Los cargos contra los seis congresistas capturados la semana pasada van desde concierto para delinquir hasta secuestro. La Corte consideró que por ser un ejemplo para la sociedad, no deben recibir privilegios.
Desde hace por lo menos dos años se sabía que ‘Jorge 40’ había diseñado una estrategia electoral para beneficiar a los congresistas que consideraba sus amigos. La politóloga Claudia López descubrió en ese entonces que por lo menos en Cesar y Magdalena, los paramilitares repartieron los votos entre los candidatos que tenían su aval, amenazaron a los demás aspirantes, les prohibieron hacer campaña y mataron a quienes no se sometieron a estas reglas del juego. El jueves pasado, la Corte Suprema de Justicia le dio toda la razón. Dictó medida de aseguramiento contra seis congresistas que se habrían beneficiado de la macabra pero eficaz estrategia. Esa misma noche capturó a los senadores Álvaro Araújo Castro,Mauricio Pimiento y Dieb Maloof. Los representantes a la Cámara Alfonso Campo Escobar y Luis Fernando Vives se entregaron voluntariamente. Al cierre de esta edición, el paradero de Jorge Caballero, que había salido del país, seguía siendo incierto.
Los argumentos contra los parlamentarios son demoledores. En los últimos dos meses y medio, la Corte escuchó a más de 70 personas, incluidos los implicados. Con esas diligencias pudo establecer que los anónimos sobre el proyecto político paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, que comenzaron a aparecer en abril de 2002, eran más que un rumor. A juicio de los magistrados de la sala penal, esa estrategia “quedó plenamente evidenciada en los altos porcentajes obtenidos por las fórmulas políticas del paramilitarismo, como sucedió con estos senadores y representantes”, dice la medida de aseguramiento contra los congresistas.
Álvaro Araújo Castro llevó la peor parte. La Corte no sólo lo acusa de concierto para delinquir, sino de ser coautor del secuestro extorsivo agravado de Víctor Ochoa, hermano del ex alcalde de Valledupar Elías Ochoa, ambos militantes del grupo político MRL. La Corte encontró que el secuestro “respondió a un plan criminal dirigido a fortalecer la aspiración de Álvaro Araújo Castro al Senado de la República”. Según los testimonios recibidos por la Corte, ‘Jorge 40’ no sólo obligó a Juana Ramírez, del MRL, a renunciar su candidatura a la Cámara, sino que la presionó -con el secuestro de su aliado- para que hiciera parte de la lista de Araújo al Senado, para que éste recibiera una mayor votación. Esquema que se repitió en la lista a la Cámara de Representantes, donde el MRL fue obligado a apoyar la aspiración de otro candidato que contaba con el aval de ‘Jorge 40’.
La Corte concluye que Álvaro Araújo Castro y su papá, Álvaro Araújo Noguera, no sólo se beneficiaron de este plan, sino que hubo un “acuerdo común” para su ejecución. Por eso se compulsaron copias a la Fiscalía para que también investigue a Araújo Noguera por secuestro.
Esta macabra alianza explicaría, según la Corte, los 17.533 votos que Araújo Castro obtuvo en Valledupar. El alto tribunal también dice que en el resto del departamento hubo un particular comportamiento de los votos de Araújo, concentrados en los municipios del sur de Cesar, gracias a la división por distritos que ordenó ‘Jorge 40’.
Varios testimonios recogidos por los investigadores de la Corte ratifican que en reuniones convocadas por el temido jefe paramilitar, a concejales y alcaldes se les dio la instrucción de votar al Senado por Araújo, o por Mauricio Pimiento, dependiendo del distrito, y por Miguel Durán o Jorge Ramírez, a la Cámara, respectivamente. La eficacia de la estrategia se demostró en que en muchos municipios de Cesar estos candidatos concentraron hasta el 90 por ciento de los votos. Algo increíble en una democracia pluralista.
Alfonso Palacio Niño, un reconocido líder de La Jagua de Ibirico, hizo ante los magistrados, y ante Pimiento y Araújo, una exposición sobre cómo funcionaban los distritos electorales en Cesar. Dice Palacio que “desde Copey, Bosconia, Chimichagua, El Paso, Astrea, Chiriguaná y La Jagua, la votación a Cámara estaba en cabeza de Jorge Ramírez, conocido popularmente como ‘Bojote’. El Senado para esta zona estaba direccionado para Mauricio Pimiento… Hacia el norte, el Senado estaría en cabeza de Álvaro Araújo, la Cámara en cabeza de Miguel Durán… las informaciones que se tenían de manera abierta era que quienes no se sometieran a las reglas de los paramilitares serían asesinados o desterrados”.
Los primeros en caer bajo las balas fueron Luis Laborde, un dirigente de El Copey que desafió a las autodefensas y se postuló como candidato a la Cámara, y Jorge Arias, un dirigente de La Jagua de Ibirico que fue asesinado dos semanas después de las elecciones para Congreso de 2002. Alfonso Palacio, en un gesto de valor civil, le dijo de frente a Mauricio Pimiento, durante su testimonio en la Corte: “Jorge Arias fue asesinado por no votar por su candidatura, doctor Pimiento. Él como liberal votó por Álvaro Araújo Castro. Esto le costó la vida”.
Magdalena bajo control
En Magdalena se repitió el mismo modelo que en Cesar. Algunas de las pruebas más importantes sobre cómo funcionó la estrategia de distritos, además de un fraude electoral, las aportó sobre todo Rafael García, ex director de informática del DAS, quien actualmente se encuentra en prisión, y que ha sido clave en el proceso de la para-política. García dijo ante la Corte que hubo unos candidatos elegidos para recibir el apoyo de las autodefensas en Magdalena y que el mecanismo utilizado para lograr los resultados era “suplantando a los electores a través de los jurados”. Ese testimonio fue respaldado por el de Judith Esther Salas, registradora municipal de Sitionuevo, quien declaró ante los magistrados que: “En ese municipio los jurados también marcaron tarjetones, obligados porque les mandaron a decir. Eso fue en horas de la tarde porque, como le digo, la votación hasta la una de la tarde estaba bastante bajita y ellos debían cumplir con una votación y no la tenían”.
Para la Corte también resultó reveladora la investigación de Claudia López, pues su tesis de que hubo asignación de distritos electorales a los candidatos de los paramilitares resultó corroborada por los resultados, que muestran una concentración de votos atípica. Los congresistas aseguraron que las altas votaciones fueron fruto de alianzas con los líderes de la región y un reconocimiento a las obras que anteriormente habían realizado en los municipios. Esas explicaciones no cuajaron.
Estos no son los únicos indicios que tiene la Corte sobre los vínculos de estos congresistas con las autodefensas.
El senador Dieb Maloof, por ejemplo, no supo explicar por qué su nombre aparece en varios documentos del computador de ‘Jorge 40’, que le fue decomisado en marzo del año pasado a ‘Don Antonio’. Contra Maloof también testificó José Alberto Pérez, un miembro de las AUC que asistió a varias reuniones donde el congresista habría recibido respaldo para su campaña, en votos y en dinero.
En el computador del jefe paramilitar también aparece el nombre del representante a la Cámara Jorge Luis Caballero. De estos archivos se desprende que Caballero nombró como su asesor en el Congreso a ‘Rubén’, un mando medio de las AUC. También aseguró que ignoraba que su segundo renglón, Pedro Peñalosa, tuviera vínculos con grupos paramilitares. Caballero negó haber participado en diciembre de 2005 en la cumbre de Curumaní, donde se reunieron varios políticos con ‘Jorge 40’ para planear las elecciones del año pasado. No obstante, en su momento, esta reunión le costó la expulsión de Cambio Radical. La Corte, además, le preguntó a Caballero por las muertes de Edgardo Gómez y Jesús Avendaño, crímenes de los que dijo no conocer nada.
La mencionada reunión de Curumaní también involucra al senador Luis Eduardo Vives Lacouture, quien para defenderse asegura que viajó hasta allí para averiguar por un hermano suyo que estaba secuestrado. Los resultados electorales de 2002 también demuestran que Vives fue beneficiario de la estrategia de distritos electorales.
Por su parte, Alfonso Campo Escobar, señalado de ser otro de los beneficiados, fue cuestionado por incluir como su segundo renglón a Juan Barrera, hijo de ‘Chepe’ Barrera, temido paramilitar que operaba en el sur del departamento. Además de no haber podido explicar su alta votación en 2002, a su expediente se sumó su presencia en la reunión de Santa Fe Ralito en 2001, donde firmó, junto a los jefes paramilitares Salvarore Mancuso, ‘Jorge 40’, y ‘Don Berna’, un acuerdo político.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, en la resolución donde ordena la captura de los congresistas, deja claro que larepartición por distritos no era una inocente maniobra para sumar votos. La eficacia se garantizó a punta de sangre. Aplicaron la maquiavélica fórmula de que el fin -su curul- justifica los medios -la violencia-.
Justo porque eran hombres poderosos, llamados a dar ejemplo en sus comunidades, la Corte consideró necesaria su captura inmediata. Porque el poder no sólo es una vanidad. También implica responsabilidades mayores.
Álvaro Araújo
Tradicionalmente estuvo en la Comisión quinta (temas agrícolas y de minas). Una de sus propuestas en el Congreso fue vincular a los desmovilizados a la Fuerza Pública si cumplían con ciertos requisitos judiciales. Promovió el proyecto que defiende la igualdad de derechos patrimoniales para parejas del mismo sexo. Votó a favor de la Ley de Justicia y Paz en los artículos 64 y 71: los más cuestionados.
Mauricio Pimiento
De tradición conservadora, apoyó la candidatura de Noemí Sanín a la Presidencia en el 2002. Uno de los congresistas de provincia más influyentes del país y más cercanos al presidente Uribe. Ex gobernador de su departamento y defensor de la negociación con las autodefensas desde la Comisión primera del Senado. Pimiento logró mantenerse en el Congreso al conseguir la décima votación más alta del partido de La U durante las elecciones de 2006. Su esposa actualmente es miembro de la Comisión Nacional de Televisión elegida por el gobierno Uribe.
Luis Eduardo Vives
Miembro de la Comisión tercera del Senado, encargada de los temas económicos. En enero de 2006, menos de dos meses antes de las elecciones de Congreso, Vives fue uno de los tres congresistas expulsados del partido de La U por supuestos vínculos con paramilitares. Tras ese ‘impasse’ se inscribió en la lista de Convergencia Ciudadana (del senador Luis Alberto Gil) y se mantuvo en el Congreso con 58.000 votos. Apoyó la Ley de Justicia y paz en sus artículos más controvertidos.
Dieb Maloof
Llegó al Congreso como suplente de Édgar Perea. Ante la expulsión del uribismo en las elecciones de 2006, revivió la personería de Colombia Viva y logró mantenerse en el Senado, en donde fue ponente de la reforma a la Ley 100. Tuvo cuotas políticas en el Incoder, y su esposa, Shaida Habib, era directora del Instituto Distrital de Seguridad en Barranquilla. Apoyó la Ley de Justicia y Paz en los artículos 64 y 71, que habrían permitido el tratamiento de los paras como culpables de sedición y delitos políticos.
Jorge Caballero
Su origen en la política es liberal y su padrino fue el cuestionado Salomón Saade, de origen liberal. A pesar de su juventud, ya había sido concejal, diputado y gobernador de Magdalena. Este abogado lleva dos períodos en la Cámara como miembro de la Comisión primera. Apoyó la Ley de Justicia y Paz en los artículos 64 y 71, que habrían permitido el tratamiento de los paras como culpables de sedición y delitos políticos.
Alfonso Campo
Apoyó la Ley de Justicia y Paz en los artículos 64 y 71, que habrían permitido el tratamiento de los paras como culpables de sedición y delitos políticos. En una de estas discusiones se hizo famoso, pues casi se va a las manos con el entonces representante Alexánder López, del Polo Democrático. Campo lo acusó de guerrillero y mutuamente se amenazaron con señas de que estaban armados. Cuotas políticas: En el Hospital Central de Santa Marta y en el Instituto de Bienestar Familiar.
Publicado en SEMANA, Fecha: Fecha: 02/17/2007 – Edición 1294
