En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fundación Nuevo Arco Iris denunció la consolidación de lo que ellos consideran “la toma violenta del poder político del país” a través del fenómeno de la ‘parapolítica’.
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| 47 ex congresistas se encuentran procesados por la parapolítica. |
De las cifras presentadas por la organización, se destaca que, entre el 25% y el 35% de los puestos de elección popular han sido infiltrados por los grupos paramilitares, mientras cinco partidos políticos, cuyos candidatos han sido todos procesados por parapolítica, actualmente gozan de reconocimiento legal y poder político-electoral.
En audiencia celebrada éste lunes en la ciudad de Washington (ver video), organizaciones como Fundación Nuevo Arco Iris, Human Rights Watch y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una denuncia formal a la CIDH en la que las organizaciones consideran que el actual proceso judicial ha llevado a la impunidad y la desatención del gobierno frente al tema de las alianzas entre políticos y paramilitares en Colombia.
Estas organizaciones, representadas por la investigadora Claudia López y el director de Fundación Nuevo Arco Iris, León Valencia, mostraron la dimensión del fenómeno de la ‘parapolítica’ y plantearon la necesidad de incorporar algunos cambios en materia judicial y política para tratar de evitar que se repita en la política colombiana y se analice su impacto sobre la democracia y los derechos individuales.
Según Claudia López los paramilitares y narcotraficantes lograron en 20 años lo que la guerrilla no logró en 60 años: “la toma violenta del poder político”.
“A pesar del proceso de desmovilización de estos grupos armados, las estructuras políticas permeadas por estos grupos armados no se reconocieron ni se desmovilizaron” afirmó la investigadora.
De acuerdo con las cifras aportadas por Nuevo Arco Iris, alrededor de 300 funcionarios públicos se encuentran actualmente procesados por vínculos con grupos paramilitares; además votaciones atípicas respaldaron en 2002 a candidatos al senado con un 90% de los votos en zonas donde normalmente este tipo de candidatos obtienen en promedio un 5% de los votos.
“La parapolítica fue la alianza voluntaria de políticos con grupos paramilitares y narcotraficantes para consolidar mayorías electorales…políticos fueron elegidos gracias a la combinación de la violencia, la financiación ilegal y el fraude electoral. Detrás de las masacres -10 mil desaparecidos y más de 3 mil fosas- hubo políticos y militares que convivieron con las violaciones a Derechos Humanos, el fraude y el constreñimiento al elector”, señalaron los denunciantes ante la CIDH.
Según León Valencia, el proceso ha sido obstaculizado por el gobierno en la medida en que el Presidente mismo ha dificultado la labor de las altas cortes en las investigaciones adelantadas contra algunos políticos. Los pocos avances, afirma Valencia, son evidentes en momentos en que sólo 9 congresistas de 77 actualmente han sido condenados.
La petición de estas organizaciones está orientada a pedir una revisión de la parapolítica y buscar medidas efectivas para evitar la repetición del fenómeno. “El juicio político del fenómeno debe partir dela eliminación de los cinco partidos de la coalición uribista cuyos miembros han sido procesados por parapolítica… medidas como la ‘silla vacía’ fueron omitidas por conveniencia expresa del Presidente de la República”, aseguró Valencia.
Otras cifras utilizadas en la audiencia, reportan un total de casi 3 millones de votos obtenidos entre 2002 y 2006 por candidatos y partidos políticos actualmente investigados por parapolítica. ‘De los siete partidos que hacen parte de la coalición uribista, existen cinco en donde la totalidad de sus candidatos son procesados por parapolítica. Actualmente, estos partidos siguen teniendo capacidad de influencia dentro de la escena política’ aseguró Valencia.
En defensa del gobierno, y como representante del Programa de Derechos Humanos de la vicepresidencia, Carlos Franco, aportó algunas cifras que, según él, ejemplifican la lucha del gobierno contra los grupos paramilitares y contra la parapolítica.
Según los datos del Gobierno, la Fiscalía adelanta actualmente 264 investigaciones, de las que se han proferido 94 resoluciones de acusación a 91 alcaldes, mientras que 77 ex alcaldes y 47 ex congresistas se encuentra procesados.
El funcionario asguró que a partir de versiones libres de desmovilizados, se han implicado a 114 alcaldes, 25 concejales, 28 senadores, 16 representantes a la Cámara y 12 gobernadores, no todos por el delito de concierto para delinquir sino por violación de Derechos Humanos.
Aunque Franco reconoció algunos dificultades del proceso, aseguró de igual forma que el problema de la parapolítica se esta enfrentando con eficacia y celeridad.
