Como cada año, este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. VerdadAbierta.com conversó con la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. En este diálogo, expuso logros, retos y desafíos de una institución que surgió del Acuerdo de Paz con las extintas Farc.
Como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), resultado del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) fue el mecanismo por medio del cual se estableció buscar a las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado en hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016.
A la fecha han sido seis las entregas en las que la UBPD ha participado, las cuales han tenido lugar en los territorios de Guaviare (1), Meta (2), Caquetá (1), Chocó (1) y Bogotá (1). La más reciente se realizó el 14 de mayo de este año, en la que se le entregó a una familia, después de una larga espera, los restos de un joven reclutado a los 17 años de edad en el departamento de Guaviare.
La Directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, cree firmemente que varios de los resultados conseguidos son el resultado del trabajo coordinado e interinstitucional con otras entidades encargadas y conocedoras del fenómeno, así como del seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, construido por la Unidad como una estrategia integral para abordar la búsqueda de desaparecidos y en la que se busca vincular a los familiares víctimas de esta execrable expresión del conflicto armado.
Monzón explica que el trabajo de búsqueda se ha visto obstaculizado por la poca trazabilidad de los cuerpos marcados como ‘NN’ en los cementerios, el traslado de los restos óseos entre terrenos y camposantos, y la posibilidad de terminar extraviándose cuerpos no identificados por la necesidad de conseguir terrenos para los fallecidos por la COVID-19.
A raíz del establecimiento de la pandemia, las actividades de exhumación y recolección de testimonios de familiares de las víctimas se han visto condicionadas por la brecha social que separa a una parte de los colombianos de los servicios de comunicación, que les lleva a desconfiar de la impersonalidad de los contactos virtuales y a sentirse en peligro al pensar que las comunicaciones podrían ser inseguras.
El incremento de la violencia durante la cuarentena y la posición del presidente de la República, Iván Duque, ante la oleada de masacres, es una de las cosas que más preocupa a Monzón, pues considera que desde el gobierno nacional se está enviando un mensaje de “amenaza a las víctimas en su posibilidad de participar y en la lucha por buscar a sus seres queridos”. Algo que, aclara, no los va a detener, pero sí los puede llegar a limitar a la hora de participar, en la búsqueda, de la mano del Estado.
En conversación con VerdadAbierta.com, la directora de la UBPD expuso, además de sus preocupaciones, los resultados que arrojan los procesos de búsqueda de los desaparecidos en razón del conflicto armado adelantados por esta entidad.
Avances en la búsqueda
VerdadAbierta.com (VA): ¿Cuál es el balance general de estos años de trabajo de la Unidad bajo su dirección?
Luz Marina Monzón (LMM): Yo lo que tendría que decir es que el 2 de agosto del 2018 lo que la Unidad tenía era esto —el Decreto 1393 de 2018—, unos papeles que contenían unas normas. Pero hoy es una institución que tiene 444 personas en su planta; 23 equipos en el territorio con una cobertura de trabajo de más de 800 municipios en el país; y un Plan Nacional de Búsqueda formulado, socializado y construido con la participación de las víctimas y con sectores de la población, incluso institucionales.
El Plan Nacional de Búsqueda es un trabajo que tiene un rol clave en lo que es la respuesta del Estado frente a los desaparecidos: servir de insumo de política pública para prevenir y frenar la desaparición de personas. Eso no se había hecho en el pasado.
Tenemos un consejo asesor que estaba dentro de esto que recibí hace dos años, que hoy ya no es sólo papel, sino que son ocho instituciones del Estado y seis representaciones de la sociedad civil; asimismo, unos lugares de referencia donde las víctimas pueden ir a tomar contacto con la Unidad y unas personas que les reciben, les escuchan y les atienden sus solicitudes.
Hoy tenemos una Unidad de Búsqueda que está trabajando en 11 planes de búsqueda regionales, planes de búsqueda que consolidan lo que han sido las solicitudes de búsqueda recibidas, pero que también consolidan una oportunidad de articulación y complementariedad del sistema integral.
Uno de esos planes tiene que ver con la búsqueda en Tumaco. Este municipio hace parte de uno de los casos de la JEP, entonces esa es una experiencia de complementariedad muy importante; así como también las medidas cautelares en zonas en las que hemos venido trabajando, le ha permitido a la Unidad hacer un estudio de los 56 cuerpos que fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal para determinar si estos cuerpos corresponden a personas dadas por desaparecidas.
Tenemos un proceso de articulación y una metodología de trabajo con un sector de las personas que buscan, que no han sido incluidas nunca, que son las personas en el exilio. Con ellos hemos podido trabajar, reconocer cuáles son sus necesidades particulares, pero también enfrentar lo que ha sido las dificultades del exilio, pero con una gran oportunidad de ser escuchados, que es quizás de las cosas más duras del exilio: estar tan distantes que ni siquiera la voz puede ser puesta en conocimiento de las autoridades que tienen que atenderles.
Yo lo que diría en concreto es que la Unidad no es sólo un papel; es una institución con herramientas, con equipos, con estructuras, infraestructura para poder funcionar, y un lugar cierto a donde pueden acudir las víctimas que buscan a sus seres queridos.
VA: ¿Desde qué momento se inicia la búsqueda?
LMM: Yo creo que empezamos a buscar desde el principio. Me explico, a mí me posesionan el 20 de febrero del 2018, a partir de ese momento con una planta de 10 personas que estuvo hasta septiembre de 2018. Con esa planta empezamos a ir por el territorio y en el territorio queríamos comprender cuál era la expectativa de las víctimas, qué debería ser la Unidad para que al momento que diseñáramos la Unidad, esa Unidad diseñará esas expectativas o por lo menos tuviera esas condiciones que ellos estaban pidiendo que tuviéramos.
Nosotros en este momento tenemos varios convenios de acceso a información ya firmados con instituciones clave, por ejemplo la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, Naciones Unidas, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la Unidad de Víctimas; que nos permiten acceder a información clave para la búsqueda, que nos permiten construir, con la solicitud de búsqueda y con la información que está alrededor, los planes de búsqueda que tienen un propósito de hacer búsquedas masivas.
La investigación penal se rige por cuál es el delito, cuál es el responsable y cuáles fueron los hechos. Entonces tú no puedes relacionar casos que no estén dentro de esa investigación. La Unidad sí puede relacionar. Incluso no importa si no ocurrieron en la misma fecha, no importa si las personas eran de diferentes sectores de la población, incluso no importa si las dinámicas son distintas, pero la asociación de información nos permite enrutar la búsqueda de personas en número plural, y esta es la esperanza también de que la Unidad como lo dijo la Corte Constitucional en aplicación de los principios de eficacia, eficiencia y economía, pueda agilizar las respuestas que las víctimas llevan años esperando.
Hay una cosa que también nosotros hemos venido construyendo. La Unidad tiene que dedicarse a dirigir, coordinar y contribuir a acciones humanitarias que permitan encontrar a los desaparecidos. Estos verbos son interesantes porque le dan a la Unidad una flexibilidad de acción para agilizar el hallazgo de los desaparecidos. En esta labor nosotros hemos hecho cosas interesantes, por ejemplo, agilizar el proceso de identificación de la persona, lo que permite que la entrega se agilice y se le devuelva el cuerpo a la familia.
VA: ¿Qué ha establecido la UBDP sobre el universo de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado en estos años de trabajo? ¿Qué cifras tienen?
LMM: Nosotros manejamos un universo aproximado de más de 120 mil personas. Tomamos como referencia la investigación más completa que hasta el momento se ha hecho en el país sobre desaparición que es la del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
En el 2016, hizo una investigación sobre los desaparecidos y construyó un informe que se llama Hasta Encontrarlos, y al lado de ese informe construyó un observatorio. De acuerdo a las cifras de ese observatorio, que van hasta el 2018, se habla de 86 mil personas desaparecidas forzadamente, más de 30 mil personas secuestradas, más de 7 mil personas reclutadas. Eso es una cifra que te da más de 100 mil, pero hay una cifra que no se ha registrado que son los desaparecidos que han participado en las hostilidades llámese policía, llámese soldado u otro actor armado. Esa cifra no está en ningún lado.
VA: Además de la de CNMH, ¿la Unidad ha depurado las diferentes bases de datos y tiene otras cifras?
LMM: La principal fue la del Centro Nacional de Memoria Histórica. Luego hemos tenido un convenio con el CINEP, el cual lleva muchos años recolectando información sobre la violencia en todo el país con unas metodologías cada vez más rigurosas de la recolección de la información.
La tercera base de datos es la del Instituto Nacional de Medicina Legal y ahí hemos podido, no solamente completar información e incluso impulsar algún tipo de información que no tenía Medicina Legal y que la hemos ido completando nosotros con la acción que hemos hecho, sino también poder identificar algo que es un escenario de búsqueda de la Unidad y es que Medicina Legal ha analizado, desde el punto de vista forense, más de 25 mil cuerpos no identificados, y ese universo de cuerpos no identificados pueden corresponder muchos de ellos a personas que están dadas por desaparecidas.
En este momento la Unidad tiene un proyecto, que viene desarrollando desde el año pasado, de impulsar la identificación de esos cuerpos. Contratamos unos equipos de trabajo que están en el Instituto de Medicina legal y la Fiscalía cogiendo las cajas y metiendo la información y las bases de datos, identificando, haciendo un diagnóstico de qué es lo que hace falta y cuáles serían los planes para completar la información.
La otra base de datos que hemos venido reconstruyendo es con las organizaciones de la sociedad civil. Estas nos entregaron mucha información porque la cooperación internacional les dio dinero para poder documentar casos.
Y por supuesto el Caso 01 de la JEP, el caso de secuestro. El acceso a la información de ese caso nos ha permitido tener elementos de análisis para saber cuál es el universo de los secuestrados, pero estamos en ese proceso. Yo deseo que tengamos cifras propias pronto.(Leer más en: La dura realidad del secuestro retumba en la JEP)
En los territorios
VA: ¿Cuáles son los departamentos y municipios de especial interés de la UBPD?
LMM: La presencia de los equipos territoriales en los lugares en donde están es una expresión de los lugares de interés de la Unidad. Tenemos equipos en Tumaco, de hecho, tenemos un plan regional de búsqueda en desarrollo. Una zona importante por la dimensión de la desaparición forzada, pero también por la fortaleza de la sociedad civil, en Meta y Norte de Santander. Antioquia es otro lugar de mucho interés para nosotros, y Chocó.
Igualmente, porque allí fue donde se ubicaron las desapariciones en la época de los ochentas y toda esta expresión de la violencia del paramilitarismo, es el Magdalena Medio y por eso tenemos una oficina en Barrancabermeja (Santander) y en La Dorada (Caldas).
La Costa Norte es un área donde también las masacres y las incursiones paramilitares llevaron a que se hable y que todo el mundo conozca fosas, y por eso tenemos tres oficinas: en Barranquilla (Atlántico), que está apoyada por un equipo que está en Valledupar (Cesar); en Sincelejo (Sucre) y en Montería (Córdoba).
VA: ¿Cuántas personas han sido encontradas y cuántas han sido entregadas a sus familiares?
LMM: Hay algunas entregas que son colectivas, como la que apoyamos en Bojayá (Chocó). Han sido, en total, seis acciones humanitarias de dirección, apoyo y coordinación.
El año pasado, después de 18 años de estar una mamá buscando a su hijo, un hijo que había sido reclutado, pudimos hacer la entrega en una coordinación con Medicina Legal, con el CICR, con la Fiscalía. Hace muy pocos meses también hicimos una entrega en unas circunstancias similares en Guaviare.
VA: ¿Se ha avanzado en la identificación de posibles víctimas de desaparición forzada que figuran como NN en cementerios municipales?
LMM: El Plan Nacional de Búsqueda tiene entre sus líneas estratégicas la localización, recuperación e identificación de personas que hayan perdido la vida y que estén reportadas como desaparecidas en esa línea estratégica. El Ministerio del Interior ha identificado cuáles son las circunstancias de esos cuerpos sin identificar en los cementerios. Estas investigaciones, así como lo que las víctimas nos comentan cuando lo ponen en conocimiento en sus solicitudes de búsqueda, nos muestran que los cementerios son un escenario complejo. Uno pensaría que no, porque si ya se sabe dónde están ubicados los cuerpos, es fácil ir a buscar, pero no.
Los cementerios tienen complejidades que derivan de la administración del cementerio, que puede estar en manos de la autoridad local o en manos de la Iglesia (Católica), mayoritariamente en manos de la Iglesia, y por lo tanto privada. Esas administraciones toman decisiones sobre sus lugares que implican que cuerpos sin identificar sean trasladados a otros lugares por necesidad de espacio. Y el segundo problema de los cementerios es que no hay trazabilidad de los registros. Cuando los hay son deficientes y en muchas ocasiones no hay registros.
En otras ocasiones puede ser que los cuerpos a identificar estén en fosas, entonces pueden encontrarse, pasado el tiempo, mezclados, porque las bolsas se han deteriorado o por alguna otra razón. (Leer más en: Familiares de víctimas piden proteger sitios donde se presume hay cuerpos de desaparecidos y La JEP pide rendición de cuentas sobre desaparecidos)
A través de las medidas cautelares de la JEP hemos venido aproximándonos. Nos hemos aproximado al cementerio de San Onofre (Sucre), al cementerio del Universal de Medellín (Antioquia). Ahí la idea es poder fijar dónde están los cuerpos sin identificar, georreferenciarlos, que la medida cautelar aseguré que no los van a mover y que podamos empezar, con la información que tenemos, empezar a tomarles muestras a los familiares que probablemente corresponden a esos cuerpos para poder recopilar la información genética, que pueda ser cruzada y se pueda alcanzar la identificación.
VA: ¿Tiene cifras sobre el número de cementerios en los que se están adelantando acciones?
LMM: Entregamos en el mes de febrero o marzo al Instituto Nacional de Medicina Legal 56 cuerpos que eran del cementerio del Universal, pero que se encontraban en el Laboratorio de la Universidad de Antioquia, entonces la idea es a partir de lo que está siendo nuestro trabajo de documentación de cementerios identificar cuáles serían esos cementerios.
Esto no te lo podría decir en este momento porque en eso estamos. La idea no es solamente sacar los cuerpos, sino también que la sacada del cuerpo tenga una ruta, así como estamos impulsando que la identificación también tenga una ruta. Se toman los cuerpos, pero se está recogiendo la información y registrándola para que el cuerpo pueda ser identificado
VA: ¿Ya se está implementando el Plan Nacional de Búsqueda? ¿En qué estado se encuentra?
LMM: La implementación venía desde antes. Las víctimas dicen ‘¿cuándo van a empezar ejecutar el Plan Nacional?’ Yo siempre les explicó que la Unidad es un ‘crear haciendo’. Mucho de lo que hay en el Plan Nacional salió, en buena parte, de lo que ya estábamos haciendo, coincidiendo con lo que las víctimas decían ‘esto tiene que abordarse, esto tiene que resolver’. Entonces fue como formalizar y focalizar en una mirada estratégica esos aspectos que ya veníamos trabajando
VA: ¿Qué acciones se vienen adelantando en las zonas como las fosas de Hidroituango, el cementerio de Dabeiba o La escombrera de la Comuna 13 de Medellín?
LMM: Estamos adelantando acciones con el Instituto de Medicina Legal, la Alcaldía y la JEP. La JEP acaba de sacar un auto que ordenó que bajo la dirección de la Unidad se hiciera una recolección de información que permita saber quiénes son los desaparecidos de esos lugares donde se han reportado estas desapariciones, y poder articular esta información con los cuerpos que se han ido encontrando, los que han sido recuperados de ese lugar, pero también donde no se han recuperado los cuerpos para tener una ruta de acción. En este momento estamos en una primera etapa de recolección de información y contacto con familiares apoyados por la Alcaldía, Medicina legal y nosotros. (Leer más en: Más sombras que luces dejó audiencia de la JEP sobre desaparecidos en zona de Hidroituango y No hay cifras claras sobre desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín)
VA: ¿Qué le preocupa en cuanto al trabajo que adelantan?
LMM: Los efectos propios de la pandemia que generan inseguridades en el contacto de las víctimas para poder hacer actividades que son esenciales para la búsqueda. Los riesgos de las exhumaciones y de las limitaciones que a nivel territorial se puedan tener para que no se puedan hacer esas recuperaciones y que todo esto ralentice una actividad que las víctimas quieren que se haga ya.
En ese mismo contexto, el que se vuelvan a trasladar cuerpos sin identificar o a exponer cuerpos sin identificar para abrir el espacio para víctimas de COVID-19. Nosotros sacamos unas orientaciones con asesoramiento junto al CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y el ICMP (Comisión Internacional de Personas Desaparecidas) donde pedíamos que, en el manejo de los cuerpos afectados por COVID, tuvieran en cuenta siete pasos para que no vayan a poner en riesgo el derecho a las víctimas a saber.
Pero una cosa es lo que uno dice aquí en Bogotá y otra cosa lo que pasa en el territorio. Tuvimos la oportunidad de poderlo ver con lo de El Copey (Cesar), un video en donde aparecen unas fosas abiertas y al lado de las fosas había unas estructuras óseas, un cráneo y un fémur, que daba cuenta que se estaban abriendo fosas sin tomar en cuenta los cuidados que nosotros habíamos planteado.
Cuando hablamos con la autoridad local y le preguntamos por qué se había hecho esta apertura de fosas sin haber tenido en cuenta estos cuidados, la respuesta del alcalde fue ‘esto no es un cementerio’, pero tienes la otra versión de las organizaciones que dicen que desde el 2016 están inhumando cuerpos ahí y desde del 2016 la Fiscalía está recuperando cuerpos.
Por otro lado, el contexto de violencia y el conflicto. A esto que está pasando yo no sé ni qué palabra ponerle, porque la más evidente es violencia de conflicto armado, pero lo real es falta de control y protección sobre los territorios, falta de políticas públicas de garantías de prevención de masacres, la falta de reconocimiento de la gravedad del hecho y mantenerse en que no es grave. (Leer más en: Colombia: 93 masacres en 20 meses)
Si yo llamo a esto una masacre, porque ese es el nombre técnico jurídico internacional, y la cabeza de este país dice que estos son homicidios, ¿qué es lo que quiere decir esto realmente? Me parece algo que inhibe, que amedrenta, que amenaza a las víctimas en su posibilidad de participar y en la lucha por buscar a sus seres queridos. No los va a detener, pero sí los va limitar. Es un escenario completamente adverso.
Creo que es indispensable que el gobierno nacional asuma una postura decidida de construcción de paz que se vea reflejada, no solamente en los mensajes inequívocos, sino también en acciones y francamente no veo eso. Me preocupa muchísimo. Es muy indolente.
En presente
VA: El mensaje que la UBPD está impulsando para hoy, 30 de agosto, es “La desaparición no es un hecho del pasado” ¿En un punto están hablando de que la desaparición está ocurriendo en este momento? ¿Las víctimas se han acercado a buscar un apoyo en casos de desaparición después de diciembre 2016?
LMM: Sí, las víctimas nos han solicitado apoyo para victimizaciones actuales. Encontrar los desaparecidos es una labor enorme, no solamente por el número, porque se ha mantenido el conflicto y hay una acumulación de décadas de desaparecidos, por esa razón es enorme. No hay ninguna posibilidad de creer que una sola institución los va a encontrar, es indispensable articularnos en un objetivo común e interinstitucional que nos permita a cada una y a cada uno contribuir a que encontremos a los desaparecidos y por eso nosotros se lo planteamos a las instituciones: construyamos un objetivo común. No tiene sentido que, si en estas cinco décadas las instituciones que han existido no las han encontrado, nosotros con 20 años vamos a encontrarlos a todos.
Estamos produciendo también un pacto político, social, ético y moral por hallar a los desaparecidos, ese pacto tiene un propósito y es entender y poner en práctica algo que se ha dicho ya: los desaparecidos no son solamente de las familias, los desaparecidos son de esta sociedad, por eso todos tenemos que hacer y aportar a la búsqueda para que la desaparición sea un hecho del pasado y que no haya ni un desaparecido más. Que entendamos que todos, con la contribución de todos, podemos encontrarlos
VA: ¿Cómo se vieron afectadas las tareas de la UBDP durante la pandemia? ¿Cómo se están adaptando a la nueva normalidad?
LMM: La mayor dificultad ha sido el diálogo con los familiares y esta tarea como es una tarea humanitaria ese contacto con los familiares es fundamental. La segunda dificultad, aunque algunos tengan medios de comunicación, y tener acceso a redes que puedan permitirles dialogar, jamás esto logrará este acompañamiento humano con esa persona que sufre. No importa que hayan pasado 30 años, llora y pierde el sueño por volver a hablar de eso.
Hay personas que dicen ‘no yo no quiero hablar por este medio porque yo me siento inseguro, de pronto esto sale, alguien está grabando’. La desconfianza es grande. O cuando hemos pensado ‘bueno, vamos a llevarle los equipos para que podamos tener los diálogos’, lo primero que nos dicen los que están en el territorio es ‘ojo, esos equipos pueden incrementar el riesgo para las personas porque los actores armados pueden pensar que estos medios no son para la búsqueda de su familiar sino para otras razones’.
