Los excesos del ex senador Juan Carlos Martínez en la cárcel La Picota eran el pan de cada día de parrandas y ‘amigas’ en su patio de detenidos por la parapolítica. Por SEMANA.
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| Los excongresistas investigados por ‘parapolítica’ permanecen recluidos en el pabellón ERE sur de la cárcel La Picota, en Bogotá / FOTO SEMANA |
La semana pasada el exsenador Juan Carlos Martínez volvió a protagonizar un escándalo que se ha vuelto repetitivo a lo largo del último año: los excesos y privilegios de los políticos detenidos en la cárcel La Picota en el pabellón ERE Sur, más conocido como el de la parapolítica.
“Acá no hay reglamento que valga. Acá lo que importa es la plata y el poder. Y la mayoría de los que están acá tienen los dos y con eso pueden hacer lo que quieran”, afirma un guardián del patio de la parapolítica, confirmando que el problema no es solo Martínez y que la mayoría de sus vecinos de reclusión conservan innumerables canales y recursos que les permiten llevar tras las rejas una vida que pocos se imaginan y que, en un país distinto, daría para que altos responsables del gobierno y las autoridades hubieran perdido sus puestos hace rato.
La fiesta que Martínez organizó en el penal, el sábado 29 de enero, para celebrar su cumpleaños número 41, es apenas el aperitivo del estilo de vida a lo ‘Catedral’ (¿quién ha olvidado los excesos de Pablo Escobar en la cárcel que se hizo construir a su medida?) que llevan en La Picota los parapolíticos, los cuales no parecen presos, sino huéspedes de un hotel manejado por ellos mismos.
La noticia del animado festejo no tardó en llegar a los medios. El lunes, el portal de Internet Kienyke.com reveló detalles de la fiesta y cómo el exsenador valluno habría usado los cupos de visitas de algunos de sus compañeros, con lo que consiguió que 34 personas ingresaran a su convite, que comenzó hacia las diez de la mañana y se prolongó hasta el final del sábado. Alexis Lozano, director de la orquesta Guayacán, amenizó la reunión. Asistieron algunos de los más cercanos amigos de Martínez, como el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, Hémel Hurtado, senador del PIN, y Jairo Hinestroza Sinisterra, representante a la Cámara por el Valle, entre otros. La indignación pública fue creciendo a medida que se conocieron detalles, tales como que Martínez encargó a varios elegantes restaurantes de la capital, entre otros, coctel de camarones, arroz con chipi-chipi y costillas de cerdo con patacón ‘pisao’.
No era la primera vez que el controvertido político se veía involucrado en escándalos de ese tipo. A mediados de enero de 2010 se descubrió que Martínez, huésped de La Picota desde abril de 2009, había decidido remodelar su celda, para la cual no vio inconveniente en contratar obreros y derribar una pared para ampliar su ya cómoda habitación. Semejante irregularidad terminó con la destitución del director de la cárcel, Enrique Arce. En ese momento se anunciaron exhaustivas investigaciones y la adopción de “estrictas” medidas.
En octubre de 2010, se conoció que muchos de los reclusos pasaban más tiempo por fuera de la cárcel que adentro, con el argumento de acudir a citas y tratamientos médicos y odontológicos fuera de la prisión, con tal perseverancia que los resultados eran de campeonato. Ocupaba el primer lugar el exgobernador de Casanare William Pérez Espinel, quien, según registros oficiales, estuvo en 55 oportunidades en el médico y el odontólogo. Vicente Blel, con 54 permisos, y el exgobernador Salvador Arana, con más de 40 visitas a especialistas, le seguían en la lista. Martínez, que en 2010 salió del penal en 25 oportunidades para “controles médicos” que duraban prácticamente todo el día, estaba en una discreta posición. Estos y otros reclusos fueron vistos con frecuencia, reunidos con amigos, en la cafetería del segundo piso de la Clínica del Country, la Zona T y otros lugares del elegante barrio La Cabrera.
Aunque el cumpleaños de Martínez acaparó la atención, tres días antes de esa fiesta el pabellón de parapolítica había sido escenario de otra animada francachela. El miércoles 26 de enero, el senador Javier Cáceres organizó su cumpleaños número 53 con un largo almuerzo para 15 invitados, la mayoría familiares, también con comida de mar. Estos dos hechos llevaron al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, a ordenar el traslado de la directora de La Picota a la cárcel de Florencia y a pedir autorización de la Corte Suprema de Justicia para que Martínez fuera transferido a la penitenciaría El Bosque, en Barranquilla, como en efecto ocurrió el miércoles 2 de febrero.
Aunque el traslado amainó en tanto el escándalo, no son pocos los que creen que las fiestas y demás excesos no se acabarán con la salida del exsenador del Valle. “Hay que advertir que trasladar un interno no significa que desaparezcan las fiestas”, dijo a Caracol Radio el presidente de la Corte Suprema, Camilo Humberto Tarquino, al referirse al caso de Martínez. Y tiene razón. Lo que ocurre en el patio de los parapolíticos es un asunto de ribetes macondianos, por fuera de la comprensión de cualquier ciudadano, que el Inpec y el Ministerio del Interior han sido incapaces de controlar y en el que las complicidades llegan hasta muy arriba.
Parapolíticos por dentro
El llamado patio de los parapolíticos en La Picota empezó a funcionar en 2005, a raíz de las capturas de congresistas y senadores investigados por el escándalo de la parapolítica. Desde el inicio, el gobierno autorizó al Inpec para que les otorgara ciertas prebendas a los políticos que terminaran allí. Podían tener computador, acceso a Internet, televisión satelital y autorización para recibir visitas cuatro veces a la semana, mientras un preso común solo tiene una. En 2007, el entonces director del Inpec, general (r) Eduardo Morales, firmó una resolución ampliando los privilegios. Ningún político podía ser esposado al ser trasladado, se autorizaron la construcción de tres cocinas, el ingreso de todo tipo de alimentos y visitas durante seis de los siete días de la semana. A medida que iban siendo capturados más y más políticos, el patio comenzó a llenarse y los abusos y excesos comenzaron a ser más notorios sin que nadie pudiera oponerse.
En poco tiempo, los políticos construyeron y equiparon un completo gimnasio con máquinas de última tecnología para trotar, escalar y otras varias actividades. También instalaron un salón de juegos con una mesa de billar pool y otra de ping pong y camas para masajes, las cuales están muy cerca de uno de los comedores y al lado de la cocina exclusiva que tenía el exsenador Martínez, con dos neveras grandes que albergaban la comida de mar fresca que se hacía traer a diario. Masajistas profesionales, especialmente contratadas, venían a atenderlos en ese recinto o en las ‘celdas’. El exsenador Luis Alberto Gil es otro de los que tienen una cocina casi exclusiva para él, con una empleada que le prepara platos santandereanos.
Como en toda cárcel que se respete, hay marcadas diferencias entre los 44 internos que allí están y dentro del pabellón hay toda una jerarquía. Hay ricos y pobres, como cuentan los guardianes y los mismos reclusos. Y eso es algo que se nota. Entre los ‘pobres’ están el exdirector del DAS Jorge Noguera y los exrepresentantes Teodolindo Avendaño y Luis Carlos Restrepo. Ellos son prácticamente los únicos que comen en el restaurante del Inpec. También son de los pocos que en sus cuartos tienen viejos televisores, a diferencia de las pantallas planas de última tecnología que adornan las habitaciones de sus compañeros. De igual forma, son los que menos salen “al médico” y reciben muy pocas visitas.
Oficialmente, todos los reclusos trabajan en la llamada Granja Integral, en “labores de agricultura urbana”, cuidando conejos, gallinas y sembrando hierbas aromáticas y hortalizas. En realidad, los únicos que realmente desempeñan labores allí son los ‘pobres’ del patio: el exdirector del DAS es el que cuida las aves y Teodolindo Avendaño y Luis Carlos Restrepo, los que riegan las matas. Noguera también se encarga del reciclaje. Los demás, como conviene a su rango, no hacen nada.
Para empezar, una cosa muy simple define el estatus: “Acá funciona la ley de los 50.000 pesos –dijo a SEMANA uno de los políticos detenidos–. Si usted quiere que el guardia le entre una botella de whisky, le paga 50.000 pesos. Si quiere que le dejen entrar más de las tres personas autorizadas, son 50.000. Eso para las cosas sencillas. De ahí para arriba, la tarifa cambia. Algunos traen ‘amigas’, y como no les conviene que quede registro ni que las molesten en la guardia, y para que las dejen entrar fácil, eso puede costar en total entre 500.000 y 700.000. Los martes era el día preferido por muchos para traer las ‘amigas’. Solo había que pararse en la entrada de La Picota y ahí las veía”, explica. Los chanchullos no son solo con los guardias. Como corresponde a huéspedes de importancia, se habla de sobornos a altos funcionarios que llegan a los cinco millones de pesos para permitir ciertas entradas o salidas y privilegios especiales.
El ingreso y consumo de licor ha generado más de un inconveniente. El año pasado, el expresidente del Unión Magdalena Eduardo Dávila bajo efectos del alcohol, comenzó a gritar e insultar a otros de sus compañeros. El asunto fue de tal proporción que varios de los internos gestionaron una reunión a la que asistieron la directora del penal y directivos del Inpec. La reunión, oh sorpresa, no fue para prohibir la entrada de licor, sino para trazar unas ‘reglas de convivencia’. “Eso no pasa muy seguido. Los que beben acá lo hacen a lo largo del día y casi nunca hay inconveniente. Por la noche es raro ver a alguien bebiendo por ahí porque ya no hay visita y uno no se mete al cuarto del otro a emborracharse. Aunque la guardia sabe, la mayoría no deja las botellas de Sello Azul a la vista ni arma escándalo”, cuenta otro de los internos. Para todos ellos, como para las autoridades, la entrada del ‘traguito’ –y más de uno irriga su cautiverio con Sello Azul– es apenas parte natural de su vida cotidiana.
El peso político que conservan muchos de ellos les permite convertirse casi en intocables. “Si usted trata de hacer cumplir las reglas, el senador, el representante o el exgobernador simplemente llama al ministro o a un alto funcionario de la Casa de Nariño, quien a su vez llama al director del Inpec, que a su vez llama a la directora de la cárcel, que a su vez ordena a la guardia que deje hacer al interno lo que quiera –contó a SEMANA un directivo del Inpec–. Hay casos muy particulares en donde el interno no hace la gestión directamente, como pasó un par de veces con el senador Martínez. Si se le ponía algún problema, él llamaba a sus colegas del PIN en el Congreso, que son cerca de once. Ellos, a su vez, se comunicaban con un alto funcionario del Ministerio del Interior y le recordaban amablemente que la bancada podía oponerse o aprobar X o Y proyecto”, explica el funcionario. De ser así, en honor a la verdad, estos reclusos ejemplares habrán escrito en los anales de la política colombiana una nueva página: el clientelismo carcelario, mediante el cual ciertos votos para algunas leyes dependen de la regular provisión de vituallas y elíxires para los próceres que se amangualaron con los paramilitares para cometer toda clase de tropelías.
Esa combinación de dinero y poder político es una de las causas que explican por qué muchos, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, creen que poco cambiará tras la salida de Martínez de La Picota. Y por qué su fiesta no es la primera ni la última. Es indispensable, por supuesto, una profunda revolución en el Inpec, y los obstáculos empiezan por el propio organismo, sus 34 sindicatos y la cuasi imposibilidad legal de despedir a los que se pillan en falta. Hay absurdos como que guardianes con problemas mentales no pueden entrar a la cárcel, pero siguen en nómina. Sin embargo, es evidente que el Inpec solo dista de ser el problema. La larga mano de los parapolíticos presos llega mucho más arriba. Sin una decisión al más alto nivel del Estado, el relajo de un patio que recuerda la tristemente célebre cárcel de Pablo Escobar seguirá ofreciendo un escándalo tras otro.
Revista Semana
