La Corte Constitucional saldó una deuda que la implementación del Acuerdo de Paz tenía con quienes sufrieron los horrores del conflicto armado: darles 16 escaños temporales en la Cámara de Representantes. Es una decisión que puede impulsar la reparación en las regiones más golpeadas por la guerra, pero está llena de desafíos.
En la tarde del pasado viernes, el tribunal constitucional produjo una noticia que tomó por sorpresa a la opinión pública y al mundo político de Colombia. Tras resolver una tutela que instauró el senador Roy Barreras, a raíz del hundimiento en 2017 del proyecto de ley que buscaba crear 16 curules para las víctimas en la cámara baja del Congreso de la República, le dio vida a las denominadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.
De ese modo, a partir de ahora se abre la posibilidad para los habitantes de zonas que van desde La Guajira hasta Putumayo, donde han primado el abandono institucional y, por ende, la imposición de los fusiles de grupos armados ilegales, de tener voz y voto en el Legislativo nacional. El visto bueno de la Corte Constitucional tan sólo fue el primer obstáculo que debe sortear esa iniciativa para cumplir sus objetivos, pues la elección de los candidatos, el desarrollo de las campañas y la realización de las votaciones, tendrán los suyos.
Al unísono, diferentes comunidades, organizaciones de víctimas y líderes sociales, recibieron con gran satisfacción el timonazo de la Corte. Una de esas voces es la de Francia Márquez, lideresa del consejo comunitario de comunidades negras de La Toma, de Suárez, Cauca, quien la califica como “una garantía de reparación a las violencias que hemos vivido y sabemos que parte de ellas es la exclusión y el cierre de los espacios de participación democrática”.
El camino para lograr dicha participación, formulada para dos periodos legislativos, tuvo impedimentos que fueron superados después de que el senador Barreras interpusiera una tutela contra la Mesa Directiva del Senado por determinar que no existían los votos suficientes para que fuese aprobado el Acto Legislativo 05 de 2017 del Senado y 017 de 2017 de la Cámara de Representantes, en el que se contemplan las 16 circunscripciones para 167 municipios de los departamentos de Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Huila, Chocó, Meta, Guaviare, Bolívar, Sucre, Nariño, Putumayo, Cesar, Magdalena, Córdoba, Tolima.
El senador por el Partido de la U afirmó que recurrió a la tutela con el fin garantizar los derechos constitucionales de las víctimas y que tiene la expectativa de que las curules puedan ser elegidas en las elecciones parlamentarias de 2022. Esa fecha ya fue confirmada por la Corte Constitucional, que ordenó la realización de las votaciones para el 13 de marzo de ese año.
“Ha sido una lucha larga. Para empezar, durante los acuerdos con las Farc en La Habana logramos poner la exigencia de que las víctimas tuvieran representación directa, en lugar de que sólo la tuvieran los victimarios que dejaban las armas, garantizando un equilibrio en favor de las víctimas”, explicó el congresista en diálogo con VerdadAbierta.com.
Según Barreras, el proyecto “nunca fue hundido, siempre fue aprobado legítimamente, pero las maniobras del uribismo hicieron que se dilatara su aplicación y por tanto que entrara en vigencia (…) Pero todas esas maniobras fracasaron y hoy las 9 millones de víctimas tienen su representación legítima y auténtica en el próximo Congreso”.
Al ser preguntado por lo que él se refiere como “maniobras”, dijo que “las mayorías uribistas escaparon del recinto (del Senado) para intentar romper el quórum. Obtuvimos 50 votos y solamente 7 negativos porque los demás se escaparon del salón (…) Durante todos estos años el uribismo prometió hacer trizas la paz, negó los derechos de las víctimas, mintió diciendo que las curules eran para los guerrilleros”.
Analistas políticos y víctimas coinciden en que la participación legislativa allana el camino para que las personas de las regiones más olvidadas puedan libremente dar a conocer su opinión y sus necesidades, que pueden ser particulares por la condición de violencia vivida en esos lugares, como el restablecimiento o mejora de alcantarillados, acueductos, vías terciarias y demás.
“Esto es parte de lo que significa profundizar la democracia, también de permitirle a las regiones, a los pueblos étnicos, a los sectores que sufrieron el conflicto armado, la violencia estructural, tener una voz en ese espacio donde se toman las decisiones, donde se legisla muchas veces a espaldas del país y no para la gente”, opina Márquez.
¿Víctimas frente a victimarios?
Uno de los asuntos controversiales surge entorno a la tardanza para que las víctimas tuvieran posibilidades de participar en el Congreso, en comparación con los desmovilizados de las Farc. Barreras mencionó que el Acuerdo de Paz se firmó “con las víctimas en el centro” y que se previeron las 16 curules para evitar desigualdad entre estas y quienes dejaron las armas.
Pero en 2017, las cosas no parecían ser así para Odorico Guerra, entonces coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, quien aseguró en ese año que las víctimas no eran el centro del desarrollo de los acuerdos.
“Uno no termina de entender cómo a la fecha no está claro el tema de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que benefician a las víctimas, mientras las Farc ya tienen definidas sus curules. Esa comparación, aunque odiosa, demuestra que hay una diferenciación entre lo que es para las víctimas y lo que es para los victimarios”, cuestionó Guerra en ese momento.
Sin embargo, el exguerrillero José Lisandro Lascarro, también conocido como ‘Pastor Alape’, dijo que “no se trata de equiparar”, sino de poner un escenario de garantías de derechos con la participación de las víctimas y de los sobrevivientes, pues considera que el Estado, a partir de su violencia institucional, es quien figura como el principal responsable de la victimización.
Recordó, además, que en el Acuerdo de Paz, “las víctimas se pusieron en el centro y eso implicaba darles un reconocimiento como sujetos políticos de tal forma que pudieran acceder a los espacios de la estructuración de los aspectos legislativos para el establecimiento de la política pública para la paz”.
Un difícil panorama
Las circunscripciones estarán sujetas a unas reglas especiales para la inscripción y elección de sus candidatos y tendrán mecanismos de acompañamiento, de modo que se garantice la transparencia y libertad de voto en todo el proceso electoral.
Los votantes deben ser ciudadanos en ejercicio que estén inscritos en el registro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. De su lado, los candidatos deben haber nacido o haber habitado el territorio de circunscripción por mínimo tres años y sólo pueden ser inscritos por organizaciones sociales, de víctimas o de campesinos. Además, en cada circunscripción se presentarán dos aspirantes al cargo, un hombre y una mujer, pero sólo quedará elegido uno de ellos.
Según la Misión de Observación Electoral (MOE), el 71 por ciento de los consejos comunitarios y el 45 por ciento de los resguardos indígenas del país, están dentro de las circunscripciones. De ellas, las que más resguardos indígenas tienen son la 11 (Putumayo), la 6 (Chocó) y la 5 (Caquetá). Y las que cuentan con un mayor número de consejos comunitarios son la 9 (Pacífico, Valle y Cauca) y la 1 (Nariño, Cauca y Valle).
Sobre el lanzamiento de candidatos conjuntos con diferentes comunidades, la consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), Rossana Mejía Caicedo, explicó que aunque en esa región se desarrollan trabajos articulados con grupos indígenas y campesinos, de momento se está “a la espera del pronunciamiento de nuestras autoridades y que nos den directrices a seguir en este aspecto”.
Algo que sí es seguro es que los exguerrilleros no podrán tomar parte en las curules, un tema en el que el proyecto legislativo es explícito. “Los partidos y movimientos políticos que cuentan con representación en el Congreso de la República o con personería jurídica, incluido el partido o movimiento político que surja del tránsito de las Farc-Ep, a la actividad política legal, no podrán inscribir listas ni candidatos para estas circunscripciones”, se expone en el artículo tercero.
Tal consideración no es nueva, ya que el 20 de noviembre de 2017, el entonces ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que “lo que se exige para ser candidato en esas 16 nuevas circunscripciones es haber sido víctima de un grupo armado”. El exfuncionario resaltó en esa época la importancia de que los puestos sean ocupados por las víctimas, debido a que es “un homenaje para ellas y termina siendo coherente con el aspecto más importante del acuerdo de paz” que son sus derechos.
Pero Camilo Vargas, también para ese año, cuando se desempeñaba como coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral, señaló que sí era posible que la guerrilla y otros partidos políticos tuvieran injerencia o cercanía en las campañas.
Para evitar la participación de grupos para los que no están diseñadas las curules se requiere en la vigilancia del proceso electoral en las circunscripciones, según Marino Córdoba, representante legal de Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y miembro de la Comisión Étnica para la Paz.
Córdoba también señaló que, justamente, los escaños de las comunidades afrodescendientes en el Congreso no los ocupan personas pertenecientes a ellas, sino políticos tradicionales, una situación que espera no suceda con los cargos de representación de víctimas.
Esta preocupación es una entre muchas, pues la MOE alerta sobre otro tipo de riesgos en las zonas donde están las circunscripciones. En primer lugar, hay 214 municipios en el país que se encuentran priorizados para una política de cedulación y 77 hacen parte de Circunscripciones de Paz, de las cuales las más afectadas por la falta de identificaciones de ciudadanía de sus habitantes son la número 5,1,10 y 7.
“Es importante hacer el llamado a la Registraduría de que se adelanten con mayor esfuerzo las brigadas que se hacen de cedulación en las zonas rurales, esto es clave a la hora de anular esta variable y de verdad llegar con ese servicio básico a la ciudadanía”, expresó Diego Alejandro Rubiano, el subcoordinador del observatorio político de la MOE.
Por otro lado está la falta de acceso a puestos de votación, que afecta a 116 municipios. En 54 de ellos hay un puesto ubicado cada 2 mil kilómetros cuadrados, cuando el promedio nacional se encuentra en distancias de sólo 63 kilómetros cuadrados.
Respecto a esto, Rubiano dijo que todavía no es posible determinar si será un escenario fácil de tratar, porque está sujeto a la aprobación por parte de la Corte Constitucional de un nuevo código electoral, el cual permitiría, a través de la creación de nuevos puestos, un acercamiento de la democracia a las zonas rurales.
Para estimar la participación electoral en las zonas donde se concentran las circunscripciones, la MOE toma como referencia las previas votaciones en el país. Según esa plataforma, la población que habita en esos lugares ha estado más activa en las elecciones de Cámara de Representantes, que en las de Senado, Presidencia y alcaldías. Tanto así que para 2014 la cantidad de sufragios para la Cámara Baja representó el 11,5% del total nacional.
El último y quizá más preocupante inconveniente es la violencia política y social, una situación que es monitoreada por el Observatorio de Violencia Política y Social de la MOE, que rastrea los casos de amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos contra funcionarios públicos y candidatos a cargos de elección popular.
Los actos violentos más comunes en territorios donde hay circunscripciones son las amenazas y los asesinatos. Pero, a nivel global, los municipios que son especialmente afectados por hechos victimizantes son El Doncello, en Caquetá; Caloto, en Cauca; y Montelíbano, en Córdoba.
Una salida para tal problemática sólo sería posible, de acuerdo con Rubiano, si en esas zonas el Estado brinda los bienes y servicios necesarios, instituciones como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo hacen presencia y la justicia interviene con su labor de investigación y búsqueda de verdad en los casos de violencia.
