En su más reciente informe, Somos Defensores señala que los asesinatos contra líderes sociales disminuyeron en 2019, pero no en la cantidad que afirma el gobierno nacional, y advierte que se incrementaron otras agresiones que no son tenidas en cuenta por las autoridades. Además, cuestiona la falta de voluntad para implementar las políticas del Acuerdo de Paz que podrían mermar esa ola de violencia.
Los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia, según el registro de esa organización no gubernamental, pasaron de 155 en 2018, a 124 en 2019. Es una significativa reducción, pero esa organización, que documenta todo tipo de agresiones contra líderes sociales desde 2002, alerta que las amenazas y los atentados aumentaron entre un año y otro.
Además, cuestiona la cifra oficial que manejan el gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación, que parte de los casos documentados por la la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). De acuerdo con esa agencia de la ONU, en 2019 fueron asesinados 108 líderes sociales, dos menos que en 2018. Esa cifra se queda corta frente a los registros de la Defensoría del Pueblo, que ascienden a 134 activistas asesinados.
Son “cifras deshonrosas para un país que viene de firmar un histórico Acuerdo de Paz”, se lamenta Somos Defensores en su informe, titulado La ceguera, que publica este sábado. El título está inspirado en el libro Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, y sirve de paralelismo para mostrar el panorama nacional y hacer “énfasis en el negacionismo que caracteriza al Gobierno Nacional, de múltiples asuntos relacionados con la crítica situación de seguridad y de los derechos humanos, pero, en particular, sobre la problemática de criminalidad de líderes y lideresas sociales”.
Frente a la violencia que padecieron el año pasado líderes, lideresas y autoridades étnicas, el informe reporta la ocurrencia de 31 asesinatos menos que en 2018, pasando de 155 a 124, pero alerta sobre el aumento de otras agresiones, que no son documentadas e investigadas por parte de las autoridades nacionales.
Dichas agresiones, entre las que se encuentran amenazas, atentados, detenciones, desapariciones y robos de información, pasaron de 805 en 2018, a 844 en 2019. Las que más aumentaron fueron las que ponen en riesgo la vida de los defensores de derechos humanos: las amenazas (con 45 casos más) y los atentados (con 18).
Sobre esa selectividad del gobierno nacional de contabilizar los asesinatos como las únicas agresiones, el informe advierte que tiene graves implicaciones en la política pública de protección de líderes sociales por cuanto no se prioriza la prevención de la violencia generalizada que padecen.
“Limitar la persecución de las personas defensoras exclusivamente al asesinato, hace que la política se reduzca y direccione solo a un problema de seguridad física y, particularmente, militar y policial, despolitizando el problema de contextos más estructurales y de injusticia social, que justamente son generadores de estas violencias, y que por lo tanto debe conllevar medidas de fondo (garantías)”, plantea este nuevo informe
Ese enfoque cuestionable, agrega, “también se evidencia en la insistencia del Gobierno de reducir el problema a 75 municipios de los 1.103 que tiene Colombia, donde se presentarían solo casos de asesinatos. En consecuencia, la política estaría dirigida exclusivamente a estos pocos municipios, dejando de lado un enfoque más amplio de la misma”.
De acuerdo con esas cifras, en promedio, en 2019 se agredieron a 2,3 personas por día, siendo el año más peligroso de la década. Los meses más violentos fueron mayo (150 casos), febrero (117 casos) y abril (112 casos). Lo peor de esa situación es que las agresiones han aumentado en medio de un escenario de transición y construcción de paz.
“En resumen, la agresión en los últimos dos años, de 1.640 personas defensoras de DDHH, evidencia una vez más que en el periodo de post acuerdo de paz, los líderes y lideresas siguen enfrentando situaciones angustiosas junto a sus familias e integrantes de sus colectividades, organizaciones o comunidades, incluso más que en tiempos de la negociación o del mismo conflicto armado interno hace una década”, plantea Somos Defensores en su informe.
Y lanza una cifra dramática: “Si se miran las cifras en relación con el año 2015, en el que se registraron 682 agresiones, queda claro que la violencia aumentó en un 24% los últimos 4 años”.
También llama la atención sobre los lugares en los que ocurren más agresiones, se trata de lugares donde la antigua guerrilla de las Farc controlaba la vida social, económica y política: “Sin embargo, después de la salida de este grupo de dichos territorios, lugares estratégicos para las economías legales e ilegales, se ha presentado un aumento en las disputas por el control de producción y mercados, incremento de los cultivos de uso ilícito y del procesamiento de drogas (particularmente de la cocaína), presencia de extracción de minera ilegal, y re-configuración de bandas paramilitares y del narcotráfico, a pesar de la importante presencia de las Fuerzas Militares en los mismos lugres”.
Por esa razón, indica la investigación, “el resultado es el incremento de violencia contra los líderes y lideresas que defienden el territorio de todo tipo de injerencias. A esto se suma la desprotección en la que quedaron los líderes campesinos que apoyaron la sustitución de cultivos de uso ilícito, luego de que el gobierno de Iván Duque incumpliera con el programa de sustitución de los mismos y a su vez, quedaron sin garantías de seguridad”.
De ese modo, en 2019 fueron golpeados 12 tipos de liderazgo. De los 835 líderes agredidos, 271 fueron indígenas, 128 personas defensoras de los derechos humanos, 97 comunitarios, 91 comunales, 87 campesinos, 66 afrodescendientes, 45 de víctimas, 21 sindicales, 13 ambientales, 7 académicos o del sector estudiantil, 5 de la población LGBTI y 4 mujeres. La mayor cantidad de agresiones ocurrieron en el departamento de Cauca. (Leer más en: ¿Por qué la violencia se ensañó contra los líderes sociales en Cauca?)
Sobre los presuntos responsables, el informe detalla que el 47 por ciento corresponde a estructuras paramilitares; el 34,2 por ciento a desconocidos; el 13 por ciento a disidencias de las Farc; el 4,2 por ciento a la guerrilla del Eln; y el 3,5 por ciento restante a miembros de la Fuerza Pública. Estas cifras, se plantea en el informe, “en el contexto de rentas ilegales antes descrito, que eclipsan otros conflictos más estructurales (tierras, megaproyectos), evidencian cómo la disputa territorial afecta directamente a los liderazgos y procesos organizativos”.
Los registros de Somos Defensores establecen que, con 155 asesinatos, 2018 fue el peor año de la década para las labores de líderes, lideresas y autoridades étnicas. Por esa razón, se esperaba una reducción drástica de muertes violentas para el siguiente año, pero fue del 24 por ciento, número que “sigue siendo alto, pues fueron 124 casos confirmados (en 2019), muchos más que 2016 con un registro de 80 y 2017 de 106.
Pese a esa reducción, resalta que, en el segundo semestre de 2019, se concentró la mayor cantidad de asesinatos: “Solo contando los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre se tiene un total de 56 casos, lo cual indica que en esos meses se concentró el 45% de los asesinatos del año”.
Nuevamente Cauca y Antioquia encabezan el listado de los departamentos de mayor ocurrencia de asesinatos contra los voceros de sus comunidades, con 34 y 18 casos, respetivamente; y llama la atención que Caquetá ocupara el tercer puesto, pues en anteriores no se habían perpetrado tantos homicidios contra líderes sociales en ese departamento.
Al revisar las cifras por municipios, los tres primeros lugares son ocupados por caucanos: Toribío, con once asesinatos; Caloto, con cinco; y Corinto, con cinco más. Los liderazgos más golpeados fueron los comunales (33 casos), indígenas (32), comunitarios (29), campesinos (17) y afrodescendientes (5).
Sobre los presuntos responsables de esas muertes, en la mayoría de los casos, 82, se desconoce quiénes fueron; a disidencias de las Farc se les atribuyen 21; a grupos paramilitares 16; al Eln 4; y uno a tropas del Ejército Nacional.
Al respecto, el informe señala que “preocupa mucho el alto número de hechos cometidos por desconocidos. Algunas de las explicaciones que puede tener este tipo de agresores, que se oculta en el ‘anonimato’, tiene que ver con la práctica naturalizada del ‘sicario’, que genera una distancia estratégica entre autores intelectuales y ejecutores. Esta relación está mediada por el dinero, con una estructura ‘cuasi-empresarial’ y una logística operativa (por lo regular motocicletas de alto cilindraje, acompañante y armas de fuego de alto calibre, etc.)”.
Por otro lado, la investigación establece que las amenazas son el tipo agresión más usado para atacar a los defensores de derechos humanos en Colombia. En total, ocurrieron 628 amenazas individuales en 2019, que equivalen al 72,6 por ciento del total de las agresiones de ese año y a un incremento del 7,7, respecto a 2018. De ese modo, 2019 es el año con el mayor número de amenazas en la última década.
La mayor cantidad se profirieron en Cauca, con 165; Arauca, con 43; Antioquia, con 42, La Guajira, con 37; Córdoba, con 33; Valle del Cauca, con 30; Risaralda, con 26; y Chocó, con 25 casos.
Somos Defensores encontró que “entre las formas más recurrentes de intimidar o asediar a las personas que se dedican al liderazgo social o defensa de los derechos humanos, están los correos electrónicos con el 2%, mensajes de texto el 9,9%, llamadas telefónicas con 12,9%, hostigamientos con el 21,5% y panfletos con el 53%, siendo esta última la forma más usada para atemorizar al liderazgo social en el país”.
En cuanto a los autores de 347 amenazas por medio de panfletos, se encontró que 245 circularon a nombre de grupos paramilitares; 48 a disidencias de las Farc; 30 tienen un origen desconocido y 12 del Eln. Llama la atención que Somos Defensores le atribuye la autoría de 12 panfletos a la Fuerza Pública.
De los presuntamente firmados por grupos paramilitares, las llamadas ‘Águilas Negras’ fueron responsables de 117: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, de 99; y los restantes tienen otras denominaciones como “Paramilitares, Paramilitares-Caparrapos y Cartel de Sinaloa”.
“Con la venda bien puesta”
Además de registrar las agresiones contra líderes sociales, Somos Defensores hace un detallado análisis de los factores de riesgo que padecieron durante 2019, año que estuvo marcado por marchas y diferentes movilizaciones sociales, especialmente las cobijadas por el denominado Paro Nacional, que comenzó el 21 de noviembre y se prolongó durante hasta diciembre.
Uno de los primeros puntos de evaluación es el denominado Pacto por la Vida, que el gobierno del presidente Iván Duque busca promover para proteger a líderes sociales: “En realidad, los pactos propuestos se quedaron en enunciados en el Plan de Desarrollo. Es el caso del ‘Pacto por la Vida y la Protección de los líderes y lideresas sociales y las personas defensoras de derechos humanos’, suscrito en San José de Apartadó el 23 de agosto de 2018. De ese pacto, solo queda el nombre, pretexto para titular algunos documentos publicados por la Consejería de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior el año anterior”.
Asimismo, cuestiona la labor del gobierno nacional y de la Fuerza Pública, pues no están impidiendo el crecimiento exponencial de grupos paramilitares y grupos residuales de las Farc, “lo cual ha permitido contextos de violencia favorables al ataque de los liderazgos sociales”.
Otra de sus críticas hacia el Ejecutivo es su “ceguera” para que la política pública de protección de líderes sociales se concentre en un documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social), innecesario, a su juicio, pues el Acuerdo de Paz firmado con las Farc ya dispone de herramientas para tal fin. De la construcción de ese documento, al que se sumaron diversas organizaciones sociales, lamenta que fuera realizado de manera exprés y sin incluir sus conceptos y estadísticas.
Ante los cuestionados diagnósticos de violencia del gobierno nacional y la falta de un registro oficial del Estado de agresiones generales, Somos Defensores considera problemático, además, que la administración Duque limite los factores de riesgos a Grupos Armados Organizados, minería ilegal y narcotráfico: “Esto es sin duda, un diagnóstico muy parcial, dado que no presenta otras variables importantes en los contextos territoriales”.
A juicio de esta organización, “nada se analiza sobre disputas por las tierras y el uso de las mismas, la explotación de otros recursos (incluida la minería legal), megaproyectos relacionados con hidroeléctricas y represas, y graves denuncias de corrupción. Los análisis se limitan a lo más evidente del contexto, pero no se dice cómo estos fenómenos son funcionales a conflictos históricos por las tierras entre élites económicas y políticas, y pueblos étnicos y campesinos”.
E insiste en que esa lectura “desconoce la complejidad de los territorios, donde la lucha por la tierra es central y la defensa de las comunidades frente a la voracidad extractivista muy grande”.
Somos Defensores cuestiona el silencio sobre “el papel del Estado en su responsabilidad por omisión al no garantizar la vida de las personas en los territorios”. De acuerdo con sus análisis, “es una visión reduccionista del problema que, sin duda, direcciona las medidas a tomar dentro de la política pública hacia un solo lado, que como ya se ha visto se reduce a militarización, acciones policivas y restricción de libertades, dejando de lado garantías integrales e inversiones importantes para atacar los factores que generan la violencia estructural y cultural, que provocan también la violencia directa vivida por los liderazgos y las comunidades”.
Por otro lado, el informe repara sobre las propuestas para mitigar los riesgos de los líderes sociales, a las que calificó de “miopes de siempre”: la militarización de los territorios y la protección material y policial.
“La militarización de los territorios fue la primera medida adoptada por el Gobierno, a pesar de venir de un período de firma de Acuerdo de Paz donde se buscaba justamente lo contrario, disminuir el pie de fuerza en los territorios, bajar el presupuesto de defensa y fortalecer los poderes políticos y sociales en las regiones”, critica Somos Defensores.
En ese sentido, recuerda que “uno de los primeros anuncios hechos por el Gobierno de Iván Duque fue reforzar con cinco mil hombres más la región del Catatumbo. Hizo lo propio, con al menos dos mil quinientos efectivos militares, para el Norte del Cauca”, y destaca, además, la falta de resultados a pesar de ese aumento del pie de fuerza, pues los asesinatos y demás agresiones siguen ocurriendo de manera alarmante.
Y la noción de “miopía” también aplica en la materia de documentación y sanción de los asesinos de líderes sociales, pues la Fiscalía General de la Nación ha realizado difusos anuncios en materia de esclarecimiento de esos crímenes.
Al respecto, el análisis de Somos Defensores plantea que la mayor dificultad radica en que en cada salida mediática de funcionarios de la Fiscalía y en la publicación de documentos oficiales, las cifras varían y, por tanto, su lectura se dificulta. A lo que se suma “el uso politizado de los resultados de las investigaciones sobre asesinatos de líderes sociales, de acuerdo con la coyuntura o interés gubernamental”.
Como ejemplo, compara los anuncios realizados por el Ente Investigador en 2016 y 2019, sobre 308 y 321 casos investigados: “De estos casos priorizados, entre 174 y 180 tendrían avances de esclarecimiento (entre 58% y 60%), según las mismas fuentes. Pero en realidad dicho esclarecimiento judicial es entre el 13% y 14%, dado que solo entre 42 y 47 casos tienen sentencia condenatoria. Así las cosas, la Fiscalía mantiene su política de mostrar resultados contundentes a la opinión, que en la práctica no lo son tanto”.
El documento también dedica apartes para resaltar la labor de la Defensoría del Pueblo que ha publicado constantemente múltiples informes de riesgo y alertas tempranas, advirtiendo los riesgos que padecen los líderes sociales; los esfuerzos de la Procuraduría General de la Nación para sensibilizar al país sobre el drama que padecen los defensores de derechos humanos, a través de la campaña Lidera la Vida; las denuncias y artículos de medios de comunicación visibilizando las agresiones; y las iniciativas de la sociedad civil para exigir justicia y el cese de ese desangre.
