La fatal cifra es tan sólo de este año. Y a ello se suman las dramáticas consecuencias de la guerra entre la guerrilla del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que ha dejado más de 1.700 personas desplazadas y otras 5 mil confinadas. Pese a múltiples alertas, la situación tiende a agravarse.
“Hay que mantener la esperanza”, le dijo Alberto Brunori, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a un nutrido grupo de líderes, lideresas y autoridades étnicas chocoanos al concluir una reunión realizada el pasado jueves en Quibdó.
“Su labor por los derechos humanos y la defensa de la vida es fundamental”, agregó Brunori y ratificó su compromiso con las comunidades: “Nosotros vamos a seguir en el territorio, trabajando con ustedes y las demás autoridades. Es importante buscar fórmulas concretas para avanzar en derechos humanos, defender lo que se ha logrado e impulsar lo que falta”.
El mensaje del representante de la ONU en Colombia fue escuchado por miembros de diversas organizaciones étnico-territoriales, entre ellas el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral de Atrato (Cocomacia); la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó (Asorewa); la Federacion de Asociacines de Cabildos Indigena del Choco (Fedeorewa), la Mesa Departamental Indígena; el Foro Interétnico Solidaridad Chochó; el Comité Por los Derechos de las Víctimas de Bojayá; y la Red de Defensores de Derechos Humanos. Asimismo, por voceros de la Diócesis de Quibdó y funcionarios de la Defensoría del Pueblo.
Esta visita, de carácter oficial, es la primera que hace Brunori a Chocó desde que asumió, en abril de este año, su cargo en el país. Su presencia fue aprovechada por los líderes chocoanos para entregarle un crítico diagnóstico sobre el departamento que cuatro días antes le enviaron a Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia. (Descargar documento aquí)
El documento, elaborado por las Diócesis de Istmina-Tadó, Apartadó y Quibdó; el Foro Interétnico Solidaridad Chocó; y la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas, recoge las preocupaciones de sectores sociales y de comunidades negras, indígenas y campesinas por la “grave crisis humanitaria, social, económica y ambiental” que padece este departamento, uno de los más pobres del país y, también, uno de los más golpeados por la confrontación armada, y cuyas causas y orígenes son múltiples, complejas y de vieja data.
La peor cara
Las evidencias de la profunda crisis humanitaria que vive Chocó son más que tangibles y la peor muestra de su tragedia es el grave déficit en seguridad alimentaria y desnutrición infantil que, combinado con la falta de acceso a servicios de salud y agua potable, ha ocasionado la muerte de 25 niños en lo que va corrido del año, principalmente en los municipios de la cuenca del río San Juan.
De acuerdo con el informe de las organizaciones sociales chocoanas, por lo menos 15 muertes de menores de edad ocurrieron entre la última semana de agosto y la primera quincena de septiembre. El común denominador de todos los casos fue la falta de atención médica oportuna.
Las fatales cifras, según lo expuesto por líderes, lideresas, autoridades étnicas y defensores de derechos humanos, se deben al abandono histórico del Estado colombiano, que ha llevado a que este departamento a tener los peores indicadores en calidad de vida del país.
“No hay planes consistentes de promoción y prevención, y las EPS (Empresas Prestadoras de Salud) evaden sus responsabilidades. La calidad y la cantidad en la infraestructura hospitalaria siguen siendo absolutamente deficiente. Continúa una alta mortalidad de niños y niñas por enfermedades que se pueden prevenir. No se han construido sistemas de suministros de agua potable. En las últimas tres semanas han muerto aproximadamente 15 niños de diferentes comunidades por falta de atención oportuna”, se detalla en el documento entregado a Brunori.
La crítica situación de los menores de edad en diversas regiones de Chocó viene ocurriendo pese a que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-080/18, proferida el 2 de marzo de este año, les ordenó a varias entidades del Estado la adopción de medidas tendientes a prevenir ese tipo de hechos.
Tras adelantar la revisión de los fallos de tutela en primera instancia y de segunda instancia, adoptados por el Tribunal Administrativo de Chocó y la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta del Consejo de Estado, respectivamente, la Corte “evidenció la violación de los derechos fundamentales de los niños y niñas de las comunidades indígenas del Departamento del Chocó, la cual se infiere de los índices de morbilidad y mortalidad, más altos a los índices del resto del país, situación que tendría lugar principalmente por deficiencias en el suministro de alimentos, en el suministro de agua potable y saneamiento básico y en la prestación de los servicios de salud”.
Para ese alto tribunal las “mencionadas deficiencias a su vez tendrían origen en la falta de operación o funcionamiento de los mecanismos institucionales de elaboración y ejecución de políticas públicas, en particular por la inoperatividad de los Consejos de Política Social del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia”.
Por tal razón, ordenó que, en el término de un año, se constituyera la Mesa Interinstitucional de Diálogo y le asignó diversas tareas, entre ellas “elaborar un diagnóstico completo y detallado acerca de la situación de los niños de las comunidades Embera (Katíos, Chamí y Dobidá), Wounaan y Tule […] en materia de desnutrición, acceso al agua y atención en salud, y cuál son factores que confluyen en la vulneración de los derechos fundamentales invocados”.
Asimismo, que identifique “cuáles son las políticas públicas existentes en la actualidad en relación con las causas de esa vulneración”; verifique “si existen recursos suficientes para implementar esas políticas y cómo se emplean esos recursos”, y determine “medidas específicas de protección a corto, mediano y largo plazo que sean culturalmente apropiadas y que garanticen el interés superior de los menores”.
Además, requirió a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República, “para que, en el marco de sus competencias, realicen el seguimiento y adopten medidas pertinentes que permitan asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de la orden impartida en esta sentencia”.
Contra la biodiversidad
Las preocupaciones de los líderes sociales también apuntan al incremento de los cultivos de uso ilícito que se registran en el departamento, lo que también constituye una grave amenaza para las comunidades y el medio ambiente, profundizando la crisis humanitaria.
El más reciente informe de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) registró un aumento en las hectáreas sembradas con hoja de coca en Chocó: pasaron de 1.803 en 2016 a 2.611 en 2017. El incremento lo jalonó la creciente actividad ilícita en municipios como Istmina (pasó de 476 a 743 hectáreas); Medio San Juan (de 133 a 305 hectáreas); Nóvita (de 75 a 162 hectáreas) y Riosucio (de 35 a 183 hectáreas).
A ello se suma la explotación minera predadora y criminal que continúa sin freno en las selvas choconas, atentando contra la frágil riqueza en biodiversidad de ese rincón del Pacífico colombiano, una de las más importantes del mundo.
“Las prácticas de minería irresponsable, la implantación de cultivos de uso ilícito, la tala irracional de los bosques y el inadecuado manejo de los residuos sólidos por parte de la ciudadanía y la institucionalidad, así como la falta de control ambiental institucional, han ocasionado un grave daño a la Casa Común, poniendo en grave peligro de sostenibilidad la riqueza biodiversa del ecosistema frágil de la Costa Pacífica”, resaltó el documento.
De acuerdo con los resultados del Informe de Monitoreo de Deforestación, elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), y que actualizó cifras de 2017, la minería ilegal y los cultivos ilícitos, entre otros factores, ocasionaron la deforestación de por lo menos 10 mil hectáreas de bosques y selvas chocoanas durante ese año. Si bien significa una disminución con relación a los monitoreos realizados en 2016, Chocó figura como el sexto departamento del país con mayores afectaciones por deforestación.
Guerra sin fin
La firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc no llevó bienestar a Chocó; por el contrario, su dejación de armas y desmovilización atizó la confrontación entre la guerrilla del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por el gobierno nacional ‘Clan del Golfo’.
Desde 2012, ambos grupos están sumidos en una intensa guerra por el control de vastos territorios, vitales para el desarrollo de economías ilegales, y atentando contra la autonomía de los pueblos étnicos al regular sus espacios de participación e imponerles normas de conducta y sumisión. (Leer más en: Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó)
“El Clan del Golfo, el Eln y otros grupos ilegales continúan con su accionar en casi todo el Chocó”, se denuncia en el documento entregado a ONU y detalla sus graves consecuencias: “Vinculan directa e indirectamente a la población civil, se financian con economías ilegales, extorsionan, instalan minas antipersonales, reclutan menores de edad, hurtan animales domésticos, realizan convocatorias para que las comunidades participen bajo mecanismos de presión en reuniones, programan arbitrariamente actividades deportivas y eventos culturales en los territorios y obstaculizan a las comunidades en la realización de sus labores tradicionales”. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)
Esta confrontación armada ha disparado todas las violaciones a los derechos humanos, así muchas de estas conductas no cuenten con denuncias radicadas ni seguimientos estadísticos rigurosos. La razón es que las “comunidades prefieren hablar, pues tienen miedo”, le dijeron los líderes étnicos y los defensores chocoanos al representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública?)
Las estadísticas que se conocen provienen de los reportes de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha). De acuerdo con esta agencia, la guerra entre ‘elenos’ y ‘gaitanistas’ generó, durante el primer semestre de este año, el éxodo forzado de 1.074 personas y el confinamiento de otras cinco mil, siendo los pueblos indígenas (62 por ciento de los casos) los más afectados.
Chocó tampoco es ajeno a la tragedia de los líderes sociales: seis activistas fueron asesinados en el primer semestre de este año según reportes de Ocha, siendo el cuarto departamento más crítico en este tema. (Leer más en: Zonas cocaleras, las de mayor riesgo para la vida de los líderes sociales)
“En el presente año se han presentado varios desplazamientos forzados masivos y ‘gota a gota’, bloqueos económicos, ocupación de escuelas y casas comunitarias, intimidación, secuestros, confinamiento de comunidades, asesinatos a líderes y amenazas, tal como lo han denunciado las organizaciones étnicoterritoriales; la Iglesia Católica; la ONU; Human Rights Watch; Amnistía Internacional y la Defensoría del Pueblo”, se lee en el documento.
Muestra de esas alarmas son las diversas alertas de inminencia, entre ellas las 011-18; 012-18; 068-18 y 069-18, emitidas en lo que va corrdio del año por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, a través de las cuales se ha llamado la atención de autoridades civiles, militares y de Policía, sobre el riesgo de violaciones de derechos humanos, tales como desplazamientos forzados, reclutamiento forzado de menores, accidentes con minas antipersonal y munición sin explotar, y asesinatos selectivos, que golpea con fuerza a numerosas comunidades negras e indígenas de municipios como Bojayá, Medio Atrato (Beté), Riosucio y Carmen del Darién, entre otros. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)
Amnistía Interncional también ha expresado en diversas oportunidades su preocupación por la situación del departamento. El pasado 17 de agosto, su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, le pidió a las autoridades nacionales y regionales que brindaran atención oportuna a más de 3.500 personas que, para esa fecha, se encontraban en situación de confinamiento en Riosucio, Bajo Atrato chocoano.
“El desabastecimiento de alimentos, la falta de acceso a servicios básicos y el escalamiento de la violencia ponen a los pueblos afectados en un estado de vulnerabilidad y desprotección inaceptable. Las autoridades nacionales, departamentales y municipales deben adoptar acciones integrales e inmediatas para garantizar sus derechos humanos ante esta situación”, detalló Guevara Rosas en aquella ocasión.
Ante este crítico panorama, los asistentes al encuentro con Brunori le solicitaron que insistiera ante diversos escenarios nacionales en la implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc, y en coadyuvar a buscar salidas al estancamiento que hoy vive la Mesa de Diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla del Eln, cuya injerencia en este departamento viene fortaleciéndose a pasos exponenciales en los últimos cuatro años a sangre y fuego.
