Por más de 30 años la ONG ha trabajado por la comunidad del barrio Cantaclaro, en la capital de Córdoba, en especial por los niños y jóvenes. Durante ese tiempo, Benposta no pudo hacerse a la propiedad de la tierra, y la necesidad de familias vulnerables y los intereses de entes territoriales y terceros hoy tienen a la organización ante la posibilidad de perderlo todo.
En la manzana 125 del sector conocido como La Isla del barrio Cantaclaro, durante años funcionó la escuela de Benposta Nación de Muchachos, al sur de la ciudad de Montería, Córdoba. Las aulas, canchas y otras estructuras de esa organización están separadas de la calle por rejas y paredes color salmón, descascaradas por la intemperie y el desamparo.
Lo que empezó como el sueño del sacerdote Jesús César Silva Méndez en la España de mediados del siglo pasado, por crear una “ciudad” que fuera gobernada por niños; germinó en Colombia en 1973, cuando se estableció la organización para trabajar por los derecho de niños, niñas y jóvenes a una vida digna y su reconocimiento como sujetos sociales.
Distintos actores han mostrado interés por esas tierras sobre las que la ONG tiene posesión desde hace más de 34 años. Las intenciones se volvieron hechos hace unos meses cuando en horas de la madrugada del 2 de abril del año pasado, más de 50 personas, forzando candados y cerraduras, se posesionaron de la sede de Benposta en Montería.
La biblioteca, las aulas de clases, el restaurante y las oficinas del área administrativa fueron inicialmente tomadas por vecinos de aquel predio y antiguos beneficiarios de los programas de Benposta. Otros de los sujetos son familiares cercanos y vecinos de las personas que organizaron la invasión.
Según declaraciones entregadas a medios de comunicación la invasión tenía por objetivo presionar a la Alcaldía para que les garantizara vivienda y vida digna a decenas de familias monterianas. Sin embargo, con el paso de los meses, los ocupantes iniciales han variado en relación a los actuales.
“La invasión a las instalaciones de Benposta fue orientada e inducida por el Presidente de la Junta de Acción Comunal de uno de los sectores del barrio Cantaclaro, quien estaba con aspiraciones políticas para concejal de Montería, pero como él mismo lo dijo por redes sociales, no fue avalado por el Partido de la U. Yo tenía información sobre la reunión donde se planeó la invasión y busqué a este sujeto para persuadirlo, pero no fue posible”, explica Luz Elena Sánchez Negrete, coordinadora de Benposta en Córdoba, quien prefiere reservar el nombre del sujeto por razones de seguridad.
Las familias invasoras argumentaban que su accionar se justificaba al ver el predio en abandono. Según la organización, allí, hasta el día de la toma, funcionaban las oficinas administrativas y contables de los proyectos de Benposta en Montería y un programa de refuerzo escolar. Pero durante décadas y hasta 2021 operó una escuela de primaria, en medio de una disputa judicial por la tierra que llevó la organización con la Alcaldía.
La ONG ha dialogado con los invasores para permanecer en las instalaciones, pero con el paso de los días la situación fue insostenible y los ocupantes tomaron la decisión de no dejar permanecer al personal de Benposta, según explica esa organización.
“Se logró sacar materiales y equipos importantes para el trabajo y lo demás quedó allí: archivos, ventiladores, mobiliario, un vehículo, entre otros), mientras la factura de los servicios públicos a nombre de Benposta sigue sumando. Benposta se trasladó de un día para otro a las oficinas de una organización socia que facilitó los espacios”, cuenta Sánchez.
Según la vocera, las personas invasoras realizaron una campaña de difamación por redes sociales. “También sobre mi persona, lo que me llevó a interponer una queja ante Fiscalía para buscar mi protección y la de las personas del equipo de Benposta en Montería. Y emocionalmente nos ha afectado… cortar de forma abrupta una relación de más de 30 años que se tenía con esa comunidad”, se lamenta.
Trabajo por la comunidad
Benposta Nación de Muchachos hace su primer acercamiento a la capital de Córdoba en 1989, cuando un grupo de la organización salió desde la sede de Villavicencio a realizar una visita a Montería, específicamente a una invasión que en su momento se decía era la más grande de Latinoamérica.
Para la época, fuertes inundaciones del río Sinú afectaban a los habitantes de barrios como El Dorado y Rancho Grande en la capital de Córdoba. Esto ocasionó que decenas de familias se tomaran cerca de nueve hectáreas del sur de Montería el 28 de agosto de 1988. La invasión se organizó bajo el nombre de “Cantaclaro”. Con el tiempo fueron llegando familias desplazadas de otras regiones, como el Alto Sinú y Urabá, y esa población terminó tomándose 81 hectáreas más. (Ver video)
El equipo de Benposta llegó para atender las necesidades sociales de los niños y jóvenes en la recién formada invasión y para 1990 se estableció dentro de ese asentamiento. Una de las personas que llegó a trabajar por esas comunidades fue Luz Elena Sánchez, actual coordinadora de la organización en esa ciudad. Relata que esos eran unos terrenos del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE), que posteriormente fue liquidado en 2003.
“Inicialmente se trabaja en los ranchos de palma de la recién inaugurada escuela pública del lugar —explica Sánchez—. En el primer semestre se hacen gestiones con el INURBE y los líderes de la comunidad, y se ubica un terreno fangoso para que Benposta pueda organizar sus espacios para el trabajo; es un lote de 4.038 metros cuadrados que Benposta adecúa y con el apoyo del SENA se construye un salón grande y una cocina en donde empezó a funcionar un restaurante que atendía a más de 300 niños, niñas y jóvenes a diario”.
En los años siguientes con el apoyo de la Embajada de Canadá se construyó la biblioteca, el relleno y la cancha múltiple, y se impartieron los talleres que el SENA utilizó para capacitar a numerosos jóvenes del sector. En 1997 se construyó el área administrativa, consultorios y aulas para el funcionamiento de una escuela primaria. (Leer más en En Córdoba, jóvenes trabajan para ser constructores de paz)
Además de la escuela de formación académica, en el lugar también funcionaron escuelas de formación deportiva en fútbol, baloncesto y karate; escuela de danza, música y pintura; y escuelas de formación ciudadana. Todas estas actividades se adelantaban en coordinación con la escuela pública vecina de Benposta: la Institución Educativa Victoria Manzur.
“Así se funciona con la participación de numerosos niños, niñas y jóvenes hasta que se inicia un pleito y persecución por parte de la Alcaldía, líderes y el rector de la escuela vecina. Se realizan campañas de desprestigio a Benposta y de esta manera se van desmontando los programas de atención”, cuenta la vocera.
Sánchez explica que Benposta empezó a ser hostigada desde 2012 por la administración municipal. Según ella, el programa que le daba mayor posesión sobre el predio era la escuela y la Secretaría de Educación Municipal de Montería empezó a realizarles una serie de visitas permanentes, señalando cosas que no estaban fusionando.
“La escuela nuestra tenía las aulas, la dotación, la atención a los niños con restaurante y todo, de mejor calidad que todas esas escuelas públicas de ahí. Lo que nos criticaban es que no había suficientes baños por la cantidad de niños, una crítica que ni siquiera ellos en las escuelas públicas cumplian. Nosotros lo veíamos como una persecusión”, señala Sánchez.
Finalmente, el ente territorial no le renovó las licencias necesarias para operar como institución educativa y tuvieron que cerrar. La escuela primaria duró hasta finales del año 2021, cuando fue clausurada por la Secretaría de Educación Municipal de Montería mediante Resolución No. 1479.
“Esta escuela graduó a más de 600 alumnos y por ella pasaron unos mil 500 niños y niñas los cuales al día de hoy en un alto porcentaje son profesionales o en proceso”, señala su vocera.
Pulso por el predio
El predio pasó a manos de la Alcaldía de Montería en 1995 y durante esa década se empiezan a titular las viviendas a varias personas del barrio Cantaclaro. Bajo ese ánimo, Benposta solicitó le fuera titulado el predio, pero su solicitud no fue aceptada argumentando que se titularían primero a las familias, explica Sánchez.
Y agrega: “Benposta paga catastro a su nombre durante más de diez años, pero para 2010 ya este no aparece a nombre de Benposta y esto coincide con las presiones realizadas por líderes de la zona y el rector del colegio, Victoria Manzur, para que Benposta desocupe el predio que ellos argumentan pertenece a la escuela”.
Desde 2008 el entonces alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, hoy senador de la República, a través de su secretaria de Educación, Leonor Teresa Martínez, y un grupo de abogados, se sientan a negociar con Benposta sobre la tenencia del terreno. Finalmente en 2010 se acuerda que continuaría funcionando la escuela y que Benposta seguiría con su labor social en el mismo espacio.
“Este mismo acuerdo fue desconocido por el señor Marcos Daniel, quien, por intereses políticos, aceptó la propuesta de los líderes de no firmar acuerdo con Benposta. En su calidad de alcalde de Montería, Marcos Daniel envió, a través de su oficina jurídica, un contrato de comodato para ser firmado por Benposta y el cual no firmamos. Es así como el 16 de agosto del 2011 la Alcaldía de Montería demanda a Benposta para reclamar la posesión del predio”, señala Sáchez.
Se trató de un proceso ordinario reivindicatorio, con el cual la Alcaldía buscaba reivindicar el dominio sobre la propiedad ocupada por Bemposta, fechada el 16 de agosto del 2011. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería resolvió, el 24 de julio de 2017, fallar a favor del ente territorial.
En la sentencia se ordena “a la ONG BENPOSTA NACION DE MUCHACHOS, para que en el término de quince (15) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, proceda a hacer entrega al MUNICIPIO DE MONTERÍA del bien inmueble”.
El juez no sólo ordenó restituir el predio saneado y libre de deudas, sino que todas las edificaciones que se encontraban levantadas sobre este pasarían a manos de la Alcaldía de Montería. Además le impuso pagar dos salarios mínimos de la época ($1.475.434 pesos colombianos) a Benposta a favor del ente territorial.
La ONG apeló el fallo y el 29 de noviembre de ese año, la Sala Cuarta de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería revocó la sentencia inicial. Sin embargo, el problema sobre la posesión de la tierra continuó. El fallo del tribunal volvió todo a su estado inicial: en papeles, la Alcaldía de Montería siguió siendo la propietaria del predio y Benposta continuó siendo el poseedor.
En la cancha de la Alcaldía
“Benposta Nación de Muchachos Colombia, tiene parte de su patrimonio invertido en esas construcciones”, le escribió en una solicitud de conciliación que envió la ONG a la Alcaldía de Carlos Ordosgoitia Sanin (2020-2023), el 23 de junio del año pasado. Antes, cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería profirió el segundo falló a finales de 2017, había hecho la misma solicitud, pero no lograron ningún acercamiento con la institucionalidad y mucho menos un pago.
“La anterior Alcaldía de Montería fue oficiada por la Inspección Segunda de Policía, por una tutela que interpusimos, para realizar una inspección ocular y así continuar con el proceso de desalojo, pero hasta la fecha no ha realizado ninguna gestión. En lo que sí actuó fue para interponer dos demandas en contra de Benposta en mayo del 2023, pero ambas fueron inadmitidas”, asegura la coordinadora de Benposta Córdoba.
Dentro del proceso judicial que se adelantó por la demanda de la Alcaldía de Montería en 2011, un perito avaluador dictaminó que para el 11 de febrero de 2015, las mejoras efectuadas por Benposta ascienden a la suma de $1.230.426.653 de pesos colombianos. “Valor este que puede servir de fundamento para la determinación de las mejoras que solicitamos su pago para proceder hacer entrega del inmueble al Municipio de Montería, que ha demostrado tener interés en él o se le adjudique a BENPOSTA NACIÓN DE MUCHACHOS COLOMBIA, para que siga cumpliendo con su misión de velar por los jóvenes vulnerables del sector”, se lee en la misiva de conciliación enviada por esa organización a la alcaldía.
El 21 de abril Benposta presentó una querella ante la Inspección de Policía Segunda de Montería. Se adelantó una audiencia de conciliación el día 28 de junio, pero fue fallida. “Desde ese momento no se ha actuado. En diciembre del año pasado, con una tutela logramos que se oficiara a la Alcaldía para que realizara la inspección ocular, pero hasta la fecha no se ha dado. Como hay nuevo gobierno se excusan en eso ”, cuenta Sáchez.
La invasión de predios es un tema recurrente en Montería. La comunidad aún recuerda otra masiva invasión que ocurrió en una finca improductiva ubicada en el barrio Cantaclaro, en marzo de 2022. Así como la ocupación más sonada en la ciudad desde octubre del año pasado: “Villa Petro”, en la cuál varias familias se han tomado en tres oportunidades un predio de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor). La más recientes de estás ocupaciones fue desalojada por la UNDMO (antiguo ESMAD), hace unos días.
La actual administración municipal, a cargo de Hugo Fernando Kerguelen Gonzalez (2024-2027), ha manifestado su preocupación sobre las invasiones de predios que actualmente tienen lugar en la ciudad. “Yo sé que las personas no están invadiendo los terrenos porque quieran. Necesitamos tener un equilibrio y no podemos permitir invasiones en Montería (…). Un problema que es de ingresos, porque si las personas no tienen ingresos no tienen cómo pagar el arriendo”, aseguró el Alcalde, como registró su equipo de prensa.
Desde octubre del año pasado se anunció que la capital de Córdoba sería la ciudad piloto para implementar el Programa Nacional de Autoconstrucción, en el que los beneficiarios recibirán lotes de 98 metros cuadrados y subsidios de aproximadamente 40 millones de pesos en materiales para la construcción de sus casas.
“La Alcaldía pone el lote; ¿qué hace el gobierno nacional? nosotros aportamos un subsidio en materiales y herramientas de 35 salarios mínimos, eso es como 40 millones de pesos”, explicó Catalina Velasco, ministra de Vivienda. Los mismos miembros de la comunidad harán sus casas con los diseños establecidos y con el apoyo de la Alcaldía y del Ministerio de Vivienda.
Para el alcalde Kerguelen, la solución a la situación de ocupaciones está en programas como estos y manifestó su compromiso en impulsar esta iniciativa para ir dando soluciones de vivienda a familias vulnerables.
Tras más de nueve meses desde la invasión de las instalaciones de Benposta, la ONG espera salvar su patrimonio y continuar trabajando por los derechos de los niños, niñas y jóvenes de Córdoba.
Nota: este portal contactó al alcalde de Montería, Hugo Fernando Kerguelen González, para conocer si tiene interés de conciliar con la ONG o si la Alcaldía tomará vías judiciales para posesionarse de la tierra, pero a pesar de insistir, no se obtuvo respuesta.
