El acuerdo temporal pactado en La Habana, Cuba, ofrece un respiro temporal, pero la confrontación contra el Estado colombiano no es la única que sostiene este grupo insurgente. También choca en armas con disidencias de las antiguas Farc y los ‘gaitanistas’. Las comunidades de las zonas más golpeadas por esos enfrentamientos exigen soluciones integrales.
El cese al fuego nacional y temporal pactado entre el Estado colombiano y la guerrilla del Eln es un avance significativo en las conversaciones que adelantan desde hace varios meses en busca de una solución negociada a esta confrontación armada, pero por fuera de la mesa están las otras guerras que libra el grupo insurgente con diversas organizaciones armadas ilegales en algunas regiones del país.
Los focos bélicos más intensos se localizan en los departamentos de Arauca, donde el Eln sostiene enfrentamientos con una de las disidencias de las extintas Farc que se conoce como ‘Estado Mayor Central de las FARC-EP’, comandadas por ‘Iván Mordisco’, y en Chocó, donde se enfrenta con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) desde hace más de seis años.
En ambas confrontaciones la peor parte la llevan las comunidades campesinas, negras e indígenas, que constantemente se ven confinadas o desplazadas de manera forzada, rompiendo tejidos sociales, prácticas culturales y proyectos productivos. Esta situación ha sido denunciada nacional e internacionalmente.
Organizaciones locales, líderes y lideresas sociales, así como personas defensoras de derechos humanos, han propuesto que se gestione un cese al fuego multilateral, que incluya a todos los grupos armados ilegales y también a las fuerzas estatales, o, cuando menos, se impulsen conversaciones entre las estructuras armadas ilegales que están en confrontación.
De esa manera, argumentan, podrían llegar otros alivios humanitarios, más allá de los que permita el cese al fuego bilateral anunciado desde La Habana, Cuba, y reducir los estragos en las comunidades.
Las partes volverán a reunirse a mediados de julio en Venezuela para iniciar el cuarto ciclo de conversaciones. Se espera que avancen en los protocolos requeridos para adelantar el cese del fuego, que deberá arrancar el 3 de agosto, tal como se pactó en La Habana.
Confinados y desplazados
Las guerras del Eln contra diversas estructuras armadas ilegales ocasionó durante 2022 graves confinamientos y desplazamientos forzados, especialmente en regiones como el Pacífico y en Arauca, donde los choques son frecuentes.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados la ONU (ACNUR), en 2022 se presentaron 76 eventos por confinamiento que afectaron a 19.060 familias (69.881 personas). “De este modo, 2022 se convierte en el año con mayor número de personas afectadas por confinamiento desde que ACNUR comenzó el registro de este hecho”, precisó está agencia de la ONU.
Según esos registros, el departamento más afectado es Chocó. “La disputa entre distintos actores armados ilegales en las cuencas de los ríos Atrato, Baudó y San Juan han intensificado las acciones de control territorial y poblacional de estos actores sobre la población civil”, reportó ACNUR e indicó que este departamento concentra el 59 por ciento de los confinamientos. Son cinco los municipios donde esta emergencia ha sido recurrente: Alto Baudó, Bojayá, Medio San Juan, Riosucio y Sipí.
Ese fenómeno se extendió a los demás departamentos del Pacífico (Valle del Cauca, Cauca y Nariño). Junto con Chocó, según datos de ACNUR, concentraron el 84 por ciento de las emergencias por confinamiento el año pasado.
Los reportes en el sur de Chocó indican que desde el 2017 el Frente de Guerra Occidental del Eln disputa amplios corredores selváticos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’. Las comunidades han denunciado que el Ejército ha tomado parte apoyando a los ‘gaitanistas’ para afectar a los ‘elenos’. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública?)
Siguiendo la ruta de confrontaciones, Arauca es otro de los departamentos afectados por los confinamientos como consecuencia de las confrontaciones armadas en las que está involucrada el Eln. “Como consecuencia de las disputas entre el ELN y grupos disidentes de las FARC, en los municipios de Arauquita, Fortul, Puerto Rondón y Tame se han registrado más de 30 eventos de este tipo; salvo en Fortul, en los demás municipios los eventos han sido recurrentes”, asevera ACNUR en su reporte sobre lo ocurrido en 2022
Con respecto al desplazamiento forzado, esta agencia de la ONU reportó para el año pasado 176 desplazamientos masivos que afectaron a 26.336 familias (68.745 personas), que tuvieron lugar en 58 municipios de 12 departamentos del país.
Así, según el monitoreo de ACNUR, 2022 fue el año con mayor población desplazada en eventos masivos por causas relacionadas por el conflicto armado desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las Garc en 2016.
Las mayores afectaciones ocurrieron, en su mayoría, en la región Pacífico (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño), donde se concentró el 82 por ciento de la población desplazada. “Solo el departamento de Nariño concentró la mitad de la población afectada”, indicó ACNUR.
La situación no ha mejorado en el año en curso. Según el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), la confrontación armada entre el Eln y ‘gaitanistas’ sigue ocasionando confinamientos y desplazamientos forzados. Así lo denunciaron a finales del pasado mes de mayo.
“Como consecuencia de la situación de confrontación armada, se viene presentando desplazamiento forzado de carácter masivo de las comunidades negras de Cajón, Torrá, y Santa Bárbara (municipio de Nóvita), así como de Charco Largo, Barrancón, y Charco Hondo en el municipio de Sipí. La mayor parte de las familias se están desplazando hacia la cabecera municipal de Istmina, aunque algunas se han dirigido a Nóvita. Las comunidades y familias que resisten están en situación de confinamiento y están en alto riesgo de desplazamiento forzado”, se lee en el comunicado. (Ver documento)
En el caso de los pobladores del departamento de Arauca, según ACNUR, padecieron un “agudo deterioro de la situación humanitaria” por cuenta de las disputas entre Eln y grupos disidentes de las extintas Farc que “causaron desplazamientos masivos dentro de Arauca y hacia departamentos vecinos, en su mayoría reconocidos y atendidos como desplazamientos individuales, así como desplazamientos desde Venezuela hacia Arauca”.
La guerra entre alzados en armas y las disidencias no parece tener tregua este año. De hecho, el pasado 4 de junio, seis días antes de conocerse la decisión en La Habana, voceros del Frente de Guerra Oriental del Eln anunciaron a través de un video la declaratoria de guerra contra un frente disidente de las antiguas Farc comandado por alias ‘Antonio Medina’ (Omar Pardo Galeano), que opera en zona de frontera con Venezuela y a la que los ‘elenos’ catalogan de “organización criminal, mercenaria y narcoparamilitar”.
La situación en Antioquia también es crítica. En regiones como el Bajo Cauca, Nordeste, Norte y parte del Occidente antioqueño y el sur del Córdoba, el Eln choca con las Agc. “Entonces, allí es donde se queda el sinsabor de que hace rato se ha disminuido la confrontación entre el Eln y la Fuerza Pública, pero lo mismo no está sucediendo en algunos territorios con grupos con las Agc”, aseveró Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), que estudia este tipo de fenómenos.
Igual situación se registra en el Catatumbo, Norte de Santander, donde tienen presencia diversos grupos armados ilegales. Allí el Eln también choca con las Agc. De acuerdo con Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, que analiza con detalle este tipo de situaciones en este departamento, ese es un inconveniente para el cese al fuego.
“Los ‘gaitanistas’ incursionaron en diciembre de 2020, absorbieron a ‘Los Rastrojos’ y están en expansión hacia el bajo Catatumbo. Ahí hay una guerra que el Eln le ha declarado a las Agc o ‘Clan del Golfo’, en donde permanentemente están enfrentados y quienes pagan las consecuencias son la población civil, las organizaciones sociales y los líderes que trabajan en esos territorios”, explicó Cañizares.
Visiones agridulces
El cese al fuego, temporal y nacional, acordado por el Estado colombiano y el Eln anunciado el pasado viernes en La Habana tiene tres etapas: la primera va hasta el 6 de julio, fecha en la cual se confirmarán los protocolos y los mecanismos de verificación. A partir de ese día y hasta el 3 de agosto, se realizará el proceso de alistamiento, para que, a partir de ese momento, comiencen a correr los 180 días pactados, que podrían ser prorrogables de acuerdo con el balance que hagan las partes.
“Es muy difícil tener esperanza en estos momentos. El Eln entra a un cese al fuego bilateral, pero, paralelamente, están decretando guerra con las disidencias y estas últimas responden en el mismo sentido. Al final, sigue quedando la población civil en medio de la guerra”, se lamentó un líder social de Arauca, quien, por razones de seguridad, pidió la reserva del nombre.
Jorge López, integrante de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro y del Coordinador Nacional Agrario, también reconoce que el cese del fuego es “un avance sobre la situación humanitaria en los territorios donde se espera que haya una disminución de los homicidios, desplazamientos y otros hechos victimizantes”. No obstante, expuso la otra cara de la moneda.
“Por otro lado, no hay una voluntad real del Estado y de las estructuras de las fuerzas estatales para desmontar el paramilitarismo, que ahora ha tomado otras caras”, expuso López y llamó la atención sobre una de las debilidades del cese al fuego pactado en la isla del Caribe: “No presiona para que grupos como las llamadas disidencias de los frentes 10, 28 y 45 comandadas por un colaborador del Ejército (en referencia a alias ‘Antonio Media, quien confesó ante tribunales de Justicia y Paz que luego de desertar de las antiguas Farc en 2009 se había dedicado a colaborar con la Fuerza Pública), y otras estructuras paren su política de exterminio contra el movimiento social”.
Y agregó: “Tampoco se toman medidas contra la expansión del paramilitarismo denunciada por las comunidades al igual que su relación con fuerzas militares y policiales. Mejor dicho, no contempla a los que matan con cuchillo prestado. El cese es un avance temporal, pero la voluntad del Estado se muestra muy limitada”.
Desde Chocó también se expresaron a favor del cese al fuego pactado en Cuba. Elizabeth Moreno Barco, lideresa de Acadesan, calificó “de gran valor” lo decidido en la isla del Caribe: “Es muy importante teniendo en cuenta que, como proceso, siempre hemos solicitado que sea uno de los alivios humanitarios que se le puede ofrecer a las comunidades para bajarle la intensidad al conflicto armado y buscar articulaciones que nos permitan gozar de esa paz total en los territorios”.
La lideresa también llamó la atención sobre la expectativa de ese acuerdo en las regiones, donde esperan que la decisión ayude a superar la situación local y regional: “Una cosa es lo que se habla en la mesa frente a los compromisos del Eln y del gobierno, pero otra cosa es la realidad que vivimos en los territorios, donde se siguen dando los desplazamientos, los confinamientos, las desapariciones, los asesinatos”.
Que cese la estigmatización
Otra de las debilidades que le observan al pacto de La Habana es que no contiene compromisos sobre lo que califican de acciones estigmatizantes contra los liderazgos sociales y declaraciones de funcionarios que ponen en peligro a las personas defensoras de derechos humanos.
De esas acciones de estigmatización también ha hecho parte alias ‘Antonio Medina’, el disidente de las antiguas Farc que en la guerra con el Eln ordenó la detonación, en Saravena, de un carro bomba en las afueras del edificio Héctor Alirio Martínez, sede de varias organizaciones sociales, y lanzó amenazas contra 300 pobladores.
“’Antonio Medina’ equiparó a todo líder social, comunal e, incluso, comerciantes de Saravena, como miembros del Eln”, contó uno de los lideres saravenenses, quien, además, dijo que esa misma dinámica la ha seguido la Fiscalía, ordenando allanamientos contra presidentes de Juntas de Acción Comunal a quienes sindica, “sin fundamentos”, de pertenecer al grupo alzado en armas.
Sonia López, vocera del Movimiento Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, reiteró a través de un video divulgado en la red social Facebook, que es necesario que este cese al fuego abarque otros aspectos, “como la estigmatización contra el movimiento social, se desmonten las estructuras paramilitares y se pare la ofensiva de exterminio de las organizaciones comunitarias que se piensan un país diferente”.
Para el caso de Arauca, López planteó que es necesario que el Estado colombiano empiece por “desarticular ese contubernio que hay entre la Fuerza Pública y estructuras criminales de corte paramilitar y narcotraficante que en la región se conocen como disidencias del Frente 10, 28 y 45 de las Farc, y que desde el año pasado han venido en una ofensiva contra el movimiento social”.
Cañizares, de la Fundación Progresar, consideró que el cese al fuego acordado debe estar dirigido a proteger a la sociedad civil. “El mayor desafío del gobierno nacional es lograr que el cese se cupla de manera total frente al comportamiento del Eln con la sociedad civil, con organizaciones y líderes sociales”.
Y agregó: “El tema del cese al fuego entre los armados puede ser más fácil, pero amenazar a un líder social, amenazarlo, despojarlo y perseguir a sus organizaciones, eso no tiene la misma dimensión que un ataque a una base miliar o puesto de Policía. Al gobierno le hemos insistido que lo fundamental es garantizar que el Eln cumpla el cese y deje de agredir a la población civil”.
Pero lo que planteó Cañizares no está en la órbita de los negociadores del Eln en La Habana. Así lo dejó claro el jefe de la delegación del grupo subversivo, alias ‘Pablo Beltrán’, quien en una conversación con periodistas dijo que el tema de las finanzas apenas se empezó a discutir en la mesa con el gobierno nacional y aún no ha terminado.
“En estos protocolos no entrarán, se aspira a que más adelante sí”, dijo ‘Beltrán’, lo que permite concluir que tanto la extorsión como el secuestro se mantendrán como práctica de financiación del grupo alzado en armas.
Al respecto, Cañizares planteó varios interrogantes: “El tema de las extorsiones es generalizado, allí habrá un problema muy grande. ¿Qué va pasar el día que un tendero no quiera pagar ‘impuesto’ a las cervezas o ‘impuesto’ a las gaseosas que vende? Eso pasa en todo lado, no sólo el Catatumbo, también en la zona rural de Cúcuta. Saldrán unos temas muy complicados que dependerán de la voluntad del Eln de cumplir con el cese al fuego”.
Reclaman monitoreo efectivo
El acuerdo alcanzado estableció el plazo de un mes para confeccionar los protocolos que regirán el cese al fuego de seis meses. Al respecto, Zapata, del IPC, sostuvo que los mecanismos de monitoreo y verificación funcionan si hay participación de la sociedad civil y son expeditos en los territorios.
“Están la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia Católica, que tienen un gran cubrimiento en el territorio nacional, pero realmente el cubrimiento en esencia está por las organizaciones comunitarias de base”, planteó este investigador social.
En ese sentido, expuso que su aspiración es que la sociedad civil participe activamente en las acciones de monitoreo y verificación, “y en esa medida nos parece importante el anuncio para vincular en su construcción otros actores”.
“El llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Paz y a las partes –agregó– es que hagan públicos los protocolos. Si no los hacen públicos, como pasó con los anteriores decretos, entonces qué seguimiento y control le vamos a hacer al cumplimento de esos acuerdos. Estos son los primeros pasos esperando la consolidación de la paz en el territorio nacional, que en el anterior proceso nos quedó bastante coja”.
Cañizares se sumó a esa preocupación por el monitoreo y la verificación, aunque resaltó que el anuncio lo recibió “con mucha esperanza y expectativa”. Sin embargo, dijo que en la región están “muy atentos a cómo se va a desarrollar el proceso de monitoreo de cumplimiento efectivo de lo pactado” por los desafíos que implica.
Y añadió: “La situación es muy compleja. El Eln, según nuestro observatorio de derechos humanos, tiene presencia en 25 de los 40 municipios de Norte de Santander; tiene 12 estructuras militares. El primer desafío es cómo hacer un monitoreo efectivo que logre garantizar el cumplimento del cese al fuego y de hostilidades en una región tan amplia y con diversas estructuras”.
Moreno, de Acadesan, confió en que los protocolos que ahora están en construcción incluyan como garantes a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, a la Iglesia Católica y “a los demás acompañantes del nivel nacional e internacional”, para que lo pactado se cumpla. Además, propuso la integración de diversas organizaciones del Pacífico colombiano para “todos revisemos y podamos crear estrategias, lineamientos que nos permitan tener una sana convivencia, para poder hablar de paz”.
Fuentes conocedoras de las dinámicas de la guerra del Eln, que prefirieron hablar desde el anonimato, recordaron que tras el cese al fuego pactado en 2017 durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), fue compleja la verificación, sobre todo en zonas rurales.
“Si antes fue difícil, en este momento, en los territorios que están con esas otras guerras será mucho más complicada la verificación”, dijo una de las personas consultadas.
Si bien en el acuerdo alcanzado en La Habana se contempló la participación de las organizaciones de la sociedad civil en estas labores, la pregunta que se hacen las personas entrevistadas por este portal es ¿cómo harán esa verificación dados los riesgos que genera la confrontación armada y, sobre todo, cuando son las mismas comunidades desplazadas y confinadas?
“Tampoco están pudiendo entrar a esos territorios organizaciones como la ONU y la Iglesia Católica. ¿Entonces cómo se hará esa verificación?”, reiteró una de las fuentes.
¿Y los otros grupos?
El cuello de botella del cese al fuego acordado por el Estado colombiano con el Eln es la injerencia de otros grupos armados ilegales con los cuales la organización insurgente sostiene choques armados con afectación de la población civil, en especial con las disidencias de las Farc y las Agc.
Por el momento aún no hay un camino despejado para establecer acuerdos con esas organizaciones armadas ilegales. Con las disidencias las conversaciones han sido inestables y llenas de obstáculos, y con los ‘gaitanistas’ se encuentran suspendidas hace varios meses por decisión del gobierno nacional ante sus ataques a la Fuerza Pública.
Para Moreno, la lideresa chocoana, “lo más importante es confiar en que se puede seguir dialogando, pero que también se puede seguir buscando estrategias para los actores armados que están presentes en el territorio, aparte del Eln, que permitan bajarle a la situación en la que estamos”.
Y de paso hizo un llamado que espera se multiplique: “A que los actores armados presentes en el territorio respeten la vida de los seres humanos que habitamos el Pacífico colombiano. Al respeto a la vida de los seres humanos que vivimos a diario todo el conflicto de la guerra y quienes hemos sido los que hemos pagado el alto costo”.
Zapata, del IPC, hizo una propuesta que también comparten en Arauca: “Hay que plantear en el escenario la necesidad de un cese multilateral o por lo menos del Eln con otros actores, para que realmente la presión sobre la sociedad civil en estos territorios baje ostensiblemente”.
En el anuncio del cese al fuego estuvo presente el presidente Gustavo Petro. Desde la isla del Caribe, dijo, con voz optimista, que estas conversaciones con el Eln llegaron “a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos a un cese al fuego que sigue con una promesa: el 25 de mayo de 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el Eln y el Estado de Colombia”.
Tal afirmación está por verse, pues habrá que resolver no sólo la confrontación armada con este grupo alzado en armas, sino con aquellos que persisten en disputarle sus territorios y que sostienen una guerra que está por fuera de lo acordado en La Habana.
* Foto de apertura: Presidencia de la República.
