La violencia no cesa en este departamento. Hace una semana comenzó a circular un panfleto en Valledupar a través del cual amenazan a 18 integrantes de organizaciones sociales. En reacción a ello, La Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades investigar este hecho.
La Defensoría solicita a las autoridades investigar un panfleto que amenaza a 18 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Cesar, y que presuntamente es firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Acg). Foto: archivo Semana.En el departamento de Cesar, la paz que tanto se pregona tras los acuerdos firmados en noviembre de 2016 con la guerrilla de las Farc aún es una ilusión. Paradójicamente, los niveles de riesgo van en incremento. Y ahora quienes están en grave riesgo son los líderes sociales, a quienes les llegó una amenaza que, al parecer, proviene de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’.
El panfleto comenzó a circular hace una semana en el corregimiento La Mesa-Azúcar Buena y en los barrios La Nevada, Los Milagros, Don Alberto y Las Torres, de Valledupar, la capital cesarense. En él, se profieren amenazas contra un grupo de hombres y mujeres conocidos por su trabajo con comunidades campesinas e indígenas, así como contra sindicalistas, reclamantes de tierras y organizaciones que abogan por la defensa de los recursos naturales.
“Las amenazas no son sólo contra los líderes o defensores sino también hacia las comunidades que representan”, le dijo a VerdadAbierta.com una de las personas cuyo nombre aparece en el panfleto y que por razones de seguridad prefirió mantener el anonimato. A su juicio, en el departamento hay una presión por frenar los procesos de restitución a campesinos e indígenas, y el cumplimiento del Acuerdo de Paz, sobre todo el referido al de la Reforma Rural Integral, que incluye el acceso a tierras para comunidades que carecen de esta y la constitución de Zonas de Reserva Campesina (Lea: La Reforma Rural Integral, a ‘fuego’ lento).
Uno de los aspectos que más llama la atención de este caso es que el panfleto se distribuyera dos semanas después de una reunión de líderes sociales con los embajadores de los Países Bajos y Alemania en Valledupar. En dicho encuentro, representantes de 32 organizaciones sociales expresaron su preocupación por los impactos de la minería en el departamento, así como la falta de voluntad política para que sea instalada la Mesa de Garantías del Cesar, un espacio clave para articular la política pública en función de la protección de los defensores de derechos humanos.
Justamente el panfleto intimidante hace una alusión directa al encuentro: ‘No comemos de embajadores ni de periódicos declarando a favor de estos sapos’. Al parecer, los nombres de los amenazados habrían sido tomados de una fotografía publicada por el diario El Pilon, de Valledupar, el pasado 23 de enero, que registro una reunión de defensores de derechos humanos en esa ciudad.
Defensoría, alerta
En Cesar, las amenazas y hostigamientos son recurrentes contra reclamantes de tierras, comunidades que se oponen al desarrollo de proyectos mineros y campesinos que exigen la constitución de Zonas de Reserva Campesina. Foto: archivo Semana.Una vez fue enterada del caso, la Defensoría del Pueblo envió el pasado 6 de febrero una carta a la Dirección de Gobernabilidad Territorial y a la Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, ambas dependencias del Ministerio del Interior, para enterarlas de la grave situación que se presenta en Cesar y solicitar una investigación al respecto.
En la misiva, esta agencia del Ministerio Público hace un recuento de lo ocurrido y una alusión a la reunión sostenida el 22 de enero entre defensores de derechos humanos y varios embajadores europeos: “puede colegirse que las amenazas se sobrevinieron por la molestia que causó el encuentro que a instancias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se realizó entre la Red de Embajadores con Defensores y la antes mencionada MDHTC (Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar)”.
El propósito de esa reunión fue conocer la situación de derechos humanos en ese departamento y a ella asistieron, entre otras personas, los embajadores de Alemania, Michael Bock, y del Reino de los Países Bajos, Jeroen Roodenburg, quienes escucharon a por lo menos 26 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Dados los graves factores de riesgo que se desprenden de la amenaza proferida supuestamente por las Agc, la Defensoría le solicitó al Ministerio del Interior que “se sirva ordenar a quien corresponda adelantar todas y cada una de las gestiones a que haya lugar dirigidas a esclarecer los hechos que rodean esta amenaza colectiva”.
Esta carta coincide con otra alerta emitida por esta agencia del Ministerio Público en la que advierte sobre el riesgo que corren los habitantes de cuatro municipios de Cesar por posibles enfrentamientos entre la guerrilla del Eln y disidencias del Epl.
Las preocupaciones de la Defensoría vienen, cuando menos, desde 2016, cuando advirtió que el riesgo contra líderes y comunidades puede provenir de una especie de “constelación” en la que participan actores armados y “sectores asociados al acaparamiento de tierras”. Pese al Informe de Riesgo emitido en noviembre de ese año, señalando condiciones de vulnerabilidad sobre por lo menos 80 líderes de 13 organizaciones sociales, a comienzos de 2017 fueron asesinados dos líderes.
El 7 de enero fue asesinado Aldemar Parra García, presidente de la Asociación Apícola del Cesar (Asograce), creada para impulsar proyectos productivos para familias afectadas por la explotación de carbón en los municipios de El Paso, La Jagua y Becerril. Luego, el 4 de enero, fue asesinado Edilberto Cantillo Meza, integrante de la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir (Asvervic) y quien había ayudado a documentar las reclamaciones de restitución de campesinos de la vereda Entre Ríos, en el municipio de El Copey (Lea: Alerta, comunidad de El Hatillo, en Cesar, está en riesgo y Otro asesinato de un líder en Cesar, ¿qué sucede?).
En ambos casos, organizaciones sociales señalaron la coincidencia de que la violencia fuera perpetrada contra líderes y comunidades que se oponen a proyectos mineros, que reclamaban la restitución y reiteran la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz. Al respecto, hace justo un año el Sindicato de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep) envió una carta al Defensor Nacional indicando que el paramilitarismo no había desaparecido en la región.
“Las Auc no eran propiamente un grupo de autodefensas, se dedicaban al tráfico de drogas, la regulación de la delincuencia común, el contrabando, la exacción de recursos públicos […] actuaban como ‘ejércitos privados’ al servicio de sectores directamente vinculados al acaparamiento y acumulación de tierras…” (Lea la carta).
En agosto pasado, VerdadAbierta.com publicó una investigación periodística que evidencia que los procesos de restitución han sido fallidos en el departamento, precisamente porque las presiones de actores armados y sectores políticos y económicos superan la capacidad institucional de la Unidad de Restitución de Tierras del Cesar para avanzar (Lea: La fallida restitución en el Cesar).
Puja por el territorio
Durante 2017, en Cesar fueron asesinados dos líderes campesinos, uno que representaba a comunidades en el municipio de El Paso y otro, en El Copey. Foto: archivo Semana.En Cesar confluyen distintos actores armados, principalmente la guerrilla del Eln, disidencias del Epl y las Agc, todos en una puja territorial por controlar las rutas del narcotráfico, su principal fuente de financiación.
Según informes oficiales, el Eln lo hace con tres estructuras: el Frente Camilo Torres Restrepo, que hace parte del Frente de Guerra Nororiental, en el centro y sur de Cesar sobre el Perijá; el Frente José Manuel Martínez Quiroz, que hace a su vez parte del Frente de Guerra Norte, en los municipios de Becerril y la Jagua de Ibirico. Y la tercera estructura es llamada por la Fuerza Pública como la Comisión Mixta Libardo, también un brazo del Frente de Guerra Norte, con presencia esporádica en la Sierra Nevada de Santa Marta, Pueblo Bello y Valledupar. Las autoridades señalan que la estrategia del Eln ha sido mantenerse en el área donde ha hecho presencia históricamente.
Según la reciente alerta temprana de inminencia, disidencias del Epl han rondando por esta área por lo que las autoridades temen posibles enfrentamientos entre ambos grupos. En la misma zona está el Frente Diomédes Omega Estrada, de las Agc, llamado por las autoridades ‘Clan del Golfo’, incluyendo el entorno cenagoso de la Zapatosa. Geográficamente, entonces, los tres actores armados buscan control sobre las áreas más cercanas a la Serranía del Perijá para controlar la salida de cocaína proveniente del Catatumbo y sostener las rutas que la transportan hacia el litoral Caribe.
La Defensoría del Pueblo está próxima a emitir una nueva Alerta Temprana para todo el país, dados los riesgos que persisten sobre líderes y defensores de derechos humanos. Durante el año pasado 43 de ellos fueron asesinados, la mayoría en Cauca, Nariño y Chocó (Lea: La continua tragedia de los defensores de derechos humanos).
Mientras tanto, en Cesar las autoridades siguen pendientes de investigar sobre estas amenazas y riesgos. Por su parte, el Ministerio Público mantiene encendidas las alarmas no sólo por el ataque recurrente a líderes sociales, reclamantes de tierras y campesinos que promueven la constitución de Zonas de Reserva Campesina, sino, además, por la circulación periódica de panfletos de la mal llamada “limpieza social” y asesinatos en zona rural a manos de los “grupos de justicia privada”.
