Según la Corte Suprema, los políticos de Sucre crearon los grupos paramilitares de la región. En el computador de ‘Jorge 40’ hay nuevas evidencias de la confabulación criminal para apropiarse del departamento.
Después de cinco años, la justicia por fin reaccionó frente a un asunto que era vox populi: la estrecha relación entre la clase política y los paramilitares en Sucre. Las pruebas que tiene la Corte Suprema de Justicia no sólo demuestran que los senadores ÁlvaroGarcía Romero y Jairo Merlano, y el representante a la Cámara Eric Morris han estado vinculados a los paramilitares de Sucre, y sus crímenes. A García Romero y Morris se les investiga por organizar, promover, armar o financiar grupos paramilitares. Adicionalmente, hay fuertes sospechas de que García participó en la planeación de la masacre de Macayepo, en el año 2000, y en el homicidio de una líder de San Onofre, en 1997. Este crimen habría servido para consumar un fraude electoral a favor de Morris, quien en ese entonces se disputaba la gobernación de Sucre con Édgar Martínez. A Merlano se le acusa de ser parte de la estructura paramilitar que encabezaban Eduard Cobo Téllez ‘Diego Vecino’ y Rodrigo Mercado Peluffo ‘Cadena’ y que su pertenencia a las autodefensas habría facilitado su llegada al Senado.
¿Qué pruebas tiene la Corte contra los congresistas? Básicamente dos paquetes de evidencias. Uno que está en poder de la Fiscalía desde hace cinco años, y cuya columna vertebral es el testimonio de Jairo Castillo Peralta, quien trabajó como escolta del ganadero Joaquín García y del ex gobernador de Sucre Salvador Arana. Castillo fue testigo de múltiples reuniones donde se planearon decenas de crímenes. El otro paquete de pruebas está en el llamado computador de ‘Jorge 40’, que está en manos de la Fiscalía desde marzo pasado. En dicho computador está la grabación de una reunión realizada en enero de este año, a la cual asistieron cuatro diputados de Sucre, varios mandos medios del bloque Norte de las AUC y otros políticos de la región. SEMANA obtuvo la totalidad de la grabación. Su contenido es explosivo. Demuestra no sólo cómo se armó una estrategia electoral, coordinada por los hombres de ‘Jorge 40’, para controlar a Sucre y defraudar sus recursos públicos a través de contratos. Y deja en evidencia que gran parte de la clase política de ese departamento ha estado durante años vinculada a los paramilitares.
El testigo clave
En 2001 Jairo Antonio Castillo Peralta supo que lo iban a matar. Según su testimonio, después de haber trabajado más de dos años con Arana y García en la organización paramilitar, empezó a darle información al CTI. Por eso ordenaron su muerte, según les relató a los investigadores de la Fiscalía. Entonces contó todo. Que empezó como informante de la Armada en Corozal, y que en esa misma guarnición militar lo recomendaron como escolta de Joaquín García, controvertido ganadero de Sucre, conocido por ser prestamista de campañas políticas y cuyo nombre aparece en los archivos de inteligencia como el principal creador de los grupos paramilitares de la región. Después, Castillo empezó a trabajar como conductor de Salvador Arana, quien luego sería gobernador de Sucre y embajador de Colombia en Chile. En ese tiempo, Castillo fue testigo de varios crímenes que involucran a políticos, fiscales y miembros de la Fuerza Pública. En 1997 se habrían hecho las primeras reuniones para crear un grupo paramilitar que operara en la región de los Montes de María y La Mojana, según él, en la finca Las Canarias, propiedad del también ex gobernador Miguel Nule Amín, padre de Manuel y Miguel Nule, jóvenes empresarios que han ganado algunas de las más importantes licitaciones del país.
Para entonces existía una cooperativa de vigilancia -Convivir- en la zona, cuyo gerente era Víctor Guerra de la Espriella. Cooperativas a las que también estaba vinculado Eduard Cobos Téllez, administrador de la finca Las Melenas, y quien luego sería ampliamente conocido como el jefe paramilitar ‘Diego Vecino’. El otro hombre fuerte de la Convivir era Rodrigo Mercado Peluffo, un matarife de Macayepo, informante de la Armada, quien pasaría a la historia como el peor de los asesinos: ‘Cadena’. Pero detrás de estas cooperativas ya se estaba incubando el proyecto paramilitar que los políticos de Sucre tenían en mente.
Castillo cuenta de varias reuniones a las que asistieron, entre otros, Salvatore Mancuso, Álvaro García Romero, Víctor Guerra de la Espriella, Salvador Arana y Miguel Nule Amín; sobre estos dos últimos, la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía para que se les inicie una investigación penal. Las reuniones contaron con la participación y el beneplácito de algunos oficiales de la Policía y la Armada. En estos encuentros se estructuró el grupo paramilitar que sembró durante una década el terror en Sucre y al que se le atribuyen las peores matanzas: Chengue, El Salado, Macayepo y Ovejas. Así como el exterminio selectivo de centenares de personas, halladas en fosas el año antepasado, en la finca El Palmar de San Onofre. Castillo también menciona como parte de esta organización a Joaquín García, ganadero y comerciante de la región; a Ángel Villarreal, ex alcalde de Sincelejo, y a Salomón Feris, quien hace dos años se desmovilizó con las AUC como comandante 08. Y como si fuera poco, destaca a Jorge Luis Alfonso López, alcalde de Magangué e hijo de Enilce López ‘La Gata’, como la persona que se encargaba de sobornar a las autoridades para que los paramilitares cometieran sus crímenes sin obstáculos.
El testigo cuenta en detalle cómo el senador García y el gobernador Arana le dieron a él, un hombre analfabeta y que se ganaba la vida con un lavadero de carros, un contrato por 32 millones de pesos, para una obra civil que realizó un testaferro, del cual se desviaron 17.281.293 pesos de la Alcaldía de Sucre (Sucre) para los paramilitares. El cheque que demuestra esta defraudación es una de las pruebas más contundentes contra García.
Castillo también involucra a García con un asesinato. El episodio ocurrió después de las elecciones a la gobernación en octubre de 1997, que aparentemente iban a ser ganadas por Édgar Martínez. El senador García Romero no se resignaba a que su candidato, Eric Morris, perdiera. Además porque el dinero para esa campaña había salido de un préstamo que le hizo Joaquín García, y que tendría que pagar de todas maneras. Esa noche, al parecer, se fraguó un fraude electoral comprando a los funcionarios de la Registraduría y alterando registros en varios municipios. Al día siguiente la tendencia había cambiado y daba como ganador a Morris. Pero en la zona rural de San Onofre, Georgina Narváez, una maestra que no llegaba a los 30 años, y que había actuado como testigo electoral, tenía pruebas del fraude y lo denunció en Sincelejo. Castillo dice haber presenciado el momento en el que Álvaro García le dijo a Joaquín García que el único camino era matar a la mujer y que a renglón seguido, Joaquín García llamó a Salomón Feris (comandante 08) y le ofreció 10 millones de pesos por el crimen, dinero que pagaría Álvaro García. Georgina Narváez fue asesinada esa misma semana. La Corte también envió pruebas a la Fiscalía para que investigara a Joaquín García sobre estos crímenes.
La otra prueba que hunde hasta el cuello a García Romero es una grabación divulgada por SEMANA hace tres años, en la cual el senador habla también con Joaquín García sobre la necesidad de mover a los paramilitares hacia una zona y menciona algo que ocurrirá en la región en 10 días. Justamente en 10 días ocurrió la masacre de Macayepo donde fueron asesinados 12 campesinos y desplazadas cerca de 200 familias.
Como si fuera poco, Castillo Peralta relata cómo esta misma trinca mandó a asesinar a la fiscal Yolanda Paternina, que recibió su testimonio y que investigaba la masacre de Chengue.
La versión de Castillo, quien hoy está exiliado, demuestra lo que en Sucre es un secreto a voces: que los verdaderos jefes del paramilitarismo en la región fueron, durante muchos años, los políticos. Sin embargo, con las masacres y con el narcotráfico ‘Cadena’ y ‘Diego Vecino’ doblegaron a los Montes de María y convirtieron las alcaldías en su caja menor.
La desmovilización no acabó con esta situación. El computador de ‘Jorge 40’ demuestra que los políticos, enfermos de ambición, siguieron rendidos a los pies de los grupos armados, por razones más de corrupción que de política. Hace un año desapareció Rodrigo Mercado Peluffo ‘Cadena’, que estaba recluido en Santa Fe Ralito. Según uno de los chat que se rescataron del disco duro, ‘alguien’ pagó entre 500 y 1.000 millones para matar a ‘Cadena’, y lo habrían hecho hombres de ‘Jorge 40’ (ver recuadro).
Las nuevas pruebas
La grabación de la reunión ocurrida en enero demuestra también que ‘Jorge 40’ quería mantener el control político y militar en Sucre y Bolívar, y su punta de lanza eran las elecciones de marzo. A la reunión asistieron cuatro diputados de Sucre: Nelson Stanp, Ángel Villarreal, Johny Guillermo Villa y Walberto Estrada, políticos como Antonio Martínez, y los hombres de confianza de ‘Jorge 40’, Edgar Fierro Flórez ‘Don Antonio’, quien se encargaba de la parte militar, y Carlos Mario García ‘Gonzalo’, quien tenía bajo su responsabilidad la parte política. También asistió el médico Willer Cobo, quien era el encargado de extorsionar a las administraciones municipales, y que fue asesinado hace cuatro meses en Barranquilla. La idea era expandir el imperio de ‘Jorge 40’, disputándole los votos a la candidata que tenía ‘Diego Vecino’ para el Senado: Muriel Benito Revollo, ex representante a la Cámara que esta vez no salió elegida y quien ya fue llamada a indagatoria por la Fiscalía.
Las palabras iniciales de la reunión corrieron a cargo de ‘Gonzalo’, quien dice que “lo que se quiere es perpetrar un trabajo político y militar en el departamento de Sucre, una organización en cabeza de un comandante que no se haya desmovilizado, porque hoy por hoy no están dadas las condiciones para desmovilizarse”. Hay que recordar que para esta fecha, ‘Jorge 40’ era el único jefe paramilitar que no se había desmovilizado. No fue sino en marzo cuando realizó un desarme que, según se ha demostrado, tuvo más de parodia que de realidad.
Durante la reunión, ‘Gonzalo’ dice que “Me reuní con el comandante 40 y dijimos que de toda la contratación del departamento íbamos a recaudar el 10 por ciento para el mantenimiento de la estructura militar y política… así se está trabajando en los otros departamentos y se trabaja de forma muy agradable. En Magdalena se trabaja muy agradable. En Atlántico, La Guajira y Cesar no se tiene ningún problema y los contratistas van felices”.
A renglón seguido, el diputado Nelson Stanp, en una especie de hara-kiri, dice lo siguiente: “Me he ganado un poco de antipatía por la lealtad al comandante Cadena.. . durante los ocho años que estuve con el comandante Cadena, hasta su desaparición, me consideré uno de los hombres de más confianza y en quien más depositaba su confianza… ahora esperen toda la lealtad del mundo de mí y meteré las manos por ustedes el día que lo necesiten”, concluye Stanp.
El nombre de García Romero aparece en situaciones bastante comprometedoras. ‘Gonzalo’, jefe político del Bloque Norte, plantea la necesidad de negociar con ‘El Gordo’ y propone los siguientes términos: “Yo hablo con el gordo y lo convenzo. Él no tiene partido. Él con Mario Uribe va mal. Que se vaya con Alas”.
Al finalizar la grabación se vuelve a mencionar a García. Willer Cobo concluye que ‘Gonzalo’ y García deben sentarse a definir los nombres de las listas electorales y finaliza diciendo: “Álvaro García da aquí una plata. Con eso financiamos Cámara”.
Sobre el representante Eric Morris, se habla de ponerle los votos en Coveñas, Tolú Viejo, San Antonio de Palmito “aquí a vuelo de pájaro van como 10.000 votos para Morris”. Sin embargo, ‘Gonzalo’ dice: “Después que tenga todo organizado yo traigo a Morris para que se unte, para que conozca a sus hermanos de la organización… porque él por ahí está haciendo unas cositas militarongas…”.
El expediente contra los congresistas y los demás políticoses espeluznante. Sin embargo, causa curiosidad que hoy resulten contundentes testimonios y pruebas que desde hace más de cinco años estaban en manos de la Fiscalía. Se necesitó que el año pasado una ciudadana instaurara una demanda ante la Corte para iniciar en firme la investigación. También es cuestionable que todas las personas involucradas apenas empiecen a ser investigadas por la Fiscalía y la Corte, y que vino a ser el computador de ‘Jorge 40’ el detonador de un caso que ya parecía dormir el sueño de los justos.
Publicado en SEMANA, Fecha: 11/11/2006 – Edición 1280
