Comunidades campesinas y étnicas que reclaman acceso a tierra y agua están bajo amenaza. Así lo advierte la más reciente alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, visitó ayer este municipio y escuchó a sus pobladores.
En María La Baja hay preocupación. Allí, a dos horas de la turística Cartagena, las comunidades rurales que reclaman la restitución de tierras, la reparación colectiva y exigen acceso y calidad al agua, están bajo riesgo.
En reacción a ese estado de zozobra, la Defensoría del Pueblo emitió el pasado 9 de enero una alerta temprana que advierte sobre la vulnerabilidad a la que están expuestos los líderes sociales de este municipio de Bolívar por la acción de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
Según el informe de esta agencia del Ministerio Público, esa banda criminal consolidó su presencia en este municipio en 2015, después de una disputa territorial con Los Paisas y Los Rastrojos. Su interés es el de explotar los corredores geoestratégicos para el tráfico de armas y de estupefacientes producidos en la Serranía de San Lucas, el sur de Bolívar, Sucre, el Norteste y Bajo Cauca antioqueño. Desde hace tres años, ese grupo armado ilegal está relacionado con las amenazas a comunidades campesinas y étnicas que reclaman sus derechos.
En agosto de 2018, por ejemplo, circularon panfletos en los que fueron amenazados integrantes del consejo comunitario de Comunidades Negras de Correa, la Junta de Acción Comunal de Correa y el consejo comunitario de Flamenco. “En el panfleto se establece un plazo de 24 horas a estos líderes y lideresas para salir de los corregimientos e indica que la población civil de los corregimientos de Los Bellos, Retiro Nuevo, Flamenco y Correa que se oponga a estas intimidaciones también podría sufrir retaliaciones”, indica la alerta. El hecho generó el desplazamiento de varias de las familias que participan en los procesos de reparación colectiva.
Pero las amenazas han sido recurrentes también contra comunidades campesinas, que abandonaron o les fueron despojadas las tierras durante el conflicto armado. Es el caso de la Asociación de Campesinas y Campesinos Afrocolombianos (Asocaafro), integrada por 41 familias que reclaman 600 hectáreas. Desde 2015, los miembros de esta comunidad han recibido amenazas por cuenta de hombres armados que les impiden el paso hacia La Loma de la Cruz, una zona de protección del embalse de Matuya. La comunidad lleva años pidiéndole a la Unidad de Restitución que estudie su caso y a la Unidad Nacional de Protección, que mejore las medidas de seguridad.
La Defensoría señala que el riesgo también reviste a “campesinos que se han negado a vender sus predios a empresas agroindustriales o a entrar en el modelo de alianzas productivas, en predios como El Cucal y Cascajalito, en la vereda de Pueblo Nuevo, corregimiento de Retiro Nuevo, y en otros situados en San José de Playón, en María La Baja. Para las comunidades rurales del municipio de María la Baja, adicionalmente a la disputa por la tierra, la defensa por el uso de los cuerpos de agua del distrito de riego se ha convertido en un factor de riesgo”, indica la alerta. (Lea: La restitución de tierras que aún no llega a El Cucal)
Desde hace una década la población advierte la contradicción de que exista un Distrito de Riego Público que irriga 19 mil hectáreas de las 54 mil del municipio, pero no puedan acceder al agua de esta infraestructura que está dispuesta para los cultivos de palma de aceite. Lo cuestionan en una región que fue azotada por el conflicto armado, donde las víctimas resistieron y el gobierno nacional implementó los modelos de justicia transicional, prometiendo garantías de reparación. (Lea: María La Baja, un retorno sediento)
El Ministerio Público indica que en ese contexto también son vulnerables las comunidades de San José del Playón, Matuya, Puerto Santander, Pueblo Nuevo y El Níspero, que “no sólo deben afrontar el impacto negativo a nivel ecológico, de salud y seguridad alimentaria que ha traído la siembra indiscriminada de palma de aceite en el distrito de riego, sino también las amenazas e intimidaciones de las cuales han sido víctimas como resultado de las denuncias interpuestas ante las autoridades locales por irregularidades en el uso de los cuerpos de agua, la tala indiscriminada de árboles nativos y el vertimiento de agroquímicos en las fuentes hídricas”.
La alerta temprana reitera, en ese sentido, que los líderes ambientales están expuestos. “Los procesos de gestión comunitaria del agua y protección de las fuentes hídricas han recibido amenazas de personas armadas quienes de manera directa o a través de llamadas telefónicas presionan a las comunidades para que desistan sobre la defensa de sus derechos”, indica el informe (Lea: Resistentes al conflicto armado en María La Baja, sin acceso a agua potable).
En lo urbano, los jóvenes
Además de los liderazgos sociales en zona rural, la juventud del casco urbano también está en riesgo. La amenaza está relacionada con la presión que ejercen las Agc para que ingresen a pandillas que están vinculadas con el microtráfico, la extorsión y los préstamos a usura. Los barrios más afectados son Villa Noni, Buenos Aires, Montecarlo, La Victoria, Chum Bum, La Machina y Puerto Santander.
“La intervención de las Agc en el territorio ha estado relacionada con la ampliación del mercado interno de estupefacientes, expresado en un aumento de los expendios, así como en el consumo por parte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, indica la alerta. Las pandillas están integradas por entre 10 y 15 jóvenes, con edades entre los 14 y 25 años, aunque la comunidad asegura que incluso han sido reclutados niños de entre 9 y 12 años. Esta realidad explica la falta de continuidad en el sistema educativo en una zona donde los niveles de pobreza siguen siendo altos.
El informe advierte que en las poblaciones Matuya, Nuevo Retén, Retiro Nuevo, Los Bellos, Flamenco, Correa, El Níspero y Ñanguma, las Agc han encontrado un corredor para la distribución de sustancias psicoactivas. “Para garantizar el desarrollo y monopolio del narcomenudeo en estas poblaciones, han impuesto fuertes medidas de control social utilizando para ello mecanismos violentos de coerción”, entre estas, el control a la movilidad, a los horarios de los establecimientos comerciales y los patrullajes.
Aunque el reclutamiento proviene de la banda criminal, otros panfletos que han circulado en el casco urbano amenazan precisamente a “jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas de la cabecera municipal de María la Baja en los corregimientos de Playón, Matuya y Nueva Florida”.
La Defensoría reitera la pronta intervención de las autoridades y las instituciones para proteger a una población víctima del conflicto armado, que hace 10 años retornó sin acompañamiento y donde el gobierno nacional prometió inversiones para garantizar su calidad de vida.
“Ante las precarias condiciones de vida en que se encuentran las víctimas del conflicto armado y demás población vulnerable del municipio, evidenciado en el rezago de los servicios de salud, educación, vivienda, oportunidades laborales y acceso a la tierra, entre otros, la presencia de actores armados y demás factores de amenazas anteriormente descritos, configuran un grave escenario de riesgo para sus derechos fundamentales, que en conjunto profundizan la trampa de pobreza”, sostiene la alerta.
Promesas estatales
En reacción a la advertencia de la Defensoría del Pueblo, ayer viajó a María La Baja la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en compañía del defensor del Pueblo, Carlos Negret, y Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En el encuentro con las comunidades, la alta funcionaria de Estado resaltó que estaban allí para hacerle eco “a la alerta de la Defensoría” y dijo que la meta de su cartera era “revisar las acciones que se han implementado desde las autoridades locales, en defensa de los líderes y defensores en situación de riesgo”.
Gutiérrez aprovechó esta visita para exponer de detalles del Plan de Acción Oportuna (PAO) para defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, un mecanismo de protección creado mediante el Decreto 2137, firmado por el presidente Iván Duque el 19 de noviembre del año pasado. (Leer más en: ¿A quién protegerá el Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos?)
En su intervención, la ministra aseguró que el gobierno nacional estaba comprometido en garantizar la protección a sus líderes sociales: “Ustedes no están solos, el Estado colombiano está aquí para reforzar este tema”. Y agregó que funcionarios de la Unidad Nacional de Protección tomaron nota de las denuncias de riesgo para, posteriormente, entregar una evaluación y “emprender acciones individuales”.
Gutiérrez reconoció, tal como lo advirtió la Defensoría en su alerta, que las amenazas a líderes sociales en esta región del norte del país se deben al accionar de las Agc, nombradas por el gobierno nacional como ‘Clan del Golfo’, que están detrás de actividades del narcotráfico y de las presiones a quienes están reclamando la restitución de sus tierras, de las que fueron despojadas en razón del conflicto armado.
Voceros de las comunidades de María La Baja detallaron en esta reunión que por lo menos 20 líderes locales han recibido amenazas en los últimos meses y reconocieron que las denuncias no llegan ante las autoridades por temor a las consecuencias que se pueden derivar de ello.
Ante esas alertas, la Ministra reaccionó diciendo que esperaba que “las investigaciones de las amenazas, a líderes sociales, avancen y que la Fuerza Pública pueda ayudar a que no queden en la impunidad y garanticen la seguridad. Es por esto que el Estado trabaja en acciones de seguridad y orden social para implementar soluciones”.
En la conversación con las comunidades surgió el nombre de Úber Banquez Martínez, conocido con el alias de ‘Juancho Dique’, un exparamilitar que llenó de dolor esta región como uno de los mandos del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Luego de someterse a la Ley de Justicia y Paz y cumplir con sus compromisos, quedó en libertad en septiembre de 2015, pero al parecer tiene injerencia aún en lo que ocurre en esta zona del país.
Al respecto, Negret dijo: “Aquí hay que ponerle cuidado a ‘Juancho Dique’ y si él ya está en la vida civil tenemos que ir a buscarlo y a preguntarle, porque hay que confrontar a las personas. Y si él quiere volver a lo que hacía antes, aquí tendrá un Estado y un Ministerio Público muy fuerte para que no vuelvan a pasar los horrores de los 90 y los 2000”.
Con respecto a las Agc, el Defensor del Pueblo reconoció que este tipo de organizaciones criminales tienen entre sus filas a desmovilizados de las Auc y expresó una grave preocupación: “Tenemos una dificultad que hay que trabajar con el gobierno (nacional) y es que no tenemos la capacidad técnica para poder verificar que no haya repetición de la violación de los derechos humanos en estas zonas”.
Por su parte, Brunori, recogiendo el clamor de las comunidades y sus líderes, le solicitó al gobierno nacional “luchar contra la impunidad”, fortaleciendo la Fiscalía: “Es uno de los retos del Estado colombiano, tanto por las violaciones del pasado como por la situación actual de sus defensoras y defensores”.
