Eleodora Pineda es el tercer político condenado por sus alianzas con los paras en Córdoba a raíz de la firma del Pacto. ¿En qué van los otros casos?
Eleodora Pineda, quien se encuentra recluida en el Buen Pastor desde hace 18 meses, fue sentenciada el 23 de octubre pasado a siete años y medio de prisión por sus acuerdos con jefes de las AUC de la región de la Costa. Sin embargo, se calcula que podría quedar en libertad en dos meses gracias a la rebaja de penas que la otorga el haberse acogido a sentencia anticipada y a otras rebajas más que estipula la ley.
Los nexos de los paramilitares con Pineda y otros dirigentes políticos de Córdoba se evidenciaron cuando en 2006 se conoció acerca de la existencia del “Pacto de Ralito”, un acuerdo firmado el 23 de julio de 2001, durante el gobierno Pastrana, luego de una reunión sostenida entre líderes políticos y sociales de la costa Caribe con los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, Edward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”.
Este acuerdo para “refundar la Patria”, como él mismo decía, fue firmado por José María López, ex gobernador de Córdoba, Salvador Arana Sus, ex gobernador de Sucre, Wilmer Pérez, ex alcalde de San Antero, los representantes a la Cámara Eleodora Pineda y José de los Santos Negrete, y los senadores senadores Juan Manuel López Cabrales, Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y William Montes, entre otros funcionarios públicos, ganaderos y periodistas (ver acuerdo y firmantes).
A raíz de la incautación del computador del ex jefe paramilitar “Jorge 40” en septiembre de 2006, la clase política de la Costa Atlántica empezó a temblar. Entre otros hechos, se conoció de la existencia del “Pacto de Ralito”, así como otros pactos como el de Chivolo, lo que precipitó las investigaciones a los políticos implicados.
Así, entre mayo y junio de 2007 fueron capturados acusados de nexos con el paramilitarismo los senadores Juan Manuel López Cabrales, Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y William Montes, así como el representante a la Cámara José de los Santos Negrete. De igual manera la Unidad contra el Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención de otras 15 personas, entre las que se encontró al entonces director de Instituto Nacional de Concesiones, Inco, Luis Carlos Ordosgoitia.
El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Gómez Quintero, afirmó en su momento que ninguno de los firmantes asistió presionado, como lo han afirmado algunos de ellos durante las investigaciones. Mientras Pineda declaró que lo hizo para aportar a la paz del país, Mancuso afirmó que todas las personas asistieron de manera voluntaria y que incluso aportaron ideas para la redacción del documento.
¿En qué van los casos de los firmantes?
Pero, un año y cinco meses después de su captura, ¿en qué van los procesos de los otros políticos acusados? Mientras que Eleodora Pineda fue condenada a siete años y medio de prisión, el ex senador William Montes fue exonerado porque el Juzgado Séptimo especializado de Bogotá no encontró pruebas suficientes para inculparlo de algún delito.
El ex senador del partido Conservador, William Montes, por su parte, dijo ante la Corte Suprema de Justicia, que firmó el documento de Ralito, por las constantes amenazas de las que fue víctima tanto él como su familia por parte de los grupos paramilitares. También señaló que en el año 2001, cuando se realizó la reunión con los ex jefes paramilitares, la ausencia del Estado era casi absoluta en varias zonas de región del Caribe.
Pineda, según los testigos y las investigaciones no solamente fue acusada por firmar el Pacto, sino por hacer acuerdos de presión política para que las AUC le ayudaran a ganar las elecciones. En las parlamentarias, después del Pacto de Ralito, Pineda pasó de ser concejala del municipio de Tierralta con una votación de 728 sufragios a Representante a la Cámara con 16.233 votos, es decir un incremento de 2.170 por ciento.
Por su parte, La Corte Suprema terminó la etapa de juicio contra los senadores Reginaldo Montes y Juan Manuel López Cabrales, y se espera que en unos 15 días se conozca el veredicto. Los dos ex congresistas insisten en su inocencia.
Juan Manuel López Cabrales, ex senador del Partido Liberal, quien ha sido considerado uno de los más grandes electores de la costa Caribe, dijo en su indagatoria que firmó el Acuerdo de Ralito con cuatro ex jefes paramilitares, luego de recibir amenazas de muerte por parte de Salvatore Mancuso.
Su defensa ha sido una de las más fuertes en el caso de la “parapolítica”: dentro de las acciones emprendidas estuvo la solicitud de más de 40 testimonios, entre ellos los de los ex presidentes Gaviria y Pastrana, la declaración de varios ex ministros, e incluso la declaración del arzobispo de Montería, monseñor Julio César Vidal.
De igual forma, el Senador Reginaldo Montes también señaló que suscribió elAcuerdo bajo presión de los grupos paramilitares de la región y pidió su suspensión temporal del Partido Cambio Radical, mientras avanzan lasinvestigaciones de la Corte Suprema de Justicia.
Esta semana, Montes y su defensa han tenido la palabra frente a la Corte Suprema, para que inicie la recta final de la etapa de juicio, en la cual los magistrados de la Sala Penal deberán decidir si absuelven o no al Senador. Hace un par de semanas el delegado ante la Procuraduría General de la Nación solicitó la absolución de este congresista por considerar que la firma del Pacto de Ralito no constituye, de por sí, un delito.
A su vez, el ex senador Miguel Alfonso de la Espriella de Colombia Democrática, condenado a 45 meses de prisión, y miembro de una de las familias ganaderas y políticas más influyentes de su departamento, no desmintió su cercanía con el desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
De la Espriella fue quien reveló en noviembre de 2006 la existencia del Acuerdo de Ralito. Para él y tal como lo han señalado los medios de comunicación, este documento hacía parte de una búsqueda de caminos de paz con las autodefensas.
Esta misma fue la teoría que el alto tribunal aplicó en el caso del congresista José de los Santos Negrete, a quien le precluyeron la investigación en su contra. El representante a la Cámara José de los Santos Negrete, oriundo del municipio de San Bernardo del Viento, ha sido el más reacio a dar declaraciones a los medios de comunicación sobre la acusación de la que es objeto.
