El gobierno ha tratado por todos los medios de evadir la dimensión del escándalo del DAS, pero la contundencia de los hechos obliga a explicaciones más claras.
El Fiscal General tendrá que escuchara a los tres anteriores directores del DAS, quienes deben aclarar su responsabilidad en las interceptaciones ilegales. Foto: Semana |
Desde cuando Semana reveló, a finales de febrero, que en el DAS se hacían seguimientos a magistrados y miembros de la oposición e interceptaciones a teléfonos y correos, el gobierno buscó por todos los medios vender dos verdades: que no había pruebas de las ‘chuzadas’ y que todo ocurrió a espaldas del Palacio de Nariño. Así lo repitieron incluso a los presidentes de las Altas Cortes en una cumbre con el Ejecutivo el lunes por la noche. El martes en la mañana, el flamante nuevo director del Partido de La U y ex comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, reiteró que nada se había probado.
El miércoles a las 7 de la mañana la versión oficial comenzó a derrumbarse. La FM reveló varias grabaciones que mostraban cómo el DAS interceptó en 2006 los teléfonos celulares del candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria; de senadores de ese partido y del Liberal; de periodistas, y de muchos otros personajes de la vida nacional, incluidos funcionarios de la Presidencia. Por la noche, Noticias RCN soltó otra bomba: el ex jefe de Contrainteligencia del DAS, el capitán Jorge Lagos, le habría dicho a la Fiscalía que Bernardo Moreno, el secretario general de la Presidencia, y José Obdulio Gaviria, en ese entonces asesor presidencial, estaban al tanto de los seguimientos a los magistrados. Y según Noticias RCN, Lagos se había reunido varias veces con ellos para contarles los detalles.
Esa noticia puso fin a la tregua pública entre el gobierno y la Corte Suprema. El jueves por la noche esta última emitió un comunicado para pedir por enésima vez una declaración clara del Presidente sobre las interceptaciones del DAS y solicitar la intervención de un relator especial de Naciones Unidas. El viernes por la noche la Procuraduría abrió investigación contra Moreno; el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez; el asesor de comunicaciones Jorge Mario Eastman; los ex directores del DAS Andrés Peñate y Jorge Noguera; el ex subdirector de esa entidad José Miguel Narváez, y Mario Aranguren, director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf). La Procuraduría no puede investigar a José Obdulio Gaviria, a pesar del poder que ostentó en el gobierno, porque nunca fue funcionario, sino consultor pagado por un organismo de cooperación internacional.
El director de la Uiaf aceptó que reveló información reservada a solicitud de altos funcionarios de la Presidencia, porque según él, allí estaba presente la directora del DAS. Foto: Semana |
El gobierno respondió a la oleada de revelaciones con dos comunicados: en el primero, anunció una recompensa de 200 millones de pesos para capturar a los responsables de las interceptaciones, y en el segundo, mostró “extrañeza” por la decisión de la Procuraduría. Y Gaviria fue más allá. En una entrevista a El Tiempo, dijo que el escándalo se debe a que “parecería que hubiese una célula de la más ríspida oposición, incluso criminal, incorporada o infiltrada en el DAS, porque el daño que ha hecho a las instituciones colombianas es enorme. No hablemos del caso mío o el del Presidente, o el de Bernardo Moreno. El daño que se ha hecho a la imagen institucional del gobierno es terrible”.
A pesar de las continuas desmentidas del gobierno y el intento del actual director, Felipe Muñoz, de minimizar la gravedad de lo sucedido (ver información relacionada), cada vez hay más indicios de que lo del DAS no es un tema de unas manzanas podridas y de unos pocos funcionarios medios que andaban chuzando y siguiendo a personalidades por cuenta propia. Las conclusiones son aterradoras.
Según se desprende de las investigaciones, desde por lo menos 2004 el DAS hizo seguimientos ilegales a ONG de derechos humanos, políticos de izquierda y de oposición, periodistas y magistrados. Algunas de estas actuaciones resultaron en homicidios, como el caso del profesor Alfredo Correa D’Andreis en Barranquilla y de cuyo asesinato la Fiscalía acusa a Noguera.
Las grabaciones reveladas por La FM demuestran que en plena campaña electoral de 2006 el DAS ‘chuzaba’ a los candidatos opositores del gobierno y los agentes hacían informes de las conversaciones que se escuchaban. Esa información habría sido compartida con sus superiores.
La Fiscalía también ha confirmado que durante 2008 las vidas privadas de varios magistrados de la Corte Suprema fueron esculcadas y que el inicio de esas pesquisas se concretó en una reunión convocada por Bernardo Moreno en la Casa de Nariño. Aunque la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, insiste en que el blanco de la investigación era un señor llamado Ascencio Reyes, de quien se sospechaba que tenía vínculos con el narcotráfico, reconoce que por lo menos un magistrado terminó salpicado. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía demuestra que no fue el único: muchos de sus colegas fueron seguidos, y sus cuentas personales investigadas.
El viernes por la noche la Procuraduría, a cargo de Alejandro Ordóñez, anunció una investigación preliminar sobre las intercepciones y seguimiento del DAS a magistrados, miembros de la oposición y periodistas. Foto: Semana |
El grado de participación de altos funcionarios de Palacio en todo este episodio sigue sin esclarecerse. Moreno ha negado conocer al capitán Lagos del DAS, pero tanto él como el ex director de Inteligencia Fernando Tabares y su jefe directa, María del Pilar Hurtado, lo contradicen. Es llamativo que la declaración de Lagos que divulgó Noticias RCN coincide con la que hizo el ex director de Inteligencia Fernando Tabares al CTI en marzo. Tabares también mencionó las reuniones con Moreno y José Obdulio Gaviria e incluso se refirió a otros temas sobre los cuales habían conversado: infiltración a Gustavo Petro y el caso de ‘Job’, el ex paramilitar que estuvo en la Casa de Nariño el 23 de abril del año pasado. Hurtado ha confirmado varias reuniones de sus subalternos en Palacio, aunque difiere del contenido de las mismas. Por su parte, Mario Aranguren, de la Uiaf, reconoce que les entregó a funcionarios de Palacio su investigación de Ascencio Reyes que involucraba, según él, “a un solo magistrado” (ver información relacionada).
Para la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que sacó su propio comunicado para expresar su preocupación el jueves por la noche, las explicaciones del gobierno son insuficientes dada la gravedad de los hechos. Lo mismo opinan Carlos Gaviria, del Polo, y el ex presidente César Gaviria, dos de las decenas de víctimas del espionaje del DAS.
El presidente Álvaro Uribe ha sido muy discreto en sus declaraciones y se ha abstenido de referirse a las últimas revelaciones. Ese silencio no ha caído nada bien dentro de los magistrados.
Con las revelaciones de la semana pasada, las reacciones enérgicas de las Cortes, la internacionalización del escándalo, la apertura de investigación de la Procuraduría y el debate del 2 de junio en el Senado, la pregunta es: ¿Hasta cuándo el gobierno puede seguir con su estrategia del avestruz?
Las frecuentes contradiccionesdel director del DAS, lejos de ayudar a apagar el incendio por el escándalo de las ‘chuzadas’, han contribuido a aumentarlo. Foto: Daniel Reina/Semana |
Desde cuando Felipe Muñoz asumió la dirección del DAS, el pasado 22 de enero, no ha tenido una sola semana de tranquilidad. Durante estos cuatro meses el jefe del organismo de seguridad ha estado en medio del incendio generado a raíz del escándalo por el espionaje efectuado por esa entidad a magistrados, políticos y periodistas. Pero si bien Muñoz no tiene responsabilidad directa en esos hechos de administraciones anteriores, sus declaraciones, lejos de ayudarle al gobierno a apagar el incendio, se han convertido en leña para la hoguera y aumentan las sombras sobre el DAS. El más reciente desatino de Muñoz ocurrió a comienzos de la semana pasada al salir de una cumbre convocada en el Palacio de Nariño a la cual asistieron el presidente Álvaro Uribe, los presidentes de las Altas Cortes y el fiscal general, Mario Iguarán. Ante decenas de periodistas, Muñoz afirmó que Iguarán había dicho que “no hay ningún indicio de participación directa ni del Presidente ni de ningún miembro de la Casa de Nariño”. Pocas horas después, el propio Iguarán lo desmintió al afirmar que en esa reunión “había guardado silencio”. En la mañana siguiente, cuando La FM reveló algunos audios que demostraban las interceptaciones ilegales por parte del DAS, Muñoz volvió a quedar nuevamente mal parado, ya que en repetidas oportunidades y escenarios había afirmado que no existían grabaciones. No es la primera vez que se equivoca.
Muñoz también ha afirmado en varios medios que fue él quien llamó a la Fiscalía para que hiciera las investigaciones una vez Semana reveló el caso, el 21 de febrero. Esto tampoco esdel todo cierto. Una vez estalló el escándalo, el CTI por su propia iniciativa llegó a las instalaciones del DAS.
Semana conoció que la Fiscalía está pensando llamar a Muñoz a declarar para que explique por qué no ordenó una investigación interna cuando se enteró de las irregularidades. En una entrevista con Gustavo Gómez, Muñoz dijo que sólo se enteró del tema de las ‘chuzadas’ tres días antes de la publicación de Semana.
Sin embargo, la realidad es que el director del DAS sabía del asunto tres semanas antes de la publicación. Fue alertado por un funcionario del DAS, por otro del Ministerio de Defensa e incluso por un alto funcionario de la Casa de Nariño. Tendrá que explicarle a la Fiscalía esa “pequeña omisión”.
Otra reunión en Palacio
En abril del año pasado, Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia, convocó a su despacho a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf) para conocer en detalle información de inteligencia en la que aparecían magistrados. También estuvieron Edmundo del Castillo, secretario jurídico de Palacio; José Obdulio Gaviria, asesor presidencial, y la directora del DAS María del Pilar Hurtado. Los dos analistas de la Uiaf que participaron en la reunión y que compartieron de forma minuciosa información reservada de movimientos financieros, cuentas bancarias, propiedades y sociedades, entre otros, contaron con la autorización de Mario Aranguren, director de esa entidad, según él mismo le aceptó a Semana. Buscando explicar lo sucedido, Aranguren argumenta que la información que se compartió era de la investigación que involucraba al controvertido empresario Ascencio Reyes y en la que, según él, sólo aparecía un magistrado. Sin embargo, ya se sabe que en dicha pesquisa aparecían dos magistrados y sirvió de punto de partida para obtener datos de inteligencia de al menos 13 magistrados más. ¿Cómo explica Aranguren que autorizó entregar información reservada a funcionarios de Palacio que no tienen poder judicial? “A mí me dijeron que allí iba a estar la directora del DAS”, dice. De igual manera, niega que le hayan pedido más información sobre este tema. Habrá que esperar a ver si es así, en esta historia que se viene develando a cuentagotas.
De hecho, varios enigmas rondan hoy la Uiaf, Semana confirmó que la delicada información que administra dicha entidad estuvo durante un año abierta, sin mayor control, a cuatro funcionarios del DAS que prácticamente tenían asiento en la Unidad de Inteligencia. Esto sucedió entre noviembre de 2003 y noviembre de 2004 en la era de Jorge Noguera en el DAS y de Alberto Lozano en la Uiaf. No es claro si se puede reconstruir toda la información que salió durante este período.
Otro volumen grande de datos que el DAS obtuvo sin mayor control corresponde a 2.426 consultas directas que hizo esta central de inteligencia al llamado Pijao, que es una plataforma tecnológica en donde hay parte de la sensible información financiera de los colombianos. Habría más de 10 funcionarios del DAS vinculados a estas búsquedas que se hicieron de forma remota gracias a un convenio de cooperación entre instituciones.
¿Qué información se buscó?, ¿de quién?, ¿quién la solicitó?, ¿cuánta más solicitaron ver los más altos consejeros de Palacio? son algunos de los interrogantes que siguen pendientes de esclarecer.
Publicado por Semana Edición 1411 18/05/2009