Tras la captura de uno de los voceros más representativos del movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionario del Común, creado tras la desaparición de la guerrilla de las Farc, el camino de la implementación de los acuerdos se vuelve más pantanoso de lo que ya estaba. Desde donde se mire, las posibilidades son críticas.
En el ambiente gravitan preguntas que varios estudiosos de conflictos armados y procesos de paz tratan de resolver para explicar lo que ocurre en el país: ¿existe realmente un vínculo entre aquellos exjefes guerrilleros hoy en la legalidad y quienes continúan en la clandestinidad y son etiquetados como disidentes? ¿Continúa la guerra contra aquellos que dejaron la rebelión, pero bajo otras estrategias?
Con respecto a la primera pregunta, datos preliminares de las investigaciones que hasta el momento han filtrado agencias antidrogas estadounidenses no revelan los eslabones locales entre Seuxis Paucis Hernández Solarte, conocido en las entrañas de las antiguas Farc como ‘Jesús Santricht’, y aquellos que supuestamente le proveen clorhidrato de cocaína para comercializar en el exterior a través de los carteles mexicanos.
No obstante, la Fiscalía colombiana ha revelado que, al parecer, los proveedores de ‘Jesús Santricht’ estarían situados en los departamentos del Cauca y Nariño, lo que implicaría que los negocios que lo ponen en el camino de la extradición, tras su captura el pasado lunes, se estarían haciendo con gente vinculada en el pasado con la organización insurgente, dada la presencia que tuvieron en aquellas regiones varios frentes subversivos. (Ver más en: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)
Asimismo, se estarían concretando en medio de intensas disputas que libran en ambos departamentos grupos disidentes del proceso de paz con el gobierno nacional, la guerrilla del Eln, las Autodefensas Gaitanista de Colombia (Agc) y organizaciones consideradas de crimen organizado como el Epl. En ese escenario convulsionado también habría presencia de carteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa. (Ver más: Las ‘grietas’ del Andén Pacífico rumbo al posconflicto y La nueva guerra que se desató en el Catatumbo)
Una de las aristas oscuras que arrojan los análisis apunta a preguntar por los mandos medios con mucha experiencia militar en terreno y de los cuales poco se sabe, entre ellos Henry Castellanos, conocido también como ‘Romaña’, quien operó con terror durante décadas en el Sumapaz, cordillera oriental, una de las áreas más estratégicas de las antiguas Farc.
Desde el inicio de las zonas veredales de concentración, donde se ubicaron guerrilleros y guerrilleras en proceso de dejación de armas y regreso a la vida legal, este experimentado insurgente fue desplazado al departamento de Nariño, donde se constituyó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en la vereda La Playa-La Variante, una zona estratégica que conecta la vía que de Tumaco conduce a Nariño con puertos naturales sobre el río Mira, a través del cual se accede a las áreas donde más cultivos de hoja se registran en este municipio.
En aquellas áreas selváticas fronterizas con Ecuador se mueve un grupo disidente del proceso de paz con las Farc llamado ‘Guerrillas Unidas del Sur’ o ‘Frente Oliver Sinisterra’, al mando de Walter Patricio Arizala, conocido con el alias de ‘Guacho’, quien además de sembrar el terror en esta región es un conocedor del negocio del narcotráfico en todas sus escalas, desde la siembra hasta la comercialización.
¿Existe la posibilidad de que ‘Romaña’ esté involucrado en transacciones de alijos de clorhidrato de cocaína dada su presencia en un territorio altamente vulnerable al narcotráfico en todas sus escalas? Esa es una de las preguntas que se hace un estudioso del tema que pidió la reserva de su identidad.
“Pero también hay dudas de lo que podría estar haciendo alias ‘El Paisa’, agrega el analista consultado, al hacer referencia a Hernán Darío Velásquez, otro experimentado guerrillero quien dominó a sus anchas el departamento de Caquetá y comandó la temida Columna Móvil Teófilo Forero, responsable de decenas de ataques dinamiteros, tomas de poblaciones y secuestros masivos en diversas regiones del país. “¿Dónde está y qué está haciendo?”, se pregunta la fuente.
Pero no sólo ‘Romaña’ y ‘El Paisa’ son los únicos cuya suerte hoy genera preocupación. Entre las estructuras desmovilizadas de las Farc hay un puñado de mandos medios, con gran conocimiento de la guerra y de los métodos de financiación, que incluye, por supuesto el narcotráfico, de los cuales poco se sabe.
Otro analista del conflicto armado colombiano, quien le ha hecho seguimiento detallado por varios años, llama la atención sobre lo que viene ocurriendo en las regiones donde se constituyeron, desde el 15 de agosto de 2017, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Inicialmente se constituyeron 27, distribuidos en los departamentos de Antioquia (5), Arauca (1), Cauca (4), Caquetá (2), Cesar (1), Chocó (1), Córdoba (1), Guajira (1), Guaviare (2), Meta (3), Nariño (2), Norte de Santander (1), Putumayo (1), Tolima (2). Pero, poco a poco, se han ido diluyendo por falta de garantías de seguridad e infraestructura.
“Hay que mirar qué ha pasado allí con los excombatientes”, sugiere el consultado y para respaldar su sugerencia hace referencia a un reciente comunicado emitido por el Consejo Político Nacional de la Farc, que da cuenta de una reunión de tres días, 6, 7 y 8 abril, en la que participaron delegados de esos ETCR. “En ese documento se habla de otros nuevos espacios, que ellos llaman ‘Nuevos Puntos de Reagrupamiento’, que están en zonas estratégicas de diversas regiones del país”, precisa.
“La vida en la gran mayoría de los Espacios Territoriales y Nuevos Puntos de Reagrupamiento se caracteriza por la inexistencia de condiciones dignas de salud y salubridad, vivienda y servicios públicos, inseguridad alimentaria, ausencia de economía propia”, se lee en el comunicado de la Farc.
Se calcula que existen en diversas regiones del país entre 40 y 50 ‘Puntos de Reagrupamiento’, conformados por hombres y mujeres que se han desligado de los ETCR, y se ha constatado que algunos de ellos están en áreas donde hay grupos disidentes a los que se les atribuyen actividades ligadas al narcotráfico.
“La situación es de extremo riesgo”, conceptúa el analista consultado, pues ante las falencias en la estrategia de reincorporación, lo que podría presentarse en la disolución definitiva de los proyectos productivos, de los cuales hay muy pocos en operación real y efectiva, y la migración nuevamente a la ilegalidad.
El panorama se complica si se tiene en cuenta dos situaciones alarmantes: la poca efectividad en los programas de erradicación y sustitución, y la rapidez con la que grupos armados ilegales coparon los espacios dejados por la guerrilla de las Farc. “Que el narcotráfico continúe en estas dimensiones no es necesariamente virtud de los criminales, sino resultado del fracaso de todo lo demás”, conceptúa otro analista consultado. (Ver más en: Reacomodo de grupos armados ilegales impacta con fuerza a Cauca)
Ejemplo de ello es la tensión entre campesinos cocaleros y el gobierno nacional por los contenidos del Proyecto de Ley que radicó el pasado 20 de marzo el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, ante la Secretaría del Senado de la República, con mensaje de urgencia, por medio del cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores ilícitos que es calificado de altamente punitivo para los pequeños cultivadores. (Leer más en: ¿Peligra el Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos?)
¿Un Plan B?
Desde la época de las negociaciones en La Habana se hablaba de la posible existencia de un Plan B que las Farc pondrían en práctica en caso de que los pactos que se hicieran con el gobierno nacional no se cumplieran tal como se acordaron. Hay quienes se preguntan si las actividades que comprometen a ‘Jesús Santricht’ hacen parte de esa estrategia.
Frédéric Massé, Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, quien ha estudiado el conflicto colombiano por varios años desde diferentes ángulos, reflexiona sobre lo ocurrido y orienta parte de sus ideas a determinar las consecuencias que tendría este hecho en las entrañas de la cúpula de las Farc: “La pregunta es si sabían o no, si se hicieron los de la vista gorda o no”.
En la primera reacción ante la captura del exjefe guerrillero, el Consejo Político Nacional de la Farc aseveró que esa detención “hace parte de un plan orquestado por el Gobierno de los Estados Unidos con el concurso de la Fiscalía colombiana, cuyas últimas elaboraciones fueron concertadas en la reciente visita del director del ente acusador al país del norte, que amenaza extenderse a toda la excomandancia fariana, con el propósito de decapitar la dirección política de nuestro Partido y sepultar los anhelos de paz del pueblo colombiano”.
No obstante, lo que aparentemente se muestra como cohesionado parece que no lo es tanto. De tiempo atrás se conocen divergencias del movimiento político entre los sectores más radicales y aquellos más moderados. A juicio de Massé, el caso de ‘Santricht’ “podría agudizar las peleas internas”. Su figura es más política que militarista y eso marca una diferencia en el seno de una organización que, por décadas, se definió como un “ejército”.
De ser cierto lo del involucramiento de ‘Santricht’ en negocios de narcotráfico, que según el indictment preparado por la Corte del Distrito Sur de New York se realizaron entre junio de 2017 y comienzos de abril de este año, “¿se estarían confirmando las tesis de la existencia de acuerdos comerciales del pasado con narcotraficantes?”, se pregunta Massé. “Si se confirman que las disidencias son los proveedores me causaría perplejidad porque las relaciones entre disidencias y Farc estarían más cercanas”.
Estudios comparados de otros conflictos armados y de su tránsito hacia la paz evidencian que las economías ilegales que financiaron la guerra no se acaban de la noche a la mañana; que muchos de los combatientes irregulares quedan con un pie adentro de la legalidad y con otro afuera; y que surgen divisiones en los grupos que logran acuerdos.
En Colombia buena parte de esas divisiones se comenzaron a expresar tempranamente, cuando los líderes de varios frentes de las Farc se alejaron del proceso de paz y decidieron continuar en la clandestinidad, argumentando, entre otras razones, desconfianza en el eventual incumplimiento de los acuerdos pactados en La Habana. (Leer más en: Disidencias de las Farc, una realidad prevista)
“El problema ahora de las disidencias son la cantidad de grupos que hay y su capacidad de reclutamiento que poseen y su naturaleza, que no es totalmente opuesta a las Farc”, opina Massé y desglosa cada uno de los aspectos.
A su juicio, estos grupos disidentes tienen en sus filas excombatientes con mucha experiencia, “no se puede decir que son cualquier persona, son personas que llevan muchos años en la guerra”, lo que puede derivar en la prolongación de la confrontación armada, entre otras razones porque, según Massé, “el Estado no hace lo suficiente para detener esa dinámica”.
De otro lado, conceptúa que la naturaleza de la disidencia no es totalmente opuesta a lo que eran las Farc. “Decir que es meramente criminal es simplista, también tienen una parte política. Así eran las Farc antes del acuerdo”, reitera y se pregunta si ante los constantes incumplimientos del gobierno nacional y de su incapacidad para contenerlas se reagruparían, “tal como hicieron las Auc (Autodefensas Unidas de Colombia) en su momento”.
Excombatientes de las Farc, entrevistados por este portal, alegan que las demoras en atender a los reincorporados les abrieron espacios a las disidencias para continuar creciendo: “El gobierno se demoró enormemente para cumplir muchas cosas y eso desmotivó a mucha gente para continuar. Eso fue aprovechado por las personas que los estaban reclutando para esas actividades”, dice ‘René Hertz, quien lidera un grupo de exguerrilleros asentados en el sur del Cauca. (Leer más en: “Demoras en proceso de reintegración de las Farc las aprovecharon grupos armados ilegales”)
Pero las comunidades más afectadas por la guerra no se quedan atrás. Tal como lo estableció este portal, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), consignados en los acuerdos con las Farc, a través de los cuales se pretenden intervenir por lo menos 170 municipios en el país en asuntos de infraestructura, desarrollo social y garantías del derecho a la alimentación, no está funcionando de manera eficiente. (Leer más en: El accidentado despegue de la Reforma Rural pactada con las Farc)
“La guerra sigue”
Pero las críticas aristas no se quedan en los campos cocaleros ni en el terreno de las comunidades afectadas por la confrontación armada. La pregunta que se hacen algunos es: ¿continúa la guerra contra aquellos que dejaron la rebelión, pero bajo otras estrategias? Hay quienes responden afirmativamente y no dudan en advertir que todo apunta a destruir el proceso de paz firmado con las Farc. Así, por ejemplo, lo dejó en claro, Rodrigo Londoño Echeverri, quien fuera el máximo dirigente de la organización armada y que aún usa su nombre de guerra ‘Timoleón Jiménez’.
En carta divulgada esta mañana, dirigida a dirigentes e integrantes de los ETCR, el líder de la Farc señala al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, como representante del “sector que le está apostando a hacer fracasar el proceso de paz, nos quiere a todos los dirigentes encarcelados y a la militancia dispersa, es el abanderado de ese sector que jamás nos perdonará que alguna vez nos alzamos en armas. Y por eso aprovecha toda coyuntura real o artificial para hacer realidad su propósito”.
Por su parte, Vilma Liliana Franco, experta de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, estima que “con el acuerdo de paz no se hacía un tránsito a una fraternidad”, razón por la cual “la guerra sigue palpitando en los mecanismos de la paz”.
A su juicio, el problema se centra en que “el concepto del enemigo no ha desaparecido, sigue rigiendo prácticas políticas e institucionales”, y pone como ejemplo tres aspectos: las modificaciones en puntos nodales que sufrió el acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá durante su tránsito por el Congreso de la República y las altas cortes; la política de orden público, “que no es precisamente para la paz y la democratización”; y la persistencia de la tendencia a igualar fenómenos que son de distinta naturaleza, como la guerrilla del Eln, disidencias y otros grupos criminales.
En esa línea de análisis, Franco estima que lo logrado “bajo la lógica de la guerra aún no es suficiente, sobre todo si se tiene en cuenta que no es de la naturaleza del Estado perdonar la rebelión”, por lo que advierte que “continuarán los intentos de destrucción de esa parte del enemigo mediante la combinación de diversos tipos de acción, algunos ya usados, como las persecuciones judiciales y el mantenimiento de los viejos discursos de criminalización y odio”.
A estas prácticas, agrega Franco, se podrían sumar “múltiples acciones orientadas a la reducción de los excombatientes a una búsqueda desesperada por la mera supervivencia que los aleja de proyectos colectivos y políticos; la humillación y desmoralización (dentro de una lógica propiamente militar) que provoca la desarticulación de lo que por décadas fue una estructura cohesionada; la inculpación de los excombatientes que ya han sido asesinados o la justificación; y el debilitamiento de la autoridad de lo que fuera el secretariado, entre otras”.
Su conclusión, tras valorar diferentes hechos acaecidos desde la firma del Acuerdo Final, es que “el aniquilamiento de la Farc es un proceso en curso, inacabado, por eso, la captura y riesgo de extradición de Hernández Solarte es sólo un pequeño síntoma”.
Ante la intranquilidad que padecen los excombatientes, Londoño pidió “nantener la unidad y cohesión del partido, elevar la vigilancia revolucionaria, hacer la denuncia permanente de las irregularidades y cada día comprometer más y más gente en apoyo al proceso”.
Por su parte, los analistas consultados coincidieron en reclamarle a la dirigencia de la Farc transparencia en sus actuaciones y expresiones más tranquilizadoras, como exigir un debido proceso en el terreno judicial antes que apelar a teorías conspirativas, que enrarecen el ambiente caldeado por la disputa electoral que vive el país.
Tres días después de la captura, once europarlamentarios suscribieron un comunicado en el que manifiestan que ‘Santrich’ no debería privado de su libertad sino dejado a disposición de la JEP para que valore si la evidencia aportada por el gobierno de Estados Unidos “daría pie o no” para que el exjefe guerrillero esté bajo la custodia la justicia ordinaria. Señalan que ese procedimiento está consignado en el Artículo Transitorio 19 del Acto Legislativo 01/17. (Ver documento)
Se espera que en próximos días los magistrados de la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, creada bajo los acuerdos de La Habana, aborde el caso y defina si el exjefe guerrillero debe ser procesado bajo las normas pactadas o, por el contrario, su caso pase a la justicia ordinaria, dado que los delitos que le imputan jueces norteamericanos se cometieron con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, fecha establecida como el punto final de la guerrilla de las Farc.
