Las últimas semanas han sido fatales para los pueblos originarios. Dos masacres y múltiples asesinatos selectivos, entre ellos el de la autoridad de un resguardo de Cauca, engrosan el funesto número de muertes en lo corrido del año. Desde la firma del Acuerdo de Paz la cifra de homicidios de nativos llega a cien.
Diversas autoridades indígenas en el país tenían una gran preocupación con la firma del Acuerdo de Final para la Terminación del Conflicto Armado, que supuso la desaparición de las Farc como grupo insurgente: que el denominado posconflicto fuera más duro que los propios tiempos de guerra. Y el paso de los meses parece darles razón, pues el vacío que dejó la otrora guerrilla más antigua del continente y la poca efectividad del Estado para coparlo, tienen sumidos a los nativos en nuevas espirales de violencia que los llena de luto y pánico.
Los hechos más recientes tienen como epicentro el departamento de Cauca, en donde fueron asesinadas cuatro personas entre el jueves y el domingo de la semana pasada. La primera víctima fue Soledad Ramírez, ultimada en la vía que conduce de El Palo a Caloto. Al día siguiente, en el municipio de Caloto, fueron asesinados Edwin Gregorio Dagua Ipia, autoridad tradicional del resguardo de Huellas, cargo que desde 2017 reemplazó la figura de gobernador; y Luis Prado, comunero del resguardo de San Francisco.
Y el pasado domingo falleció Víctor Hernández Chávez, de 19 años, quien sufrió un atentado con armas de fuego cuando estaba en la vereda El Tablón, de Corinto. La víctima alcanzó a ser trasladada a una clínica de Cali y falleció tras estar en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además, hay que adicionar tres asesinatos más que ocurrieron hace tres semanas en Toribío.
A esas muertes se suma la desaparición de los comuneros Alirio Quiguanás Cunda y Marcelo Dagua, quienes trabajaban en una finca de la verdad Santa Bárbara, en el resguardo de Cerro Tijeras, ubicado en el municipio de Suárez. La Guardia Indígena inició la búsqueda de ambos, pero solo encontró sus prendas de vestir. (Leer más en: La zozobra sin fin de los indígenas Nasa)
Siete días después de la publicación de este reportaje, las amenazas contra el pueblo Nasa en el norte de Cauca subieron de tono y en un panfleto firmado a nombre de las ‘Águilas Negras’, se puso precio a la vida de sus líderes: ofrecen desde un millón de pesos por un alguacil asesinado, hasta cinco millones por un gobernador o su suplente. “Se invita al que esté en condiciones de dar de baja a estos… Se les da su arma de dotación, su respectivo entrenamiento y su pago por la limpieza anunciada”, así termina la amenaza. (Ver panfleto)
El 2 de diciembre, la violencia se volvió a ensañar contra el pueblo Awá de Nariño. Pasada la medianoche, mientras concluía la asamblea general para elegir al nuevo gobernador del resguardo de Palmar Medio Imbi, desconocidos fuertemente armados asesinaron a la autoridad electa para el próximo año, Braulio Arturo García Guanga; y a su padre, Héctor Ramiro, histórico líder que participó en la fundación de los primeros resguardos del municipio de El Palmar y en la creación de las organizaciones UNIPA y CAMAWARI. En esa incursión también resultaron heridas cuatro personas más, entre ellas un guardia y el Coordinador de la Guardia Indígena.
Dos semanas atrás, el 23 de noviembre, los Embera Chamí del resguardo San Lorenzo, en Caldas, también sufrieron una masacre. A las 10:30 de la noche, cuatro hombres encapuchados llegaron a la casa de la familia Díaz Tapasco y asesinaron a los esposos Serafín y Gabriela, y a su hijo César Augusto. Esas muertes pusieron de presente los efectos del conflicto armado en medio de la lucha por la recuperación del territorio ancestral de esa comunidad. (Leer más en: Las ‘fracturas’ del resguardo San Lorenzo)
Pese a que en su campaña electoral el ahora presidente Duque suscribió, junto con sus contendores, el Pacto Social Por los Derechos Humanos y en su gobierno firmó el Pacto por la Vida y la Protección de los Líderes y Defensores de Derechos Humanos, que derivó en la creación de la Comisión del Plan de Acción Oportuna (PAO), el mandatario de los colombianos no ha hecho pronunciamientos sobre esta tragedia y tampoco ha impartido directrices para enfrentar esa ola de violencia que azota a los indígenas. (Leer más en: ¿A quién protegerá el Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos?)
Violencia paradójica
En medio de ese reciente panorama lleno de muerte y cuando en el país se registran los niveles más bajos de violencia, este lunes la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) emitió un informe sobre la situación de derechos humanos de los 102 pueblos que representa, en el que evaluó los hechos acontecidos entre la firma del Acuerdo Final y el pasado 8 de diciembre.
Con gran tristeza, la ONIC concluye que la ilusión que generó el proceso de paz para disminuir los niveles de violencia, terminó en muchas regiones en “una ola de recrudecimiento del conflicto armado por la presencia de nuevos grupos armados”, y que esa “nueva incursión ha causado la ocurrencia de múltiples hechos victimizantes que atentan contra los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad, a la libertad y a la igualdad, entre otros”. En total, contabiliza 18.761 nuevas víctimas, siendo los confinamientos, los desplazamientos forzados, las amenazas, los homicidios y los reclutamientos de menores de edad, las “tipologías” que más afectaciones les causaron.
Al respecto, la ONIC señala que en “la región del Pacífico es donde se presentan los mayores casos de homicidios, confinamiento, amenazas, desplazamiento masivo-forzado y atentados contra la población indígena. Seguido se encuentra la región del Catatumbo, en donde el confinamiento contra el Pueblo Barí constituye uno de los mayores incidentes. Por otro lado, en el departamento de Antioquia, el mayor número de casos está relacionado con el desplazamiento masivo-forzado y amenazas”. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’ y El Catatumbo: de espaldas al Estado y de cara a la guerra)
El apartado de asesinatos, uno de los más sensibles, refleja que los pueblos Nasa, Awá y Embera Chamí, los mismos que fueron violentados en las últimas semanas, son los que más líderes y comuneros han perdido a causa de las balas. Por consiguiente, los departamentos más afectados por ese flagelo son Cauca, Nariño, Caldas, Chocó y Valle del Cauca.
Sobre esa tragedia, el Observatorio de Derechos Humanos de la ONIC refiere que “se ha evidenciado que los casos de homicidios, atentados y amenazas se presentan principalmente contra líderes, autoridades y personas que ejercen algún tipo de representación o que tienen reconocimiento por parte de la comunidad”. Asimismo, que “dichos liderazgos estuvieron vinculados a procesos por la defensa de la madre tierra y el territorio, buscando salvaguardar la vida y la permanencia de los pueblos indígenas frente a la presencia de megaproyectos extractivitas y rutas de narcotráfico que son objeto de disputa entre estructuras criminales”.
En esa explicación coincidió el relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores, Michel Forst, en su informe tras visitar varias regiones del país entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre pasados: “Durante mi viaje tuve la suerte de visitar el territorio de la (comunidad) Nasa en Cauca y reunirme con defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas Awá, Wayúu, Wiwa, Nasa, Biri y Embera en otros departamentos. En la mayoría de los casos, las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente relacionadas con la defensa de sus tierras y la protección del medio ambiente. No vi en ninguna de estas personas a los insurgentes, criminales o anti-desarrollo de los que se habla a menudo”. (Leer más en: Cinco casos que le preocupan al relator de la ONU sobre defensores)
Por defender su autonomía
Desde su curul en el Congreso de la República, Feliciano Valencia, reconocido líder Nasa del norte de Cauca, ha denunciado el drama por el que están pasando los pueblos indígenas y ha urgido a los entes estatales para que tomen cartas en el asunto. El pasado miércoles, en la Comisión de Paz del Senado, denunció que, para la fecha, 39 indígenas fueron asesinados desde la instalación del gobierno del presidente Iván Duque (7 de agosto). Cifra que, indica, subió a 46 tras las muertes del pasado fin de semana. Y asegura que en lo corrido de este año han sido asesinados 92 indígenas, entre comuneros, guardias y líderes.
Para Valencia, esta nueva ola de violencia obedece a que comienza una nueva disputa por el control de los territorios en donde tuvo presencia la guerrilla de las Farc, y “al reagrupamiento de las disidencias, de grupos privados de narcotráfico, de gente que busca el control de la minería. En fin, todo ese ejercicio se combina y como nosotros, los pueblos indígenas, hemos declarado que el territorio se respeta y se están haciendo fuertes controles territoriales, esto nos ha puesto en una confrontación abierta con esos grupos que operan en las comunidades y los territorios”.
Ese control territorial consiste en recorridos e instalación de puestos de registro que realiza la Guardia Indígena para incautar armas y alucinógenos, erradicar cultivos de coca y marihuana, impedir la presencia de retroexcavadoras destinadas a la explotación minería ilegal y decomisar vehículos hurtados que son reportados a la Fiscalía General del Nación. “Esto no les gusta a esos grupos y por eso la retaliación viene en asesinatos de líderes y autoridades que se han puesto al frente de toda esta situación”, precisa el congresista.
Sobre este punto, Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), recuerda el asesinato de Emiliano Tróchez Yonda, exgobernador del resguardo de Guadualito, en Santander de Quilichao, ocurrido el pasado 10 de agosto, después de presidir una asamblea de armonización en la que la comunidad decretó destruir unas armas que incautó la Guardia Indígena. Y llama la atención que, a lo largo del año, han ocurrido 45 asesinatos en territorios ancestrales, siendo 25 de ellos indígenas, frente a los 28 del año pasado.
Al respecto, explica que en los últimos años la violencia se ha atomizado: “Antes era global, ahora tenemos una subestructuración tremenda: hay varios frente y focos de violencia a los que ponerles atención, que se expresan a través de homicidios, de amenazas, de señalamientos y atentados”.
Además, los fuertes combates han vuelto, en especial los del Epl, supuesto grupo de disidentes de las Farc que estaría operando con el apoyo del grupo armado de la región del Catatumbo, que ha tenido disputas abiertas con otros grupos disidentes de las Farc, como el Nuevo Sexto Frente y las columnas Dagoberto Ramos y Gabriel Galvis.
“Han ocurrido combates en Corinto, Miranda, Suárez y Buenos Aires. Después de la masacre de diciembre del año pasado en Cerro Tijeras (combate en el que murieron varios hombres del supuesto Epl en zona rural de Suárez), han aumentado los asesinatos de tipo selectivos, al parecer, entre ellos; después de la masacre la cosa se complicó en la zona y se han dado asesinatos individuales”, refiere Capaz. (Leer más en: Rearmados de toda clase amedrantan a los indígenas de Suárez)
Óscar Montero, asesor del Área de Derechos Humanos de la ONIC, coincide con las lecturas de Valencia y Capaz, y detalla que las muertes ocurridas desde la firma del Acuerdo de Paz se deben a que los pueblos indígenas en Colombia desde siempre están ejerciendo el control social y territorial de sus comunidades: “Este ejercicio de autonomía, de gobierno propio y control territorial, evidentemente no le sirve a muchos grupos al margen de la ley, que están en los territorios y los tienen como corredor estratégico para diferentes situaciones de ilegalidad que manejen”.
Y es una violencia sin distinción de actores: “Viene por parte de todos los grupos. Al movimiento indígena en Colombia lo ha asesinado todos los grupos, tanto legales como ilegales. Hay grupos de temas paramilitares que se hacen autodenominar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tenemos disidentes de las Farc y un sin número de grupos que han sido residuo del paramilitarismo. En medio de todo eso hay presencia de la Fuerza Pública que también genera otro tipo de situaciones en las comunidades que pone en peligro la vida de la gente”.
En ese contexto, Capaz recalca que el ejercicio de control territorial ha sido fuerte este año y que han protegido a muchos líderes amenazados y comunidades, a pesar de los números rojos que tienen a cuestas: “Ha ameritado un desgaste tremendo. Creemos que, si no existiera nuestra organización, la situación sería mucho peor: tenemos a la Guardia Indígena y los cabildos en función de protección. Sin ellos sería mucho peor la cosa, los grupos armados harían y desharían en el territorio. Desafortunadamente no podemos proteger a todos porque es muy grande”.
¿Y las autoridades nacionales?
En cuanto a la Fuerza Pública, los indígenas cuestionan que los asesinatos ocurran en cualquier momento del día en departamentos como Cauca y Nariño, que tienen alta presencia del Ejército Nacional y de diferentes ramas de la Policía.
“En el norte de Cauca, así como en otras comunidades, el territorio está militarizado. Lo extraño es que asesinen a la gente en los corredores y vías como las de Santander de Quilichao-Corinto y El Palo-Toribío, que tienen retenes del Ejército Nacional, presencia de la Policía, pero, no obstante, se presentan los asesinatos. Y no es en las noches, ahora están actuando en las mañanas y en las tardes. Debería haber más respuesta por parte de la Fuerza Pública que está en terreno”, cuestiona el senador Valencia.
También discute la falta de resultados de la Fiscalía en materia de investigación y esclarecimiento de los crímenes, así como las respuestas tardías de la Unidad Nacional de Protección (UNP): “Hemos acudido a la Unidad Nacional de Protección para la atención de líderes amenazados; el líder de Huellas (Edwin Gregorio Dagua Ipia) estaba amenazado y se había hecho una solicitud a la UNP. No fue atendida y terminó asesinado el compañero”.
Para Montero, de la ONIC, aunque las autoridades indígenas no se han podido reunir con el presidente Iván Duque, pese a que le solicitaron una reunión desde agosto, tiene que responder por la situación humanitaria que están viviendo.
“Más allá de si se reúne con nosotros, lo que queremos es que realmente hayan garantías para la pervivencia de los pueblos. Ya lo han dicho la Corte Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator de Derechos Humanos de la ONU. Lo único que queremos es que el Estado colombiano brinde garantías en relación a la protección de líderes indígenas. Ya hemos pasado propuestas para decretos de protección y propuestas diferenciales de protección a la UNP, pero no ha habido cumplimento de lo que se ha dicho”, reclama.
Ante el mutismo del presidente Duque, el informe de la ONIC concluye que “es preocupante que el actual gobierno haya optado por seguir la estrategia de criminalización de los procesos democráticos de movilización social, y el silencio frente a los asesinatos de los líderes, lideresas y autoridades indígenas. De igual manera, la falta de compromiso de gobierno en la implementación del Acuerdo Final y del Capítulo Étnico, hace que las dinámicas de guerra persistan y siga afectando a la población civil y los territorios, hasta el punto de que el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas sea cada vez más inminente”. (Leer más en: MinDefensa y líderes sociales: de líos de faldas a ‘subvenciones’ de narcos)
* Foto de apertura: Sonia Cifuentes
