y diferenciarse de los demás implicados.
Desde cuando su nombre apareció mencionado en el pacto de Ralito, sus excusas fueron difundidas ampliamente. Decía que había asistido para salvarse de una sentencia de muerte, y que sin su consentimiento participó en la reunión en la que lo obligaron a firmar un papel en blanco. Nada valió para eximirlo de la medida de aseguramiento.
En primer lugar, la Corte no le cree que no haya tenido la opción de negarse a buscar a los paramilitares, para desmontar amenazas contra su vida. Tenía la opción de permanecer en Bogotá y buscar que el Estado garantizara la seguridad de su familia en Córdoba. Tampoco acepta que no hubiera conocido el documento, y menos aun que lo haya firmado en blanco. El 16 de abril pasado la finca que sirvió de sede para la reunión fue inspeccionada por la Fiscalía para verificar estas condiciones.
Finalmente, la Corte no puede eximir a López Cabrales de la imputación porque se pregunta cómo al ser el político con más poder en la región, con un movimiento político con más de 55 años, “termine por desconocer todos los principios que dice pregonar y proteger para acceder a un encuentro con quien podría ser su mayor y más enconado enemigo…”.
En el caso del senador Miguel de la Espriella Brugos del partido Convergencia Ciudadana, la Corte desmonta su defensa y dice que las explicaciones “contribuyen a desmeritar su veracidad”. Es decir que se clavó su propio cuchillo. Dijo que conocía a Salvatore Mancuso desde el colegio y que lo volvió a ver sólo muchos años después. Afirmó que fue convocado a la reunión bajo amenazas, las cuales la Corte dice que él más que nadie podría resolver la situación por los contactos que siempre tuvo con los paramilitares.
No acredita la Corte la esgrimida razón de que él fue quien primero contó del documento de Ralito porque le dan credibilidad a la versión de ‘Ernesto Báez’ en la que asegura que De la Espriella habló porque Mancuso lo conminó a hacerlo. Y tampoco lo ayuda la comparación que él hace del documento de Ralito, con un acuerdo llamado del Nudo de Paramillo, porque este último tuvo autorización del gobierno. “En suma, concluye la Corte, la cercaníade Miguel de la Espriella con las autodefensas no fue ocasional, ni se explica en las acciones que califica de humanitarias cuando sirvió de enlace entre víctimas de la organización y sus cabecillas. No es verdad entonces que su presencia fue fruto del temor…”.
Otro que apela al temor por su vida como razón para firmar el documento es Reginaldo Montes Álvarez. Senador de Cambio Radical, también monteriano. Le dijo a la Corte que la única vez que se reunió con los paramilitares fue ese 23 de julio y que antes de acudir fue hasta Chinú para pedirle a Luis Álvarez que lo acompañara porque lo obligaron. Razón ya desmontada por la Corte, dada su condición de congresista con acceso a la seguridad del Estado.
También Montes dice que su comportamiento en el Congreso no fue a favor de los paramilitares y que, por el contrario, promovió acciones en contra de ellos. Pero el tribunal asegura que este argumento “se cae de su peso, pues la relación establecida era de doble vía, pero no necesariamente materializada en la ejecución de actos específicos a favor de la agrupación al margen de la ley”.
Montes asegura que omitió la denuncia porque creyó que las autoridades no darían crédito da sus palabras. Pero la perla de su defensa es que argumenta que la palabra “refundar” no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, por lo que cree que no ha cometido delito alguno. La Corte señala que lo mismo ocurre con otras expresiones de la vida cotidiana, pero que no hay dudas sobre el significado que encierra: “volver a constituir o transformar una cosa preexistente, en este caso, la patria”.
William Montes Medina optó para su defensa por el argumento de la “ayuda” a la paz y de los acercamientos que conocía de oídas entre el gobierno y las autodefensas hechos por el entonces representante Luis Carlos Ordosgoitia. Pero ese alegato, más el del temor por su vida, fue también rebatido por la Corte.
Sin bien este senador arguye que le comentó sólo a su familia sobre la reunión, no es entendible que haya guardado silencio sobre el hecho si en verdad consideraba que se trataba de un camino de acercamiento entre el gobierno y las autodefensas. “si de verdaderos gestos de paz se trataba, nada le impedía al veterano congresista dar a conocer los pormenores de una reunión que, según dice, sólo tuvo como finalidad exteriorizar posiciones acerca de futuros encuentros de paz” .
A José de los Santos Negrete llegóa la cárcel por varias razones, pero en especial por ser hoy congresista. En el momento de la reunión de Ralito no lo era, sólo se identificaba como un ciudadano común y corriente que asistió porque usualmente le conducía el carro a Luis Carlos Ordosgoitia. Negrete asegura que por esta razón no prestó atención a lo que pasó allí y que menos aun a la trascendencia que podía tener y afirma que sólo escuchó de Ordosgoitia el comentario de que se trataba de abrir un espacio a los diálogos de paz. Firmó, según afirma, porque le pasaron un papel en el que aparecía su nombre con el cargo de gerente del Partido Conservador, que, según él, para la época no existía.
Pues a pesar de mostrarse como un simple conductor, o un “don nadie”, la Corte dice que su presencia no fue una simple casualidad porque para entonces, Negrete era un reconocido líder conservador de la región, mano derecha de Julio Manzur, hoy presidente de ese partido en el nivel nacional, algo que no desconocían los jefes paramilitares, y que por esa misma condición aspiró a la Cámara en 2002, y alcanzó la única curul de su partido en el departamento de Córdoba.
Con estos cinco congresistas son ya 14 los que están detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá, cinco ex parlamentarios, más un número significativo de diputados, concejales, gobernadores y alcaldes. Aparentes representantes del Estado que sucumbieron al poder de quienes pretendían ser un Estado paralelo, pero les llegó la hora. La hora de la ley.
Publicado en SEMANA Fecha: 19/03/07
