Los rostros jóvenes que crecen en zonas en conflicto o desprovistas del Estado ven cada vez más lejano cumplir sus sueños y se están desprendiendo de los territorios. Algunos han preferido suicidarse antes que hacer parte de la guerra y las economías ilícitas. Y quienes deciden alzar su voz son judicializados.
La juventud en Colombia ha tenido distintos momentos de participación política en la historia reciente del país. La creación de la Constitución de 1991, el plebiscito de octubre de 2016 para refrendar el Acuerdo de Paz con las extintas Farc y los estallidos sociales de los últimos años se han caracterizado por la voz de los jóvenes abanderando estos espacios. Por eso, hablar sobre derechos humanos, buen vivir en los territorios y protesta social es reconocer que el conflicto armado y el abandono estatal atañen directamente a ellos.
En conversación con VerdadAbierta.com, líderes y lideresas sociales de departamentos como Chocó, La Guajira, Bolívar, Córdoba, Cauca y Valle del Cauca llamaron la atención sobre las condiciones laborales y de formación para los jóvenes, así como del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos ilegales que los ha llevado, en algunos casos, a quitarse la vida.
Los controles territoriales también afectan a los jóvenes, pues en varias ocasiones, y ante la decisión arbitraria de las organizaciones armadas ilegales de restringir la movilidad y ordenar que la ciudadanía no salga de sus casas, las actividades educativas y culturales se ven limitadas.
Asedio que lleva a la muerte
La firma del Acuerdo de Paz en 2016 llenó de esperanza a los habitantes de las regiones más golpeadas por la confrontación armada de más de medio siglo. La salida de las antiguas Farc de regiones desprovistas del amparo del Estado parecía la posibilidad perfecta para que se abrieran sendas oportunidades de bienestar social para que las comunidades pudieran habitar y vivir con tranquilidad.
Edwin Mauricio Capaz es el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una organización que representa por lo menos el 90 por ciento de los pueblos indígenas del departamento y que fincaron sus esperanzas en el Acuerdo de Paz para no volver a padecer los embates de la guerra por los que pasaron con la arremetida paramilitar del Bloque Calima a inicios del 2000 y el posterior control de la extinta guerrilla de las Farc. (Leer más en La ley del terror de los paramilitares en Cauca y Sigue la tensión en el Cauca por ataques de las Farc)
Sin embargo, la paz duró poco: año y medio después irrumpieron grupos armados como el Eln, el Epl y las disidencias del Frente Sexto de las Farc, con sus columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez. En la actualidad, Capaz detalla que en Cauca hay por lo menos 18 grupos armados y que la Guardia Indígena ya no da abasto para controlar sus zonas de resguardo. (Leer más en Reacomodo de grupos armados ilegales impacta con fuerza a Cauca y La violencia arrecia en el norte de Cauca)
Además, varias regiones están inundadas con cultivos de uso ilícito —16.543,83 hectáreas de hoja de coca para 2020, según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC)— y ahogándose en la violencia, la cual ya se ha cobrado la vida de 786 líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de paz hasta el pasado 31 de marzo, según el Programa Somos Defensores. “La tasa de homicidios en Cauca es de 60 por cada 100 mil habitantes, el doble de la tasa a nivel nacional”, sostuvo el líder caucano en el conversatorio El País que Soñamos, realizado en Bogotá en días pasados y convocado por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) para conmemorar sus 50 años de labores.
Capaz denunció que desde 2017 estos actores no han parado de vincular a niños, niñas y adolescentes a sus filas. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) de la mano de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) revisaron este fenómeno directamente con niños, niñas y jóvenes indígenas. Desde el año pasado estuvieron trabajando en varias regiones del país cómo viven y entienden el reclutamiento.
Más allá de amenazarlos a ellos o a sus familias, llevarlos a la fuerza y darles un arma, varios jóvenes contaron cómo los actores armados ilegales les han ofrecido entre 900 mil y dos millones de pesos, los utilizan para vigilar quién llega a los territorios, les piden que lleven mercancía o armas y hasta los utilizan como traductores ante las comunidades.
En esas sesiones, los jóvenes señalaron que también se sienten presionados por el Ejército Nacional para enlistarse en sus filas. Una vocera de la ONIC, que prefirió mantener su nombre en reserva, contó que cuando estuvieron en la región de la Orinoquía escucharon denuncias sobre las Fuerzas Militares, que les ofrecían cursos, becas y les insistían que serían respetados si se alistaban como ‘héroes de la patria’.
“‘Si estás en la calle, te citan —el Ejército— y cuando vas se quedan con tu número de celular. Después de eso, todo el tiempo te están llamando para decirte que ingreses al Ejército’”, recuerda le contaron los jóvenes.
En distintos medios de comunicación se ha registrado que los jóvenes de la comunidad Embera Dobida optan por el suicidio para no ser reclutados por los grupos armados. En agosto de 2021 se registraron 22 suicidios en esa comunidad indígena de Chocó, tal como lo reportaron varios medios de comunicación.
El asedio de los grupos armados a las comunidades indígenas —que además se encuentran a varias horas del casco urbano— se convertía en aislamiento total de las comunidades. En consecuencia, no podían pescar ni cazar, por lo que, además, pasaban hambre y no tenían manera de atender varias de sus necesidades, como la salud, y se afectaba el acceso a la educación.
El departamento de Chocó es una región que, históricamente, ha carecido de una atención integral del Estado y esto, sumado al asedio de los grupos armados ilegales, afecta la vida de las comunidades indígenas al punto que los jóvenes optan por el suicidio antes de seguir bajo el maltrato y la violencia que aplican los grupos armados.
“Chocó no para. Tú puedes estar viendo cada quince días o al mes suicidios”, le confesó a este portal una jóven lideresa indígena que llevó de cerca procesos con jóvenes de ese departamento en la ONIC. “Todo el tiempo recibía mensajes o llamadas de reclutamiento y de suicidio de jóvenes. Ahora los recibo más con suicidios”, comenta.
La situación es crítica y más allá de Chocó, en Córdoba, Antioquia y Risaralda, donde se han ocurrido casos de jóvenes Embera que se han quitado la vida. “Lo que no hay es una base de datos, lo hemos tratado de hacer, pero eso ha sido muy difícil. Pero sí ha aumentado”, señala la joven lideresa, a quien, por razones de seguridad, se le omite el nombre.
Ella precisa que en el primer semestre de este año en el Alto Sinú, en Córdoba, se presentaron cinco suicidios de jóvenes Embera en un solo resguardo: “El jóven no puede salir a cierto punto porque se lo llevan. No puede estar solo en cierta parte porque le pueden pegar un tiro o todo el tiempo la amenaza constante de que ya no puede salir de su casa. Viven en una zozobra todo el tiempo y algunos deciden quitarse la vida”.
Sobre esos casos nadie habla, entre otras razones porque los voceros del resguardo no se animaban a contar los hechos alrededor de los suicidios de los jóvenes porque presentían que sus vidas correrían peligro. Es por ello que el silencio es lo habitual.
La fragilidad de la juventud en estos territorios reluce en la agenda pública cuando el Ejército Nacional lleva a cabo operativos contra los grupos armados ilegales y en el medio caen menores y jóvenes que estaban en calidad de civiles o en las filas de los ilegales, pero como recuerdan expertos en Derecho Internacional Humanitario: siempre siendo víctimas. (Leer más en ¿Murió en el bombardeo?: la pregunta sin respuesta en el caso de Marlon Mahecha)
El 9 de julio de este año se desarrolló el más reciente ataque a las disidencias de las Farc en el que murió el jefe guerrillero ‘Iván Mordisco’ en San Vicente del Caguán, Caquetá. En un comunicado expedido por Medicina Legal el 15 de julio, se precisó que en el operativo murieron nueve personas, entre las que se encontraron dos cuerpos de niñas.
Este no es el único hecho en el que se han visto involucrados menores de edad en ataques contra las estructuras armadas. A finales de 2019, hechos ocurridos en el municipio de San Vicente del Caguán estremecieron al país tras la muerte de por lo menos ocho de ellos en un operativo estatal ejecutado contras un campamento de las disidencias de las Farc. (Leer más en Niños bombardeados en Caquetá, otro caso fallido de prevención del riesgo)
Después le siguió el bombardeo en Calamar, Guaviare, en el que murió la adolescente de 16 años Danna Liseth Montilla Marmolejo, el 2 de marzo de 2021, en un operativo contra Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’; y en el Litoral del San Juan, Chocó, el 16 de septiembre del año pasado, con el bombardeo contra la guerrilla del Eln, en el que murieron cuatro menores. (Leer más en Crecer bajo la amenaza de las bombas y el reclutamiento en el Parque La Macarena)
En Puerto Leguízamo, Putumayo, también hubo un ataque del Ejército en el que varios civiles menores de edad se vieron involucrados. La comunidad denunció este hecho como una ejecución extrajudicial, pues ninguna de las personas muertas hacía parte de grupos armados. (Leer más en El desamparo ronda a las familias del Alto Remanso y “Temo por mi vida y la vida de mi familia”: Argemiro Hernández)
Educación frágil
Kelly Téllez intervino en el conversatorio El País que Soñamos, de Cinep, y narró su experiencia en Fe y Alegría, una federación internacional que le brinda la oportunidad de educarse a las comunidades menos favorecidas en distintos países, incluido Colombia.
Téllez aludió en su intervención a la pandemia del COVID-19 y a la manera cómo afectó la educación. Explicó que la falta de acceso a las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, así como la falta de infraestructura y planeación, hizo que el proceso educativo de niños, niñas y adolescentes fuera interrumpido de forma abrupta.
Según cifras de UNICEF, el retroceso en la educación a causa de la pandemia en el mundo fue de 1,8 años. Sin embargo, Téllez, en entrevista con VerdadAbierta.com, explicó que dadas las carencias estructurales que tiene Colombia es probable que esta cifra sea cercana a los dos años.
Esta experta reconoció que la llegada del virus entorpeció los procesos educativos pues, en la mayoría de colegios, los contenidos de las clases no eran planeados en las clases virtuales por lo que los estudiantes perdieron parte de la formación básica que debían recibir.
La falta de acceso a objetos básicos para llevar la educación virtual como acceso a internet, energía eléctrica y computadores o celulares también dificultaron la transmisión de los conocimientos. Sobre todo, indicó Téllez, en espacios rurales.
Para sortear esos obstáculos, los profesores de Barrancabermeja, por ejemplo, tenían que salir de sus casas en medio de la pandemia para llevarle a los estudiantes las guías de estudio para evitar que se retrasaran aún más. Esa estrategia implicó un esfuerzo adicional para los maestros, pues tal como lo relata la experta, muchas escuelas no tenían el presupuesto para la creación e impresión de guías y, en consecuencia, además de tiempo, también los docentes debieron dar dinero para mantener el nivel educativo.
Téllez explicó que las consecuencias de la pandemia en la educación se vieron en las pruebas del ICFES y las pruebas PISA, en las que Colombia se ubicó en los últimos puestos. Habilidades básicas como matemáticas, lenguaje y pensamiento crítico presentaron los peores resultados.
Según un estudio realizado en 2020 por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, casi 27 mil jóvenes no presentaron las pruebas Saber en el primer año de la pandemia.
Ese estudio reveló que la brecha más evidente se presenta entre los estudiantes con conexión a Internet y los que no. Mientras que en los colegios privados los resultados de las pruebas aumentaron casi en seis puntos, los colegios públicos no tuvieron ningún cambio significativo. Sin embargo, la diferencia entre los colegios privados y los colegios públicos llegó a los 30 puntos de estas pruebas estandarizadas. La OCDE postergó las pruebas Pisa para 2022 por lo que no será posible conocer el rendimiento de Colombia frente a otros países hasta 2023.
El cierre de colegios y escuelas no solo afectó la educación básica y secundaria, también puso en riesgo a la juventud colombiana, especialmente a los de zonas rurales. La desescolarización impuesta como medida de contención del virus, los dejó a merced de grupos armados ilegales.
Según el informe anual de 2021 presentado por Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), una plataforma de siete organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez y de jóvenes en el país, los niños, niñas y adolescentes fueron víctimas, entre otros delitos, del fuego cruzado, el desplazamiento forzado y abuso sexual.
En relación con el reclutamiento forzado, esta organización registró 61 eventos en los que 151 menores estuvieron involucrados en los departamentos de Arauca, Bogotá, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Santander, Valle del Cauca y Vichada durante el 2021.
De acuerdo con COALICO, y luego de valorar varias denuncias, los grupos armados ilegales atraían a niños, niñas y jóvenes con el ofrecimiento de pagos y celulares. Asimismo, se descubrió que la población venezolana migrante también está en riesgo, pues se registraron 10 casos de niños venezolanos en las filas de estructuras criminales. En el texto se señala como responsables a grupos disidentes de las Farc y a la guerrilla del Eln. Sin embargo, debido a la falta de denuncias por parte de las familias por miedo a represalias, la cantidad de casos puede ser mayor a la registrada.
Sin oportunidades
En el sur de Bolívar los jóvenes se debaten entre vincularse al cultivo de hoja de coca u otras etapas del procesamiento de economías ilícitas, a las actividades mineras o a grupos armados ilegales.
“Una constante que hemos visto últimamente es que los miembros de los grupos armados son relativamente jóvenes, de 18, 20, 22 años”, dice un líder de la región que prefiere mantener su nombre en reserva. La tranquilidad en su territorio se las ha arrebatado la guerrilla del Eln y las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Según ha escuchado, esta última organización le está ofreciendo a los jóvenes sueldos de uno a dos millones para integrar sus filas. (Leer más en Líderes ambientales del sur de Bolívar, en riesgo)
El líder conoce a profundidad la situación de los municipios de Simití, Santa Rosa del Sur, Cantagallo y San Pablo. “Aparte de la minería o la coca, no hay oportunidades”, dice y para respaldar esa afirmación cuenta que en las veredas solo hay hasta quinto de primaria y la universidad más cercana está del otro lado del río Magdalena: el Instituto Universitario de la Paz de Barrancabermeja del vecino departamento de Santander.
Los jóvenes que tienen posibilidades terminan el bachillerato y salen a estudiar a otros departamentos, otros se quedan en el territorio y hacen estudios técnicos. Pero son muy pocos los que logran acceder a la educación superior, por eso optan por rebuscarse el futuro en las economías que les ofrece la región.
“Yo, por ejemplo, cuando tenía 13 años me fui a raspar coca”, dice el líder, quien creció en Simití, para evidenciar que es una dinámica que no ha cambiado mucho desde entonces. “Los jóvenes desde los 13 y 14 años son presa fácil de los grupos armados ilegales y también de esas economías ilegales porque en este momento si a un jóven le rinde raspar coca se puede ganar entre 100, 120 o 150 mil pesos en el día libres porque le dan comida, la limonada, la dormida”.
De las 9.373,25 hectáreas de hoja de coca cultivadas en Bolívar, 8.150,26 hectáreas —el 86 por ciento— se encuentran en los cuatro municipios del sur del departamento, quedando en la cabeza San Pablo (3.218,26 hectáreas), según datos del ODC.
De acuerdo con el líder de la región, en la parte llana y el piedemonte de estos municipios hay mayor interés por la ganadería, sueño al que varios jóvenes le han apostado: hacer dinero y luego comprar un fundo para actividades agrícolas, entre ellas, la ganadería.
Bolívar es el noveno departamento con mayor número de cabezas de ganado: 1.489.496 reses, según el Censo Pecuario de 2022 que realizó el ICA. Simití (76.091), Santa Rosa del Sur (49.911), San Pablo (44.552) y Cantagallo (14.176) se alzan como municipios con alta presencia de semovientes, pero en la Serranía de San Lucas la dinámica es distinta.
“Uno llega a un municipio como Santa Rosa del Sur y los jóvenes aspiran a ser mineros, incluso la mayoría de las personas que uno ve trabajando por ahí son jóvenes”, por eso, algunos de los dueños de las minas, explica el líder, le dan trabajo a menores de edad en las excavaciones.
La minería de oro a cielo abierto o de socavón, muchas de estas irregulares, está siendo realizada por personas particulares, a veces dentro de los títulos de empresas o terceros que ha otorgado la Agencia Nacional de Minería (ANM) en la región.
Según la información obtenida por el Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA), de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para 2018 existían “130 títulos mineros que incluyen oro y metales preciosos, que se sobreponen total o parcialmente con la Serranía de San Lucas”. Sobre estas actividades han llegado los armados ilegales imponiendo impuestos sobre la minería en el sur de Bolívar.
El líder del departamento sostiene que los liderazgos juveniles en esa región están aún en construcción. “Es débil la participación de los jóvenes”, resalta y señala que la causa es porque han estado más interesados en resolver su situación económica. El defensor de derechos humanos considera que el abandono al que están condenados en esa región hace que los jóvenes opten por actividades ilegales.
Defensa del territorio
María Eugenia Zavala es una líder social del municipio de Montería, Córdoba. Ella perdió a su esposo a manos de la violencia en 1989, cuando fue asesinado por grupos paramilitares. Desplazada por la violencia, junto a otras mujeres víctimas del conflicto lograron, en 1997, que les adjudicaran la finca Valle Encantado, convirtiéndose en las primeras mujeres en Colombia que logran ser propietarias de una finca adjudicada por el Estado.
A este predio, de 128 hectáreas también llegaron los paramilitares. Bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, intentaron reclutar a los más jóvenes de la comunidad. En el encuentro con el Cinep, esta mujer recordó esta historia y la conversación que tuvo con el jefe paramilitar en la finca Las Tangas exigiendo el regreso de sus hijos. (Leer más en Las Tangas: las tierras de Fidel Castaño)
En la actualidad, esta lideresa lucha por el respeto a las tierras que ella y otras mujeres han ocupado durante más de 20 años. Frente al auditorio, Zavala explicó que ella y las otras mujeres de Valle Encantado compraron las parcelas que ahora habitan a través de la Ley 160 de 1994, que cubría el 70 por ciento del valor. Sin embargo, ellas debían cubrir el otro 30 por ciento y, aunque fue difícil cubrir esa deuda, ya lograron saldar ese compromiso.
Sin embargo, la vida en Valle Encantado no es tan fácil, muchas familias viven del día a día. Durante la conversación convocada por Cinep, esta lideresa contó que esas dificultades hacen que la gente opté por vender sus tierras. Así, según ella, se ha montado un plan de despojo encabezado por terratenientes, quienes compran la tierra a muy bajo precio u ofrecen casas en Montería a cambio de las parcelas familiares.
Pero, ¿cómo se ven involucrados los jóvenes en el problema de la tierra en el sur de Córdoba? Zavala, quien está próxima cumplir 68 años y ya las enfermedades le están pasando cuenta de cobro, le explicó a este medio que su tiempo de lucha por el territorio se está acabando y ahora hacen esfuerzos por entregar esta lucha a sus hijos para que continúen con su defensa.
Explicó que en la zona rural de Córdoba no existen posibilidades para los jóvenes. La falta de opciones para que sigan formándose les ha hecho creer que su futuro está fuera del territorio: “Nosotras siempre les hemos dicho que no se vayan porque las cosas van a mejorar, pero ese discurso ya se nos está acabando entonces tuvimos que actuar ya y dejar de esperar cambios”.
Para enfrentar este problema, el Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba (GDTTC) ha creado un comité de jóvenes que busca acercar a los adolescentes y adultos a un abanico de posibilidades para trabajar la tierra. Así entonces, las mayoras de la comunidad se han encargado de enseñarles a cultivar la tierra de forma orgánica y sin químicos. También están aprendiendo sobre plantas medicinales, los árboles que deben tener en sus parcelas y el cuidado del agua. La intención es que los más jóvenes se sientan seguros de que podrán quedarse en el territorio ya que saben trabajar la tierra.
El libro Ser jóven rural en Córdoba, realizado por Cinep y el GDTTC, recoge los sueños de estas juventudes, muchos de los cuales terminan siendo el reflejo de las carencias que viven en la ruralidad. “No me gusta dejar nuestros territorios para cumplir nuestros sueños, pero en el territorio no hay suficientes oportunidades y queremos estudiar”, se lee en esa publicación.
Sueñan con vivienda, poder interactuar con la biodiversidad, contar con buenos servicios públicos, tener voz desde la ruralidad y vivir de la comercialización de los productos que puedan producir en sus fincas. Entre la migración del campo a los centros poblados y la resistencia permanece la juventud cordobesa.
Nuevos liderazgos
Cuando Samuel Arregoces piensa en la participación de la juventud en la defensa del territorio recuerda cómo inició él en estos procesos: como un relevo generacional de la lucha de sus mayores.
“Nosotros vimos que en un tiempo el relevo generacional lo estábamos perdiendo y es ahí cuando desde CINEP y desde escuela y diplomados hemos formado a nuestros jóvenes en la defensa territorial. Hoy por hoy podemos decir que tenemos un relevo generacional, un interés de algunos jóvenes de las comunidades que están luchando por defender el territorio”.
“Nuestros jóvenes han perdido la cultura —agrega—. Nos ha tocado trabajar en el rescate cultural y no es fácil”, justificado en el desarraigo que sufrieron a inicios de siglo por parte del Estado y los intereses mineros sobre las reservas de Carbón del departamento de La Guajira.
Según recuerdan las comunidades negras, el 9 de agosto de 2001, centenares de familias negras del corregimiento de Tabaco, en el municipio de Hatonuevo, fueron desalojadas por orden judicial. Detrás de esa acción policiva estaba el interés en ejecutar un megaproyecto minero por parte de las empresas Carbocol S.A e Intercor, actualmente Cerrejón.
Dicha intervención en un territorio que por más de 400 años —según cuentan las negritudes— había ocupado estas comunidades negras se dio porque aún no habían logrado constituir el Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Tabaco y, por lo mismo, que el Estado les titulara la tierra.
Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), “desde el 1997, las empresas asociadas Carbocol-Intercor, hoy Cerrejón, habían ofrecido a los pobladores de Tabaco sumas irrisorias de dinero para que individualmente desalojaran y cedieran los derechos sobre sus territorios. Esta incidencia empresarial generó fricciones, desacuerdos y división en la comunidad; unos vendieron, otros se fueron, y algunos resistieron en su territorio con el ánimo de conservar su unidad social y continuar con un destino común, conservando las tradiciones agrícolas y ganaderas que les habían permitido sobrevivir”.
Tras el desalojo, la comunidad negra se diseminó en diferentes partes del departamento. Y aunque desde el 7 de mayo de 2002 hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba reconstruir la comunidad de Tabaco, hasta el día de hoy no se ha cumplido.
En la Sentencia T-329/17, Cerrejón asegura que la negociación del territorio se dio de manera legal y que el Jefe de Planeación del Municipio en el año 2000 aseguró que “se identificaron todas y cada una de las personas que tenían derechos de posesión” sobre el corregimiento.
Según el representante legal de esas comunidades negras, la juventud ha contribuido investigando las afectaciones al territorio y a las comunidades, información que han utilizado como pruebas en demandas que han presentado contra Cerrejón y el Estado Colombiano. En otros casos, no toman la lucha por el territorio por necesidad y terminan trabajando con los contratistas de la multinacional Cerrejón en labores de transporte o limpieza.
“A pesar de todo eso, a nuestros jóvenes Cerrejón a veces no le dan la oportunidad. A pesar de que ellos ven la oportunidad con Cerrejón somos comunidades que luchamos contra ellos”, cuenta.
Las amenazas contra líderes ambientales jóvenes o los hijos de los líderes más representativos son un hecho innegable y ¿quiénes están detrás de estas? Arregoces explica que determinar eso es muy difícil en La Guajira. Muchas veces realizan llamadas o aparecen panfletos firmados por las Águilas Negras o los hombres armados que deambulan por la región no se identifican. “Qué grupo se esconde detrás de las Águilas Negras”, se pregunta el líder negro.
Para evitar que los jóvenes se marginen de los procesos sociales ante el asomo del riesgo, los líderes de mayor trayectoria han insistido en los mecanismos de protección para mitigar el riesgo. “Algunos padres comienzan a decirle ‘es que están matando a los líderes sociales’ y algunos han decido no continuar, pero la mayoría que tenemos en los espacios de enseñanza, como son de las comunidades, ellos han visto la necesidad de poder luchar por el territorio. No ocurre tanto la deserción de jóvenes aspirando al liderazgo”, concluye este líder guajiro
Criminalización de la juventud
“Sí hay un cambio entre las formas de protesta de los jóvenes noventeros o la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) del 2000 a los del 2010 a los del 2021. La diferencia está en quiénes salieron. Normalmente salían los estudiantes universitarios, incluso estudiantes de bachillerato acompañando. Eran los que estaban más cercanos. 2021 no. 2021 fue una espontaneidad tremenda, muy activa de personas populares, muchos y muchas jóvenes, claro”, señaló Juana Peláez, activista de la Juntanza Popular por Cali.
Durante años, la protesta social ha sido señalada de ser impulsada por la izquierda y los movimientos guerrilleros. El Paro Nacional del 2021 —que empezó el 28 de abril en oposición a la reforma tributaria que el saliente gobierno de Iván Duque había anunciado en cabeza de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla—, fue marcado inicialmente por algunos sectores de ser impulsado por el Eln, pero al ver que esto no estaba funcionando, considera Peláez, se buscó resaltar los daños del patrimonio público y llamarles vándalos. De estos señalamientos fueron especialmente marcados los jóvenes.
En las movilizaciones se destacaron jóvenes artistas, estudiantes y líderes comunitarios, pero también “el joven qué tal vez participó de una pandilla o alguna oficina, es una realidad del país”, cuenta la activista, el estallido social fue un lugar de encuentro para todos aquellos inconformes y varios matices e interese se sortearon en las calles.
“Yo siento que ahí muchas personas encontraron su lugar y encontraron su rol de liderazgo dentro de las comunidades, eso también les deba una fuerza. Eso de que decían que estaban dispuestos a dar la vida por la causa, era verdad, no era sólo retórica. Tiene que ver con encontrar un lugar en la sociedad, ser importante… no ser invisible. Las y los jóvenes populares han sido invisibilidades por muchos años”, considera.
Tras la intensa participación de las juventudes en las movilizaciones permanecen las acciones sociales para el fortalecimiento de las comunidades. Aunque no con la misma intensidad, las acciones culturales, artísticas y comunitarias siguen abanderadas por los jóvenes en Cali. A los cines populares, ollas comunitarias, aulas al aire libre se suman la formación de los muchachos y el activismo ciudadano: pasar de la protesta a la propuesta. “Vamos a ‘propuestar’”, dicen.
Según la integrante de la Juntanza, muchos de estos liderazgos populares vieron la necesidad de complementar lo que socialmente expresaban en las protestas. Los detractores de las movilizaciones señalaban que los jóvenes no sabían por qué se tomaban las calles, que no tenían claro a cuál institución debían exigirle las necesidades que expresaban. “¿Y qué hacemos si no les hemos dado las herramientas para que conozcan la forma en la que funciona el Estado?”, apunta la lideresa de Cali e insiste en que muchos jóvenes que no habían empezado sus estudios están buscando la manera de capacitarse.
Reflejo de eso es que estos procesos sociales llegaron a instancias representativas ante el Estado, con Geovanny Jurado Paz, más conocido como ‘Eko’, quien quedó elegido como uno los 21 consejeros municipales de juventud de Cali. “El único consejero Municipal de Juventudes que hizo parte de la Primera Línea, del Estallido”, resalta la lideresa de Cali.
De otro lado, quedan las judicializaciones, que advierten las comunidades se tratan de falsos positivos judiciales”. Uno de esos casos es el de los nueve jóvenes de Puerto Resistencia, Cali, que fueron capturados a finales del junio de este año por el presunto secuestro y tortura de un policía y otros hechos sobre los que los imputados se declararon inocentes.
Peláez considera que se trata de una estrategia para atacar los procesos organizativos de los jóvenes que se movilizan por la exigibilidad de derechos y espera que con el nuevo gobierno las protesta y la juventud tenga mayores garantías.
