Sobre un predio que fue adjudicado en 1994 a un grupo de desmovilizados de la guerrilla del Epl se cierne un litigo jurídico que involucra a uno de los más opcionados aspirantes a la Alcaldía de Apartado, quien también hiciera parte del proceso de paz de este grupo subversivo con el gobierno nacional.
Eliecer Arteaga Vargas, candidato a la Alcaldía de Apartadó, implicado en un caso de restitución de tierras. Fotos: archivo particular y Semana.
Desde el pasado mes de julio reposa en los despachos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), sede Medellín, una demanda donde el nombre de Eliecer Arteaga Vargas, actual candidato por el partido de la U a la Alcaldía de Apartadó, Urabá antioqueño, es vinculado con la celebración de negocios fraudulentos para quedarse con tierras. El trasfondo que rodea esta historia también abre un interrogante que hasta ahora pocos se han formulado: ¿qué pasó con los proyectos agrícolas que el gobierno nacional adjudicó a los desmovilizados de la guerrilla del Epl?
En efecto, mediante oficio No. OAZ1185 de julio de 2015, la URT aceptó inscribir en el “Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente” el caso de Milena Delgado, compañera sentimental de Francisco Sánchez Palomo, un desmovilizado de la guerrilla del Epl a quien, parece, se lo tragó la tierra. El 5 de enero de 2005 salió de su residencia, en el barrio Obrero de Apartadó, con destino al departamento de Nariño y nunca más se volvió a saber de él. Al momento de su misteriosa desaparición, Sánchez Palomo dedicaba sus días al cuidado de unas 20 reses que había adquirido en 2004 y que pasteaba en La Marimba, un predio de 80 hectáreas ubicado a orillas de la carretera que comunica los municipios de Chigorodó y Carepa.
La Marimba es un predio que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora (hoy Incoder), adjudicó a un grupo de diez excombatientes de la guerrilla del Epl, entre quienes figuraba Eliecer Arteaga Vargas. La finca fue entregada bajo la figura de proindiviso; es decir, que la tierra debía ser explotada de manera colectiva y que ninguno de sus miembros podía transferir, permutar o negociar ninguna parte del inmueble sin previa autorización del Incora dentro de los 15 años siguientes.
Los desmovilizados crearon entonces la Empresa Comunitaria Finca Ganadera –Ecofiga- pero, la puesta en marcha del proyecto estuvo rodeada de múltiples inconvenientes. El mayor de ellos: la persecución de la que fueron objeto los miembros del Epl una vez dejaron sus armas. La historia muestra que en el Urabá antioqueño, dicho acoso tuvo ribetes de verdadero exterminio. Muestra de ello es que pocos meses después de adjudicado el predio, cinco de los beneficiarios iniciales debieron abandonar la región por amenazas mientras que otros dos fueron asesinados.
En reunión especial celebrada en Apartadó, en agosto de 1995, Arteaga y otros dos compañeros que aún seguían creyendo en el proyecto le solicitaron al entonces Programa para la Reinserción de la Red de Solidaridad Social incluir a siete nuevos miembros como reemplazantes de los ya fallecidos y de aquellos que fueron expulsados forzosamente de la región. Al final, el Gobierno aceptó la petición y fue así como Francisco Sánchez Palomo ingresó como socio de Ecofiga.
Las dudas
Foto: archivo Semana.
Así, según la demanda que interpuso Milena Delgado ante la URT, a las pocas semanas de la desaparición de su esposo en 2006, comenzó a recibir llamadas de personas extrañas que le decían que no siguiera averiguando por él, lo que la llevó a tomar la decisión de abandonar el país. A finales de 2014, cuando regresó a su natal Apartadó, lo primero que hizo fue indagar por la suerte del ganado y la parte del predio La Marimba de la que su esposo era dueño. La respuesta que recibió por parte de Arteaga Vargas fue que Sánchez Palomo le había vendido su parte, con reses y todo, por 35 millones de pesos.
Como prueba de dicho negocio, Milena recibió por parte del hoy aspirante a la Alcaldía de Apartadó un poder y un contrato de compra venta donde, efectivamente, consta la transacción comercial entre él y Sánchez Palomo. Sin embargo, a su juicio, dichos documentos presentan serios reparos. En el poder, por ejemplo, se lee que Sánchez Palomo cede sus derechos correspondientes a la finca La Campiña, ubicada en Carepa, nombre que no corresponde al predio del que era co-propietario. Pero lo que más llama su atención es que el poder fue autenticado en la Notaría Segunda de Florencia, Caquetá, el 26 de diciembre de 2005; es decir, un año después de reportada su desaparición ante las autoridades.
“Yo hablé con él el 4 de enero. Salió el 5 para su viaje y nunca más volví a saber de él. El poder tiene fecha del 26 de diciembre de 2005 ¿Cómo iba a firmar un documento estando desaparecido?, mucho menos en Florencia (Caquetá), si nunca había estado allá”, señala Milena. Pero esto no es lo más inquietante, según la mujer: “él no sabía firmar. Él simplemente escribía su nombre y ya y en ese documento aparece un garabato que no sé quién lo habrá hecho, pero en todo caso no pudo ser él”.
A esto se suma que, en el contrato de compra-venta, suscrito también en la Notaría Segunda de Florencia, en fecha del 8 de febrero de 2006, se negocian 17.5 hectáreas de la finca La Campiña, ubicada en la vereda Vijao de Chigorodó, por valor de 35 millones de pesos. “La finca no se llama así, ni eran 17.5 hectáreas, eran ocho. ¿Por qué ponerle ese nombre?”, se pregunta. Por estos hechos, Milena también interpuso denuncia en la Fiscalía General de la Nación por falsedad en documento público.
Pero todo parece indicar que la de Milena no será la única denuncia que recibirá la URT relacionada con el predio La Marimba. Miguel Osorio, reconocido líder social del Urabá antioqueño, quien también hizo parte del proceso de paz del Epl con el Gobierno, viene documentado los casos de varios beneficiarios de la adjudicación quienes alegan haber sido víctimas de despojo.
De acuerdo con los hechos que ha logrado recopilar hasta ahora, “entre el 2004-2005, Eliecer comenzó a decirles a los demás beneficiarios: ‘tenga cinco millones por su parte’. La gente los recibía, entre otros, porque ese proyecto siempre estuvo acosado por la violencia. Ecofiga nunca pudo arrancar porque la gente siempre fue perseguida y, a excepción de una o dos personas, nadie quiso ingresar a la finca por miedo de que los mataran”, cuenta Miguel.
Para Miguel, la entrega de dinero por parte de Arteaga Vargas constituye un acto irregular por cuanto para esa época aún estaba vigente la Resolución del Incora que impedía cualquier negociación con el predio sin la autorización expresa con la entidad. A esto se suma que el valor de una hectárea de tierra en La Marimba podría oscilar, para dicha época, entre los 300 y 400 millones de pesos lo que según él, evidencia un aprovechamiento de factores de violencia para hacerse con tierras a bajos precios, una de las modalidades que utilizaron ganaderos y terratenientes para hacerse con grandes extensiones de tierra en el Urabá antioqueño.
“La idea es documentar los casos y presentarlos próximamente. Aunque la gente está muy temerosa, también está decidida, porque se ha dado cuenta que, con todo lo que ha pasado en Urabá, mucha gente aprovechó esa violencia para utilizar a la gente, para hacerse con tierras, con poder y con plata y ahí siguen, como si nada”, dice el líder social.
“Nunca ofrecí dinero”
Al ser consultado al respecto, Eliecer Arteaga Vargas calificó como una persecución política las denuncias que hoy reposan tanto en Fiscalía como en la Unidad de Restitución de Tierras: “hasta donde supe, ese muchacho (Sánchez Palomo) estaba vinculado con esos nuevos grupos armados ilegales. Y él desaparece y aún no se sabe cómo ni dónde. Y él ya venía diciéndome desde 2004 que quería salir de su parte, que se la comprara”.
Según el aspirante a la alcaldía de Apartadó, fue el mismo Sánchez Palomo quien le envió el poder y el contrato de compra-venta donde cedía sus derechos sobre el predio. “Ahora, no tengo la menor idea de por qué está registrado en Florencia, Caqueta. No sé si él estaba por esos lados o qué fue lo que pasó. Si lo revisan, se darán cuenta que ni siquiera tiene mi firma. Ahora, deberá ser un perito quien demuestra que, efectivamente, esa no es la firma de él”, dijo.
Con relación al ofrecimiento de dineros para quedarse con la parte que le correspondía a sus compañeros desmovilizados, Arteaga Vargas declaró que “en su momento, la gente quería venderle a Ecofiga, porque en los estatutos de la empresa estaba estipulado que si un socio quería vender, tenía que vendérselo al proyecto. Pero eso no funcionó así porque el Incoder dijo que lo mejor que se podía hacer era adjudicar individualmente. Y eso se hizo, no sé si en 2008 o 2009”.
En efecto, mediante Resolución 398 del 2 de marzo, el Incoder parcela La Marimba y adjudica pequeños predios de ocho hectáreas a nueve de los desmovilizados que hacían parte de Ecofiga, revocando así la Resolución 2410, cuya naturaleza era netamente colectiva. “Es más, en esas resoluciones ya no aparece el señor Sánchez Palomo”, dijo Arteaga, quien añadió “ya, con esas adjudicaciones la gente resolvió vender, otros arrendaron, otros abandonaron. Yo arrendé las ocho hectáreas que me tocaron”.
Hoy, Eliecer Arteaga Vargas puntea en las preferencias de losapartadoseños para ocupar el máximo cargo de elección popular de este municipio. Si bien es cierto que en periodos electorales extrañamente salen a flote los pecados de los políticos que aspiran a cargos de elección popular, también es cierto que este caso amerita toda la atención por parte de las autoridades correspondientes, a fin de resolver aquellos aspectos que despiertan serias dudas. Será entonces la Unidad de Restitución de Tierras quien dicte la última palabra.
