Esas sentidas palabras son de la hermana de Jaime Garzón, el periodista, humorista y defensor de derechos humanos quien fue asesinado por orden de Carlos Castaño Gil, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Por ese crimen dos agentes del Estado están bajo juicio, pero uno quedó en un limbo jurídico que involucra al sistema de justicia transicional que se pactó en el Acuerdo Final logrado con la guerrilla de las Farc.
Durante más de dos años de juicio, Marisol Garzón ha esperado que se dicte sentencia contra uno de los presuntos responsables del asesinato de su hermano, quien perdió la vida a manos de sicarios al servicio de las Auc el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. Esta semana se debía cursar la etapa previa en el proceso que se adelanta al coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, la de alegatos finales, para que el Juzgado Séptimo Penal Especializado del Circuito de Bogotá emitiera su fallo.
Sin embargo, dicha audiencia no se realizó porque el juez Ricardo Mojica Vargas, remitió el caso a la Sala Incidental de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que defina quién tiene la competencia para pronunciarse sobre los hechos que vinculan al militar retirado con el asesinato de Garzón. (Leer más en: Ordenan capturar a coronel Plazas Acevedo por asesinato de Jaime Garzón)
Esa decisión la tomó a raíz de que el abogado de Plazas Acevedo presentó un “escrito a través del cual impugno la competencia” de la justicia ordinaria, quien alega que el caso debe estudiado por la JEP, porque ocurrió en el marco del conflicto armado. Sin embargo, el 7 de diciembre del año pasado, ese mismo despacho negó tal pretensión, y lo mismo hizo el 4 de abril la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al pronunciarse sobre la apelación que realizó la defensa del coronel.
Ese traslado le cayó a Marisol como baldado de agua fría porque, además de detenerse un extenso proceso que estaba a punto de finalizar, el caso del coronel Plazas Acevedo, quien está vinculado al asesinato de su hermano por haberle hecho inteligencia días antes de su asesinato, fue remitido a una sala de JEP que no existe, porque la Corte Constitucional la declaró inexequible tras revisar el Acto Legislativo 01 de 2017, que le dio vida al sistema de justicia transicional que se acordó en La Habana durante los diálogos de paz con las Farc.
“Como familia, lo que nosotros encontramos es que la Justicia está demostrando una falta de voluntad en el caso de mi hermano. Por primera vez había avanzado en el juzgamiento de un militar de alto rango, pero enviar el caso a una sala de la JEP que no existe, es una nueva manera dilatoria para que el caso siga en la impunidad”, dice Marisol al respecto. (Leer más en: “Ya es hora de vincular a los generales”)
Para Sebastián Escobar, defensor de víctimas y miembro del Colectivo de Abogados José Albear Restrepo (Cajar), esa actuación del Juzgado Séptimo demuestra cierta ligereza porque si bien la Sala Incidental de la JEP se creó para dirimir los conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la JEP, ésta no existe a pesar de lo que dicta el Acuerdo Final.
Y cuestiona que se hiciera el traslado, a pesar de que fue negado en dos ocasiones: “Para nosotros es muy difícil conocer las razones del Juez porque lo hizo a través de un auto de una página, de un folio, que no tiene ningún tipo de motivación o justificación. Luego entonces no conocemos la razón que el juzgado tuvo en cuenta para remitirlo a la Sala Incidental”. (Ver auto)
Escobar advierte que, con esa decisión, el Juez creó un conflicto de competencia que no tiene la posibilidad de ser planteado porque no hay una norma que lo habilite, toda vez que en el Congreso de la República aún está en trámite la ley que determina los procedimientos de la JEP.
“La Jurisdicción Especial para la Paz, aun cuando formalmente está constituida y está en funcionamiento desde el 15 de marzo, no tiene una norma procedimental que la habilite a tomar conocimiento de estos hechos, mientras que la ordinaria tiene toda competencia”, reitera el jurista.
Ante esa falta de claridad sobre la competencia de la JEP, Escobar precisa que en “muchos casos se ha visto que los propios jueces y fiscales se han sentido desincentivados de seguir con el conocimiento de usos casos, porque piensan que de alguna manera terminarán en el escenario de la justicia transicional, lo que ha generado un estancamiento bastante importante de los procesos por violación de derechos humanos en Colombia. Me parece muy grave porque deja en suspenso el derecho de acceso a la justicia por parte de las víctimas”.
Por otro lado, Marisol cuestiona el hecho de que un año y seis meses después de que empezara la implementación del Acuerdo Final, todavía no estén aprobados todos los procedimientos necesarios para que la JEP ejerza sus funciones al cien por ciento: “Esto ha sido una burla para las víctimas y todo el mundo. Si uno hace un acuerdo, tiene que cumplirlo. Pero a los políticos no les interesa el país y por eso en este momento se lo están feriando y buscando cómo repetir la violencia que vivimos años atrás”.
Además, lamenta que la Jurisdicción Especial para la Paz, por ahora, está perjudicando los derechos de las víctimas y favoreciendo a los responsables de violaciones de derechos humanos. “La gente cree que la JEP y este acuerdo de paz se hicieron para perdonarle todo a la guerrilla, pero olvidan que también se está perdonando a los mismos militares. ¿Usted cree que, si los militares no hubieran sentido que se iban a beneficiarse, lo hubieran permitido? Todos tienen que responder por sus actos, yo acá no defiendo a nadie. Ni a la guerrilla, ni a los militares, ni al Estado. Se supone que las víctimas somos el centro del acuerdo de paz”, afirma con gran indignación.
Por eso, Marisol exige que se conozca por fin, y de una vez por todas, la verdad sobre el asesinato de su hermano y que su nombre deje de ser enlodado, porque su trabajo consistió en servirle a la gente y abrirle los ojos a la sociedad. Y por último reflexiona que, si esta incertidumbre jurídica está ocurriendo en un caso de denotada relevancia para la opinión pública, qué pueden esperar las víctimas invisibles del conflicto armado.
“Esto es tristísimo. Si esto pasa en el caso de mi hermano, ¿entonces qué será de los pobres campesinos, de la gente que no tiene abogado ni la posibilidad de acceder a Bogotá, de quienes reclaman justicia por su desaparecido, por su asesinado, por su secuestrado? ¿Quién va a velar por ellos? Nadie. La JEP busca que los victimarios den razón de la verdad para recibir sus beneficios, pero no que se vayan a resguardar allá para no responderle a las víctimas”.
.){kind=link}