La Corte Suprema está a punto de fallar si César Pérez es culpable de la masacre de Segovia. Pero no es la primera vez que la Justicia lo llama a rendir cuentas. SEMANA cuenta la escalofriante historia de uno de los políticos más polémicos del país.
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| Hoy, a sus 76 años, César Pérez enfrenta uno de los juicios más amargos de su vida. Lo acusan de la masacre de Segovia en la que dos camionetas llenas de hombres armados se pasearon por el pueblo y mataron a 43 personas. Foto: Revista Semana |
César Pérez aparece vestido como El César en un documental que grabó su familia para celebrar sus 70 años en 2005. Fue proyectado en la fiesta que hicieron en la discoteca Templo Antonia, donde 400 invitados festejaron con quien pudo pasar a la historia como un loable liberal, pero en su medio siglo de vida política ha cometido errores que hoy lo tienen contra la pared.
Aunque nació en Remedios en 1935, fue en Medellín donde se volvió político. Mientras estudiaba Derecho y trabajaba como agente del DAS de la época, le dedicaba tiempo a un grupo de jóvenes liberales que como él estaban convencidos de sacar la política del exclusivo Club Unión. Se metieron a las zonas rurales donde los conservadores tenían acorralados a los liberales y mantuvieron firmes su lucha ‘antigoda,’ incluso en tiempos del Frente Nacional.
Con el paso del tiempo, Bernardo Guerra le fue ganando el pulso en el mando del Partido y en 1986 lo ‘degradó’ al ponerlo de tercero en la lista a la Cámara de Representantes. Aunque Pérez alcanzó la curul que ya venía ocupando desde hacía diez años, rompió cobijas y montó su propio movimiento: Convergencia Liberal. Sus bastiones políticos eran Remedios y Segovia, vecinos de Amalfi, cuna de los hermanos Castaño Gil, fundadores de los paramilitares. Y también se consolidó en el sur del Valle de Aburrá, después de haber sido personero en Itagüí y de comprar una finca en La Estrella desde donde coordinaba su actividad política. Recogió votos suficientes para mantenerse 20 años en la Cámara de Representantes y otros tantos en la Asamblea de Antioquia. Se volvió un notable al que visitaban en su finca hasta candidatos a la Presidencia. Ganaba en concejos, en alcaldías, en la Asamblea, en la Gobernación de Antioquia y hasta en el Congreso. Puso senadores y representantes. Era hábil haciendo coaliciones. Ponía y quitaba funcionarios. Presidió el Comité de Amistad Colombo-Cubana. Recibía huéspedes especiales que venían de Cuba y que participaban en la Revolución. Estaba a la izquierda del liberalismo.
La Universidad Cooperativa de Colombia, de la que fue rector después de haberla salvado de la quiebra, le dio parte de su caudal. La expandió a 19 ciudades y suma ya 50.000 alumnos. A su oficina llegaban jóvenes de todo el departamento que querían estudiar y él daba rebajas y facilidades de pago en las matrículas. Segovia y Remedios merecían especial atención.
Hoy, a sus 76 años, enfrenta uno de los juicios más complicados de su vida por la masacre de Segovia. La semana pasada el procurador delegado Jairo Salgado pidió su condena: “Todas las constancias procesales demuestran en el mayor grado de convicción que César Pérez fue el determinador de la masacre junto a los paramilitares”.
En las elecciones locales de 1988, recién se había independizado del oficialismo liberal, César Pérez participó para la Alcaldía de Segovia con su candidato Yesid Cano. Perdió con 875 votos frente a los 1.223 que obtuvo la candidata de la UP, Rita Tobón. Al poco tiempo circuló un panfleto del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) que amenazaba con barrer “tanta escoria comunista” y respaldaba a César Pérez. En la lluviosa noche del 11 de noviembre de ese año, dos camionetas llenas de hombres armados se pasearon por el pueblo. Se oyeron ráfagas durante una hora. Murieron 43 personas.
A la semana, Pérez, en la Cámara de Representantes, propuso que la corporación en pleno rechazara la masacre y abogó por que algún día “sepamos si en verdad existe la organización MRN y que se diga quiénes son”. El representante Ovidio Marulanda, de la UP, aprobó la proposición. “Cuente con la colaboración de la UP”, dijo.
En 1993 se supo que un fiscal sin rostro había vinculado a César Pérez como determinador de la masacre. “Le solicito a la Corte Suprema que me investigue si es necesario, pero que no se crea que un funcionario sin rostro pueda acabar con el rostro de los congresistas y mucho menos en el caso mío”, dijo Pérez en la Cámara. El representante Manuel Cepeda, de la UP, lo defendió: “somos viejos amigos de César Pérez. Por él votamos para Presidencia de la Cámara (en 1992) porque ha sido indoblegable amigo de la gloriosa e imbatible revolución cubana”.
El testimonio que más enreda a Pérez es el de Alonso Baquero, alias Vladimir, quien dice que el excongresista le pidió a Fidel Castaño que ayudara a sacar a la UP de Segovia y que planearon la matanza con el paramilitar Henry Pérez. Según Vladimir, éste le ordenó perpetrar la masacre y le mostró un casete donde se escuchaba al político hablando al respecto con Fidel Castaño.
La Corte Suprema lo llamó a juicio. César Pérez se defiende diciendo que Segovia no le importaba porque solo representaba 350 votos de los 25.000 que tenía garantizados en Antioquia. Y también sus defensores han dicho que esta masacre no fue aislada, sino que era una más de las que los paramilitares ya venían cometiendo en municipios de la región en su sangrienta campaña contra la UP. “Ellos no necesitaban que Pérez los llamara, cualquier persona medianamente informada sabe que en ese momento el triunfo de la UP era suficiente para que los Castaño ordenaran esa masacre”, anota una persona allegada a él.
Eso es lo que tendrá que definir en los próximos días la Sala Penal de la Corte. Pero lo que más llama la atención de César Pérez es que a pesar de que este no es el único revés que ha tenido con la Justicia, ha demostrado una gran capacidad de mantenerse vigente en la política, incluso en la última campaña presidencial fue noticia su apoyo al candidato del Partido Liberal.
En 1992, cuando era representante a la Cámara, participó en la aprobación de la Ley 30, o llamada Ley de Educación. El artículo 132 decía que por lo menos la mitad de los dineros consignados por las cooperativas en el fondo de educación debían ser invertidos en instituciones de economía solidaria. La única universidad con esta característica en el país era en ese entonces la Cooperativa, con la que Pérez tanto entonces como ahora tiene vínculos. El Consejo de Estado consideró que legisló a su favor y le decretó la pérdida de investidura. El artículo fue derogado.
Ese revés no le hizo mella. César Pérez siguió ganando elecciones, fue elegido diputado en Antioquia y en 1998 asumió la presidencia de la Asamblea. Ese año la contratación en esa corporación se disparó de manera inusual. Había 147 millones de pesos y tuvieron que adicionar 313 millones para pagarle a la gente nueva. El entonces diputado liberal Bernardo Alejandro Guerra (hijo de Guerra Serna, antiguo rival de Pérez) denunció que Pérez creó una nómina fantasma, porque muchos contratistas ni siquiera cumplían sus funciones. Pérez se defendió diciendo que se limitó a autorizar los pagos que otros diputados y sus subalternos aprobaban. Sus argumentos no sirvieron. Fue condenado a 99 meses de prisión. Apeló la sentencia hasta llevarla a la Corte Suprema, que confirmó el fallo el pasado diciembre.
Sin embargo, haber alegado le sirvió para aplazar su cita con la cárcel y mantenerse activo en la política. Nuevamente fue elegido diputado para el periodo 2008-2011. Pero esta vez la Procuraduría encontró que estaba inhabilitado por haber perdido la investidura como congresista. Lo destituyó y lo inhabilitó durante 15 años para ejercer cargos públicos. Pérez también refutó esta decisión, que quedó en firme el año pasado.
Y la última jugada que se conoce de Pérez resultó a su favor. El Fondo de Pensiones del Congreso (Fonprecón) detectó que había cobrado entre 2008 y 2010 su pensión de excongresista, mientras recibía salario de diputado. Lo que se sabía en ese momento era que nadie podía cobrar una doble asignación del Estado y le exigieron devolver los 250 millones de pesos que le habían desembolsado. Pérez devolvió una primera cuota de 55 millones. En el fondo le suspendieron la mesada. Pero más tarde alegó con una norma que ni siquiera en el Fonprecón sabían que existía. Se trata del artículo 29 de la ley 617 de 2000, que dice expresamente que los diputados sí pueden recibir sueldo y pensión al mismo tiempo. Tuvieron que devolverle 77 millones. Aún recibe su pensión de excongresista.
Pérez no alcanzó a terminar su periodo como diputado en 2011 porque en julio de 2010 fue detenido. La Corte Suprema ordenó privarlo de la libertad mientras resuelve el caso de la masacre de Segovia. Agentes del CTI fueron por él a la Asamblea. Ahora está en La Picota. Esa es la imagen más reciente que se tiene de quien alguna vez fue El César del liberalismo en Antioquia.
Información publicada Revista Semana
