El escándalo de la parapolítica ha pasado por un año con muchos tropiezos y, si bien se han destapado casos en 25 de los 32 departamentos del país, los procesos han tenido más obstáculos que sentencias.
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Uno de los mayores problemas de los procesos judiciales han sido por un lado la presión del Gobierno y por el otro la lentitud de la justicia. Montaje Semana. |
El estudio realizado por Claudia López y Óscar Sevillano(descargar documento completo) muestra que uno de los más importantes tropezones que ha tenido la parapolítica es que los políticos han hecho todo lo que está a su alcance para enredar los procesos judiciales. Mientras que en lo que concierne a los partidos políticos involucrados en el escándalo en algunos casos su participación política y burocrática ha crecido.
A la fecha de publicación de este informe, 34 de 102 Senadores, el 33%, están siendo investigados por vínculos con el narcoparamilitarismo, así como 25 de 168 Representantes a la Cámara, el 15%. y esas cifras ponen de presente que el narcoparamilitarismo superó con creces la capacidad de infiltración que previamente había tenido el narcotráfico.
Además de los 59 congresistas judicializados por parapolítica, al menos otros 300 servidores públicos, –entre electos, funcionarios y miembros de la fuerza pública– son investigados por vínculos con el narcoparamilitarismo.
Los congresistas han optado en muchos casos en renunciar a su fuero parlamentario para evitar que sus casos sean juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Ha sido una especie de juego de la gallinaentre la Corte y los congresistas. Los congresistas jugando a que la Corte no les abriera investigación y pudieran retener su curul, y la Corte reforzando el sigilo de sus investigaciones de parapolítica, de manera que los congresistas no renunciaran anticipadamente para evadir su competencia. La Corte ha ordenado la detención de congresistas previo al llamado a indagatoria, de manera que en caso de renunciar, el proceso del congresista ya tuviera material probatorio suficiente y decisiones de las que no podría retractarse fácilmente la Fiscalía. La Fiscalía ha avalado casi en su totalidad las medidas adoptadas por la Corte a la hora de asumir las investigaciones de congresistas que renuncian.
Frente a esas circunstancias ventajosas, 31 congresistas electos en 2006, a los que la Corte Suprema les abrió investigación por parapolítica, optaron por renunciar al Congreso, evadir a la Corte y pasarse a la Fiscalía. De los 52 procesos que se adelantan en la Corte Suprema de Justicia contra congresistas, 5 son por Farcpolítica y los otros 47 por parapolítica, de los cuales 40 están en investigación previa, 4 en proceso de instrucción y 3 en juicio; los 5 procesos de farcpolítica están en investigación previa. La Corte ha indagado en por lo menos dos oportunidades cómo avanzan los procesos de congresistas que renunciaron en la Fiscalía. Aunque en ambas ocasiones el Fiscal General ha reaccionado airadamente defendiendo la labor, en muchos casos meritoria, de la Fiscalía, lo cierto es que en las dos ocasiones gracias al cuestionamiento de la Corte o de reportes periodísticos se han abierto o destrabado procesos en la Fiscalía.
La investigación ha encontrado diferencias entre el manejo de los procesos en la Corte y la Fiscalía:
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En la Corte la investigación es colectiva para evitar presiones sobre un magistrado y en la Fiscalía queda en manos de un fiscal más vulnerable a la presión externa.
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En la Corte el equipo de fiscales tiene dedicación casi exclusiva mientras en la Fiscalía tienen una alta carga laboral.
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En la Corte hay un investigador exclusivo mientras que en la Fiscalía las investigaciones están desperdigadas en varias dependencias.
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En la Fiscalía los términos son mas reducidos.
También muestra este estudio que, a pesar del incremento presupuestal a la Corte Suprema y la Fiscalía y del supuesto compromiso con el esclarecimiento de la verdad, hay sobrada evidencia de que el Presidente Álvaro Uribe ha invertido su prestigio y despliegue mediático en deslegitimar a la justicia y amparar a los parapolíticos.
Por otra parte,en lo político, el estudio asegura que el Presidente Uribe, que fue capaz de desarmar 35.000 paramilitares, extraditar a sus 14 jefes y arrinconar a las Farc, ha sido incapaz de desprenderse de los parapolíticos para hacer campaña y gobernar y no ha tenido ninguna voluntad para establecer normas y actuaciones que los marginen de la actividad política y del poder político que se tomaron apoyados en la estructuras ilegales violentas y mafiosas. Esa incapacidad y falta de voluntad impide la verdad, justicia y reparación de la democracia colombiana.
Sobre los pactos políticos que firmaron o acordaron los diferentes políticos en las regiones el estudio señala que muy poco es lo que se ha logrado avanzar en lo judicial.
Las investigaciones judiciales por esto pactos o no han iniciado o no han avanzado sustancialmente. Luego de una comunicación de la Corte Suprema pidiendo cuentas del avance de las investigaciones de parapolítica remitidas a la Fiscalía, el Fiscal General destituyó a dos fiscales, entre ellos el encargado de las investigaciones del ex senador Gil y el ex gobernador Aguilar, por no haber adelantado apropiadamente esas investigaciones.
En la medida en que se fueron descubriendo las redes políticas de los jefes de las AUC en las regiones, iba quedando claro que éstas no se limitaron únicamente a los departamentos de la Costa Atlántica, sino que el fenómeno se dio a lo largo y ancho del país en la medida en que se fue dando la expansión paramilitar, desde Córdoba, Antioquia y Magdalena Medio al resto de Colombia. Los primeros vínculos entre paramilitares y políticos regionales que se destaparon por parte de la Fiscalía se registraron en los departamentos de Meta y Casanare.
El estudio reconoce que Colombia es un país mejor y más viable sin 35.000 paramilitares armados, violando masivamente los derechos humanos y políticos de millones de colombianos y sin una guerrilla desbordada en lo mismo. Sin embargo, la basta, compleja e inserta estructura de poder del narco paramilitarismo en el territorio, y en las relaciones sociales, políticas y económicas del país, sumado a la vigencia creciente del narcotráfico, hace que la capacidad de permanecer, mutar y adaptarse de tal estructura criminal sea muy alta.
