Con las elecciones legislativas y presidenciales por delante, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) realiza su campaña mirando hacia los sectores más vulnerables del país, a los que les promete superar deudas históricas en materia económica y social. No obstante, las constantes agresiones los obligó a suspender temporalmente sus tareas proselitistas.
La Farc lanzó sus diez bases programáticas el pasado 27 de enero en Bogotá. Foto: Farc“La historia de los partidos políticos de izquierda tiene una larga tradición de intolerancia y violencia, los sucesos de la última semana en contra de nuestro partido nos remontan a la época de la Unión Patriótica, bajos estos mismos hechos empezó lo que terminó siendo el genocidio político más atroz del país”, señaló ‘Pablo Catatumbo’, en diálogo con este portal.
Para el Consejo Político Nacional (CPN), una de las instancias decisorias de la organización, el derecho a la protesta no puede ser confundido con el vandalismo. A juicio de sus voceros, el daño a bienes públicos y las agresiones físicas en contra de los candidatos de la Farc constituyen una infracción a la ley que debe ser castigada por la justicia.
Uno de los hechos mas delicados se registro en Yumbo, Valle del Cauca, donde varios integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construcción (SUTIMAC) resultaron heridos durante las protestas que sectores opositores realizaban en contra de la campaña del candidato presidencial Rodrigo Londoño, máximo líder de la colectividad.
En un comunicado difundido hoy, la Farc convoco a “todos los partidos y movimientos políticos, sin excepciones, a pronunciarse rechazando este tipo de provocaciones y los invitamos a encontrarnos en una cumbre para acordar unas reglas de juego limpio, para la campaña electoral en curso, donde primen los argumentos, las ideas y las propuestas, por encima de la agresividad verbal y la violencia física”.
Esa petición no es nueva, viene con lo pactado en La Habana con la propuesta de lograr un “Pacto Político Nacional” desde las regiones con partidos y movimientos políticos para sacar las armas y la violencia de la política, que por el momento no ha tenido mayor aceptación más allá de las plataformas políticas y organizaciones sociales que convergen alrededor del partido político.
El partido surgido de la desaparición de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) tiene candidato a la Presidencia de la República, listas cerradas al Senado y a la Cámara de Representantes en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander, para los comicios que se realizarán en marzo y mayo próximos.
Tal como quedó contemplado en el acuerdo de paz que firmaron las Farc y el gobierno nacional, el nuevo partido tiene aseguradas cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara para los periodos 2018-2022 y 2022-2026. En las urnas se determinará si aumentan sus asientos en el Legislativo.
Por decisión del partido, al Senado llegarán Iván Luciano Márquez Marín Arango (conocido en la guerra como ‘Iván Márquez’), Pablo Catatumbo Torres Victoria (‘Pablo Catatumbo’), Julián Gallo Cubillos (‘Carlos Antonio Lozada’), Victoria Sandino Simanca Herrera (‘Victoria Sandino’) y Criselda Lobo Silva (‘Sandra Ramírez’).
En la Cámara tendrán asiento Reinaldo Cala (‘Jairo Quintero’), Seuxis Paucias Hernández (‘Jesús Santrich’), Luis Alberto Albán (‘Marco León Calarcá’), Jairo González (‘Byron Yepes’) y Omar de Jesús Restrepo (‘Olmedo Ruiz’).
La Farc decidió llevar al Congreso a excomandantes y mandos medios que jugaron un papel clave en la guerra, bien sea en tareas militares o políticas, así como en la negociación del acuerdo de paz en La Habana.
La renovación vendrá por cuenta de los candidatos ubicados en los renglones inferiores, buena parte de ellos jóvenes que militaron en las células urbanas del Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3) y, en menor proporción, integrantes de organizaciones sociales que se le midieron a presentar su candidatura a nombre de la Farc.
Repudiados en la calle
Los ataques durante las actividades de campaña empezaron en Armenia, donde un grupo de personas lanzó objetos y pinchó las llantas del vehículo donde se transportaba Rodrigo Londoño el pasado 3 de febrero. Foto: Twitter-Andrés Felipe Arcos.La decisión de presentar a la Presidencia y al Congreso candidatos que empuñaron las armas sin antes pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz les ha generado reacciones adversas en sus intervenciones en la plaza pública.
La correría del candidato presidencial Rodrigo Londoño, máximo jefe de la colectividad, empezó mal en Armenia, Quindío, el pasado 3 de febrero, cuando un grupo de personas protestaron por su presencia en la región frente al hotel en el que se hospedaba; tras salir de allí, el vehículo en el que se movilizaba con su esquema de seguridad fue apedreado.
Ese mismo día, en Pereira, Risaralda, varios integrantes del partido, entre ellos el candidato al Senado Israel Zúñiga, se vieron obligados a permanecer encerrados en la sede de una cooperativa donde se reunían con organizaciones sociales debido al “bloqueo en las afueras de las instalaciones” por parte de un grupo de personas que también se mostraron inconformes con la actividad política de la Farc. El domingo 4 ‘Márquez’ tuvo que cancelar un evento de campaña en Florencia, Caquetá, debido a las manifestaciones de personas que se presentaron como víctimas de la otrora guerrilla.
La cadena de reacciones adversas continuó el martes pasado, cuando integrantes de la Corporación Rosa Blanca, que alegan haber sido reclutadas de manera forzada y abusadas sexualmente por comandantes de las Farc, realizaron un plantón frente al Consejo Nacional Electoral para presionar un fallo favorable a las solicitudes de revocatoria de las inscripciones de las candidaturas de la Farc presentadas por José Uscátegui, candidato a la Cámara del Centro Democrático e hijo del general (r) Jaime Uscátegui, condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán, Meta.
Las agresiones se repitieron ayer en un barrio de Cali, del que Londoño tuvo que salir con el apoyo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía por cuenta de los ataques con objetos, insultos y rechiflas que protagonizó un grupo de personas frente al inmueble donde se encontraba el candidato presidencial.
Además de esos hechos, la Farc denunció que el gobierno nacional tardó en girar los dineros que les corresponde por ley para realizar la campaña. Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, declaró el pasado 3 de febrero que “la razón por la cual no habían sido girados los recursos se debió a que se presentaron dificultades para la apertura de una cuenta bancaria. Las Farc vienen de la ilegalidad, aparecen relacionados varios de ellos en la Lista Clinton, y por esa razón no se pudo abrir una cuenta hasta la semana pasada, porque hubo que hacer algunas modificaciones en la representación legal del partido”.
Con todo, los candidatos ya se encuentran en correrías políticas en todo el país, reuniéndose con distintos sectores sociales y centrando su actividad proselitista en convocar las bases sociales en las zonas más pobres de áreas rurales y urbanas.
Se trata del primer ejercicio de participación política legal y abierta, sin armas, de los exmilitantes de la que fue la organización insurgente más grande del país, que transcurre en un escenario adverso al que se le suma la lentitud con la que se implementa el Acuerdo Final firmado con el gobierno nacional; las fracturas internas que vive el partido por su falta de flexibilidad y capacidad de renovación; y la reanudación de la confrontación militar con la guerrilla del Eln.
Apuesta nacional
El candidato a la presidencia Rodrigo Londoño cuenta con 1.6% de intención de voto según la última encuesta de la firma Invamer para Semana, Blu Radio y Noticias Caracol. Foto: Farc.El programa político que impulsan los candidatos de la Farc se llama “De transición, para el cambio y la reconciliación”, presentado públicamente el pasado 27 de enero en el barrio Arborizadora Baja, de la localidad Ciudad Bolívar, de Bogotá. Al evento asistieron cerca de 400 personas, la mayoría de ellas militantes del partido.
En ese escenario, Londoño declaró que “nosotros nos ofrecemos como la opción de organización y unidad de las gentes del común”, y lanzó las diez bases programáticas de la campaña presidencial, que rigen las propuestas a Senado y Cámara: paz, democracia, reconocimiento del papel protagónico de las gentes del común, seguridad humana, modelo económico, solución a los problemas sociales, medio ambiente, construcción social y participativa de los territorios, cultura y educación, y relaciones internacionales.
Algunas de las propuestas son nuevas, otras son desarrollos del Acuerdo Final de paz y algunas más hacen parte de las 100 propuestas mínimas con las que la guerrilla llegó a la mesa de diálogos en La Habana y cuyo pulso perdió durante las negociaciones.
El grueso de las iniciativas consiste en la implementación de aspectos del acuerdo de paz que son imprescindibles para la agenda política de la Farc, así como en la ejecución de reformas institucionales y de política social, cambios en las relaciones internacionales y ampliación de la participación ciudadana.
En cuanto a la implementación del acuerdo de paz, el partido tiene propuestas en todos los puntos. Sobre el primero de ellos, la Reforma Rural Integral, la idea es hacer énfasis en la materialización de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que están en fase de diseño, y en las medidas encaminadas a la garantía del acceso a la tierra y la formalización de la mediana y la pequeña propiedad. Criselda Cobo, candidata al Senado, opina que “no es posible pensar las ciudades sin el desarrollo del campo, por lo que el punto de reforma rural tiene que ser la prioridad en la agenda legislativa”.
La socialización del programa se lleva a cabo en pequeñas reuniones en zonas rurales y urbanas. Foto: Farc.En el tema de la participación, la promesa es sacar adelante la Reforma Política y Electoral que hundió el Congreso en 2017, conseguir el acuerdo político nacional para sacar las armas de la política y hacer efectivas las medidas de protección y seguridad integral para los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. También se pretende promover políticas públicas sobre democratización de la información.
En el punto sobre solución al problema de las drogas ilícitas, el partido propone desarrollar con mayor énfasis el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y participar en la “definición e implementación de políticas globales para combatir la industria corporativa transnacional de las drogas ilícitas”. Finalmente, en los puntos de víctimas e implementación, se promete el cumplimiento de los “propósitos y funciones” del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y la inclusión de un capítulo sobre la implementación del acuerdo en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
En lo que se refiere a las reformas institucionales, la Farc propone cambios en todas las ramas del poder. En el Legislativo, la idea es tramitar una reforma al Congreso para “ampliar la representación territorial, reducir sus costos de funcionamiento y los salarios para los congresistas y fortalecer la iniciativa parlamentaria”. En el Judicial, la reforma iría encaminada a “superar la ineficiencia y la impunidad, elegir magistrados con mecanismos idóneos, transparentes y democráticos y con veeduría social”. En el Ejecutivo, se pondrían en marcha “medidas extraordinarias para recuperar y reencauzar el proceso de descentralización política, administrativa y fiscal”.
El otro componente grueso del programa son las transformaciones en la política social y el modelo económico. En lo que tiene que ver con la política, la propuesta principal consiste en poner en marcha un “plan de choque social” durante los primeros 100 días del gobierno, para “erradicar” problemas complejos como la desnutrición infantil, el hambre, la “inasistencia básica en salud”, el analfabetismo, el desempleo y la carencia de infraestructura. A ello se suma una propuesta a la que le están dando especial relevancia los candidatos a Senado y Cámara: la entrega de un “ingreso vital de existencia” para adultos mayores en edad de jubilación, personas con discapacidades físicas y personas dedicadas al cuidado.
En lo que sería el largo plazo, la Farc propone la gratuidad de la educación pública en todos sus niveles, así como la creación de un Sistema Único Descentralizado de Seguridad Social en Salud, el fortalecimiento del régimen de pensiones, el acceso universal a los servicios públicos, la construcción y el mejoramiento de vivienda, y la reducción del trabajo informal. En este punto, también se promete la creación de un Plan Nacional de Educación y Cultura para la Paz, además de una medida que afectaría a los planteles privados: la eliminación de “cualquier pretensión de ánimo de lucro en todos los niveles e instituciones educativas del país”. El programa le otorga un papel preponderante al cuidado y la restauración del medio ambiente y al fortalecimiento del arte y la cultura con enfoque territorial y de reconciliación.
El programa de gobierno de la Farc cuenta con un fuerte componente de participación ciudadana que robustecería la implementación del Acuerdo Final de paz. Foto: Farc.En cuanto al modelo económico, contrario a lo que planteó durante la guerra, la Farc asegura que respetaría las economías privadas, aunque fortalecería la regulación estatal de la economía y mantendría su propuesta de siempre de fomentar la producción industrial y agrícola a través de acceso a créditos, asistencia técnica e innovación tecnológica. En el tema minero energético, la propuesta es “superar la actual dependencia frente a la renta petrolera y minera” y endurecer la regulación del sector “a fin de garantizar la sustentabilidad ambiental”. Al respecto, la candidata Cobo asegura que “necesitamos revisar las condiciones estatales a las multinacionales para evitar que se sigan perdiendo nuestros ríos y páramos, así como fortalecer las consultas previas”.
Para poder costear su ambiciosa política social, el partido promete hacerle “ajustes estructurales” a la política tributaria, aumentando los impuestos a las personas naturales que perciban mayores rentas y tengan mayor patrimonio, así como reformar el cobro del IVA para hacer de él un impuesto “equitativo” y de afectación mayor al consumo de bienes suntuarios. El partido también propone obtener más recursos del combate a la evasión, la reestructuración del gasto público y la “erradicación de la corrupción”, que por año deja pérdidas de cerca de 50 billones de pesos, según el contralor general, Edgardo Maya.
Frente a las relaciones internacionales, la Farc le apostaría a la “renegociación” y la “reformulación” de los tratados de libre comercio suscritos por Colombia y contrataría una “auditoría independiente” de la deuda externa. Aparte de esas arriesgadas propuestas, el partido asegura que respetará los compromisos en materia de endeudamiento externo, inversión extranjera y cambio climático, propiciando la integración regional.
Por último, el programa incluye un fuerte componente de participación ciudadana, que abarca el reconocimiento y el estímulo de las formas de democracia directa y participativa, buena parte de ellas creadas por organizaciones sociales en territorios afectados por la guerra. Asimismo, el partido promete brindar “plenas garantías para la movilización y la protesta social” y vincular a las dirigencias regionales y locales en la “definición de la política económica y social del nivel nacional”, así como ampliar la participación ciudadana en el diseño de los Planes de Ordenamiento Territorial.
Apuestas regionales
En el ámbito regional, las propuestas son amplias y variadas, tal como explicaron en diálogo con este portal varios de los candidatos que tendrán asiento en la Cámara de Representantes por la Farc durante el periodo 2018-2022. Estas son sus propuestas y detalles de su paso por la guerra.
Reinaldo Cala Suárez
Conocido en la guerra como ‘Jairo Quintero’, será el representante a la Cámara por el departamento de Santander. En diálogo con VerdadAbierta.com, aseguró que su agenda legislativa está diseñada sobre los pilares de medio ambiente, empleo, salud e infraestructura, a los que se adicionarán otros asuntos identificados en encuentros con la comunidad.
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- En el tema medio ambiental, sobre el que existe un fuerte tejido de sociedad civil en la capital del departamento, vinculó a su agenda el debate por la explotación minera en el Páramo de Santurbán, sobre el cual asegura “hemos venido hablando con las comunidades para que podamos avanzar no en una discusión con Minesa (la compañía interesada en explotar el páramo), sino sobre todo en el compromiso de modificar el Código de Minas y la normatividad ambiental”. Además, se ha interesado por la oposición a la explotación de carbón a cielo abierto en el río Blanco, así como por las difíciles condiciones de acceso al agua que sufren los pobladores de varios municipios.
En asuntos de infraestructura, propone avanzar en la modernización de la refinería de Barrancabermeja, propiedad de la estatal Ecopetrol, así como en la creación de cadenas de valor para la producción agrícola de provincias fértiles como Vélez, Comunera y García Rovira, para superar “las necesidades y la pobreza en esas zonas, que son muy grandes”.
En cuanto al empleo, incluyó en su agenda la tercerización laboral, el desempleo en zonas rurales y los conflictos como el que se vive actualmente en Barrancabermeja por cuenta del despido de 50 trabajadores sindicalizados de la empresa de fertilizantes Ferticol.
Santander es la tierra natal de Cala. Nacido en el municipio El Palmar, en 1964, ingresó a la insurgencia a los 16 años. Tras militar en las Farc en Magdalena, Cesar, Atlántico y La Guajira, pasó sus últimos años en el Bloque Magdalena Medio, bajo la dirección de ‘Pastor Alape’. Allí dirigió la Columna Móvil Raúl Eduardo Mahecha, que se movía entre Santander, Antioquia y el sur de Bolívar. Durante la guerra, ese bloque fue de gran importancia para la guerrilla, dado que operaba en áreas estratégicas para el movimiento de tropas y el tráfico de drogas, así como para la obtención de recursos de la ganadería, la agricultura, la agroindustria y el sector minero-energético.
El Magdalena Medio también fue un foco importante de actividad política para la insurgencia, teniendo en cuenta los procesos de resistencia y organización política de campesinos, mineros, trabajadores de la industria del petróleo y en general de asociaciones comunitarias que han construido agendas de paz y desarrollo.
Durante la aplicación de la política de Seguridad Democrática, impulsada durante la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), el Bloque Magdalena Medio sufrió duros reveses militares que obligaron a la fusión de varios de sus frentes, por lo que en 2010 ‘Alape’ les encargó a Cala y a ‘Alberto Cancharina’, comandante de la Unidad Centro del bloque, la tarea de recuperar su capacidad política y militar. Ese año, el Ejército ofrecía hasta 500 millones de pesos por información que permitiera la captura de ‘Jairo Quintero’ y en mayo de 2015, en pleno proceso de diálogos de La Habana, bombardeó un campamento guerrillero en Antioquia con la pretensión de darle muerte. A la Columna Móvil Raúl Eduardo Mahecha se le atribuyen extorsiones, ataques contra la infraestructura petrolera, secuestros de comerciantes y ganaderos y múltiples muertes de integrantes de la Fuerza Pública.
Seuxis Paucias Hernández Solarte
Conocido en la guerra como ‘Jesús Santrich’, será el representante a la Cámara por el departamento de Atlántico. VerdadAbierta.com intentó contactarlo insistentemente por escrito y de manera telefónica para conocer sus propuestas, pero no obtuvo respuesta. De momento, se sabe que ha realizado campaña en Barranquilla y en los municipios Campo de la Cruz y Santa Lucía.
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- Hernández nació en el departamento de Sucre, en 1967. La mayor parte de su militancia ha transcurrido en la Costa Caribe, vinculándose primero al Partido Comunista y a la Unión Patriótica en Barranquilla, durante su paso por la Universidad del Atlántico, y más tarde al Frente 19 del Bloque Caribe, en el departamento de Magdalena.
Moviéndose entre la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y los Montes de María, dedicó su vida como insurgente al trabajo político y de propaganda, participando en la formación de cuadros del Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3), la realización y difusión de entrevistas a comandantes guerrilleros, la reconstrucción de la historia de las Farc, la fundación y organización de cadenas radiales clandestinas, la redacción de la revista Resistencia, el relacionamiento con sectores de la sociedad civil y, en general, la promoción de la cultura dentro y fuera de la organización.
En términos militares, el Bloque Caribe fue una de las estructuras más débiles de las Farc. Ello se debió no sólo a las condiciones geográficas de sus zonas de operación, sino también a la constante disputa por el control territorial que tuvo que librar con las Autodefensas Unidas de Colombia y posteriormente con el Ejército durante la política de Seguridad Democrática, especialmente en los Montes de María, designada por el gobierno como zona de “recuperación”.
En 2007, tras la muerte del comandante guerrillero ‘Martín Caballero’ a manos de la Fuerza Pública, el Bloque Caribe casi desapareció y buena parte de sus integrantes se desplazaron a la Serranía del Perijá y a la zona fronteriza con Venezuela. A esa estructura se le señala de cometer secuestros extorsivos de ganaderos y empresarios del agro, atentados contra la infraestructura petrolera y la industria del carbón, y múltiples asesinatos, secuestros y desplazamientos de funcionarios de elección popular.
Jairo González Mora
Nació en Cabrera, Cundinamarca, en 1959 y fue conocido en la guerra como ‘Byron Yepes’. Son cuatro los ejes temáticos que rigen su campaña a la Cámara por Bogotá: paz, reconciliación y reparación a las víctimas; vivir bien; lucha contra la corrupción y participación ciudadana; y lucha contra el cambio climático, ambiente y territorio.
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- En diálogo con este portal, el candidato aseguró que su primera tarea en la Cámara de Representantes será impulsar la modificación la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (ley 1448 de 2011), en concordancia con el Acuerdo Final de Paz y con las propuestas que han elaborado algunas organizaciones sociales, como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y otros colectivos de víctimas, que solicitan se incluya en el Registro Único de Víctimas aquellas personas que fueron violentadas antes de 2011 y que no alcanzaron a registrarse antes de junio de 2015, cuando se cerró el plazo.
“Aún existen miles de víctimas que no han sido registradas, vamos a abogar porque se amplíe la temporalidad y el acceso a demás familias que tienen derecho a ser reparadas”, aseveró González.
Para el segundo eje de campaña, “Vivir bien en Bogotá”, el terreno está abonado por las plataformas de la sociedad civil que han trabajado alrededor de propuestas para tener un Plan de Ordenamiento Territorial anclado a las necesidades más sentidas de los bogotanos, entre ellas, un sistema de transporte de calidad (metro subterráneo) y una tarifa diferencial de transporte público para estudiantes de colegios y universidades. Ello, además, acompañado de una reforma a la Ley de Educación Superior y un programa de saneamiento presupuestal para las universidades públicas.
En los dos restantes ejes se encuentran propuestas encaminadas a la realización de la ‘estatuyente’ “para la modificación del estatuto orgánico de Bogotá y la reestructuración participativa del territorio, entidades y sus funciones”, como reza en el documento de campaña. Para González, otra de las principales propuestas es la implementación de un proyecto de ley que modifique el área mínima de la vivienda de interés prioritario (VIP): “Las familias de escasos recursos no pueden seguir viviendo en el hacinamiento, vamos a pasar de los 40 metros cuadrados a 60, es una urgencia no sólo humana, sino también social y sanitaria”.
Su campaña, siguiendo la directriz nacional, se ha concentrado en los barrios populares de localidades como Ciudad Bolívar, Usme y Kennedy, así como del centro de la ciudad. La idea es dar a conocer sus propuestas en distintos centros de educación superior, sindicatos y gremios.
Durante su paso por la guerra, González fue el encargado de dar instrucción política a los integrantes del Partido Comunista Colombiano Clandestino (PC3) y a las milicias bolivarianas en los campamentos del Bloque Oriental, del cual terminó siendo uno de sus comandantes y donde estuvo encargado de las finanzas, entre otras actividades. A su juicio, el trabajo político realizado por las entonces estructuras urbanas del bloque sirve como punta de lanza para lo que ahora es su candidatura: “No es la primera vez que llegamos a la ciudad, ya estábamos trabajando en distintos gremios. Ahora estamos articulando todo este acumulado y empezamos en los barrios más marginales”.
Durante los años de confrontación armada, el Bloque Oriental logró expandirse sobre cerca del 55 por ciento del territorio colombiano, según informes de la Fiscalía. A esta facción se le atribuyen varios de los hechos más dolorosos que dejó la guerra con las Farc, entre ellos 44 tomas a pueblos de Cundinamarca y Meta, múltiples secuestros masivos o “pescas milagrosas” y el asesinato selectivo de varios políticos en Huila y Caquetá.
Luis Alberto Albán Urbano
Conocido en la guerra como ‘Marco León Calarcá’, será el representante a la Cámara por el departamento de Valle del Cauca. En diálogo con este portal, explicó que su agenda legislativa se concentrará en las necesidades más inmediatas que tienen las clases “populares”, entre ellas la salud, la educación, el acceso a la tierra, la seguridad y la convivencia.
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- Albán aseguró, además, que velará por el cumplimiento de los acuerdos que firmaron el gobierno y la comunidad de Buenaventura tras la realización del paro cívico realizado a mediados de 2017. En ese pacto, el Ejecutivo se comprometió con la construcción de redes de acueducto y alcantarillado, una ciudadela hospitalaria con unidad de cuidados intensivos y un parque industrial pesquero, entre otras medidas que están en proceso de cumplimiento. Al respecto, el candidato opinó que “la violencia de las instituciones con la gente tiene que cesar. A las comunidades les deben cumplir con lo pactado para poder superar los índices de desigualdad social e inequidad, y mejorar el acceso y prestación de los servicios básicos”.
Para el caso específico de Cali, la capital del departamento, una de las principales propuestas es mejorar la movilidad con un sistema de transporte que permita conectarla con las zonas rurales y un tren de cercanías que la vincule con el puerto de Buenaventura. “Con ello sanaríamos una deuda histórica que se tiene con la comunidad portuaria”, agregó el candidato, quien también aseguró que es necesario mejorar el Hospital Universitario del Valle.
En cuanto a la seguridad, Albán propone que la política se concentre en la pedagogía y no en medidas punitivas. Indicó, a su vez, que la lucha contra el “paramilitarismo” y los grupos emergentes será uno de los derroteros transversales de su actividad legislativa: “No podemos seguir perdiendo la vida ni permitiendo que se engrosen las filas de los armados, a los que hay que combatir desde el Congreso con políticas para prevenir su fortalecimiento”.
Cali es la ciudad de nacimiento de Albán. En 1986 ingresó a las filas de las Farc, en las que se desempeñó como ‘canciller’. Vivió en México, Canadá y Cuba, donde buscó establecer conexiones entre la guerrilla y organizaciones sociales y políticas. Fue expulsado de México por el presidente Vicente Fox en 2002, tras una petición del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe. Posteriormente se refugió en Costa Rica y luego mudó su residencia a la provincia de Chapare, en Bolivia. También se concentró en la difusión del pensamiento ‘fariano’ a través de textos publicados en distintos espacios comunicativos de la entonces guerrilla, como la Plataforma Continental Bolivariana.
Omar de Jesús Restrepo
Conocido en la guerra como ‘Olmedo Ruiz’, será el representante a la Cámara por el departamento de Antioquia. Su actividad legislativa estará orientada a ejecutar “políticas que tengan como principio defender los derechos de los sectores humildes, que garanticen salud, educación, vivienda y la vida digna y con justicia social”, según reza en los documentos de campaña.
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- De acuerdo con Restrepo, su paso por el Congreso se concentrará en promover la participación social y comunitaria en el diseño de los planes de ordenamiento territorial. “Tenemos que ser, las comunidades, una fuerza decisoria dentro de la construcción de estos planes. Somos quienes conocemos el territorio, quienes vivimos en él y, por ende, quienes mejor lo podemos proyectar”, agregó el candidato.
Para la economía del departamento la propuesta es impulsar un modelo sustentable que tenga como premisa las economías comunitarias, donde el desarrollo del campo sea el motor principal de cambio de las actuales condiciones de la población rural. De igual manera, se plantea generar una política tributaria diferencial, con exenciones para los más “desfavorecidos” en los impuestos a la canasta familiar y al IVA.
En cuanto a la seguridad, Restrepo asegura que en el departamento se deben desmontar las mafias en las instituciones locales y regionales: “Legislaremos con ética y control político para que los corruptos salgan de las instituciones y los recursos queden a disposición de quienes queremos que estos se utilicen para los desfavorecidos”. Frente al cambio climático, la propuesta es desarrollar políticas para la generación de energías alternativas, con el fin de evitar la contaminación y el deterioro del medioambiente.
Restrepo, quien ingresó a la guerrilla a los 16 años, fue comandante del Frente 57 del Bloque Efraín Guzmán. Esa estructura libró una cruenta batalla con el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Antioquia y Chocó, y es responsable de la toma a Vigía del Fuerte (2000) y de la masacre de Bojayá (2002). Además, fue segundo al mando del Frente 36, facción del grupo armado responsable de la siembra de minas antipersonal en el norte de Antioquia y autor de varios asesinatos selectivos y masacres, entre ellas la de Puerto Valdivia (2005).
Garantías de seguridad, vieja deuda
Como consecuencia del Acuerdo Final de Paz, la Unidad Nacional de Protección incluyó en su planta de personal a excombatientes de las Farc, que hoy se en.cargan de la seguridad de los máximos dirigentes del partido. Foto: ONUEl proceso electoral, sin embargo, se ha visto empañado por el asesinato de cerca de 30 integrantes del partido político, algunos por viejas rencillas de la guerra o por el simple hecho de ser excombatientes de la organización subversiva. La cifra de víctimas mortales aumenta a 40 si se tiene en cuenta a sus familiares, según el último informe de la Misión de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas.
Desde el 9 de diciembre de 2017, día en el que la Farc inscribió sus candidaturas al Congreso de la República, el partido ha registrado ocho asesinatos en contra de sus militantes. Los últimos ocurrieron en el municipio La Florida, Nariño, donde luego de ser desaparecidos y torturados fueron asesinados los excombatientes William Rivera, Jhojan Silva y Luis Cortez. Según la Fiscalía, los responsables de los hechos son integrantes de la compañía Jaime Toño Obando, del Frente de Guerra Comuneros del Sur del Eln.
El último boletín de la Fiscalía sobre el caso, emitido el 5 de febrero, investigadores acudieron al domicilio de William Rivera y corroboraron que había sido ocupado por el Eln luego de desplazar forzadamente a sus ocupantes. Durante la inspección de la casa se encontró material de guerra, equipos de comunicaciones, dos hectáreas de hoja de coca y varias canecas de gasolina. El documento asegura que “estas evidencias y otras recaudadas en el curso de las indagaciones dan cuenta que el Eln sería la organización responsable de la desaparición de los tres desmovilizados (…) La hipótesis preliminar en poder la Fiscalía está orientada a un posible problema por cultivos ilícitos en la región”.
Según la Farc, además de los asesinatos se han presentado por lo menos 14 hechos que han comprometido la seguridad de sus militantes y de sus candidatos a Senado y Cámara. Entre ellos, el hostigamiento y posterior quema de una camioneta en la vereda El Oasis, municipio de Arauca, Arauca, en la que se transportaban voceros del partido a una reunión sobre el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito, y el ataque contra varios integrantes de la colectividad en la sede de Quibdó, Chocó.
A ello se suma la reciente denuncia por el asesinato de Kevin Andrés Lugo, conocido en las filas como ‘Julián Morales’, ocurrido el pasado martes en la vereda Puerto Guamo, del municipio de Montecristo, Bolívar. Aunque el hecho es materia de investigación, el partido político señalo al Frente Guillermo Ariza del Eln como el responsable del crimen.
En diálogo con este portal, Camilo Fagua, encargado de la Comisión de Derechos Humanos de la Farc, aseguró que también se han presentado amenazas provenientes, en su mayoría, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). “Lo que nos preocupa es que las amenazas han llegado de manera escrita, a los domicilios de las personas o a las sedes del partido”, aseveró el abogado.
En un comunicado emitido por el Consejo Político Nacional del partido, fechado el pasado primero de enero y dirigido al presidente Juan Manuel Santos, la Farc asegura que sigue a la espera de que el gobierno le brinde las garantías suficientes para el ejercicio de la política, que no se restringe a la participación electoral sino a la preservación de la vida en los territorios.
“Plasmamos (en el acuerdo de paz) las herramientas que garantizarían y protegerían la labor que realizan miles de hombres y mujeres en todo el país, preservando la vida y el territorio, sin embargo, la realidad de lo ocurrido nos demuestra que el Estado ha incumplido a dicho compromiso, ha sido incapaz de impedir el derramamiento de sangre y es cómplice de cercenar la posibilidad de llevar la paz a los territorios”, asevera el comunicado.
VerdadAbierta.com buscó al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Mora, con el fin de conocer qué tareas ha adelantado la entidad para cumplir las medidas de seguridad contempladas en el acuerdo de paz, pero su oficina de comunicaciones respondió que el funcionario tiene copada la agenda.
Aunque por el momento no se ha registrado ataques con graves consecuencias contra algún candidato de la organización, sus voceros han pedido que se implemente cuanto antes lo acordado en La Habana para proteger la vida de quienes dejaron las armas para hacer política.
El próximo lunes el CPN se reunirá con oficiales de la Policía Nacional y delegados de la UNP para evaluar nuevas medidas de protección, lo que permitiria levantar la suspensión temporal de las campañas, mientras, durante el fin de semana el partido adelantará reuniones con instituciones y movimientos políticos con el fin de darle impulso al “Pacto Político Nacional”.
