El ex jefe paramilitar desmiente las versiones de Johnny Cano y el “Tuso” Sierra que lo involucran en el pago a magistrados para elegir a Mario Iguarán como Fiscal.
 |
|
| El ex fiscal general Mario Iguarán es ahora embajador en Egipto. Fotomontaje: Verdad Abierta |
En desarrollo del proceso en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del exfiscal Mario Germán Iguarán por la supuesta colecta que hizo ‘Macaco’ para la elección del otrora jefe del ente investigador, el mismo narcotraficante desvirtuó esa idea.
El representante coordinador de la investigación, Orlando Clavijo Clavijo, dijo que ‘Macaco’ “desvirtuó las afirmaciones que habían hecho otras personas, donde indicaban que ‘Macaco’ había financiado con dinero de narcotraficantes, el pago a algunos magistrados para la elección de Mario Iguarán”.
“‘Macaco’ dice que no sabe, no conoce y no participó en la supuesta colecta”, sostuvo Clavijo quien regresó al país en las últimas horas tras entrevistar a Carlos Mario Jiménez en una prisión estadounidense.
Luego de la versión entregada por el narcotraficante a la Cámara, la comisión va a iniciar un análisis para establecer si decreta nuevas pruebas.
Podrían ser escuchados eventualmente otros narcotraficantes. En la lista están Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’, y Johnny Cano, quien fuera la persona que relató cómo se dio la supuesta colecta.
“Estamos haciendo las valoraciones de los temas para establecer cómo proceder como investigadores”, sostuvo. La idea de entrevistar a Sierra y Cano es “confrontar” las versiones de los dos con la de Carlos M. Jiménez.
El contexto de la supuesta colecta
Lo declaró judicialmente hace un año desde una cárcel de Nueva York el extraditado narcotraficante Johny Cano. Lo ratificó a El Espectador un exasesor político de las autodefensas que hoy colabora con la justicia de Estados Unidos. Lo confirmó un exoficial de la Policía que hizo la vuelta. En 2005, la elección de Mario Iguarán Arana como fiscal general de la Nación tuvo tras bambalinas $5.000 millones del paramilitarismo para despejar el camino que la organización creía necesario en su proyecto de consolidar la Ley de Justicia y Paz.
En esa época, el triunfalismo de las autodefensas era total. “Teníamos enlaces en Fuerzas Militares y Policía. Influíamos en más de una universidad pública y privada. Definíamos el presupuesto de la salud de muchas regiones. En el Congreso, asambleas y concejos era creciente nuestra presencia. Las tierras para esconder y repartir abundaban. La Ley de Justicia y Paz se perfeccionaba en estrecho contacto con los políticos. Pero aunque ya teníamos aliados nos faltaba un poder: la justicia”, comentó un exasesor del paramilitarismo.
Entonces surgió la idea. La terna para fiscal estaba integrada por los abogados Jorge Pretelt, Mario Iguarán y Consuelo Caldas. Los sondeos de opinión en los círculos judiciales daban como seguro elegido al primero. Pero entre los jefes paramilitares se tenía la creencia de que Iguarán era más confiable. No sólo porque había sido el gestor de la Ley de Justicia y Paz en su calidad de viceministro de Justicia, sino porque lo consideraban manejable a la hora de cumplir los compromisos de exiguas penas antes de convertirse en congresistas.
Se hicieron reuniones en Córdoba y Magdalena. Se recogió la opinión de al menos cinco de los grandes jefes. Pero como ya avanzaban otros planes de penetrar al Poder Judicial, no todos fueron consultados. Por su cuenta y riesgo, el más poderoso, el narcotraficante y jefe del bloque Central Bolívar que extendía su dominio desde el Bajo Cauca antioqueño hasta el departamento del Valle, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, dio el primer paso. El dinero para empezar la campaña y el secuaz que debía concretar la acción de convencimiento.
Para la época, en la trasescena del proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, Macaco se tomaba a sangre y fuego el norte del Valle y el otrora poderoso capo Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, quien había cedido terreno buscando escondederos porque pesaba en su contra una orden de extradición a Estados Unidos, había caído preso en Cuba en 2004. Macaco asumió sus feudos y hasta se quedó con sus hombres. Por eso Johny Cano, la mano derecha de Rasguño, pasó a convertirse en el protegido de Macaco.
La idea original fue camuflarlo como paramilitar y cobijarlo bajo el manto de la Ley de Justicia y Paz, pero después de los escándalos de El Tuso Sierra, Gordo Lindo y los mellizos Mejía Múnera, también narcotraficantes colados, el Gobierno puso la tranca. Johny Cano se quedó por fuera y después fue capturado, pero le alcanzó el tiempo para secundar la orden de Macaco y también poner billete para el proyecto de apoyar la elección del viceministro Mario Iguarán Arana como fiscal general de la Nación para el cuatrienio 2005-2009.
Hubo reuniones en el Oma de la séptima con 12 y en varios apartamentos del norte de Bogotá. Un acreditado penalista y un exrepresentante a la Cámara que obraba como asesor de las autodefensas hicieron labores de intenso cabildeo. En un helicóptero privado, que cubrió la ruta entre la zona de Chivolo (Magdalena) y Barranquilla, y después en un avión comercial hasta Bogotá, en un amplio y lujoso maletín llegó la plata. Un oficial retirado de la Policía obró como portador del dinero para garantizar que no fuera detectado.
Lo demás es incierto. Ni el asesor político en el exterior ni el exoficial de inteligencia de la Policía a la distancia tienen certeza de cómo se esfumaron los $5.000 millones. Pero alguien recibió la plata y los lobbistas cumplieron su oficio. Dos rondas de votación fueron suficientes en la Corte Suprema de Justicia para que con 17 votos saliera elegido como nuevo fiscal Mario Iguarán Arana. Jorge Pretelt —hoy magistrado de la Corte Constitucional— alcanzó siete votos. Consuelo Caldas, uno solo. No hay evidencias de acción dolosa en la Corte.
El presidente de la corporación era el magistrado Carlos Isaac Náder, quien desde el principio apoyó a Jorge Pretelt. En agosto se posesionó Iguarán y meses después, cuando la revoltura de la parapolítica ya comenzaba a hacer estragos, a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes llegó un anónimo firmado por “Ciudadanos Defensores del Imperio de la Justicia”, en el que se pidió investigar la colecta de Macaco de $5.000 millones para garantizar que Mario Iguarán Arana fuera el nuevo fiscal general de la Nación.
Pero no prosperó mucho, porque a los pocos meses de su posesión ya el fiscal Iguarán enfrentaba un escenario crítico: la Corte Constitucional había dejado en sus justos términos la Ley de Justicia y Paz, y el tránsito expedito al Congreso de los jefes paramilitares había quedado bloqueado, mientras en la Corte Suprema de Justicia cobraba forma la investigación de la parapolítica. Y en los albores del nuevo escenario quedaba al desnudo el nuevo intento de la mafia y el paramilitarismo por penetrar la alta justicia: la mano de Giorgio Sale.
Antes de su captura, en noviembre de 2006 —la misma fecha en que estalló el escándalo de la parapolítica—, Giorgio Sale era un acreditado empresario italiano que se movía como Pedro por su casa en los más altos círculos de la sociedad colombiana. Entre ellos los judiciales, como quedó al descubierto en el homenaje que se le rindió al magistrado Carlos Isaac Náder en el club de Sincelejo en 2005 o durante su presencia en un congreso de la Jurisdicción Contenciosa que se llevó a cabo en Valledupar. Sólo después se supo de sus alcances.
Desde 2002, Giorgio Sale era un hombre cercano al jefe paramilitar Salvatore Mancuso y mutuamente se beneficiaron de su relación. Aunque Mancuso desde Estados Unidos ha sido muy evasivo frente al tema Sale, seguramente porque su condición de narcotraficante puede complicar aún más su situación judicial, en el Tribunal de Reggio Calabria en Italia, que concretó su captura, quedó claro que entre los dos lavaban dinero a dos manos, y ese era el plan de Mancuso después de saldar sus cuentas judiciales: vivir en Italia con el dinero ilícito.
Pero Giorgio Sale fue detenido en Italia y en su caída no sólo arrastró con los planes de Mancuso, sino que puso en aprietos a varios dignatarios del Poder Judicial que se habían convertido en sus contertulios. “No es una fábula. La Enoteca de Giorgio Sale iba a tener sede en el Palacio de Justicia. Sus halagos y agasajos convencieron, y de cierta manera la parapolítica salvó a la Corte de un escándalo”, comentó una fuente del alto tribunal. De todas maneras, el cabildeo de Giorgio Sale les costó el puesto o incomodó a más de un magistrado.
Al magistrado del Consejo de la Judicatura José Alfredo Escobar lo puso a dar declaraciones; su esposa María Margarita Fernández tuvo que renunciar a su cargo como secretaria general de la Procuraduría. La asesora de relaciones internacionales del Ministerio de defensa Claudia Lagos hizo lo propio. “El Poder Judicial la sacó barata, pero lo que nunca se dijo es que Giorgio Sale también era anfitrión de fiscales, generales, magistrados de otras cortes, dirigentes gremiales y todos eran felices con su vino”, añadió una fuente de la Corte Suprema.
Y faltaba el tercero a bordo. El extraño empresario Ascencio Reyes Serrano, un huilense que de la noche a la mañana se convirtió en amigo de altos oficiales del Ejército y la Policía, y después en oferente de homenajes de magistrados y fiscales. Así se hizo cercano de la Corte Suprema y en tiempos de Mario Iguarán en la Fiscalía logró que su hija ocupara un alto cargo. A falta de Giorgio Sale extraditado, la paradójica conducta de Ascencio Reyes llamó la atención del gobierno Uribe, y por buscarle el enredo a la Corte, el DAS terminó delinquiendo.
Nunca se investigó si el dinero de Macaco llegó a manos limpias; tampoco qué tanto hizo y penetró Giorgio Sale en el Poder Judicial o las Fuerzas Militares. Por contrarrestar la parapolítica, el DAS se concentró en Ascencio Reyes y terminó asediando a los magistrados de la Corte. “Y fue un garrafal error porque se terminaron armando conspiraciones para desacreditar al magistrado Iván Velásquez, mientras Ascencio Reyes, con más recato, afianzaba sus relaciones con la justicia, con los militares y hasta con Estados Unidos”, agregó la fuente.
En medio de la confrontación empezaron las sorpresas. Primero, un proyecto de auto inhibitorio para el senador de Sucre Álvaro García Romero que alcanzó acircular en la Sala Penal de la Corte Suprema, sin que hasta hoy se sepa quién lo escribió. Hoy García está condenado a 40 años. Y del lado de la Fiscalía, un proyecto inhibitorio en favor del exgobernador de Sucre Salvador Arana adoptado en 2003, que tuvo que ser revocado para que por los mismos hechos la justicia demostrara que fue un aliado más de las autodefensas.
Hoy nadie se apersona de lo que pasó. El exvicefiscal Andrés Ramírez, el hombre de confianza del exfiscal Luis Camilo Osorio, dice que nunca se opuso a que se compulsaran copias por las delaciones de un testigo apodado Pitirri. El caso pasó al despacho de la fiscal Marina Pulido, más tarde magistrada de la Corte Suprema, pero ella siempre ha dicho que estaba cambiando de cargo y no firmó nada. El inhibitorio terminó firmándolo Guillermo Mendoza Diago, quien ha dicho que no lo redactó porque estaba preparando un viaje a Israel.
Lo cierto es que la Corte Suprema terminó presionando a la Fiscalía para que actuara en el caso del exgobernador Salvador Arana y después lo condenó por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, otros señalados de favorecer la causa del paramilitarismo en Sucre, pese a los reclamos de la Corte Suprema de Justicia, tuvieron mejor suerte. Entre ellos los ganaderos Miguel Nule Amín y Joaquín García, señalados de integrar el círculo de apoyo al proyecto de las autodefensas, pero a salvo por disposición de la Fiscalía.
Al menos en la era Iguarán nunca marcharon al unísono la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en la tarea de cortar los nexos entre el paramilitarismo y la política. Un simple caso demuestra que avanzaron por carriles distintos. En octubre de 2007, cuando estalló el escándalo del caso Tasmania y el entonces presidente Uribe acusó al magistrado investigador Iván Velásquez de querer involucrarlo en delitos, la Fiscalía abrió investigación en contra del magistrado. Muy rápido se probó que fue un montaje y todavía no hay conclusiones.
Por boca del extraditado narcotraficante Juan Carlos El Tuso Sierra se sabe que fue una vuelta con políticos amigos del expresidente Uribe para desacreditar al magistrado Velásquez. El gestor de la acción, en la que también participó el DAS, según lo ha declarado la exsubdirectora de análisis Marta Leal, fue el abogado Sergio González. Hoy, después de cambio de fiscales y de acumulación de expedientes, del caso nada se sabe. Hace cuatro años se fraguó el montaje y en tiempos de Mario Iguarán y Guillermo Mendoza no hubo avances.
Como tampoco se aclaró nunca el episodio conocido como la “Casa de Nari”, orquestado por el jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, también con el propósito de hacerle una encerrona a la Corte Suprema de Justicia y frenar las investigaciones de la parapolítica. Al magistrado Velásquez lo pusieron a dar explicaciones a sus superiores; los comprometidos en el episodio llevan varios meses a salvo de cualquier sanción penal o disciplinaria, y el caso ya es paisaje. Sólo en la Corte sigue claro que fue otro envión paramilitar.
Sobre el conocimiento de estos episodios no estaba muy lejano el gobierno de Estados Unidos. La prueba es que el 23 de abril de 2008, en un cable diplomático —revelado por Wikileaks— enviado desde Bogotá por el embajador William Brownfield, desde la perspectiva del gobierno Uribe se advierte la visión de que la confrontación con la Corte Suprema de Justicia es producto de la animosidad de los magistrados contra el jefe de Estado y que el Ejecutivo ha reclamado objetividad para no provocar una inestabilidad institucional.
Citando como fuente al entonces secretario jurídico de la Casa de Nariño, Edmundo del Castillo, el cable diplomático señaló que el alto funcionario creía que las actuaciones del magistrado Iván Velásquez correspondían a una vendetta contra el presidente Uribe y que el investigador le estaba dando beneficios a desmovilizados del paramilitarismo para que testificaran en su contra. Incluso, precisó Del Castillo, supuestamente al propio Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, le había ofrecido esta clase de beneficios judiciales.
Y el cable agregó que para completar el panorama crítico de confrontación, existían rumores de que el desmovilizado jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, había pagado dineros, incluso a magistrados de la Corte Suprema, para que fuera elegido Mario Iguarán como fiscal general de la Nación. En el mismo reporte se mencionan los supuestos vínculos entre integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el narcotraficante Giorgio Sale, y a través suyo de Salvatore Mancuso.
Estas particularidades del reporte diplomático, que conoció Washington en 2008, ratifican los vacíos que fueron quedando en la historia de la confrontación entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema de Justicia. Pero más allá de las conjeturas y los comentarios políticos, ya no cabe duda de que los jefes paramilitares quisieron jugar sucio hasta el último momento y que por distintos caminos intentaron emular lo que hicieron en otros escenarios de poder: acceder a la cúpula del Poder Judicial en Colombia, en la Fiscalía, en la Corte, o en ambas.
“Lo único que puedo decir, porque espero hacerlo ante los estrados judiciales, es que hubo un abogado y un excongresista que ayudaron en la tarea de posicionar a Mario Iguarán ante el favoritismo de Jorge Pretelt. Y el jurista no puede negarlo porque fui yo el que le di dinero. Se dicen muchas cosas, pero curiosamente creo que el presidente de la Corte en esa época, Carlos Isaac Náder, ni siquiera sabía que Giorgio Sale lo estaba manejando y Mancuso estaba detrás”, concluyó el desmovilizado que quiere colaborar y aguarda justicia.
Información publicada por El Espectador
