Líderes sociales: 2025, el año más letal durante el gobierno Petro

Hoy el Programa Somos Defensores publicó su informe sobre la situación de quienes defienden derechos humanos durante el año pasado, el cual, según sus registros, concentra el mayor número de asesinatos en el periodo presidencial de Gustavo Petro. En total, reportó 165 asesinatos y el alarmante aumento de otro tipo de agresiones.

““El actual gobierno nacional no ha priorizado el reconocimiento y la protección de quienes defienden los derechos humanos en Colombia”. Es una de las principales conclusiones de Promesas rotas, el documento que presentó el Programa Somos Defensores, una organización no gubernamental que desde 2002 documenta todo tipo de agresión contra quienes ejercen el liderazgo social o defienden derechos.

El no reformar el modelo la Unidad Nacional de Protección; el cambio en la política de seguridad, con el Ministerio de Defensa en cabeza de un militar; y el incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en 2023 por la grave violencia que padecen las personas defensoras, son algunos de los argumentos del título de la publicación.

“Se esperaba que la voluntad política del primer gobierno progresista y las órdenes  contenidas en la Sentencia SU-546 dinamizaran una agenda nacional de garantías que venían jalonando buena parte de las organizaciones que apoyaron permanentemente a este gobierno y que entregaron propuestas para generar cambios. Pero esto no fue así”, señala la investigación.

Sobre la delicada situación que vivieron estos activistas durante el año pasado, Somos Defensores señala que el incremento de la violencia selectiva obedece principalmente a dos razones.

La primera, la poca receptividad que tuvieron en el gobierno nacional documentos como  el Plan de Emergencia presentado por organizaciones de la sociedad civil dos días antes de comenzar el actual gobierno nacional, a la que se sumó la falta de disposición para escuchar las exigencias que en los últimos años hizo el movimiento social frente a las crisis humanitarias y otros escenarios de riesgo.

La segunda, el aumento de la violencia propia  de las dinámicas del conflicto armado. De acuerdo con registros de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) citados en el informe, más de 1,6 millones de personas fueron golpeadas por violencia y conflicto armado en 2025. Dicha cifra triplica los casos de afectaciones documentados por esa agencia multilateral en 2024, alcanzando los índices más altos desde 2013.

Radiografía de la violencia

Comparado con 2024, los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos tuvieron un aumento del cinco por ciento en 2025, pasando de 157 a 165. El informe Promesas rotas señala que ocurrieron en “contextos derivados de crisis humanitarias que no han sido debidamente atendidas, atizadas por un accionar de la fuerza pública que en muchos casos ha desconocido el Derecho Internacional Humanitario y el respeto de los derechos humanos, así como a las disputas de economías ilícitas en escenarios urbanos, asociadas a actividades como el microtráfico y la extorsión”. 

Del total de víctimas, 137 eran hombres (84 por ciento de los casos), 27 mujeres (15 por ciento) y cuatro personas de orientación sexual y de género diversa (uno por ciento). Comparándolos con 2024, los asesinatos de mujeres son los que más aumentaron, con un incremento del 42 por ciento, los de hombres tuvieron un aumento del cuatro por ciento y los de personas diversas tuvieron la reducción de un caso.

Sobre la manera en la que se ejecutaron esos crímenes, el informe reporta que en 136 casos se emplearon armas de fuego, en 17 armas blancas, en seis casos no se tiene información, en tres se emplearon objetos contundentes, uno fue producto de artefacto explosivo, uno más por asfixia mecánica; en otro la víctima fue atropellada por un auto y en el último se empleó un arma fuego junto con un objeto contundente.

A nivel departamental, continúa la tendencia de los últimos años: Cauca, Antioquia y Valle del Cauca encabezan el listado de regiones con más asesinatos. A diferencia de 2024, el año pasado los siguientes lugares dejaron de ser ocupados por Arauca, Bolívar y Chocó, dándole paso a Norte de Santander y Guaviare, lugares fuertemente golpeados por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. 

Vale la pena recordar que 2025 inició con una grave crisis humanitaria en el Catatumbo, que dejó más de 87.000 desplazados por fuertes combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia del Frente 33 de las extintas Farc. Por esa confrontación, en parte, el departamento de Norte de Santander tuvo un aumento del 140 por ciento de casos de asesinatos, en comparación con 2024. Para el caso de Guaviare, su ascenso al quinto lugar de los  departamentos con más personas defensoras asesinadas, con un aumento del 80 por ciento, se debe a los homicidios de liderazgos sociales y religiosos en Calamar, que habrían cometido, presuntamente, la disidencia del Frente Armando Ríos del Estado Mayor Central, en medio de su confrontación con el Estado Mayor de Bloques y Frentes.

El Programa Somos Defensores llama la atención sobre la situación del departamento de Cauca, que no solo continúa en el primer lugar, sino que también registró un incremento del 61 por ciento, con 37 asesinatos que se presentaron en 22 de sus 42 municipios durante el 2025. “Si bien la mayoría de estos tuvieron lugar en el norte y el noroccidente del departamento (de hecho, los municipios de Páez, Santander de Quilichao, Toribío, Corinto, Inzá, Miranda y Silvia concentran el 46% de los casos), en 7 casos los hechos tuvieron lugar en municipios que comparten frontera con Nariño”. 

A nivel municipal, el informe evidencia una preocupante tendencia: el aumento de asesinatos en ciudades capitales. Tres de los cinco municipios con más asesinatos documentados en 2025 son grandes ciudades, alejadas de las dinámicas recurrentes del conflicto armado: Cali (ocho casos), Cartagena (cuatro) y Bogotá  (cuatro).

“Las ciudades son cada vez más escenarios donde aumentan los riesgos de vida para los liderazgos, especialmente de los comunitarios, que adelantan labores que se contraponen a las dinámicas de control territorial impuestas por bandas criminales, grupos armados ilegales y mezclas entre ellos”, señala la organización. 

Y agrega: “Los espacios públicos, como los parques, las tiendas y las zonas comunes en los barrios, son escenarios que dejan de ser seguros cuando allí se trasladan actividades asociadas al microtráfico u otras como la trata de personas”. Cita el ejemplo de Cartagena, donde enfrentamientos entre estructuras como el Cartel de Sinaloa, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como el Clan del Golfo, y bandas delincuenciales ponen en mayor riesgo los líderes sociales. 

En 2025 se rompió una tendencia de los últimos años: los liderazgos de tipo comunal e indígena dejaron de ocupar el primer y el segundo lugar con más víctimas, respectivamente, y fueron superados por el comunitario, que solía ser el tercero. El documento plantea que esta situación puede estar relacionada con el aumento de asesinatos en ciudades capitales y establece que Antioquia es el departamento en donde más fueron asesinados personas que encarnaban el liderazgo comunitario.

Sobre el liderazgo comunal, Promesas rotas documenta una reducción del 22 por ciento de asesinatos con relación a 2024, el cual es calificado como “ilusorio”, por las amenazas y otros repertorios de violencia que padeció ese sector durante el año pasado. El departamento con más asesinatos de líderes comunales fue Cauca con siete casos; seguido de Antioquia, Huila y Valle del Cauca, con cuatro; y por Bolívar, Guaviare y Norte de Santander, con tres cada uno.

En cuanto al sector indígena, que con 27 casos concentra el 16 por ciento de los asesinatos de líderes ocurridos en 2025, señala que alrededor del 70 por ciento de ellos se concentraron en el suroccidente del país. La mayoría de ellos fueron cometidos en el departamento de Cauca. 

Si bien los asesinatos son la agresión más grave que padecen las personas defensoras de derechos humanos, también están expuestas a otros repertorios de violencia, que también tuvieron un preocupante aumento. En total, fueron documentadas 874, que incluye  atentados, amenazas, hurto de información, violencia sexual, entre otras formas de aggresión.

Dicha cifra equivale a un aumento del 20 por ciento: 147 casos más que los documentados en 2024. “Esto significó la ocurrencia de aproximadamente 2.4 agresiones por día durante el año, hecho que se contrapone a la tendencia a la baja que se venía presentando en los  3 años anteriores”, señala el documento. 

“Esta situación pone sobre la mesa las reales circunstancias que incrementan el riesgo y la falta de garantías para quienes defienden derechos humanos en Colombia, en un entorno de inseguridad producido por un contexto violento que se acrecienta en varias regiones del país y por la carencia de una política de prevención y protección institucional que salvaguarde la vida e integridad de quienes defienden los derechos humanos, no sólo de las acciones de los actores armados, sino de intereses empresariales e incluso de agentes estatales que persiguen, estigmatizan y atentan contra los liderazgos”, dice el informe.