Vuelven los asesinatos selectivos, las amenazas, los sufragios y el robo de información a los líderes de organizaciones sociales.
En las últimas semanas varios sectores del país sintieron un renovado pánico por el resurgir de fuerzas oscuras que anuncian una cruzada de sangre y muerte. El objetivo militar de estas acciones son grupos de desplazados, defensores de derechos humanos y ONG que trabajan con víctimas del conflicto. Todas organizaciones altamente vulnerables. Decenas de personas asociadas a este tipo organizaciones han recibido expresas amenazas de muerte por haber apoyado la marcha del pasado 6 de marzo, convocada en solidaridad con las víctimas de los paramilitares. Los panfletos amenazantes han llegado por correo electrónico y están firmados por el ‘Comando Central Águilas Negras en Rearme’, agrupación que dice abiertamente estar emprendiendo una nueva temporada de accionar paramilitar.
Las amenazas coinciden, además, con otros hechos preocupantes en contra de estas organizaciones -atentados, raptos, robo de información- y con varios homicidios. Los afectados creen que esos crímenes son las primeras acciones concretas de la ola de terror desatada y acusan al gobierno de haber enturbiado la situación con la posición que tomó frente a la marcha.
Entre el 4 y el 9 de marzo han sido asesinados en distintas zonas del país cuatro líderes sindicales. El crimen más reciente fue el de Carlos Burbano, vicepresidente de la asociación nacional de trabajadores hospitalarios de San Vicente del Caguán. Este sindicalista de 52 años ayudó a coordinar la marcha en esa zona desde donde se reportaron problemas para llevarla a cabo. El cuerpo de Burbano apareció el pasado 12 de marzo en un basurero en las afueras del municipio. Las autoridades señalan que murió a causa de varias puñaladas propinadas en el pecho. Burbano tenía cinco hijos y trabajaba como enfermero auxiliar desde hacía varios años.
Las organizaciones amenazadas coinciden al sostener que los distintos hechos se desencadenaron a partir del 10 de febrero, cuando el consejero presidencial José Obdulio Gaviria anunció en varios medios de comunicación que el gobierno brindaría las garantías necesarias pero no participaría de la marcha porque esta era convocada por las Farc. Iván Cepeda, uno de los principales promotores de la marcha, decidió pedirle formalmente al presidente Uribe destituir a Gaviria y anunció acciones legales contra éste porque cree que con sus declaraciones “incitó a la violencia”. Gaviria considera “una grosería” insinuar que la posición del gobierno tenga relación con esos hechos y afirma que la directriz oficial es acentuar el trabajo que viene adelantando desde 2002.
Hasta ahora no se ha probado que los crímenes estén conectados entre sí ni que estén relacionados con la participación de las víctimas en la manifestación del 6 de marzo. Pero de cualquier modo, cuatro sindicalistas asesinados en poco más de un mes hace recordar los momentos más temibles de años pasados, cuando el gatillo silenciaba cualquier deliberación. Por otra parte, es evidente que las amenazas y demás intimidaciones buscan restringir la movilización civil liderada por estas organizaciones que, con pocos recursos e innumerables adversidades, lograron convocar a miles de personas para manifestar repudio por los crímenes de los paramilitares.
En un país como Colombia, con semejante historia de violencia política y con una estela sangrienta de intolerancia, de poco sirve brindar protección policiva a las organizaciones amenazadas si no les brinda también protección política. El gobierno está en mora de reconocer públicamente la importante labor que cumplen estas organizaciones en el marco de la democracia. Estigmatizarlas y polarizar la opinión sembrando dudas infundadas no ayuda en nada. El respaldo expreso al legítimo trabajo de estas organizaciones no puede continuar en veremos. Y menos ahora, cuando fuerzas oscuras anuncian una “implacable” campaña de exterminio.
Publicado en SEMANA fecha: 20/03/08
