Comunidades negras y pueblos indígenas esperaban que, tras la firma del Acuerdo de Paz, hace ya tres años, se iniciaran en este departamento labores tendientes a mitigar los impactos de la guerra. Una de ellas: la descontaminación del territorio de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados. En vez de ello, estalló una nueva guerra donde el uso de estos artefactos mortales se ha disparado.
“Por las condiciones actuales, el Chocó es un departamento donde no se puede desarrollar ningún tipo de actividad relacionada con el desminado humanitario”, señala Álvaro Jiménez Millán, director de la Campaña Colombiana Contra Minas y amplio conocedor de este tema.
A su juicio, “todas las manifestaciones de un conflicto armado están presentes en este departamento: los combates con interposición de población civil, los desplazamientos y los confinamientos, las retenciones y los controles a la movilidad, el uso de artefactos explosivos improvisados y minas antipersona”.
Millán no exagera en su apreciación. El Acuerdo de Paz suscrito en Bogotá el 24 de noviembre de 2016 entre la extinta guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, a través del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), no se ha traducido en el fortalecimiento de las instituciones en el territorio ni en transformaciones sociales profundas para los chocoanos. Ni siquiera ha significado el silencio de los fusiles y la terminación de toda práctica de guerra que atente contra los derechos humanos de miles de pobladores que habitan territorios de consejos comunitarios de comunidades negras y en resguardos de los pueblos indígenas.
Así lo vienen denunciando las organizaciones chocoanas comprometidas en promover el ¡Acuerdo Humanitario Ya!, una propuesta impulsada desde agosto de 2017 con el objetivo de mitigar los efectos de la confrontación armada en este departamento.
De acuerdo con el tercer informe de seguimiento al ¡Acuerdo Humanitario Ya! , difundido el pasado 25 de noviembre, en Chocó “no se ha implementado ningún punto del capítulo étnico de dicho acuerdo; el conflicto armado se ha reconfigurado, con la expansión y mayor control, territorial y social, de los grupos armados al margen de la ley; y la respuesta fundamental del Estado ha sido la militarización del territorio, sin que esto redunde en la debida protección de las comunidades, sus organizaciones y autoridades étnicas y territoriales”. (Leer más en: Implementación del Capítulo Étnico de Acuerdo de Paz aún no llega a Chocó)
Desde que los combatientes de los frentes ‘farianos’ que operaron en las selvas chocoanas se concentraron desde finales de 2016 en los puntos dispuestos por el gobierno nacional para dejar sus armas y comenzar una nueva vida en la legalidad, nuevos grupos armados comenzaron a disputarse a sangre y fuego el control de vastos territorios que hoy resultan estratégicos para todo tipo de rentables actividades ilegales, como el tráfico de drogas ilícitas, la explotación y comercialización ilegal de madera y el control del paso de migrantes en la selvática frontera con la república de Panamá en su camino a Centroamérica.
Así, las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), la guerrilla del Eln y el Ejército Nacional se trenzaron en una confrontación a muerte que no cede en intensidad y que día tras día agrava la profunda emergencia humanitaria que vive el departamento. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)
Regiones como el Medio y Bajo Atrato, la cuenca de los ríos Baudó y San Juan, y los municipios de la costa Pacífica se han convertido en teatro de operaciones militares de todos los actores armados. Allí, tanto la guerrilla del Eln como los llamados ‘gaitanistas’, recurren a la siembra indiscriminada de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados para frenar el avance del enemigo.
Así lo han constatado el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en diversos informes emitidos desde enero de 2018 y ratificado a través de las denuncias de las comunidades, que se conocen a través de las organizaciones que las representan.
En riesgo constante
Entre los repertorios de violencia desplegados por la extinta guerrilla de las Farc se registró el uso indiscriminado de minas antipersonal en su confrontación con el Estado. Según lo constató el SAT en su informe 011-18 del 24 de enero de 2018, los frentes 34 y 57, y las columnas móviles del desmovilizado grupo insurgente que hicieron presencia en Chocó, procuraron detener el avance del Ejército Nacional y protegieron zonas de cultivos de hoja de coca y de explotación minera, zonas campamentarias y caminos estratégicos para la movilidad y el abastecimiento de tropas con la instalación de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados.
“Con estos propósitos fueron minados caminos comunitarios ancestrales, zonas de cultivo de pancoger y sitios de cacería”, señala el SAT, y añade que, para los municipios de Medio Atrato y Vigía del Fuerte, por ejemplo, “las comunidades identificaron algunas zonas en las que se presume la existencia de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados. Entre ellos se cuentan la parte alta de la comunidad afro de la Peña, la quebrada Chaquenandó, al frente de la comunidad afro de la Villa, La Platina y la quebrada Juasillo en las cuencas de los ríos Bebará y Bebaramá, en el municipio del Medio Atrato, y cerca de las comunidades afro de la Loma de Murrí, Vegaéz e Isletas en las cuencas de los ríos Murrí y Arquía, en el municipio de Vigía del Fuerte”.
Cuatro días después de advertir el riesgo de las poblaciones de Bojayá y Atrato Medio (Chocó) y Vigía del Fuerte (Chocó), el SAT emitió Alerta Temprana N. 019-18 para que se protegieran las comunidades asentadas en las cuencas de los ríos Truandó, Domingodó y Jiguamiandó de los municipios chocoanos Carmen del Darién y Riosucio.
El documento detalla que la guerrilla del Eln habría advertido a las comunidades del resguardo Urada Jiguamiandó y los consejos comunitarios Jiguamiandó y Curvaradó, (municipio Carmen del Darién) sobre “la instalación de minas antipersonales y artefactos explosivos en la zona, como parte de su estrategia para contener un posible ataque de las estructuras de las AGC”.
Similar situación fue advertida a comienzos de agosto por el SAT a las autoridades a través del informe de Alerta Temprana de Inminencia 068-18, que llamó la atención sobre la grave situación de las comunidades negras y los pueblos indígenas de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién.
Este nuevo informe recuerda que, desde 2015, tanto las Agc como el Eln, “han adoptado como parte de su estrategia militar para mantener el control de áreas de la cuenca del río Truandó y contener el avance del adversario, el instalar artefactos explosivos improvisados y minas antipersonales, incluso, en zonas de propiedad y uso comunitario de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes”.
A juicio del SAT de la Defensoría del Pueblo, esas estrategias de guerra se constituyen en “un factor que agrava la situación de confinamiento de la población e impide la realización de actividades tradicionales para el cuidado de la salud y la seguridad alimentaria, tales como la medicina tradicional, la caza, la pesca y la agricultura”.
Similar situación fue reseñada por el SAT mediante Alerta Temprana de Inminencia 069-18, fechada el 27 de agosto, con la cual llamó la atención de las autoridades civiles y militares sobre la difícil situación de orden público que padecían los pobladores del municipio de Juradó, costa Pacífica chocoana. La entidad estatal consignó que el avance de los ‘gaitanistas’ hacia zonas de dominio de los ‘elenos’ estaba generado combates en áreas de resguardos indígenas y de territorios colectivos de comunidades negras.
“En las zonas rurales, los grupos armados ilegales a través de la amenaza obligan desde el 2017 a las comunidades a ‘prestar’ sus embarcaciones para transportar combatientes y alimentos, sin que la población pueda resistirse por temor a la retaliación violenta. Desde dicho año, el pueblo Embera y Wounáan de Santa Marta de Curiche se encuentra confinado por la instalación de Minas Anti Persona (MAP) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en su territorio”, detalló el SAT.
Desde comienzos de 2019, la situación de riesgo generada por la instalación de minas antipersona y artefactos explosivos se ha incrementado en Bojayá. De acuerdo con el SAT, en febrero de este año, el Eln “advirtió a los pobladores del corregimiento de Pogué, en la cuenca del río Bojayá, que debían abstenerse de adelantar labores en la zona rural de dicho corregimiento, tomando en cuenta que habrían instalado minas antipersonal en el territorio”.
En reuniones sostenidas con funcionarios del Ministerio del Interior a finales de abril de este año, en seguimiento a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, líderes de las comunidades que habitan la cuenca del río Cacarica expresaron su preocupación por la presencia de minas antipersona sembradas en el pasado por los frentes de las Farc que operaron en la región, lo que les impide desplazarse libremente por su territorio.
En uno de los encuentros, realizado el 28 de abril en Apartadó, Antioquia, voceros de las comunidades ribereña informaron de posibles campos minados en las subcuencas de los ríos Peranchito y Balsas, del cual tuvieron conocimiento luego de que uno de estos artefactos afectara en 2018 a un poblador, ocasionándole la mutilación de sus piernas.
Otro de los hechos descrito en esa reunión ocurrió en la comunidad de Bocas de Limón, sin que especificaran la fecha. En esa ocasión un niño encontró un artefacto explosivo improvisado “debajo de la escuela […] y por sugerencia de un mayor de edad fue arrojado a una laguna posterior de la comunidad utilizada para botar la basura”.
Sin acceso a territorios
En Chocó, la siembra indiscriminada de estos artefactos dejó, entre enero de 1997 y el 31 de octubre de 2019, un saldo de 161 víctimas, según estadísticas del Programa Descontamina Colombia, adscrito a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Del total de víctimas, 87 se registraron como civiles y 74 como integrantes de la Fuerza Pública. Como resultado de las lesiones, perdieron la vida 37 personas, 15 de ellas de la Fuerza Pública, y 22 civiles, entre los que se destacan seis menos de edad.
El riesgo que se deriva de los campos minados para las comunidades fue tenido en cuenta en el Acuerdo de Paz, que contempló, tanto en su punto 3 (terminación del conflicto) como en el punto 5 (relativo al sistema de verdad, justicia y reparación para las victimas), la creación de protocolos y medidas tendiente a limpiar y descontaminar los territorios con presencia minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, munición sin explotar y restos explosivos de guerra, procesos en los que la participación de los excombatientes de las antiguas Farc es fundamental.
En una primera fase de esta labor humanitaria, el gobierno nacional priorizó, el 10 de mayo de 2016, 80 municipios de 15 departamentos del país para llevar a cabo procesos de descontaminación de estos artefactos explosivos prohibidos por la Convención de Ottawa. El cambio de gobierno, ocurrido el 7 de agosto de2018, no afectó los cronogramas de desminado humanitario en el país.
No obstante, de acuerdo con el primer informe de seguimiento multipartidista a la implementación del Acuerdo de Paz, que evalúa las acciones del primer año de gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022), los resultados no son los más halagadores. En 2019 se suspendieron siete operaciones de desminado en dos departamento, Meta y Cauca, lo que evidencia, según el documento, “el deterioro de las condiciones de seguridad en los territorios”.
Este informe lanzó una alerta sobre la situación de Humanicemos DH, una de las diez organizaciones de carácter civil acreditadas en Colombia para adelantar operaciones de desminado humanitario, que cuenta con 115 personas en proceso de reincorporación. Si bien se presentó como una oportunidad para contribuir a fortalecer el compromiso de declarar a Colombia como país libre de sospecha de minas, sus tareas aún no arrancan.
“Es la organización estructurada por excombatientes de las Farc como parte de su proceso de reincorporación. Sin embargo, su operación está parada, pues la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no ha definido quién debe certificar las zonas que esta organización puede empezar a intervenir”, se lee en el informe de seguimiento multipartidista al Acuerdo de Paz.
Este portal consultó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre las acciones emprendidas en el departamento de Chocó. En su respuesta informó que tres municipios están sin sospecha de minas antipersonal: Atrato, Condoto y Unión Panamericana.
Además, precisó que ya inició procesos de intervención en los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato, a través de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario No 1; y en Tadó, tarea que está adelantando la organización Ayuda Popular Noruega (APN).
Y se espera intervenir 24 municipios: Acandí, Alto Baudó, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, Cértegui, El Cantón del San Pablo, El Litoral del San Juan, Istmina, Juradó, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Río Iró, Río Quito, Riosucio, San José del Palmar, Sipí y Unguía.
La razón por la cual no se han iniciado labores, reconoció la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, es que “en algunos de ellos, debido a sus dinámicas territoriales y a la falta de condiciones de seguridad para el desminado humanitario, se ven suspendidas estas operaciones. Igualmente, hay otros municipios con características similares, que no son viables para ser priorizados para estas labores”.
Labores pedagógicas
Los registros estadísticos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz muestran que, en 2012, cuando la firma de un acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc era tan sólo una quimera, las minas antipersonal y los artefactos explosivos improvisados dejaron unas 15 víctimas, de las cuales, tres perdieron la vida. De las personas heridas, tan sólo tres eran miembros de la Fuerza Pública. Riosucio, Ungía y Sipí fueron los municipios donde más se registraron eventos con estos artefactos explosivos en ese año.
Hoy día, cuando se cumplen tres años de la firma del Acuerdo de Paz, en algunos municipios de Chocó la confrontación armada sigue tan vive como hace diez años atrás. Basta ver los registros de víctimas de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados. Si bien el número total de víctimas muestra una disminución, los eventos se siguen registrando, prácticamente, en los mismos territorios: el Bajo Atrato, en los municipios de la cuenca del río Baudó y en el litoral Pacífico.
Así, en Riosucio se registraron víctimas durante los años 2014 (un militar herido); 2015 (dos civiles heridos); 2016 (un miembro de la fuerza pública herido); 2017 (un indígena menor de edad herido) y 2018 (dos civiles heridos). En estos mismos años, un indígena murió en Alto Baudó (2014); un afro murió y otro quedó herido en el Bajo Baudó (2016); y tres menores de edad resultaron heridos en Alto Baudó (2019). Otros municipios donde se siguen registrando eventos desde 2012 a la fecha son Nóvita, Certeguí, Carmen del Darién, Istmina, Río Iró, Río Quito y Bagadó.
“Pero en este tema, con respecto al departamento del Chocó, hay mucho subregistro, mucha información que no se conoce, porque las condiciones de acceso al territorio son muy difíciles en este momento”, asevera por su parte Millán, de la Campaña Colombiana Contra Minas.
En ese sentido, agrega este experto en el tema, “Chocó no tiene condiciones para garantizar acceso a los servicios básicos para toda la población y el sector salud es, quizás, el más débil del país por cuanto carece de las herramientas básicas que le permitan atender a las personas afectadas por el conflicto armado. Además, las condiciones de topografía, de transporte fluvial, de largas distancias entre veredas y cabeceras municipales, hacen que las personas que salen heridas con este tipo de armas pasen por un verdadero infierno”. (Leer más en: La peor cara de Chocó: 25 niños muertos por falta de acceso a servicios de salud y agua potable)
Ante la imposibilidad de adelantar labores de desminado humanitario, las instituciones presentes en el departamento se están enfocando en labores educativas preventivas para reducir el número de eventos causados por minas antipersona y artefactos explosivos improvisados.
“En este momento solo estamos desarrollando algún acompañamiento a las víctimas de las minas improvisadas y algunos procesos de educación en el riesgo de minas antipersona que estamos desarrollando algunas organizaciones, entre ellos nosotros”, explica Jiménez Millán.
Por su parte, desde la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para la Paz, le explicaron a VerdadAbierta.com que “el gobierno nacional viene adelantando una estrategia de sensibilización y difusión de comportamientos seguros frente al riesgo por minas antipersona allí donde no se han podido desarrollar labores de desminado humanitario”.
Entre los departamentos donde se están adelantando estas labores figuran Cauca y Chocó. Allí, “a través de capacitaciones y talleres se promueven espacios para que la población conozca y se apropie de estos comportamientos seguros y puedan gestionar el riesgo ocasionado por los artefactos explosivos improvisados y minas antipersona”, indicó la entidad estatal.
Por lo pronto, a las organizaciones chocoanas que impulsan el ¡Acuerdo Humanitario Ya! les preocupa que la dinámica que ha tomado el conflicto en el Chocó “ha asumido las características de una guerra contra la población civil, lo que constituye, además de violaciones de derechos humanos, violaciones graves del derecho internacional humanitario consuetudinario”, razón por cual reclaman una acción integral del Estado como garantía de seguridad y supervivencia.
* Foto de apertura: Descontamina Colombia.
Investigación realizada con el apoyo de:
