“La política de seguridad de Medellín es un show mediático”

A tal conclusión llegó el Instituto Popular de Capacitación (IPC) tras analizar cifras de diferentes conductas delictivas y criminales de la ciudad, varias de las cuales muestran incrementos pese a las aseveraciones públicas del alcalde Federico Gutiérrez.

Para la ONG, la detención del exsecrtario de Seguridad, Gustavo Villegas, genera serias incertidumbres y desconfianzas sobre las verdaderas intenciones de la institucionalidad para combatir estructuras criminales. Foto: Ricardo Cruz.Mientras las autoridades civiles y de Policía de Medellín se concentran en el combate y persecución de ínfimos actos delincuenciales, en no pocas ocasiones con una alta dosis de espectacularidad mediática, graves violaciones a los derechos humanos como el desplazamiento forzado, el secuestro, la desaparición forzada, la extorsión y los homicidios no solo muestran tendencias al alza, sino que “permanecen en la más ignominioso desatención e impunidad”.

Así lo destaca un reciente informe sobre la situación de seguridad de esta ciudad, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización no gubernamental que desde hace poco más de 25 años trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Según el IPC, uno de los principales flagelos que azota a la ciudadanía es la extorsión, delito que cuenta con la particularidad de su alto subregistro, lo que evidenciaría cómo “se han naturalizado y enraizado ciertas prácticas de protección violenta en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, demostrando la enorme capacidad de control territorial que las estructuras armadas han logrado, e inclusive, el grado de legitimación que van alcanzando entre la población sometida a su dominación”.

Los datos consignados en el informe, suministrados a su vez por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), señalan que los cobros extorsivos les cuestan a los comerciantes en Medellín entre 60 mil y 100 millones de pesos al año. En ese orden de ideas, el centro de la capital antioqueña es quizás la zona más neurálgica para los comerciantes, tanto formales e informales, pues estos últimos tampoco se escapan al pago de ‘vacunas’, como suelen llamar en Medellín las microextorsiones que cobran las estructuras criminales para permitir el uso del espacio público.

De acuerdo con el IPC, se trata de un problema generalizado en buena parte de los barrios de la ciudad, tal como lo revelaron denuncias periodísticas difundidas en marzo de este año, las cuales dieron cuenta de una banda delincuencial con fuerte presencia en el barrio Belén Rincón, occidente de Medellín, que obtenía rentas ilícitas anuales cercanas a los 1.600 millones de pesos solo por cobro de microextorsiones a las familias y a comerciantes residentes allí.

Otro punto que llama la atención del informe es el comportamiento del homicidio. Cifras de la Alcaldía de Medellín señalan que en 2016 se cometieron 533 homicidios en esta ciudad, 38 casos más que los cometidos en 2015. Sin embargo, al analizar dicha tendencia por comunas se observan aumentos considerables de un año a otro, paradójicamente en aquellas donde la administración municipal desplegó sendos operativos policiales con gran difusión mediática.

La extorsión y el hurto son los flagelos que más se han incrementando en Medellín en los dos últimos años sin que se avizore una estrategia para atacar a fondo estos delitos. Foto: Ricardo Cruz.Así, comunas como La Candelaria (Comuna 10, centro de Medellín); Castilla (Comuna 5); Robledo (Comuna 7); y San Javier (Comuna 13), mostraron incrementos en los homicidios pese a los operativos policiales. Dichos incrementos, según los análisis del IPC, son el resultado de la persistencia de confrontaciones armadas entre estructuras criminales por el control de territorios claves para actividades ilegales.

“Lo más probable es que, como ha sucedido en épocas anteriores, los casos de homicidio disminuyan en la medida que se consolide un actor en el territorio, más allá de los infructuosos esfuerzos de la institucionalidad local, y los organismos de seguridad y justicia, en los que se ha radicado la expectativa de revertir estas situaciones”, consigna el IPC en su informe.

Otro de los flagelos analizados por esta organización no gubernamental fue el hurto. El informe registra “un incremento del 24 por ciento de denuncias sobre estos casos, es decir, 3.753 más que en el año 2015, siendo los más llamativos los aumentos en el hurto a personas (45 por ciento) y a entidades financieras (89 por ciento)”. Dichas cifras concuerdan con las consignadas en el informe Medellín Cómo Vamos, que fue presentado el pasado 26 de junio.

En este documento se advierte un aumento, desde el año 2015, del número de denuncias ciudadanas relacionadas con hurtos en vía pública (49 por ciento), robo de motos (15 por ciento) y hurtos a entidades financieras (88,9 por ciento). Nuevamente, el centro de la ciudad, donde se han desarrollado acciones puntuales de intervención por parte de la administración municipal, figura como la zona donde se cometieron mayores hurtos: poco más del 28 por ciento.

El informe también consigna que si bien el Sistema para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Alcaldía de Medellín, encargada del monitoreo y análisis de los fenómenos violentos y criminales de la ciudad, consignó 24 denuncias de secuestros cometidos en 2016, no aclaró si las víctimas de este crimen recobraron su libertad, en qué contextos se presentaron esos casos y si existe subregistro de denuncias.

Los investigadores del IPC concluyen que tras una revisión inicial “a la información y las cifras oficiales producidas, incluso por la propia institucionalidad local, nos permite afirmar sin ambages que, ante los significativos incrementos en los indicadores de inseguridad y violencia armada en la ciudad, la ruta de acción trazada por la administración municipal para el año 2016 ha naufragado”.

Para Juan Esteban Jaramillo, integrante del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, “la política de seguridad de Medellín es una política mediática, marcada por aquello que la criminología crítica ha denominado populismo punitivo y criminalizar la pobreza; es decir, se gobierna controlando el miedo. Este es un alcalde que solo se ha concentrado en el show mediático para perseguir ínfimos actores delincuenciales, que además no se ha dedicado a combatir el macrocrimen sino los eslabones más débiles de la cadena criminal”.