Organizarse para impedir la presencia de grupos armados y de economías ilegales en sus territorios ancestrales le ha costado la vida a comuneros, guardias indígenas y autoridades tradicionales de ese pueblo nativo del norte de Cauca. Padecen una violencia alimentada por la ambición de los violentos y la desidia estatal.
Gerson Acosta Salazar, Edwin Dagua Ipia, Cristina Bautista Taquinás y Sandra Liliana Peña Chocué. Esos nombres no son conocidos por la mayoría de los colombianos; sin embargo, para los Nasa, representan a grandes guías de los que fueron privados por defender sus derechos y planes de vida.
Tuvieron muchas cosas en común al crecer viviendo los horrores del conflicto armado, padecer el abandono institucional y sufrir las carencias causadas por el despojo de las tierras de sus antepasados. Por esas injusticias, decidieron luchar por el bienestar de sus comunidades desde temprana edad, llegando a ocupar el cargo más distinguido y apreciado en las montañas de los Nasa: ser gobernadores o autoridades tradicionales.
Y, cómo no, en los tiempos en los que Colombia supuestamente transita hacia un periodo de posconflicto, a raíz de la dejación de armas de las Farc y la previa desmovilización de las Auc, su desenlace fue similar: sus vidas fueron segadas y obligadas a trascender al plano de los espíritus antes de tiempo, a punta de bala, mientras empuñaban sus bastones de mando, en sus propios resguardos y cumpliendo con sus mandatos.
Gerson fue asesinado el 19 de abril de 2017 en el resguardo de Kitek Kiwe, ubicado en el municipio de Timbío, al salir de una reunión con funcionarios de la Unidad de Víctimas, en la que trabajó para concretar la reparación de parte de los desplazados de la masacre del Naya, cometida por paramilitares en la Semana Santa de 2001; y Edwin fue asesinado el 7 de diciembre de 2018 en el resguardo de Huellas, en Caloto, porque se oponía a que las disidencias de las Farc sembraran coca en sus veredas y promovía la erradicación de esos cultivos.
El 29 de octubre de 2019, en el resguardo de Tacueyó, de Toribío, Cristina fue masacrada junto con cuatro miembros de la Guardia Indígena, porque intentaron impedir unos asesinatos por parte de disidentes de las Farc; y Liliana fue asesinada el pasado 20 de abril, a la salida de su casa en el resguardo La Laguna, en Caldono, tras recibir amenazas de disidencias de las Farc por oponerse a los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y por promover su erradicación.
La indignación que causó el asesinato de la gobernadora Sandra despertó la solidaridad de su pueblo y para no darle gusto a sus verdugos, decidieron empelar con mayor fuerza la Minga Hacia Dentro, que consistió en buscarlos para capturarlos y hacer un recorrido para erradicar los cultivos de la hoja de coca que se encontraran en la vereda Caimito.
Esa iniciativa fue contestada, en la mañana del pasado jueves, con disparos indiscriminados contra los cientos de mingueros, entre quienes se encontraban guardias indígenas, mujeres, niños, adultos mayores y autoridades indígenas. Como saldo, 33 indígenas resultaron heridos -entre ellos otro gobernador de Caldono- y fueron capturadas 24 personas que obstaculizaron el recorrido y atentaron contra la vida de los marchantes.
De los detenidos, seis fueron sancionados con fuetazos y la aplicación de remedio por parte de la Jurisdicción Especial Indígena, pues dijeron que fueron forzados por un grupo armado para impedirle el paso a la movilización y por eso le arrojaron piedras y palos. Como no dispararon contra la Minga y son comuneros del resguardo de La Concepción, fueron dejados bajo la custodia de sus familias y quedaron bajo seguimiento.
A los otros capturados les decomisaron armas, tiendas de campaña y camuflados; y entre ellos se encuentra el presunto asesino de la gobernadora de La Laguna y un par de cómplices. Como los hechos cometidos por ellos fueron de mayor gravedad, las autoridades indígenas investigarán la situación más a fondo y en una asamblea decidirán su sanción; además, buscan esclarecer quién ordenó el asesinato y quién está detrás de los cultivos de hoja de coca por los que fueron atacados.
Finalmente, el 30 de abril, en Asamblea General, la comunidad decidió condenar a 60 años de cárcel a Farid Chamorro y Pedro Correa, quienes confesaron que asesinaron a la gobernadora Sandra a cambio de 10 millones de pesos “provenientes de bandas al servicio del narcotráfico”.
Deudas que causan muerte
Los asesinatos de Edwin, Cristina y Sandra tienen de trasfondo la fallida implementación del Acuerdo de Paz que se firmó con la extinta guerrilla de las Farc, el 24 de noviembre de 2016, pues se incumplieron dos de sus promesas centrales, que hoy tienen en apuros no sólo a los Nasa, sino a todas las comunidades rurales de Cauca y de buena parte de Colombia: el no surgimiento de nuevos grupos armados tras la dejación de armas de la otrora guerrilla más grande del continente y la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
“El Acuerdo de Paz básicamente nos dio respiro durante poco tiempo, como hasta seis meses después de la firma, en el sentido de que las comunidades tuvieron calma y armonía, pero fue algo en papel y no tuvo la respuesta esperada. El conflicto ha ido incrementando constantemente y se ha dado el resurgimiento de varios grupos armados”, explica Juan Manuel Camayo, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).
Y, las cifras que ha recopilado el observatorio de derechos humanos que dirige, le dan la razón, pues el número de indígenas asesinados en el norte de Cauca decae fuertemente en 2013, cuando empezaron los diálogos de paz; y aumenta constantemente a partir de 2017, cuando ya estaba en marcha la implementación del Acuerdo de Paz. Lamentablemente, la cantidad de indígenas Nasa asesinados el año pasado es similar a la de 2012, cuando el conflicto armado estaba en uno de sus puntos más altos. (Leer más en: La zozobra sin fin de los Nasa)
Por otro lado, el PNIS, uno de los programas bandera del Acuerdo de Paz que haría de bisagra para solucionar el problema de drogas ilícitas y saldar las deudas de desarrollo del campo colombiano, en Cauca, y, particularmente en los territorios de las comunidades étnicas, nunca despegó con fuerza por la negativa del gobierno nacional de aceptar sus propuestas con enfoque diferencial, las cuales tenían como pilar iniciar un proceso concertado y gradual de erradicación de cultivos de uso ilícito, mientras se avanzaba con la implementación de los proyectos productivos que los reemplazarían.
Por esa razón, de los 22 cabildos indígenas del norte de Cauca, tan sólo dos, ubicados en los municipios de Jambaló y Miranda, les apostaron a las pautas del gobierno nacional, y ninguno de los 42 consejos comunitarios de comunidades negras se sumaron a él. A pesar de contar con la confianza de esos dos cabildos, el PNIS se implementó con lentitud e incumplimientos, dándole razón, en parte, a quienes no quisieron vincularse. (Leer más en: El PNIS sólo ‘aterrizó’ en dos resguardos indígenas del norte de Cauca)
Los incumplimientos de exguerrilleros que decidieron rearmarse y del Estado que no copó de manera integral los territorios que durante décadas dominaron las Farc, propiciaron una situación de disputa por poder territorial y rentas ilícitas, en la que se encuentran en medio de las comunidades indígenas. Ante esa situación, los que llevan la peor parte son los integrantes de la Guardia Indígena y sus autoridades, quienes deben cumplir el mandato de mantener sus territorios libres de elementos que causen “desarmonía”, como son los grupos armados, el narcotráfico y la minería ilegal.
Para tal fin, esas autoridades instalan puestos de control y hacen recorridos por sus veredas, en lo que denominan ejercicios de control territorial, para expulsar de sus resguardos a hombres armados e incautar vehículos robados, material de guerra y drogas; estos últimos elementos son destruidos en ceremonias de armonización.
Como consecuencia, en el norte de Cauca pululan panfletos de amenazas de muerte contra la Guardia Indígena y directivos de la Acin; en ocasiones son remitidos de manera general, y en otras van dirigidos con nombres y datos puntuales. Esa es una práctica que se ha vuelto frecuente: en 2019 se registraron 91 y el año pasado 113, según datos del Tejido de Defensa de la Vida. Y, como en el caso de la gobernadora Sandra, las amenazas terminan materializándose.
Feliciano Valencia, reconocido líder del pueblo Nasa y senador de la República por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), asegura que la implementación del PNIS podría evitar incidentes a futuro como el que sufrió la Minga Hacia Dentro: “El doctor (Emilio) Archila ha dicho que ya están apareciendo recursos para financiarlo; entonces, si resucita el PNIS, sería una gran opción para tratar de manejar la situación de los cultivos de uso ilícitos”.
Aunque advierte dificultades porque “muchas familias que confiaron en la sustitución y se comprometieron, se han retirado y volverlas a reincorporar será complicado. Los países que apoyaron el proceso de paz están aportando para que los programas se puedan implementar”.
Malestar con el Ejército Nacional
Tras el asesinato de la gobernadora Sandra, la respuesta del gobierno nacional fue la recurrente en casos de violencia que causan impacto en la opinión pública: realizar un consejo extraordinario de seguridad con el Ministerio de Defensa, comandantes de la Fuerza Pública y autoridades locales, para anunciar operativos militares y recompensas que permitan dar con la captura de los responsables del crimen de turno.
Una vez concluyó ese evento, el comandante de la Tercera División del Ejército, el brigadier general Marco Vinicio Mayorga Niño, emitió un comunicado en el que señaló que en el consejo de seguridad se acordaron compromisos para incrementar las operaciones militares que permitan desarticular estructuras armadas y narcotraficantes en el territorio; el diálogo con la Guardia Indígena para coordinar actividades de seguridad en los territorios de los resguardos indígenas; y coordinaciones con las autoridades ancestrales para iniciar tareas de erradicación de hoja de coca en el territorio.
Esas afirmaciones causaron malestar no sólo en la comunidad de Caldono, sino en las 127 autoridades de los diez pueblos indígenas agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que expidieron un comunicado rechazándolas y negaron que se llegaran a los acuerdos referidos por el oficial del Ejército.
En primera instancia condenaron esa insinuación porque “ve a la población como un eslabón de sus dinámicas militares”, y recalca que la Guardia Indígena “es un órgano civil, no armado, cuya dirección está en cabeza de las autoridades indígenas”.
Y en cuanto a la erradicación de cultivos de hoja de coca para uso ilícito, el Cric enfatizó que es una decisión que tomaron desde su “autonomía y jurisdicción propia, porque vemos claramente el daño que nos generan estos cultivos acabando con la economía propia, la cultura y la gobernabilidad, siendo además base de la financiación de los actores armados, los cuales pretenden doblegar nuestros territorios, convirtiéndose también en excusa del Estado para continuar en escenarios de guerra que atentan contra nuestra territorialidad”.
Además de esas razones, el senador Valencia expresa su malestar por el “discurso oportunista” del Ejército, dado que el pasado mes de agosto, durante una jornada de Liberación de la Madre Tierra, como llaman los indígenas a las ocupaciones que realizan de fincas que reclaman en titulación por ser de sus ancestros, esa institución calificó a los indígenas de ser instrumentalizados por las disidencias de las Farc, luego de que en esa jornada se diera un hostigamiento.
“Ese es el discurso que nos molesta, porque parece que fueran oportunistas de acuerdo a los contextos. Cuando la situación es tensa entre las comunidades y ellos (Fuerza Pública), nos salen a fustigar que somo proclives o que estamos aliados con las disidencias; y en la declaración última, cuando estábamos siendo golpeados por gente armada, salen a decir que habían coordinado con la Guardia Indígena y las autoridades tradicionales. Eso es lo que molesta, porque además de oportunistas, tratan de instrumentalizar cosas rápidamente tergiversando la realidad y colocándonos en alto riesgo”.
Camayo, de la Acin, también cuestiona que, en su comunicado, el brigadier general dijera que, durante la Minga Hacia Dentro, se presentó “una confrontación entre las comunidades indígenas y campesinas de la vereda Caimito”, cuando estaban bajo fuego. Y, lo que es peor, varios mingueros afirman que topas del Ejército en la zona no capturaron a los hombres que les dispararon a pesar de pasar por su lado y que negaron haberlos visto cuando fueron preguntados por dónde tomaron camino.
Más allá de presencia militar
Es frecuente que cuando ocurre un hecho grave en materia de seguridad en Cauca, el gobierno nacional anuncie rápidamente un aumento de pie de fuerza o la instalación de nuevas unidades militares en su territorio. A pesar de ser una fórmula reiterada, no ha conseguido mermar los altos índices de violencia y sigue siendo el departamento en donde más líderes sociales son asesinados cada año y donde más ocurren graves hechos de violencia, como el carrobomba que explotó el pasado 26 de marzo al frente de la Alcaldía de Corinto.
En octubre de 2019, cuando fue asesinada la gobernadora Cristina, el presidente Iván Duque anunció la creación de una nueva Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) para Cauca. Esa decisión fue cuestionada desde diversos sectores, que alegaron la necesidad de realizar inversión social y brindar alternativas de empleo. Por esa razón, el Ejecutivo anunció la creación del denominado Plan Social Cauca, que buscaba combinar la intervención armada con una acción integral del Estado, invirtiendo alrededor de 1,3 billones de pesos en materia socioeconómica.
“Ya va a ser casi un año de la implementación de ese Plan Social del Cauca. Yo vi al doctor Miguel Ceballos (Comisionado de Paz) en varias reuniones con las autoridades indígenas y seguramente con la institucionalidad municipal y departamental trazando la inversión de estos recursos. A la Acin se le anunció que se le iban a dar 500 millones de pesos para atender la situación del norte del departamento, pero hasta la fecha no se ha materializado, más allá de financiar un grupo técnico para la organización de proyectos”, explica el senador Valencia.
Y agrega: “De la Acin me informaron que están haciendo esfuerzos porque no han podido hablar nuevamente con el doctor Ceballos y hace 15 días dijo que quedaban 216 millones para la Acin. En fin, nos ha estado como ‘mamando gallo’ con esos recursos. Está el anuncio y no se ha firmado un convenio hasta ahora y no se han hecho los desembolsos, sólo los anuncios”.
En ese sentido concuerda Camayo, quien resalta que lo que sí ha aumentado es la intervención militar. “Las medidas de carácter colectivo han tenido inversiones mínimas, sin integralidad y han sido como pañitos de agua tibia. Pero sí hay un incremento de la Fuerza Pública; incluso, se viene hablando de instalar una base militar en el predio La Emperatriz, que ha sido solicitado por las comunidades para ser adquirido”, indica.
Para solucionar el problema con los cultivos ilícitos y el aumento de grupos armados ilegales en Cauca, el congresista del MAIS insiste en atender el llamado de las comunidades: “Nosotros seguimos diciendo que la solución efectiva para erradicar la violencia del narcotráfico, que se volvió un sistema económico que soluciona necesidades y por eso es tan fuerte, es haciendo inversión. Pero no cualquier inversión, esto no es de uno, dos o tres billones de pesos”.
Y detalla: “Acá se necesita mucha más inversión. Y no es una inversión que llegó, atendió unos proyecticos y se fue. No, aquí hay que hacer seguimiento e inyectar más recursos porque el departamento de Cauca es muy extenso y hay miles de propuestas. El Estado tiene que llegar con presupuesto, mantenerse en la región, sostener los recursos hasta que se acabe el tema de la economía ilegal, que son narcotráfico y minería. De lo contrario, nunca se va a superar. El problema que tenemos es inversión raquítica sin seguimiento y sin permanencia”.
Los hechos parecen respaldar las palabras de Valencia, pues las decisiones tomadas tras la masacre en la que murieron la gobernadora Cristina y sus guardias indígenas, no sirvieron para disolver el conflicto que padecen actualmente las comunidades de Cauca. Por ello, el pasado sábado los Nasa tuvieron que llorar y sembrar a otra gobernadora, arrebatada por la violencia que cosechan quienes incumplen el Acuerdo de Paz, desde el rearme y desde la ejecución de las políticas de posconflicto.
Mientras tanto, los Nasa siguen pagando con vidas los costos de una guerra ajena que se libra en sus territorios.
* Foto de apertura: tomada de la cuenta de Twitter @FelicianoValen.
