Una tenebrosa banda paramilitar, que infiltró la policía de la capital, extorsionaba comerciantes, cobraba deudas a bala y mataba por encargo.
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| La Corte Suprema de Justicia determinó que Edilberto ‘Beto’ Castro fue cómplice de la muerte de Euser Rondón y lo condenó a 40 años de prisión. /Foto archivo Vea el resto del especial de los Llanos Orientales |
El 13 de septiembre de 2004, tres reconocidos políticos de Meta aparecieron abaleados en un paraje de la carretera entre Briceño y Cajicá, en plena sabana de Bogotá. Eran Nubia Sánchez, Carlos Javier Sabogal y Euser Rondón.
A los políticos abaleados los encontraron entre el baúl de un carro, con señales de tortura. Rondón acaba de ser derrotado en las elecciones a la Gobernación del Meta por Edilberto Castro. Había sido una campaña fea, cargada de acusaciones mutuas de complicidad con el paramilitarismo de corrupción. La diputada Sánchez y el ex gobernador Sabogal habían respaldado la candidatura de Rondón.
A los pocos días, los investigadores judiciales empezaron a recoger testimonios que señalaban a paramilitares de Bogotá, al mando de Miguel Arroyave, alias ‘Arcángel’, jefe del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia que delinquía en los Llanos Orientales, como los posibles autores del triple homicidio.
Ervin Oswaldo León Quiroga, un hombre que dijo que se quería retirar de las AUC llamó anónimamente al CTI, y ofreció aportar información sobre el crimen a cambio de protección. Su testimonio comenzó a develar la existencia de unas tenebrosas “oficinas” del paramilitarismo en Bogotá. Desde una comandada por alias ‘Diego el Zarco ’ que quedaba en el San Andresito de la 38 en Bogotá –dijo León –cobraban vacunas a comerciantes y ordenaban asesinatos y secuestros en la capital. Desde la otra, situada en un barrio de clase media alta, en la calle 106 con 15, otro paramilitar alias de ‘Don Álvaro’ (Eduardo Orlando Benavides), había organizado el asesinato de los tres políticos metenses. “Alguna embarrada le hizo Euser (Rondón) a ‘Don Miguel’ (Arroyave) –dijo León a la Fiscalía. Él le tenía mucha rabia, al parecer porque había perdido las elecciones y él había perdido mucho dinero”.
Los investigadores averiguaron que ‘Don Álvaro’ (Benavides) era un piloto de avión que había estado preso en México por narcotráfico. Vivía entre Cali y Bogotá, y detrás de la fachada de un simple ganadero y agente de finca raíz, manejaba esa oficina de sicarios desde donde orquestaba diversos crímenes para Arroyave.
Según lo han ido revelando varios paramilitares desmovilizados en el proceso de Justicia y Paz y según las investigaciones judiciales sobre la parapolítica en Meta, Arroyave financió la campaña de Rondón a las elecciones de 2003. Aunque se desconoce el monto de los aportes algunos líderes que hablaron con VerdadAbierta.com aseguran que el candidato se ufanaba que tenía 22.000 millones de pesos para su campaña. A finales de agosto de 2004, en unaentrevista con periodistas en Santa Fe de Ralito, la zona donde se estaba negociando la desmovilización de las Auc con el gobierno Uribe, el propio Arroyave moderó la versión: “No fue tanto, dejen quieto al pobre Euser… Pudo haber sido entre 12 y 15.000 millones de pesos”.
Con los datos que les dio León, el ‘para’ arrepentido protegido como testigo de la justicia, los investigadores del CTI allanaron oficinas y negocios en Bogotá y Cali. Con estos hallazgos, empezó a quedar claro cómo esta organización criminal venía delinquiendo con total impunidad durante cinco años, desde 1999. También pudieron establecer que incluyó en su nómina a policías, que asesinaba y extorsionaba en el sur de la ciudad, traficaba con droga venida de los Llanos, cobraba peajes a narcotraficantes y le movía negocios a Arroyave en la capital del país.
Un ‘Arcángel’ perverso
Miguel Arroyave, alias ‘Arcángel’ nació en Amalfi, Antioquia, el mismo pueblo donde nacieron los hermanos Carlos y Vicente Castaño, fundadores delas Autodefensas de Córdoba y Urabá (Accu), y quienes organizaron la alianza nacional de paramilitares conocida como las AUC. Desde niño fue cercano sobre todo a Vicente y esos lazos de amistad se mantuvieron con el tiempo.
Llegó al Meta a mediados de los años noventa y allí, según informes de organismos de inteligencia, se convirtió en el principal traficante de insumos químicos para el procesamiento de cocaína de la región. Le decían entonces el “rey de los químicos”. Le vendía estos insumos a Héctor Buitrago Parada alias ‘Martín Llanos’, el otro jefe paramilitar de los Llanos Orientales.
Cayó preso en 1999, luego de que las autoridades realizaran un allanamiento en una importadora de químicos en Bogotá involucrada en el negocio ilegal. Pero, como suele suceder en Colombia, la cárcel no lo detuvo y la aprovechó para realizar nuevos contactos con ‘paras’ y narcos, y expandir su negocio.
Apenas duró tras las rejas en la cárcel Modelo de Bogotá dos años, pues su proceso precluyó de manera sospechosa. Según coinciden varias versiones, apenas salió le “compró” a los hermanos Castaño una suerte de franquicia de las Auc para ampliar su dominio en los Llanos Orientales. Dicen que les pagó siete millones de dólares y montó su mafia de extorsión, tráfico de drogas ilegales, y muerte en esa región.
Arroyave encajó como anillo al dedo en los planes de los Castaño de expandir su brazo de terror a todo el país, bajo el discurso contrainsurgente. Al comenzar el siglo XXI, ya habían montado ofensivas en la Serranía de San Lucas en el sur de Bolívar (donde estaba el Comando Central del Eln); en La Gabarra en Norte de Santander (también del Eln) y en el parque natural de Sumapaz (en el Distrito Capital) y en el de La Macarena en el Meta, ambos bastiones de las Farc.
Pero la tarea encomendada a Arroyave no era la de perseguir guerrilleros, sino la de atajar a otro paramilitar, a alias ‘Martín Llanos’, a quién los Castaño veían como un obstáculo en sus planes de dominar el negocio del narcotráfico en todo el país. Esto demostraba que los Castaño, más preocupados que por la ideología, les concernía el tráfico de droga, y su expansión se hizo en función de este lucrativo negocio.
Sacar a ‘Martín Llanos’ del negocio, no sólo implicaba empujarlo fuera de Casanare y de Meta, sino también arrebatarle los negocios ilícitos en Bogotá, donde hasta que Arroyave entró, ‘Llanos’ tenía un “frente república”, del bloque que él manejaba llamado Autodefensas Campesinas del Casanare. Pronto, hacia 2003, estalló una guerra sangrienta por el control de la mafia que cobraba extorsiones en Bogotá, a los comerciantes y vendedores en el gran mercado de abasto de alimentos de la ciudad, Corabastos, los mataderos del sur, la zona industrial de Puente Aranda y los sanandresitos. Éstos últimos son mercados de comercio informal en los que se venden muchos artículos de contrabando, vehículo eficaz para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Así, hombres de ‘Llanos’ pusieron un carrobomba en frente del centro comercial Bahía, precisamente donde Arroyave tenía una de sus llamadas “oficinas de cobro”. Dos policías y una humilde vendedora de jugos murieron en el atentado. En su momento investigadores policiales le contaron a la revista Semana que ese había sido un episodio de la guerra entre ‘Los Buitragueños’ (hombres de ‘Llanos’) y el ‘Bloque Capital’ de Arroyave.
Arroyave reaccionó con enorme violencia y terminó sacando a los hombres de ‘Llanos’ de la capital. Entonces montó una primera “oficina”, desde la cual su primo Diego Ruiz Arroyave le servía de intermediario de sus negocios legales e ilegales. Al mismo tiempo, ‘Don Álvaro’ realizaba homicidios por encargo de Arroyave. Tenía un grupo en Bogotá y otro en Villavicencio, capital del Meta, al que llamaban `La especial’. Diego Luis Arroyave está hoy preso,inmerso en el proceso de Justicia y Paz.
De ‘La especial’ se supo, cuando asesinaron al ex alcalde de Villavicencio, Omar López Robayo, el 22 de febrero de 2004 en Meta. De acuerdo con los testimonios logrados por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, la organización tenía dos cabezas visibles: Miguel Ángel Rivera Jaramillo, alias ‘Wilson’ o ‘W`, y Rusbell Sneider Díaz Agudelo, alias `El Gordo`, condenados a 26 y 28 años de prisión por este crimen.
En Bogotá, Arroyave no necesitó tener un grupo de sicarios grande, pues infiltró al personal de la Fuerza Pública, sobre todo de la Sijín de la Policía, y con eso mantenía el flujo de cargamentos ilegales. Según dijo entonces el coronel Óscar Naranjo, quien en ese momento era jefe de la Dirección Central de Policía Judicial (Dijín): “Bogotá es un punto intermedio de tránsito de la droga de los Llanos Orientales y Boyacá, hacia Venezuela; también es paso obligado del oriente hacia las costas Atlántica y Pacífica”.
Un capitán retirado de la policía, Luis Alfonso Santamaría, fue el encargado de crear varias empresas de seguridad, que fueron reconocidas por el Ministerio de Defensa y avaladas por Superintendencia de Vigilancia, las cuales le sirvieron de fachada a Arroyave y le permitieron entrenar a sus hombres, prestarle seguridad a sus negocios (los legales e ilegales) y amparar sus armas y equipos de comunicaciones. El ex capitán Santamaría está acusado de concierto para delinquir.
Sus sicarios además ofrecían servicios de “protección” a comerciantes o residentes de algunos barrios, a cambio de un pago mensual, al estilo de las mafias sicilianas en las ciudades estadounidenses. Estos “servicios” incluían asesinar a habitantes de la calle, a pequeños comerciantes de droga, ladrones comunes y a quien quiera que estos comerciantes consideraran indeseables. “Arroyave creía que tenía la ciudad bajo control, pero informantes, en su mayoría sobrevivientes del grupo de ‘Martín Llanos’, le soplaban a las autoridades sus movimientos”, dijo a Verdadabierta.com un investigador que siguió de cerca a Arroyave en ese tiempo.
En diciembre de 2003 fueron estos informantes quienes le avisaron al Ejército que tres toneladas de coca estaban varadas en la ciudad a la espera de ser despachadas a Europa y Centroamérica. Entonces empezaron los decomisos. En el primero, el 13 de enero de 2004, unidades de la Sijín hallaron 56 kilos de coca en el barrio La Giralda de Fontibón; dos semanas después, la Policía Militar y el DAS dieron otro golpe en el barrio La Candelaria, en el centro de la ciudad; y en la salida de Bogotá hacia Villavicencio, incautaron un camión con 260 canecas de insumos químicos. En los operativos capturaron a cinco policías.
Que Arroyave tenía a integrantes de Policía a su servicio también quedó en evidencia el 17 de enero de 2004,cuando cinco miembros del grupo de automotores de la Sijín de la Policía secuestraron a una mujer que hacía trámites en el sector de Paloquemao. Los agentes, que iban sin uniforme y sin ninguna orden de operación, intentaban recuperarle al capo un millón de dólares que le habían robado. Fueron interceptados por miembros del DAS cuando iban con la tramitadora por Bosa, pero extrañamente no capturaron a los secuestradores.
Tras la denuncia del crimen, publicada en la revista Semana, la Policía hizo una purga en la entidad. Salieron varios oficiales, entre ellos, el afamado coronel Danilo González, quién había sido muy apreciado en la Policía por su lucha contra el Cartel de Medellín, pero que por el camino terminó trabajando para el narcotráfico. También fueron expulsados el mayor Iván Bohórquez, coordinador del grupo de automotores de la Sijín, y el capitán Néstor Camelo Lizarazo. El 26 de marzo de ese mismo 2004 estos oficiales fueron asesinados en distintas partes de la ciudad, y hasta donde saben los investigadores, fueron los paramilitares de Arroyave quienes los mataron.
A pesar de la salida de estos oficiales sospechosos de colaborar con Arroyave, su organización siguió delinquiendo con impunidad en Bogotá. Siguió sacando pasta de coca desde los Llanos y amplió su radio de extorsión a otros comercios en el barrio Siete de Agosto y a los prostíbulos y bares en el deprimido barrio Santafé en el centro de la capital.
Desde sus “oficinas de cobro” los paramilitares además desarrollaron un feroz negocio. Ellos compraban deudas del bajo mundo. Luego citaban a los deudores a una oficina y de allí los mandaban a otra muy elegante en un reputado centro de oficinas al norte de Bogotá. Allí llegaba el incauto deudor y, para su sorpresa, lo esperaban hombres armados que lo amarraban y mantenían secuestrado, hasta que pagara la deuda. Esto podía tomar días. Si no tenía el dinero contante y sonante, lo forzaban a traspasarles bienes inmuebles, vehículos o cualquier otra pertenencia valiosa. Ponían estas propiedades a nombre de sus testaferros. Si el secuestrado deudor no podía pagar, lo asesinaban y quemaban su cuerpo para que no quedara rastro.
Este sucio negocio de robo de bienes, que también servía para lavar dinero del narcotráfico, lo hacían en llave con hombres de negocios de la capital. Uno de ellos fue Andrés Vélez, un corredor inmobiliario, que de ser víctima de los abusos de los paramilitares, tuvo que convertirse en su relacionista público de Arroyave para salvar su pellejo.
Como más adelante él mismo lo confesó ante la justicia, Vélez fue quien tramitó el permiso de la Alcaldía de Bogotá para que diez mil personas ingresaran a la capital el 28 de julio de 2004 para “manifestar” su apoyo al proceso de paz con los paramilitares. También asesoró a la empresa Agrovicmar, propiedad de Víctor Feliciano, cuyo padre fue asesinado por ‘Martín Llanos’.
Vélez también fue protagonista de un proceso penal contra varios colombianos que, desde casas de cambio en México, lavaron 11 millones de dólares, producto de las exportaciones de cocaína que el grupo de Arroyave enviaba al Cartel de Juárez en el estado mexicano de Chihuahua, comandado entonces por Vicente Carrillo, alias ‘El Viceroy’, hermano y sucesor del legendario capo ‘El señor de los cielos’, Amado Carrillo.
En 2003, las autoridades comenzaron a seguir con suspicacia los negocios de Vélez. En febrero de ese año la oficina de la DEA en Bogotá le informó a la Fiscalía que él estaba involucrado en una red dedicada al lavado de ganancias del narcotráfico.
En 2005, Vélez cayó en desgracia con los mismos paramilitares porque le quedó mal a uno de sus clientes, quien utilizó los “servicios” de la oficina de cobro para hacerse pagar 300 millones de pesos. Poco después fue capturado. Y allí empezó a contar todo lo que ocurría en Bogotá.
Las confesiones de Vélez en 2005 complementaron las revelaciones del testigo protegido León del año anterior, y las autoridades pudieron conocer en detalle cómo funcionaban las temibles oficinas de cobro de Arroyave y sus paramilitares en Bogotá. Se enteraron de como además habían armado un tinglado para capturar rentas de contratos públicos en Meta y Casanare y tenían en el bolsillo a varios políticos. Además permitió avanzar en la investigación por el asesinato de los tres políticos metenses en 2004.
La caída del Bloque
Desde 2003, Miguel Arroyave y el también jefe narco-paramilitar, Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ (hermano de ‘El Alemán’) habían financiado campañas políticas en Meta, entre ellas la de Rondón a la Gobernación de ese departamento al oriente de Bogotá. Rondón se había lanzado por el movimiento Equipo Colombia que lideraba el entonces senador y hoy gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.
Al igual que otros paramilitares en el país, los de los Llanos habían descubierto que al financiar campañas se aseguraban tajadas de la contratación pública, un negocio tan rentable como el del narcotráfico. Según ex fiscales que investigaron la parapolítica en el Meta, conseguir un 10 o un 15 por ciento de las rentas del Meta y de las de la Alcaldía de Villavicencio, que en 2004 sumaban más de 700.000 millones de pesos, resultaba más seguro y rentable que los 5.000 millones de pesos anuales que las autoridades les calculaban, los ‘paras’ ganaban en extorsiones y narcotráfico.
A finales de septiembre de 2003, cuando la campaña estaba en la recta final, según las investigaciones judiciales, Rondón pidió más dinero a los jefes del Bloque Centauros. Arroyave pensaba que estaba despilfarrando dinero y no le quiso dar más. ‘Don Mario’ empezó a aportarle de su propio bolsillo. Eso los dividió.
“Por el solo hecho de salir a decir públicamente que estaban con él, Euser (Rondón) le daba a un congresista una cuota de 200 millones de pesos, a un diputado una entre 50 y 80 millones de pesos y a un concejal le daba entre 10 y 15 millones de pesos”, le dijo a Verdad Abierta uno de los contradictores de Rondón.
Un mes antes de las elecciones del 26 de octubre de 2003, según atestiguó un escolta de Arroyave llamado José Raúl Mira Vélez, varios políticos del Meta se reunieron en la fincas Los Mandarinos, Casa Roja, La Noventa y el sitio Caldo Parado, (entre los municipios de El Dorado y Acacías), con Arroyave y con ‘Don Mario’. Allí planearon el apoyo y financiación a unas candidaturas regionales y locales, y también “sacar del camino” a sus competidores, entre ellos el ex alcalde de Villavicencio, Omar López Robayo, quien, en efecto, fue asesinado en febrero de 2004.
Cuando Edilberto Castro quedó elegido gobernador del Meta, Rondón salió a denunciar fraude y él y sus aliados comenzaron una campaña para desprestigiar a Castro. El testigo Mira Vélez aseguró que luego de la arremetida, el gobernador electo se reunió con ‘Don Mario’ y Miguel Arroyave para que le bajaran la presión.
No obstante, Rondón siguió su pelea y denunció a Castro por haberse quedado con 900 millones de pesos de un contrato de la Gobernación. Además dijo que estaba inhabilitado porque le había causado la muerte a un peatón. Rondón se fue hasta Santafé de Ralito a insistirle a Arroyave que debía ayudarle a sacar a Castro de la Gobernación del Meta. Éste estaba en plena negociación de la desmovilización de las AUC con el gobierno, y el ruido que estaba haciendo Rondón estaba resultándole incómodo.
El ‘Arcángel’ Arroyave le puso una trampa a Rondón, citándolo el 13 de septiembre de 2004 en una finca entre Briceño y Cajicá con sus aliados, la diputada Sánchez y al ex gobernador Sabogal. Después es cuando los tres aparecieron abaleados y torturados, obra macabra de las oficinas de cobro de Arroyave en la capital.
La Corte Suprema de Justicia determinó que el entonces gobernador Castro había sido cómplice del asesinato de Rondón y lo condenó a 40 años de prisión. Y Germán Chaparro, está siendo juzgado por el Juzgado Noveno Especializado de Bogotá por autoría intelectual, juntos con los paramilitares, del homicidio de su patrocinador político López Robayo.
Después de muerto Arroyave, asesinado por sus propios hombres, otras facciones del paramilitarismo y del narcotráfico entraron a disputarse el control del bajo mundo bogotano.
Vea el especial “Las verdades del conflicto en los Llanos Orientales”
