El reconocimiento de responsabilidad en el asesinato de seis personas, de distintas características y orígenes, evidenciaría hasta dónde fue capaz esta guerrilla de llevar sus venganzas. Documentos internos revelan algunas de las razones que explicarían esos homicidios. La justicia transicional deberá corroborar o descartar esas versiones.
La noticia no podía ser más explosiva: tres excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc enviaron una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que reconocieron la autoría, como grupo insurgente, del homicidio del líder político Álvaro Gómez Hurtado y de cinco personas más, perpetrados en distintos momentos de la década del noventa y comienzos de la del dos mil.
El anuncio lo hizo la presidenta de la JEP, Patricia Linares, en la mañana del pasado sábado. Su declaración conmocionó al país: “La Jurisdicción Especial para la Paz informa que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR), después de una reunión celebrada el 25 de septiembre, ha recibido una carta en representación del antiguo Secretariado de las Farc-EP, en la cual se ofrece aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad en los siguientes casos”.
Y procedió a enumerarlos: Álvaro Gómez Hurtado (2 de noviembre de 1995); Hernando Pizarro León-Gómez (25 de febrero de 1995); José Fedor Rey (30 de junio de 2002); Jesús Antonio Bejarano (15 de septiembre de 1999); Fernando Landazábal Reyes (12 de mayo de 1998); y Pablo Emilio Guarín (15 de noviembre de 1987).
Varias horas después de ese anuncio, ocho exintegrantes de lo que en el pasado se conoció como el ‘Secretariado del Estado Mayor Central’, encabezados por su máximo vocero, Rodrigo Londoño, difundieron una declaración, titulada “Aportamos verdad de cara al país”, mediante la cual respaldaron lo dicho por Linares y reiteraron que “de esta manera, ratificamos nuestro compromiso indeclinable con la paz de Colombia, con las víctimas y sus familiares”. (Carta FARC)
Se trata de seis personas, de distintos orígenes y representatividad, que obsesionaron por diversas razones al grupo guerrillero en su confrontación contra el Estado colombiano. Si bien algunos de esos hechos permanecieron en secreto durante más de 25 años, como los de Gómez Hurtado y Bejarano, documentos internos del antiguo grupo armado alzado en armas arrojan luces sobre las razones que habrían tenido para cometer esos homicidios.
Una de las características de los comandantes de este grupo armado durante su existencia como grupo armado ilegal fue su disciplina para escribir largos textos de reflexión y análisis sobre sus políticas internas, su accionar político y militar, y sobre la coyuntura nacional e internacional. Su objetivo era que todo ese material fuera leído por las bases guerrilleras en su proceso de formación.
Varios de esos documentos, conocidos por Verdadbierta.com, hacen parte del Informe Génesis, un compendio de archivos documentales de las antiguas Farc preservados y compilados por el Grupo de Reconstrucción Documental Histórica del Ejército, bajo la coordinación de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación.
Por ello no todo fue tan secreto en la extinta guerrilla de las Farc, sobre todo cuando se trataba de acciones militares que acabaron con la vida de aquellos que llamaban “sus enemigos”. A través de la lectura de informes a las distintas conferencias guerrilleras, máxima instancia de discusión de este grupo desmovilizado, se pueden observar rasgos de sus obsesiones por algunos de los asesinados, las pruebas de que sí los habrían ejecutado y las razones de esas acciones armadas.
Obsesión paramilitar
Desde comienzos de la década de los ochenta, el grupo insurgente expresaba en las reuniones de mando y en sus documentos de análisis el creciente fenómeno del paramilitarismo en territorios donde hacían presencia, especialmente en la región del Magdalena Medio boyacense y cundinamarqués, ligado a poderosos narcotraficantes asociados al Cartel de Medellín.
En los documentos preparatorios y en las conclusiones de la Séptima Conferencia Guerrillera, realizada entre el 4 y el 14 de mayo de 1982, los insurgentes consideraban que el llamado Estatuto de Seguridad impulsado bajo la Presidencia de Julio Cesar Turbay (1978-1982), era “la encarnación de la teoría neofascista de la Seguridad Nacional a cargo de los monopolios financieros del capital internacional con sede en los Estados Unidos, con disposiciones y medidas de alta policía que dan carta blanca a organizaciones de torturadores y asesinos como el MAS (Muerte a Secuestradores) y otras agencias del crimen con cargo a los altos mandos militares”. (Leer más en: Muerte a secuestradores MAS: Los orígenes del paramilitarismo)
Para enfrentarse a esa estrategia de seguridad, se plantearon en octubre de 1983 dos tareas: de un lado, una acción política a nivel nacional e internacional para denunciar de constante los atropellos de agentes del Estado y del paramilitarismo; y de otro, la creación de una estructura guerrillera en el Magdalena Medio “para librar una ofensiva de comandos contra las fuerzas represivas”, la cual debería coordinarse con los distintos frentes guerrilleros que operaban en la región.
Once años después, el tema volvió a ser motivo de discusión en las filas insurgentes, esta vez en desarrollo de la Octava Conferencia Guerrillera, celebrada entre el 27 de mayo a 3 de abril de 1993. En uno de los informes preparados para este encuentro, se insistió en relacionar el fenómeno del paramilitarismo con la concepción de la Seguridad Nacional, que a juicio de los insurgentes, “causó estragos irreparables al Partido Comunista, a la Unión Patriótica y a otras organizaciones democráticas y de izquierda”. (Leer más en: Exterminio de la UP fue un genocidio político)
Y agregaron que “sectores del ejército coaligados con narcotraficantes y esmeralderos pusieron en marcha un plan de exterminio físico de la oposición en Colombia que contó con el aval del silencio del gobierno. El objetivo era descabezar el movimiento revolucionario con métodos de guerra sucia”.
En reacción a esa situación, y teniendo en cuenta que el fenómeno paramilitar se había enquistado en Puerto Boyacá y desde allí se irradiaba a la región y al país, las Farc actuaron en consecuencia a lo determinado años atrás.
“Como respuesta contundente de nuestra parte a esta política, además de las acciones militares contra las Fuerzas Armadas oficiales, logramos entre otros, el castigo ejemplar a Pablo Emilio Guarín Vera, máximo jefe de las autodefensas de Puerto Boyacá”, se lee en un informe presentado en la Octava Conferencia Guerrillera.
A renglón seguido plantearon que “en el momento actual debemos trabajar con energía para desvertebrar los focos paramilitares que aún quedan, combinando para el efecto, procedimientos militares, de disuasión y políticos y muchas otras formas que culminen en su destrucción o su neutralización definitiva”.
Lo que catalogaron como “castigo ejemplar” no fue otra cosa que su asesinato, perpetrado por sicarios poco antes del mediodía del 15 de noviembre de 1987 en la vía que de Tunja conduce a Chocontá, en el departamento de Boyacá. Los agresores lo atacaron desde un vehículo en marcha y pese a que viajaba con tres escoltas y uno de sus hijos, Guarín, quien para esa época se desempeñaba como Representante a la Cámara por el Partido Liberal, fue el único que perdió la vida.
Para las Farc representaba un líder que conducía en aquellos años el germen de lo que sería el paramilitarismo en Colombia en las siguientes décadas. Sus posturas anticomunistas, su apoyo a los líderes de las autodefensas de Puerto Boyacá, considerada desde 1984 “la capital antisubversiva de Colombia” y su aversión al grupo guerrillero motivó su supuesta persecución y muerte.
Las posturas de Guarín tenían amplia resonancia y se apoyaba no sólo en sus intervenciones públicas, sino en un periódico que contribuyó a fundar, llamado Puerto Rojo, de amplia circulación en el Magdalena Medio. En esas páginas defendió el derecho de los campesinos a armarse contra la guerrilla.
Durante un recuento histórico sobre el origen de las Autodefensas de Puerto Boyacá, un fiscal de Justicia y Paz expuso en una audiencia realizada el 26 de octubre de 2011 que Guarín hacía parte de la “dirigencia política” de esa estructura paramilitar.
Pero el reconocimiento de responsabilidad sobre este asesinato por parte de los antiguos miembros del ‘Secretariado del Estado Mayor Central’ se enfrenta a otras versiones recogidas por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en desarrollo de los llamados Acuerdos de la Verdad, en aplicación de la Ley 1424 de 2010.
Esa norma promovió la reintegración de exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que no fueron cobijados por la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005) y le ofreció una solución a su situación jurídica al ofrecerles beneficios penales siempre y cuando contaran la verdad de su paso por la guerra.
Y justo un informe del CNMH sobre las autodefensas de Puerto Boyacá, publicado en diciembre del año pasado, recoge la versión de militares y paramilitares de esa época que arroja una explicación muy distinta a la que proyectan darle a la JEP los exjefes de las antiguas Farc.
En síntesis, en ese informe se plantea que fue asesinado por los propios paramilitares, entre ellos uno de sus escoltas, por orden del narcotraficante Rodrigo González Gacha, a quien no le gustaban las opiniones de líder político sobre el narcotráfico y su influencia en las nacientes autodefensas, que derivarían luego en el proyecto paramilitar.
Infiltración, otra obsesión
Una de las mayores preocupaciones de las extintas Farc era que sus fuerzas irregulares fueran infiltradas por “el enemigo” y “los destruyeran desde dentro”. En diversos documentos internos expresaron sus inquietudes y sus errores, sobre todo en el relajamiento de las políticas de reclutamiento, que incluía a menores desde los 15 años de edad. (Leer más en: Reclutamiento en las Farc estaba reglamentado desde 1966)
Para finales de los ochenta y comienzos de los noventa, el temor de este grupo alzado en armas era que se fraccionaran y se diluyera su proyecto insurgente. Y esa tensión se hizo más fuerte cuando se creó en el norte del departamento de Cauca una disidencia que se conoció como el Frente Ricardo Franco, comandada por José Fedor Rey, conocido en las filas como ‘Javier Delgado’, y Hernando Pizarro Leongómez, hermano de Carlos, máximo jefe del movimiento guerrillero M-19.
La explicación esbozada por los entonces comandantes de las Farc fue que una de sus redes urbanas resultó infiltrada por ‘Delgado’, quien ingresó a las filas guerrilleras en 1973 y de donde desertó casi diez años después llevándose una fuerte suma de dinero con la cual financió su disidencia.
Al disidente lo señalaban de estar al servicio de la Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés) en desarrollo de la política de doctrina de la Seguridad Nacional. Así lo planteó la dirigencia de la organización guerrillera en un comunicado difundido en septiembre de 1985, en el que calificaron al Frente Ricardo Franco como un grupo paramilitar “al que la CIA le impuso la misión de asesinar dirigentes revolucionarios desarmados” y que estaba siendo comandado por un “sicópata”, aludiendo a ‘Delgado’.
Y esos temores se hicieron realidad dos meses después, cuando el disidente inició una purga interna en las filas del Ricardo Franco que acabó con la vida de por lo menos 169 guerrilleros a los que acusó de ser infiltrados del Ejército, en lo que se conoce como la Masacre de Tacueyó, pues ocurrió en esta región del municipio de Toribío, norte de Cauca.
Se estima que esa matanza se prolongó hasta enero de 1986 y al frente de ella estuvieron ‘Delgado’ y Pizarro Leongómez, razón por la cual fueron cuestionados por las Farc. En informes expuestos en la Octava Conferencia Guerrillera, en 1993, se refirieron al tema: “Tuvimos que afrontar no pocas complicaciones como las generadas por Javier Delgado en su empresa fraccionalista contra las FARC”.
Lo que nunca le perdonaron a ‘Delgado’ y su segundo al mando fueron sus propósitos divisionistas y de aislamiento de las Farc, el fortalecimiento de sus alianzas con otras fuerzas guerrilleras como el Eln, el M-19 y el Epl, entre otros, y que esas labores hubieran calado en el gobierno cubano. Al respecto, escribieron: “Los cubanos, que habían creado el Departamento América para atender todo lo relacionado con las organizaciones revolucionarias y armadas, resultaron en consecuencia involucrados en pronunciamientos, abiertamente desfavorables a las FARC”.
‘Delgado’ fue ‘enjuiciado’ por las Farc y condenado a muerte, pero huyó y se refugió en la ciudad de Cali, donde fue capturado por las autoridades el 8 de febrero de1985, luego fue procesado y condenado a 19 años de cárcel por la llamada Masacre de Tacueyó. El 30 de junio de 2002 lo encuentran muerto en su celda del penal de Palmira. Inicialmente se informó que se había suicidado, pero una llamada a un noticiero local de televisión esbozaría otra realidad: que fue asesinado por hombres al servicio del grupo guerrillero.
El interlocutor, quien habló a nombre del Frente Arturo Ruiz de las Farc, explicó la acción criminal: “Somos los responsables de lo que ocurrió a ‘Javier Delgado’. La justicia tarda, pero llega. Lo asesinamos por la serie de injusticias que cometió en nuestra organización”.
Con respecto a Pizarro Leongómez las versiones son más confusas. Luego de huir de Cauca tras lo ocurrido en Tacueyó y refugiarse en Bogotá, fue detectado por hombres armados en el barrio Alta Blanca, en el norte de la ciudad, quienes lo asesinaron en la vía pública en la noche del 25 de febrero de 1985 luego de sacarlo a la fuerza de su residencia.
En este caso, la versión que prometen los excomandantes de las Farc se enfrentará a una realidad judicial diametralmente opuesta. En un principio, fue condenado a 40 años de cárcel Gustavo Sastoque Alfonso, exfuncionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, quien fue señalado por tres supuestos testigos de participar en el operativo que acabó con la vida de Pizarro Leongómez.
Pese a que Sastoque purgó 11 años de cárcel y salió libre por cumplir buena parte de su condena, su caso fue revisado y se encontró que fue inculpado por tres falsos testigos, uno de los cuales, Olga Esther Guevara, estaba vinculada laboralmente al Fondo Rotatorio del Ejército. Su hermana, Magdalena, también señaló al exfuncionario del CTI, al igual que Germán Ramírez, un vendedor ambulante.
A los tres falsos testigos se les llevó a juicio en 2012 por haber inducido al error a la justicia y procesar a un inocente. Diversas versiones indicaron que el crimen había sido un montaje del Ejército.
Contra la élite política
En la historia del surgimiento de las Farc está enquistada la figura del líder político del Partido Conservador, Álvaro Gómez Hurtado, a quien catalogaban de “incendiario” por haber promovido la guerra contrainsurgente y anticomunista e incitado el ataque a las colonias campesinas de región de Marquetalia, en el sur de Tolima, en mayo de 1964, que derivó en el alzamiento en armas y posterior conformación del grupo guerrillero.
En un acalorado discurso pronunciado por el entonces senador Gómez en sesión del 25 de octubre de 1961, y en un franco cuestionamiento al presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962), aseveró que “no se ha caído en la cuenta que hay en éste país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado”; además, se fue lanza en ristre contra el mandatario advirtiendo que “el Señor Presidente Lleras va a pasar a la historia como un fundador de cinco Repúblicas, Independientes, porque la soberanía nacional se ha quebrantado”
Gómez concluyó con una frase lapidaria: “Lo que ocurrió fue que este gobierno, como esos emperadores decadentes del Bajo Imperio Romano, ha resuelto pagarle un tributo a los bárbaros”, al hacer referencia a cinco colonias campesinas asentadas en las regiones de El Duda, Ariari, Guayabero, Pato, Riochiquito y Marquetalia.
La insistencia del Senador en recuperar esas zonas y desalojar a las autodefensas campesinas comunistas se concretó el 18 de mayo de 1964, cuando el entonces presidente Guillermo León Valencia ordenó un masivo ataque, que se denominó la Operación Marquetalia, y que fracasó en su intento de reducir a los 48 guerrilleros que comandaban ese incipiente grupo insurgente, liderados por ‘Manuel Marulanda Vélez’. (Leer más en: ‘Operación Marquetalia’, bajo la mirada de archivos de inteligencia)
Lo que engendró ese ataque, y que ha sido motivo de sendas reflexiones internas, fue un odio profundo contra las élites políticas, que se expresa en numerosos documentos de las Farc, que, incluso, quedó consignado en su documento fundacional, el Programa Agrario, proclamado el 20 de julio de 1964.
“Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas ‘Repúblicas Independientes’ y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder”, se lee en el documento.
En la instalación de los diálogos de paz, en San Vicente del Caguán, Caquetá, el 7 de enero de 1999, bajo el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el máximo comandante del grupo armado ilegal, ‘Manuel Marulanda’, aseveró que Gómez Hurtado promovió la represión contra los campesinos asentados en las colonias agrícolas.
“Motivados por el doctor Gómez, el congreso facultó al Presidente y a los altos mandos militares, para que nos pasaran la cuenta de cobro por haber enfrentado las dictaduras de Laureano Gómez y el general Rojas Pinilla, a pesar de haber sido nosotros amnistiados e indultados por una ley del parlamento. Huyendo a la represión oficial, nos radicamos como colonos en la región de Marquetalia (Tolima), donde el estado nos expropió fincas, ganados, cerdos y aves de corral”, se quejó ‘Marulanda’, en esa ocasión.
Para ese momento, ya el líder político conservador había sido asesinado, cuatro años atrás, a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, donde era catedrático. El crimen, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, conmocionó al país, pero a pesar de las promesas por resolver el caso, aún permanece en la impunidad.
Sobre esa acción criminal se han tejido distintas hipótesis, entre ellas que habría sido un crimen de Estado en medio de una inestable situación política provocada por las denuncias de infiltración de dineros del narcotráfico en la campaña de quien luego sería el Presidente de la República, Ernesto Samper (1994-1998).
Si bien se han reseñado cruces de cartas que indicarían que el asesinato fue ordenado de manera secreta por ‘Marulanda’, la versión que esperan entregar los exmiembros del llamado ‘Secretariado del Estado Mayor Central’ tendrá que superar dos décadas de investigaciones para desvituar lo poco que se ha sabido y probar que, efectivamente, sí fueron ellos, que supieron de las intenciones de su máximo jefe y que tienen conocimiento de los detalles.
“Un fascista”
Para la guerrilla de las Farc, el general Fernando Landazábal se había convertido en una obsesión por sus posturas radicales en torno a fortalecer la solución militar en la confrontación del Estado contra esa organización insurgente. En los documentos internos siempre lo catalogaron de fascista.
Con una vida militar de más de 36 años, que lo llevó a ser ministro de Defensa bajo la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986), sus férreas posturas antisubversivas le granjearon un profundo odio en las Farc, que se expresaron en documentos de análisis expuestos en la Séptima Conferencia Guerrillera, de 1982.
Al hacer un análisis del contexto electoral de ese año, que llevaría a la Presidencia a Betancur, advirtieron de una “feroz campaña antidemocrática, anticomunista y anti-FARC encabezada por los generales fascistas Landazábal Reyes, Lema Henao, Camacho Leyva y otros”.
De acuerdo con la percepción del grupo guerrillero, estos altos oficiales del Ejército representaban la línea dura de las Fuerzas Militares y mientras ellos estuvieran en sus cargos, la confrontación no tendría una solución pacífica. En las elucubraciones de los mandos superiores de las Farc se calificaba a Landazábal Reyes como el cerebro de una campaña golpista en medio del proceso electoral.
“Esa escalada terrorista de que hablamos está ligada directamente con los planes golpistas de un grupo de generales que no esperan sino una coyuntura favorable para tomar el poder”, apuntaron las Farc en 1982. “Esos generales son Fernando Landazábal Reyes, Rodrigo Botiva, Miguel Antonio Guerrero Paz y Forero Delgadillo (José)”.
En un lado diametralmente opuesto, los alzados en armas ubicaban a dos generales, Nelson Mejía Henao y Gustavo Matamoros D’acosta, quienes, según las Farc, bloquearon “en varias ocasiones el golpe que organiza Landazábal, es decir, que se pone en evidencia la pugna de los dos grupos principales”.
A juicio de los insurgentes, esa supuesta división debería ser aprovechada por ellos para avanzar en su propósito de tomarse el poder: “Hay en el seno de las Fuerzas Armadas serias contradicciones que si todavía no se han puesto de manifiesto, se pondrán, cuando la lucha de clases se ahonde y radicalice, y agregamos: No todos los altos mandos son fascistas y mucho menos toda oficialidad de rango intermedio ni la suboficialidad en su conjunto”.
A Landazábal se le señalaba desde distintas instancias sociales y políticas de aprovecharse de su cargo como alto oficial del Ejército y, posteriormente, como Ministro de Defensa, de estar detrás de la llamada “guerra sucia” contra sectores de izquierda y críticos de la doctrina de Seguridad Nacional, que se expresó en capturas arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y promoción de los nacientes grupos paramilitares.
Luego de que el presidente Betancur se embarcara en la idea de buscarle una salida negociada a la confrontación armada, el general Landazábal, posesionado como ministro en enero de 1983, expresó su molestia porque, a su juicio, el mandatario “creyó más en las directivas de la subversión”, y renunció a esa cartera de gobierno a comienzos de 1984.
Ya por fuera de las filas militares, el exministro Landazabal se dedicó a escribir y en un ataque sicarial mientras caminaba de su oficina a la casa, en el norte de Bogotá, fue asesinado el 12 de mayo de 1998. El crimen no fue reivindicado por las Farc y durante varios años se tejió la hipótesis de que había sido responsabilidad de la guerrilla del Eln.
Ahora, ante la JEP, los exjfes de las Farc tendrán que aportar las pruebas necesarias para demostrar que, efectivamente, fue este grupo alzado en armas que sí fue responsable del homicidio.
Bejarano, en la mira
Uno de los homicidios sobre los cuales los excomandantes de las Farc es el del economista Jesús Antonio Bejarano, abaleado en predios del campus de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá al final de la tarde del 15 de septiembre de 1999. Un certero disparo en la cabeza acabó con su vida.
Era un año convulsionado. En San Vicente del Caguán avanzaban con tropiezos los diálogos con los voceros del presidente Pastrana; mientras tanto, los distintos frentes guerrilleros atacaban poblados, bases militares y estaciones de Policía; y los grupos paramilitares atacaban a todos aquellos que estaban bajo sospecha de ser de izquierda.
De hecho, un mes antes del ataque a Bejarano, había sido acribillado el crítico humorista bogotano Jaime Garzón, muy temprano en la mañana, antes de que llegara a la emisora radial para la cual prestaba sus servicios.
Bejarano era un experto en temas de negociación de paz. En 1990 fue nombrado Consejero de Paz y en sus funciones firmó los acuerdos de paz con los grupos guerrilleros Prt, Epl y Quintín Lame. En 1991 encabezó los diálogos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en Tlaxcala, México, y Caracas, Venezuela, que fracasaron. Después de ocupar varios cargos diplomáticos en El Salvador y Guatemala, regresó al país, se dedicó a la academia y al análisis de coyuntura, además de presidir la Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC).
Reportes de prensa indican que en agosto de 1998 conversó con el entonces fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y le contó que pesaban amenazas contra su vida que provenían del llamado ‘Secretariado del Estado Mayor Central’ de las Farc, porque lo consideraban “un informante del Ejército”, luego de que establecieran que en 1995 había prestado servicios de consultoría para las Fuerzas Militares.
En su obsesión por eliminar a quienes eran potenciales enemigos habrían ejecutado a Bejarano en un espacio simbólico: el campus de la Universidad Nacional de Colombia. El Estado colombiano fue condenado dos veces por el Consejo de Estado por no haber protegido con debida diligencia al economista.
¿Qué sigue en el proceso en la JEP? Muy seguramente los exmiembros del llamado Secretariado de las Farc se respaldarán en sus archivos documentales para ratificar ante esta instancia de justicia transicional el reconocimiento de estos seis homicidios, pero el reto para este escenario de justicia transicional creado bajo el Acuerdo de Paz será corroborar o descartar la versión que entreguen los exguerrilleros. No será una tarea fácil y se tendrá que hacer bajo la presión de sectores que no creen en la “verdad” prometida.
